ACCIÓN. DEBE ACREDITARSE SU PROCEDENCIA AUN CUANDO EL DEMANDADO HUBIERA O NO OPUESTO EXCEPCIONES O DEFENSAS.
AMPARO DIRECTO 351/97. GRUPO APYCSA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- Son infundados e inoperantes por una parte, y fundados por otra, los conceptos de violación que se plantean.
Inicialmente debe decirse que atento la técnica del juicio de amparo, en primer lugar se estudiarán los argumentos en los que la quejosa hace valer violaciones cometidas en su agravio durante el procedimiento, ya que de resultar fundada alguna de ellas y suficiente para la concesión del amparo, haría innecesario el estudio de los conceptos de violación planteados respecto al fondo del asunto, que además se estudiarán en orden cronológico.
Alega el amparista, en síntesis, que la Junta responsable violó el procedimiento al no tomar en consideración, al resolver el incidente de nulidad de actuaciones, que el escrito de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro es un anónimo, porque carece de los nombres de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pues sólo aparecen dos firmas ilegibles que no se sabe a quién correspondan, siendo que de acuerdo con el artículo 609 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas estarán integradas por su presidente, por los representantes de los trabajadores y de los patrones, así como por el secretario que da fe y autoriza los acuerdos tomados por los tres primeros, y que de acuerdo con el artículo 873 de la ley de la materia el auto de inicio debe ser tomado por la Junta Especial, además de que de tal documento no se desprende que alguna de las firmas que aparecen en el mismo, correspondan al presidente, al auxiliar o a los representantes, por lo que debe considerarse que existe una violación al procedimiento que trascendió al fondo del fallo que la responsable no tomó en cuenta al resolver el incidente de nulidad de actuaciones.
Es incorrecta la apreciación de la amparista, pues en primer término, si bien es cierto que la Junta no tomó en consideración los argumentos expuestos al momento de resolver el incidente de nulidad al que hace referencia, también lo es que ello se debió a que en la parte conducente la Junta expresó: "CUARTO.- En cuanto a la manifestación que realiza el apoderado de los incidentistas en el sentido de que el auto de radicación de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, no se trata de un acuerdo propiamente dicho por contener sólo dos rúbricas, debe decirse que tales argumentos no son materia del incidente, sino de cualquier otro medio de impugnación (foja ciento quince).", razonamiento este de la responsable, que no se combate a través del concepto de violación que se analiza, por lo que estrictamente el mismo deviene inatendible.
Sin embargo, y esto a mayor abundamiento, debe decirse que el hecho de que en el auto que se estudia (foja siete), no aparezcan los nombres de los integrantes de la Junta del conocimiento, no implica que el mismo sea ilegal y contrario a lo que disponen los numerales indicados por la quejosa, pues los mismos sólo señalan quiénes integran las Juntas Especiales (artículo 609) y que a éstas corresponde dictar el auto de inicio (artículo 873), pero no disponen nada acerca de que toda resolución que dicte la Junta debe ser firmada por todos y cada uno de sus integrantes, ni que tengan que aparecer sus nombres, como tampoco existe en la Ley Federal del Trabajo ninguna disposición expresa al respecto; por el contrario, una recta interpretación de los artículos 620, fracción II, inciso a), 721 y 839 de la ley de la materia, permite concluir que no es obligatoria la presencia de los representantes del trabajo y del capital en la mayor parte de los trámites ante las Juntas Auxiliares, previendo que en su ausencia, el presidente o el auxiliar dictarán las resoluciones que procedan, por lo cual es de concluirse que la ausencia de firmas de los representantes en acuerdos de trámite no causa ningún perjuicio y, por ende, no puede alegarse como violación procesal.
