SEGURO SOCIAL, RECURSO DE INCONFORMIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA ILEGITIMIDAD DE UNA CÉDULA DE LIQUIDACIÓN OBRERO-PATRONAL, POR FALTA DE NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO EMISOR, SIGNIFICA UNA DECLARATORIA DE INEXISTENCIA JURÍDICA DEL ACTO, QUE POR SU NATURALEZA ES EL EQUIVALENTE A UNA NULIDAD LISA Y LLANA, Y POR ELLO NO PRODUCE PERJUICIO AL RECURRENTE.
AMPARO DIRECTO 255/99. TORNILLOS AIR, S.A.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son infundados, sin embargo, antes de entrar al análisis de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, es pertinente realizar una relación de hechos en el presente asunto.
1. Mediante cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales relativas al crédito 981141676, correspondientes al noveno periodo de mil novecientos noventa y ocho, se requirió de pago a Tornillos Air, Sociedad Anónima, para que enterara la cantidad de $12,763.18 (fojas 14 a 17 del expediente relativo al juicio de nulidad).
2. Inconforme con el crédito referido, Tornillos Air, Sociedad Anónima, interpuso recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, el cual se resolvió el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, determinándose en el cuarto considerando de la resolución correspondiente que:
"CUARTO.-Hecho el estudio de las constancias procesales que integran el expediente en que se actúa, y a los argumentos (sic) vertidos por el representante legal de la empresa recurrente, se desprende que el recurso debe declararse fundado. En efecto a fojas 12 a 15 de los autos, se localizan las liquidaciones combatidas, de las que se obtiene que efectivamente carecen de los requisitos legales de fundamentación y motivación que para los actos de molestia exigen los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se omite señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta este instituto para su emisión, así como los preceptos legales específicamente aplicables al caso concreto en los cuales apoya su actuación, careciendo así mismo de autenticidad, ya que no ostenta la firma autógrafa del funcionario emisor, por lo que se traduce en una indebida o incompleta fundamentación y motivación legal, en consecuencia, procede dejar sin efectos el crédito impugnado, por no encontrarse apegado a derecho.-Las pruebas anteriores fueron valoradas en términos de los artículos 197, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 22 y 23 del Reglamento del Recurso de Inconformidad vigente, se dicta la siguiente: Resolución.-PRIMERO.-Ha resultado fundado el recurso de inconformidad interpuesto por Tornillos Air, S.A., clave 170-20534-10 en contra de los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.-SEGUNDO.-De conformidad con lo expuesto y fundado en el considerando cuarto de la presente resolución, se deja sin efectos el cobro de las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, relativa al periodo 09/98, con número de crédito 981141676, por una cantidad total de $12,763.18.-TERCERO.-Comuníquese lo anterior a: Francisco Eduardo Lastra Lastra y/o Lics. José Ángel Velazco Ornelas, Octavio Tapia Martínez, César Álvarez Trejo, Edgar Miguel Ávalos Vega, Erika Nohemí Gómez Moreno, Abraham Orozco Lazcano, Sara Elena de Anda Tello, Jorge Loredo Trueda, Gabriel Ángeles Ángeles, Mercedes Arcedia Martínez López, Enrique Aguirre Rosette, Edgar Mauricio Tapia Díaz y Armando Bárcena Chávez, en la Av. Insurgentes Sur No. 1700, 4o. piso, colonia Florida, C.P. 01030, México D.F., así como a la Subdelegación Naucalpan, Depto. de Afiliación Cobranza, para su conocimiento y efectos legales procedentes.-CUARTO.-Notifíquese."
3. En contra de la resolución anterior, Tornillos Air, Sociedad Anónima, demandó la nulidad correspondiente, tocándole conocer a la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Fiscal de la Federación, autoridad que por auto del veintidós de febrero de mil novecientos noventa y nueve, desechó la demanda promovida, argumentándose que la resolución impugnada no afecta los intereses jurídicos de la demandante, ahora quejosa, toda vez que las pretensiones por él formuladas en el recurso de inconformidad quedaron colmadas, ya que la autoridad demandada al emitir dicha resolución dejó sin efectos el cobro de la cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales, correspondiente al noveno periodo de mil novecientos noventa y ocho, crédito 981141676, con importe total de $12,763.18 (foja 43 del expediente del juicio de nulidad).
