EMPLAZAMIENTO. DEBE HACERSE EN EL DOMICILIO REAL DEL DEMANDADO Y NO EN EL SEÑALADO CONVENCIONALMENTE.
AMPARO DIRECTO 1334/93. ESTACIONAMIENTO LATINO, S.A.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los argumentos contenidos en los dos primeros apartados del capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo, se estudiarán conjuntamente en atención a la íntima relación que guardan entre sí.
La quejosa aduce que la sentencia reclamada es ilegal, por haberse dado validez en ella a las razones asentadas con motivo de las diligencias de veintitrés de septiembre y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, no obstante que conforme a tales razones, las diligencias respectivas se realizaron en un domicilio distinto al señalado convencionalmente en el contrato precisado en la demanda de garantías.
Esta alegación es infundada, porque no existe controversia respecto a que la peticionaria de garantías tiene su domicilio convencional en Insurgentes Sur mil ochocientos doce, colonia Guadalupe Inn de esta ciudad. Por otra parte, si bien es verdad que en las razones asentadas con motivo de las diligencias practicadas los días veintitrés de septiembre y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, los notificadores hicieron constar que se constituyeron en Insurgentes Sur mil ochocientos doce, colonia Florida, esta circunstancia no es suficiente para considerar que las diligencias en cuestión, se realizaron en un domicilio distinto al señalado convencionalmente por la promovente de este juicio de amparo.
Por principio, se advierte coincidencia absoluta en los domicilios antes señalados, en cuanto al número de la casa y el nombre de la avenida. La diferencia está en el nombre de la colonia.
Esta diferencia sólo sería trascendente, si estuviera demostrado en autos, que hay dos avenidas diferentes, denominadas "Insurgentes Sur": una en la colonia Guadalupe Inn y otra distinta en la colonia Florida, o bien, que en la misma avenida hay dos números mil ochocientos doce: uno en la colonia Guadalupe Inn y otro en la colonia Florida. Sin embargo, como nada de esto se encuentra demostrado por la quejosa, a pesar de que conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a ella le correspondía la carga de la prueba, no hay base alguna para considerar, que en el caso concreto, la dirección asentada de la casa donde se llevaron a cabo las diligencias de veintitrés de septiembre y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, es diferente a la que corresponde a la dirección asentada en el contrato de subarrendamiento como domicilio convencional.
Además, de acuerdo al artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es un hecho notorio, que en la zona donde se ubican las colonias indicadas, sólo existe una avenida denominada "Insurgentes Sur". De ahí que si parte de la base de que el domicilio convencional de referencia está en la colonia Guadalupe Inn, es fácil advertir que la anotación "colonia Florida" es un mero "lapsus calami", que por las razones antes asentadas no admite servir de base para negar efectos legales a las actuaciones impugnadas.
La quejosa aduce también, que las razones asentadas por los notificadores con motivo de las diligencias practicadas los días diez de octubre y trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, no debieron tomarse en cuenta en la sentencia reclamada, porque en ellas no se anotó expresamente que los funcionarios judiciales se hubieran constituido en el domicilio convencional de referencia.
Esta alegación es infundada, porque como lo acepta la peticionaria de garantías en las razones de las diligencias impugnadas se asentó, que el domicilio en el cual se constituyeron los funcionarios judiciales fue el precisado en las cédulas respectivas.
Al examinarse los autos del juicio natural se encuentra que a fojas doscientos setenta y cuatro y doscientos ochenta de los autos de primera instancia, aparecen las cédulas de notificación, donde están transcritas las resoluciones que justificarían el emplazamiento a la quejosa. Por su aproximidad a las fojas donde aparecen las razones relativas a las diligencias impugnadas, no cabe duda que tales cédulas son las que constituyen materia de la mención asentada en las propias razones; además, en estas cédulas aparece como domicilio de la quejosa: Avenida Insurgentes Sur número mil ochocientos doce, colonia Guadalupe Inn, Código Postal mil veinte, Delegación Alvaro Obregón.