Tiene apoyo lo anterior en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a fojas 341 y 342 del Tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que este cuerpo colegiado comparte y hace suyo, y que dice: "FIRMA DE INTEGRANTES DE LAS JUNTAS. AUSENCIA DE, ACUERDOS DE TRÁMITE.- De una correcta interpretación de los preceptos 620, fracción II, inciso a), 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, permite concluir que se suprime la presencia obligatoria de los representantes del trabajo y del capital en la mayor parte de los trámites ante las Juntas Especiales, señalando que si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versan sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción y sustitución de patrón, en estos casos el presidente mandará citar a los representantes a una audiencia en que deberán resolverse tales cuestiones y, si no concurren, por sí solo dictará la resolución que proceda. Al concluir cada audiencia deberá levantarse un acta exponiendo los puntos que fueron tratados en la misma y tales actas deberán ser firmadas por las personas que intervinieron y autorizadas por el secretario. Asimismo, que las resoluciones que se dicten se toman por mayoría de votos de los representantes, los que en caso de no firmarlas se entiende su consentimiento con aquéllas, en los términos del artículo 721. Por lo cual es de concluirse que la ausencia de firmas de los representantes en acuerdos de trámite no causan ningún perjuicio y, por ende, no puede alegarse como violación procesal."
Por otra parte, el solicitante de amparo plantea como violación procesal, la indebida resolución del incidente de nulidad de actuaciones, en la parte en que declara que carece de personalidad y facultades el licenciado Javier Jara y Navarro para promover el incidente a nombre de Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de que a dicho incidente se acompañó carta poder suscrita por José Felipe Abed Rouanett y un poder notarial del cual se desprende que tal persona tiene facultades para delegar su representación a terceras personas, con lo que se cumplieron los requisitos que establece la fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, además de que es de explorado derecho que las personas morales deben tener su representación en personas físicas, que en este caso lo es José Felipe Abed Rouanett, por lo que si firmó la carta poder como persona física, lo hizo para defender los intereses de su representada, Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la Junta debió reconocer la personalidad del promovente del incidente de nulidad de actuaciones, además de que se promovieron incidentes por separado, tanto de Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, como por José Felipe Abed Rouanett, por su propio derecho, lo que necesariamente implica que la carta poder que se acompañó al incidente promovido por la empresa fue firmada por José Felipe Abed Rouanett como representante legal de la persona moral.
No le asiste la razón a la quejosa toda vez que, tal y como lo consideró la Junta responsable, se aprecia que la carta poder que obra en autos a foja sesenta y siete del expediente laboral, efectivamente se encuentra otorgada por José Felipe Abed Rouanett para que a su nombre y representación intervenga el licenciado Javier Jara y Navarro en toda la tramitación del expediente laboral, lo que quiere decir que en ningún momento se le otorgó poder para intervenir a nombre de la persona moral, pues aunque es cierto que del instrumento notarial que se acompañó al incidente, se desprende que el multicitado José F. Abed Rouanett, representa a la empresa y tiene facultades para delegar esa representación, también lo es que del texto de la carta poder no se desprende que haya utilizado esa facultad, siendo intrascendente que se hayan promovido dos incidentes distintos, pues con ello no se satisface la formalidad de expresar en la carta poder con qué carácter se otorga la misma.
Por otra parte, el solicitante de amparo plantea, como violación al procedimiento, la indebida resolución del incidente de nulidad de actuaciones en la parte relativa al indebido emplazamiento que hizo valer ante la responsable, alegando que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, en la primera notificación que se haga a los demandados el actuario se debe cerciorar de que la persona que debe ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar señalado en autos para hacer la notificación, indicando con claridad los elementos de convicción en que se apoye, siendo que en la especie la actuaria nunca se cercioró por ningún medio de que la persona con quien entendió la diligencia fuera empleado, familiar o doméstico, además de que ni del citatorio ni del instructivo se desprende que la actuaria en momento alguno haya requerido la presencia del representante legal de la quejosa, tal y como lo ordena el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, y que la actuaria no señala qué razón social es la que tuvo a la vista para cerciorarse de que era el domicilio correcto, ni se toma en cuenta que en autos se encuentran señalados dos domicilios distintos de la quejosa.