4. Contra el desechamiento de referencia, la persona moral aludida interpuso recurso de reclamación, mismo que fue resuelto el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve, expresándose en la respectiva resolución, en cuanto a lo que interesa en el presente juicio lo siguiente:
"... se reitera que el agravio hecho valer por la recurrente es infundado, toda vez que teniendo a la vista la resolución contenida en el Acuerdo No. 1256/98 de fecha 19 de noviembre de 1998, emitida por el H. Consejo Consultivo, de la Delegación en el Estado de México Poniente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo original con firma autógrafa corre agregada a folios 29 a 32 de autos, y que fue materia del desechamiento de la demanda de nulidad, se comprueba que la misma le es favorable a los intereses jurídicos de la demandante, dado que fue dejado sin efectos en forma lisa y llana el cobro de la cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales antes descrita."
Una vez expuesto lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, los cuales serán analizados conjuntamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, por encontrarse estrechamente relacionados.
La parte quejosa sustancialmente argumenta que la resolución reclamada aplica e interpreta incorrectamente los artículos 202, fracción I, y 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, 1o. y 11, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 25 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, por falta de aplicación, conllevando una violación directa a las garantías de audiencia y legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en el recurso de inconformidad se hicieron valer diversas cuestiones que no fueron analizados por el Consejo Consultivo en la resolución que se impugnó ante la Sala responsable, por lo que la quejosa se vio en la necesidad de combatirlos a través de la demanda de nulidad; sin embargo, estimó fundado un concepto de inconformidad que no hizo valer, por el que se consideró dejar insubsistente la cédula recurrida para el efecto de que se emitiera otra subsanando las deficiencias de fundamentación y motivación, dejando de estudiar los conceptos de inconformidad que fueron esgrimidos, considerando que por tal motivo carece de interés jurídico para promover juicio de nulidad.
Al respecto, indica que la actuación de las autoridades viola en perjuicio de su representada la garantía de seguridad jurídica en virtud de que si se interpreta armónicamente el artículo 1o. y 22 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, se podrá apreciar el espíritu de la norma, la que se crea con el objeto de que el instituto mencionado revise el acto combatido a fin de que revoque o anule en caso de comprobar la ilegalidad de los conceptos de inconformidad expuestos y que las resoluciones que emite el instituto deben de ocuparse de todos y cada uno de los razonamientos esgrimidos por el inconforme a excepción hecha para los casos en que se ha hecho valer algún concepto de inconformidad que traiga consigo una nulidad lisa y llana.
Afirma que la Sala responsable al resolver el recurso de reclamación que no se afecta el interés jurídico de la quejosa al haberse dejado sin efecto el cobro de la cédula recurrida, pasa por alto que en presente asunto no se ha resuelto el fondo del mismo en atención a los agravios hechos valer le coarta el derecho de obtener una revocación lisa y llana de la cédula en cuestión si la responsable se hubiese abocado a todos y cada uno de los conceptos de inconformidad, señalando que la resolución materia de la litis en el juicio fiscal sí afecta sus intereses jurídicos aunque deje sin efectos la cédula de liquidación porque tiene derecho a que se resuelvan los agravios propuestos, particularmente el esgrimido respecto de la incompetencia, ya que es el juicio fiscal medio legal para cuestionar el proceder del citado Consejo Consultivo.
Agrega que la autoridad emisora del acuerdo que recayó al recurso de inconformidad vulneró en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional al resolver cuestiones que no fueron propuestas por la ahora quejosa.