Por tanto, al relacionar esta circunstancia con el texto de las razones impugnadas, es fácil entender que la referencia que se hace en éstas, al "domicilio señalado en la cédula respectiva" es precisamente el de Avenida Insurgentes Sur número mil ochocientos doce, colonia Guadalupe Inn, Código Postal mil veinte, Delegación Alvaro Obregón.
Es de advertirse también que todas las cédulas donde aparece el nombre de la quejosa, contemporáneas a las diligencias impugnadas, tienen solamente anotado el domicilio antes indicado y no algún otro; por tanto, no puede darse confusión alguna en cuanto a la anotación del domicilio de la quejosa, lo que corrobora que es fácil comprender, que el domicilio a que se refirieron los notificadores fue el antes señalado.
La quejosa sostiene también, que la sentencia reclamada es ilegal, porque en ella no se tuvo en cuenta, que las razones levantadas por los notificadores, con motivo de las diligencias previas al emplazamiento, carece de credibilidad, porque no se hicieron constar los medios a través de los cuales dichos funcionarios judiciales se cercioraron de que se constituyeron en realidad en el domicilio de dicha peticionaria de garantías.
Lo alegado al respecto es inatendible, porque, por una parte, ya quedó determinado que las diligencias de diez de octubre y trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, se practicaron en Insurgentes Sur mil ochocientos doce, colonia Guadalupe Inn de esta ciudad. Por otro lado, quedó también determinado, que las distintas diligencias de veintitrés de septiembre y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, se realizaron en el mismo domicilio.
Al partir de la base anterior, y al concluirse que las diligencias de referencia se practicaron en Insurgentes Sur mil ochocientos doce, colonia Guadalupe Inn, se encuentra que es intrascendente que en las razones asentadas con motivo de las diligencias indicadas, no se hubiera anotado, a través de cuáles medios se valieron los notificadores, para cerciorarse de que se constituyeron en realidad en el domicilio de la quejosa.
La anotación de los medios de cercioramiento tendría importancia, si la quejosa sostuviera que su domicilio es distinto al de Insurgentes Sur mil ochocientos doce, colonia Guadalupe Inn, pues sólo en tal hipótesis tendría que valorarse la validez de los medios de cercioramiento y su idoneidad para producir convicción de que las diligencias se practicaron en realidad en el domicilio correcto.
Sin embargo, el presente caso no coincide con la anterior situación hipotética, porque aquí no hay controversia, en virtud de que la quejosa ha venido sosteniendo que su domicilio convencional fue precisamente Insurgentes Sur mil ochocientos doce, colonia Guadalupe Inn de esta ciudad.
La prueba sólo es necesaria cuando surge una controversia. Los medios de cercioramiento del domicilio asentado en una razón de notificación cumplen la función de evidenciar, que la diligencia se practica realmente en el domicilio del interesado; pero como en el caso no hay controversia respecto a que las actuaciones se practicaron en el domicilio convencional de la quejosa, resultó innecesario el asentamiento de los medios de cercioramiento, dada la ausencia de debate sobre el particular.
Contrariamente a lo sostenido por la peticionaria de garantías, la falta de asentamiento de datos en las razones de referencia, tales como, si el notificador se identificó; si se hizo saber a los de la casa el motivo de su presencia; si quienes se encontraban en el interior eran mayores o menores de edad, etcétera, así como la existencia de varias razones redactadas en la misma fecha, no constituyen elementos que conduzcan a negarle credibilidad.
En primer lugar, porque si en todas las razones se asentó que el bien inmueble estaba cerrado, es patente que había una imposibilidad material para que los notificadores asentaran datos de descripción de personas que se encontraban en el interior. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que conforme a los artículos 110 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 219 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, los notificadores son los facultados legalmente para practicar las diligencias de que se trata y, por tanto, sus razones producen plena convicción en términos de los artículos 327, fracción VIII, y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. De ahí que dichas razones asentadas por los notificadores sí produzcan la convicción de que no se pudo llevar a cabo el emplazamiento a la quejosa en el domicilio convencional señalado por ésta, por encontrarse cerrado.
