PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD, VALORACIÓN DE PRUEBAS. LA REALIZADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CONFORME AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DA LUGAR A LA NULIDAD LISA Y LLANA (LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, VIGENTE EN DOS MIL UNO).

La valoración de pruebas en el procedimiento administrativo de responsabilidad de servidores públicos, en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, entraña un error in judicando, en tanto que la valoración de pruebas es el medio por virtud del cual el juzgador obtiene certidumbre sobre la controversia en cuestión, constituyéndose así en la confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes; por lo que de no realizarse ésta conforme a un dispositivo legal aplicable al caso concreto, existe un divorcio entre la realidad y las consideraciones realizadas al efecto por el resolutor, quien resuelve con base en una desacertada apreciación de la realidad. Bajo esta tesitura, la irregularidad apuntada encuadra en la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, resultando claro que el sentido de la sentencia de la Sala Fiscal no puede ser otro que de nulidad lisa y llana, pues conforme a lo dispuesto por el diverso artículo 239 del ordenamiento legal en cita, la nulidad para efectos sólo opera ante la actualización de las causales de ilegalidad señaladas en las fracciones II y III del indicado artículo 238. A pesar de ello, no sobra establecer que al no haberse examinado ni juzgado el fondo de la controversia, la nulidad lisa y llana decretada en la resolución recurrida no impide que la autoridad, de encontrarse en aptitud legal conforme a la ley de la materia y desde luego subsanando la irregularidad en que incurrió, reitere nuevamente el acto anulado, pues estimar lo contrario implicaría coartar el poder de decisión de la autoridad sustanciadora del procedimiento administrativo de responsabilidad; sin que esto implique transgresión en modo alguno al contenido del artículo 23 constitucional, en la parte que prohíbe juzgar a un individuo dos veces por el mismo delito, pues para que se configure la violación a esta garantía individual, resulta necesario que con posterioridad al dictado de una resolución que haya "causado estado", el sujeto sea juzgado nuevamente, lo que desde luego no acontecería en el supuesto que se plantea, ya que todo el procedimiento del que deriva la resolución primigenia de responsabilidad y esta misma, han sido anulados por no haberse aplicado las disposiciones legales debidas.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.