Asimismo, expresa que en la sentencia reclamada se estima que no se afectan los intereses jurídicos de la quejosa en el juicio fiscal resultando violatoria de garantías al confirmar el desechamiento, omitiendo tomar en cuenta la forma en que se planteó la litis en el caso concreto, en virtud de que se esgrimieron violaciones materiales o de fondo, siendo necesario, en su concepto, abocarse al estudio del contenido de la demanda de nulidad para que, en su caso, se determine si la autoridad demandada, al declarar fundado el recurso por violaciones formales se ajustó o no a la litis, de donde surgirá un agravio jurídico en perjuicio de la ahora quejosa, o en su caso, establecer lo infundado de los conceptos de nulidad pero no se puede establecer legalmente sin estudiar la violación aducida que no se afectan los intereses jurídicos de la solicitante de garantías.
Del estudio de la resolución reclamada se desprende que la Sala responsable consideró que "Ahora bien, en la parte relativa del considerando cuarto de la resolución impugnada se determinó que, hecho el estudio de las constancias procesales que integran el expediente en que se actuaba, y a los argumentos vertidos por la recurrente resultaba procedente declarar fundado el recurso, ya que efectivamente tal y como lo señalaba el mismo, la liquidación combatida no contenía los principios de fundamentación y motivación legal que para todos los actos de molestia está obligada la autoridad en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que en dicha liquidación no se le daban a conocer las causas, razones, motivos y circunstancias que tuvo en cuenta la autoridad para su emisión, así como tampoco se precisaba él o los preceptos legales aplicables al caso concreto, y que además la liquidación carecía de firma autógrafa del funcionario que la emitió, siendo esas razones suficientes para dejar sin efectos el cobro, sin que en tal determinación se haya ordenado emitir un nuevo acto administrativo.-Así las cosas, se demuestra que contrariamente a lo sostenido por la hoy recurrente, la resolución que pretendió impugnar no le afecta su interés jurídico, porque en la misma se dejó sin efectos en forma lisa y llana el cobro de la cédula de liquidación controvertida."; continua señalando que: "Por lo tanto, en el caso de que la autoridad emitiera un nuevo acto, es incuestionable que el particular tendría a su alcance los medios de defensa legales para hacerlos valer, tal y como lo manifiesta la recurrente.".-Al respecto citó como aplicable la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación número 1.3o.A. J/15, visible a fojas 517 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, la cual es del tenor siguiente:
"NULIDAD, JUICIO DE. INTERÉS JURÍDICO."
En este orden de ideas, del documento que contiene el acto impugnado en el juicio de nulidad se puede apreciar que el secretario del Consejo Consultivo Delegacional Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, al resolver fundado el recurso de inconformidad planteado por la actora en contra del cobro de la liquidación de cuotas obrero-patronales correspondiente al periodo 9o./98, con número de crédito 9811241676, por un importe total de $12,763.18, deja insubsistente de manera absoluta el cobro de la liquidación en comento, sin que de la lectura íntegra de la referida resolución se desprenda que se dejaron a salvo las facultades del instituto en cuestión para emitir una nueva resolución; en relación con este punto se indica que "En esa tesitura, se tiene que del análisis a la resolución antes efectuado no se desprende que la autoridad haya dejado a salvo sus facultades para emitir una nueva resolución, sino que deja totalmente insubsistente el cobro del crédito recurrido, por lo que de ninguna forma se puede concluir que en dicha resolución se le esté imprimiendo determinado fin o efectos como infundadamente lo aduce la recurrente, a más de que en caso de esa determinación se trataría de un acto futuro de realización incierta, toda vez que al tratarse de facultades discrecionales de la autoridad, las mismas pueden o no ser ejercidas...".
Ahora bien, de un análisis de las constancias correspondientes al juicio de nulidad, se advierte que obran la cédula de determinación de cuotas a cargo de la ahora quejosa, así como la resolución relativa al recurso de inconformidad interpuesto por la misma, estableciéndose en su considerando cuarto que "Hecho el estudio de las constancias procesales que integran el expediente en que se actúa, y a los argumento (sic) vertidos por el representante legal de la empresa recurrente, se desprende que el recurso debe declararse fundado. En efecto a fojas 12 a 15 de los autos, se localizan las liquidaciones combatidas, de las que se obtiene que efectivamente carecen de los requisitos legales de fundamentación y motivación que para los actos de molestia exigen los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se omite señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta este instituto para su emisión, así como los preceptos legales específicamente aplicables al caso concreto en los cuales apoya su actuación, careciendo así mismo de autenticidad, ya que no ostentan la firma autógrafa del funcionario emisor, por lo que se traduce en una indebida o incompleta fundamentación y motivación legal, en consecuencia, procede dejar sin efectos el crédito impugnado, por no encontrarse apegado a derecho.".