Es innecesario comparar, si tales razones coinciden fielmente con los requisitos señalados por la ley para la práctica de un emplazamiento, porque no están referidas a una diligencia de citación a juicio, sino que sólo constituyen explicaciones de las circunstancias por las cuales, en las fechas en que se redactaron, no se pudo llevar a cabo el emplazamiento a la quejosa.
Contrariamente a lo sostenido por la peticionaria, la sentencia reclamada no es conculcatoria del artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En dicho fallo no consta alguna consideración relacionada con dicho precepto, el cual ni siquiera fue citado por la Sala responsable. De ahí que ante tales circunstancias, no es posible aceptar que la sentencia reclamada se rija por una disposición inaplicable.
La peticionaria de garantías sostiene también la ilegalidad del emplazamiento al juicio natural, en virtud de que, no se realizó en el domicilio convencional, señalado en el contrato de subarrendamiento base de la acción.
Las alegaciones formuladas al respecto son infundadas.
No hay controversia respecto a que el emplazamiento del juicio natural, se practicó el dos de enero de mil novecientos noventa y dos, en el local subarrendado, esto es, en el bien inmueble ubicado en la calle de Estrasburgo número del once al diecinueve, el cual funciona como estacionamiento del Cine Latino en la colonia Juárez de esta ciudad, según aparece a fojas trescientos del juicio de primera instancia.
No pasa inadvertido para este tribunal, que el contrato base de la acción de veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y dos, en la declaración II, inciso "b", la subarrendataria Estacionamiento Latino, S.A. ahora quejosa, señaló como domicilio el ubicado en la avenida Insurgentes número mil ochocientos doce de la colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón de esta ciudad.
Como lo expresó acertadamente la Sala responsable, la apelante y ahora quejosa sustentó la apelación extraordinaria, en el hecho de que el emplazamiento no se llevó a cabo en "el domicilio convencional".
Si la pretendida ilegalidad del emplazamiento se hace depender de que no se hubiera llevado a cabo en ese domicilio convencional, es de estimarse que, contrariamente a lo sostenido por la peticionaria de garantías, no cabe aceptar que el lugar señalado por las partes en el contrato, para el cumplimiento de sus obligaciones sea necesariamente el sitio donde debe practicarse el emplazamiento a juicio.
En efecto, el domicilio que convencionalmente fijan las partes contratantes respecto al cumplimiento de sus obligaciones es un acto de naturaleza netamente civil, en tanto que las disposiciones que regulan el emplazamiento, entre las cuales se encuentran las que indican dónde debe llevarse a cabo la citación a juicio constituyen normas procesales que, además de ser irrenunciables, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, asegura el respeto a la garantía de audiencia; por tanto, aun cuando en un contrato, las partes señalen un domicilio e incluso designen un lugar específico para la práctica del emplazamiento, que no correspondiera realmente a su domicilio (por no reunir las características del artículo 29 del Código Civil para el Distrito Federal), tal pacto implicaría una renuncia a las normas esenciales del procedimiento, que sería inadmisible, por contravenir disposiciones del orden público, como son las del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Este criterio ha sido sostenido por este Tribunal Colegiado al resolverse por unanimidad de votos, el veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, el tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, los amparos en revisión 1259/89, 1132/91 y 1240/91, promovidos por José Roberto Cubas Hernández, José Luis Cubría Lazárraga y Sergio Zúñiga Chapa, respectivamente, y el amparo en revisión 958/91, promovido por Desarrollo Galerías Reforma, el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos. El referido criterio se resume en la tesis que dice: "EMPLAZAMIENTO, DEBE HACERSE EN EL DOMICILIO REAL DEL DEMANDADO Y NO EN EL SEÑALADO CONVENCIONALMENTE.-Conforme al artículo 14 constitucional, en el juicio previo al acto de privación, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento fijadas en las leyes vigentes. Esta disposición es de carácter imperativo y de orden público, por lo que no puede renunciarse. El artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece el emplazamiento como una formalidad esencial del procedimiento, y los numerales 114, fracción I, 116, 117, 118 y 119 de este ordenamiento consigna los requisitos específicos y esenciales para la diligencia de emplazamiento, entre ellos destaca fundamentalmente el referente al lugar donde ha de hacerse el llamamiento a juicio, que debe ser precisamente el domicilio del demandado. Por su parte, el artículo 55 de ese ordenamiento, previene que los interesados no pueden alterar, modificar o renunciar las normas del procedimiento. Por tanto, aun cuando en un acto jurídico de naturaleza civil las partes señalen un domicilio para que se les emplace en caso de controversia, el emplazamiento debe practicarse en el domicilio real del enjuiciado, en los términos y con las formalidades establecidas por los artículos primeramente citados, puesto que como antes se dijo, la voluntad de las partes no exime del cumplimiento de las citadas normas.".
El criterio anterior coincide con el del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en la tesis publicada en las páginas cuatro y cinco, de la tercera parte del informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, al terminar el año de 1973, la cual dice a la letra: "DOMICILIO CONVENCIONAL, EMPLAZAMIENTO EN EL.-El domicilio que convencionalmente fijan las partes contratantes en un acto de naturaleza civil, para que se le emplace a juicio en lugar distinto al de su domicilio, es contrario al artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales que prohíbe se modifiquen o renuncien las normas del procedimiento. El emplazamiento a juicio se rige por lo dispuesto en el artículo 114 del mismo código y se hará en el domicilio del demandado y en forma personal; entendiéndose por domicilio el que establece el artículo 29 del Código Civil del Distrito y Territorios. De tal manera que si los contratantes fijan un domicilio diverso a éste, están renunciando a las normas del procedimiento con infracción del precepto que lo prohíbe.".
Al aplicar los anteriores conceptos al presente caso, se encuentra que en el escrito presentado ante el Juez natural el diez de agosto de mil novecientos noventa y dos, la ahora quejosa promovió apelación extraordinaria, sobre la base de que su emplazamiento se practicó ilegalmente. La causa de ilegalidad aducida consistió en que, en uso del derecho que le concede el artículo 34 del Código Civil para el Distrito Federal, la peticionaria indicó en el contrato de subarrendamiento base de la acción ejercitada en el juicio natural, un domicilio convencional distinto al de la ubicación de la localidad subarrendada, que a pesar de tal señalamiento, el emplazamiento no se practicó en el lugar asentado en el contrato, sino en la localidad subarrendada, por lo que consideraba que la citación a juicio era ilegal.
Es de advertirse que en el citado escrito de apelación extraordinaria, la ahora quejosa no negó que la citación a juicio se hubiera llevado a cabo, ni puso en entredicho la veracidad de los datos asentados en la razón de emplazamiento de dos de enero de mil novecientos noventa y dos, tales como que Estrasburgo números del once al diecinueve es el domicilio de "Estacionamiento Latino, S.A."; que el cercioramiento de esta circunstancia fue obtenido a través del dicho de Alfonso Arellano Mejía, quien dijo ser "encargado" y que por conducto de éste se hizo entrega de la cédula y demás documentación.
Ningún razonamiento se expone en el escrito de apelación extraordinaria para controvertir la veracidad de alguno de los elementos antes enumerados, que aparecen en la razón de emplazamiento.
La quejosa tampoco controvierte la exactitud de tales elementos en la demanda de amparo. Lo que dicha peticionaria impugna es la veracidad de razones asentadas por notificadores, con motivo de diligencias distintas al emplazamiento, como son las de veintitrés de septiembre, diez de octubre, cinco y trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno; pero nada dice con relación a la razón del emplazamiento de dos de enero de mil novecientos noventa y dos.