Como se desprende de la última transcripción, el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social que emitió la resolución impugnada en el juicio de nulidad, consideró que, independientemente de las violaciones formales a que se alude, la cédula de liquidación impugnada carece de autenticidad ya que no ostenta la firma autógrafa del funcionario emisor, procediendo a dejar sin efectos el crédito impugnado por no encontrarse apegado a derecho, sin que se dejen a salvo los derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social para subsanar las deficiencias a que se hace referencia en la resolución de que se trata y una vez subsanados se emita otra resolución, como lo afirma la quejosa.
Lo anterior implica que si la cédula de liquidación impugnada carece de la firma autógrafa correspondiente al funcionario emisor, no puede estarse dejando expedito el derecho del Instituto Mexicano del Seguro Social para subsanar tal deficiencia y en su momento emitir otra, ya que como se señala en la resolución en cita, dicho documento carece de autenticidad, por tanto, dicho acto no tiene existencia jurídica, pues es claro que la manifestación de la voluntad, en este caso del mencionado instituto de seguridad social, se manifiesta a través de sus funcionarios y éstos a su vez lo hacen a través de su firma, por lo que en las condiciones en que está expedida la cédula de liquidación en cuestión, no puede considerarse que sea un documento legalmente existente y al declararse como tal no puede afectar la esfera jurídica de la quejosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, en su fracción IV, del Código Fiscal de la Federación los actos administrativos que se deban notificar deben ostentar la firma del funcionario competente.
En tal virtud, la insubsistencia de un acto jurídico que carece de firma no puede ser para el efecto de que se subsane, ya que dicha deficiencia no es subsanable al estar en presencia de la nada jurídica, lo cual aunado al hecho de que en la especie no se expresó en la mencionada resolución relativa al recurso de inconformidad que la cédula de liquidación en cuestión se privaba de efectos para ser subsanados, ni se dejó expedito el derecho para emitir otro acto, por lo que se declaró la nulidad lisa y llana de dicha resolución, motivos por los cuales la Sala responsable consideró que la ahora quejosa carecía de interés jurídico para promover juicio de nulidad.
Lo anterior fue valorado debidamente por la Sala responsable, y por ello en la resolución que recayó al recurso de reclamación estimó que el Consejo Consultivo dejó insubsistente la cédula de liquidación de referencia, considerando que en ninguna parte de la resolución emitida por dicho consejo se desprende que se hayan dejado a salvo las facultades del instituto en cuestión para emitir nueva resolución, y por lo tanto que no se afecta el interés jurídico de la ahora quejosa.
Determinación que es correcta, porque efectivamente, si el Consejo Consultivo indicado al resolver el recurso de inconformidad claramente estableció que la cédula combatida carecía de autenticidad, por falta de nombre y firma de quien la emitió; esa conclusión evidentemente significa que la cédula de marras no tiene existencia jurídica y por eso su contenido no puede afectar la esfera normativa de la ahora quejosa; situación que vuelve infundados los conceptos de violación externados en el sentido de que sí tiene ese interés porque originalmente solicitó una nulidad lisa y llana y la que se le concedió fue para efectos, puesto que esa declaratoria de inautenticidad no es una nulidad para efectos, sino una resolución que dejó totalmente insubsistente el acto anotado.
Por otra parte, el concepto de violación primero externado por la parte quejosa también resulta infundado, ya que la falta de autenticidad de la cédula indicada, hizo innecesario que el Consejo Consultivo anotado abordara el estudio de los otros conceptos de inconformidad que se le plantearon en el recurso indicado, y por eso la resolución emitida por la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Fiscal de la Federación, no es violatoria de las garantías que se pretenden.