En esta virtud, si se parte de la base de que no está en entredicho la parte de la razón de emplazamiento de dos de enero de mil novecientos noventa y dos, respecto a que la localidad subarrendada, lugar donde se constituyó el notificador, es también el domicilio de la quejosa y que, por otra parte, la causa de ilegalidad de esa citación a juicio hecha valer en la apelación extraordinaria, se hizo depender fundamentalmente del hecho que tal diligencia no se llevó a cabo en el domicilio convencional, señalado en el contrato de subarrendamiento, es de concluirse que la Sala responsable actuó legalmente al desestimar dicho recurso, porque de acuerdo a lo explicado en las tesis transcritas, aunque en un contrato las partes señalen domicilios convencionales, el emplazamiento debe llevarse a cabo en los términos de la ley adjetiva; de ahí que si de los artículos 114 a 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es posible desprender, que el emplazamiento se debe llevar a cabo en el domicilio del demandado (ya se explicó que en la razón de emplazamiento se hizo constar que éste se llevó a cabo en el domicilio de la enjuiciada y ahora quejosa), en este último lugar debe practicarse la citación a juicio, aunque no corresponda al domicilio señalado en un contrato.
Por estas razones, es legal que en la sentencia reclamada se hubiera considerado válido el emplazamiento impugnado, aun cuando no se hubiera practicado en el domicilio convencional de referencia.
Además, la sentencia reclamada se sustenta en la consideración toral de que debía rechazarse la apelación extraordinaria, en virtud de que la pretendida nulidad del emplazamiento se hacía derivar simplemente de no haberse practicado en el domicilio convencional, señalado en el contrato de subarriendo, sino en el inmueble subarrendado, consideración que es legal, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad.
Por otra parte, no pasa inadvertido que la quejosa no combate esta consideración, porque en la demanda de amparo no expone algún argumento para demostrar la falta de veracidad de dicha consideración, como pudo ser, por ejemplo, que en el escrito de apelación extraordinaria expuso causas de nulidad del emplazamiento distintas a la señalada por la responsable.
La circunstancia de que la tercera perjudicada hubiera confesado que en el contrato de subarrendamiento, se señaló un domicilio convencional, y que en éste aparezca precisada su ubicación, es intrascendente porque aunque exista tal domicilio convencional, ya se vio que el emplazamiento puede ser legal, aunque no se practique en ese domicilio convencional.
Por último, los argumentos contenidos en el apartado tercero del capítulo de conceptos de violación, encaminados a combatir la condena en costas, son sustancialmente fundados.
La Sala responsable consideró que debía condenarse a la apelante al pago de las costas causadas con motivo de la apelación extraordinaria, en virtud de que no había rendido prueba alguna a pesar de que tenía la obligación de ello. Dicho tribunal fundó su consideración en la fracción I del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
La premisa en la que se sustenta el razonamiento del tribunal de alzada, consistente en que la apelante no rindió prueba en segunda instancia es inexacta, pues como acertadamente lo alega la peticionaria de garantías, ésta sí rindió prueba en la alzada.
A fojas diecinueve y veinte de los autos del toca de apelación 2851/92, se aprecia que Estacionamiento Latino, S.A., por conducto de su apoderado Paul Petit Guiot, ofreció la prueba confesional a cargo de la actora; la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto.
Por auto de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos se admitieron las pruebas antes señaladas, las cuales fueron desahogadas en audiencia de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Como se ve, la parte apelante sí rindió prueba en la alzada, contrariamente a lo afirmado por la Sala responsable, que al no considerarlo así, infringió en perjuicio de la peticionaria de garantías el artículo 140, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por ende, el artículo 14 constitucional.
De ahí que a fin de reparar la violación alegada, da lugar a conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable dicte otra resolución, en la que modifique la reclamada, deje subsistente la parte relativa a la desestimación de la apelación extraordinaria e insubsistente la condena en costas a la quejosa, y atendiendo a los lineamientos contenidos en la presente ejecutoria respecto a este último tema, resuelva lo que estime procedente.
Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
UNICO.-La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Estacionamiento Latino, S.A., contra el acto reclamado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la resolución que puso fin al juicio de veintidós de enero de mil novecientos noventa y tres, dictada en el toca 2851/92. El amparo se concede para los efectos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.
Así lo resolvieron los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, licenciados Leonel Castillo González, Mauro Miguel Reyes Zapata y Gilda Rincón Orta, siendo ponente el segundo, quienes firman ante el secretario de Acuerdos, que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/664-dd4b2c03/emplazamiento-debe-hacerse-en-el-domicilio-real-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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