Asimismo, son infundados los conceptos de violación segundo y tercero que esgrimió la parte quejosa, ya que como anteriormente se expuso, la resolución que emitió el Consejo Consultivo, no es una resolución que haya declarado la nulidad para efectos, como irregularmente lo pretende la promovente, porque se insiste, al haberse declarado que la cédula carecía de autenticidad, ello de ninguna manera significa que esa determinación implique la orden de que se emita una nueva cédula de cuotas obrero-patronales, en la que se subsane esa falta de firma y nombre del funcionario, puesto que la declaratoria de inautenticidad del acto recurrido significa una declaratoria de su inexistencia.
Como consecuencia de lo anterior, al ser inexistente el acto impugnado por Tornillos Air, Sociedad Anónima, resultó innecesario que el Consejo Consultivo de referencia entrara al estudio de los argumentos hechos valer por la ahora quejosa al interponer el recurso de inconformidad y en ese sentido debe interpretarse el último párrafo del artículo 25 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, pues siendo suficiente la falta de firma en la cédula de liquidación de que se trata para desvirtuar la existencia de dicho acto, basta con el examen de tal punto, por lo que en el caso concreto fue debidamente interpretado el precepto en cita por la responsable, siendo infundados los argumentos que al respecto vierte la parte quejosa en el presente juicio de garantías.
En efecto, si la resolución impugnada no existe jurídicamente, mucho menos pueden existir deficiencias o irregularidades en su contenido, motivos por los cuales se hizo innecesario el análisis de los puntos expuestos por Tornillos Air, Sociedad Anónima, al interponer el recurso de inconformidad de que se trata.
Consecuentemente, si el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social al resolver el recurso de inconformidad, declara ilegítimas unas cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales por carecer de los requisitos legales de fundamentación y motivación que para los actos de molestia exige el artículo 16 constitucional, toda vez que se omite el nombre y la firma autógrafa del funcionario emisor; esa resolución constituye una declaratoria de inexistencia jurídica de aquellos actos, que por su naturaleza no se pueden estimar como una nulidad para efectos, sino que equivale a una nulidad lisa y llana que los anula totalmente y, por ello, no causa ningún perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, quien por tanto carece de interés jurídico para promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
No pasa desapercibido para esta Sala la existencia de la tesis jurisprudencial número 2a./J. 1/94 de la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO UNA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE DEBIÓ SER LISA Y LLANA.", que la parte quejosa cita en su escrito de demanda, toda vez que la misma no es aplicable en virtud de que se refiere a un supuesto diverso al que se plantea en la especie, ya que en dicha tesis se alude a una resolución de la cual expresamente se obtuvo la nulidad para efectos, habiéndose pretendido una nulidad lisa y llana, hipótesis diversa a la plateada en el presente asunto ya que, como quedó precisado, la resolución impugnada por Tornillos Air, Sociedad Anónima, se dejó sin efectos por carecer de autenticidad al no ostentar la firma autógrafa del funcionario emisor y por ello no puede considerarse como un documento legalmente existente y por tanto su insubsistencia es lisa y llana, y no puede ser para el efecto de que se subsane, pues tal deficiencia no es subsanable.
En las relacionadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación externados por la parte quejosa, es claro que con la emisión de la sentencia reclamada no se violó en su perjuicio las garantías constitucionales que indicó, y por ello, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó en contra de la Primera Sala Regional Hidalgo-México, del Tribunal Fiscal de la Federación, respecto de la resolución dictada el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el expediente 518/99-06-01-6, del índice de dicho tribunal.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 76 a 80, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Tornillos Air, Sociedad Anónima, respecto del acto que reclamó de la Primera Sala Regional Hidalgo-México, del Tribunal Fiscal de la Federación, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen, y en su oportunidad, archívese este asunto.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados, presidente Darío Carlos Contreras Reyes, Ricardo Ojeda Bohórquez y Rolando González Licona (ponente).
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6261-f91c096f/seguro-social-recurso-de-inconformidad-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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