Los anteriores argumentos y en general todos los relativos a la ilegalidad del emplazamiento son inatendibles, en virtud de que, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, al promover el incidente de nulidad de actuaciones, en contra de dicho emplazamiento se declaró que su apoderado carecía de personalidad y facultades para promover dicho incidente a nombre de la quejosa, por lo que la Junta no estudió los argumentos relativos y este tribunal no puede ocuparse de los mismos, al no haberse agotado el medio ordinario de defensa.
Finalmente, por lo que ve a las violaciones al procedimiento, la promovente de amparo aduce que al llevarse a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, la parte actora aclaró su demanda, pero al hacerlo efectuó modificaciones y adiciones sustanciales a la demanda porque introduce un nuevo hecho que cambia totalmente el sentido de la demanda por lo que se debió suspender la audiencia y ordenar notificarle personalmente de los nuevos hechos para poder excepcionarse adecuadamente y demostrar tales excepciones.
También esta violación procesal resulta infundada.
De la lectura y estudio de las constancias procesales y concretamente de la audiencia de ley (fojas cincuenta a cincuenta y seis), se advierte que, en efecto, la parte actora, al hacer uso de la palabra, aclaró algunos puntos de los hechos de su demanda, de la siguiente manera: "Que en primer término desea efectuar algunas precisiones de orden sintáctico a su demanda en los siguientes términos: En el hecho número uno, en el renglón noveno y décimo, se hace la aclaración de que el C. José F. Abed Rouanett se ostentó como director general de Grupo Apycsa, S.A. de C.V., continuándose con la redacción establecida en el hecho en comento. En el hecho número dos, al final del mismo, debe agregarse la aclaración de referencia al Lic. Fernando Tiscareño Pandura, debiéndose agregar 'quien tenía el cargo de director operativo de Grupo Apycsa, S.A. de C.V.'. En el hecho número tres, en donde se hace referencia a la C. María de Jesús Jiménez, se aclara que ostenta el cargo de directora corporativa de Recursos Humanos de Grupo Apycsa, S.A. de C.V., y de Industrias Textiles, S.A. de C.V., y en el propio hecho número tres, en referencia al C. Miguel Ángel Castro Velázquez, se aclara que esta persona se ostenta como gerente de Relaciones Públicas de Grupo Apycsa, S.A. de C.V.; en el hecho número siete se aclara en cuanto a su redacción adicionando después del punto final del párrafo primero de este hecho el siguiente texto: 'En ese momento me trasladé a las oficinas de Grupo Apycsa, S.A. de C.V., y siendo aproximadamente las diez horas me entrevisté con el C. José F. Abed Rouanett a quien pregunté el motivo de mi despido, a lo que manifestó por qué darme explicación alguna (sic) y que 'sí había ordenado a Fernando Tiscareño que te despidiera, pues estás despedido y punto.'. Pues con las anteriores precisiones que corresponden estrictamente al ámbito sintáctico de la redacción de la demanda, en este sentido reproduzco y ratifico en todas y cada una de sus partes, con las aclaraciones vertidas, su escrito inicial de demanda para todos los efectos legales.". Sin embargo, la quejosa no indica la razón por la cual, en su concepto, tales aclaraciones implican una modificación sustancial a la demanda o por qué, en su concepto, con tal aclaración se cambia totalmente el sentido de la misma, sin que este tribunal advierta en la especie adición sustancial que justifique la suspensión de la audiencia y la notificación personal al quejoso, con los "nuevos" hechos, lo que además sería impráctico, pues únicamente respecto de ese hecho aclarado, el amparista podría excepcionarse y ofrecer pruebas, pues de los demás hechos se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho de ofrecer pruebas.
SEXTO.- Por lo que hace a las violaciones de fondo que plantea la quejosa, son sustancialmente fundados los conceptos que se exponen.
La solicitante de amparo expone que el laudo que reclama es violatorio de sus garantías individuales y de los artículos 840, fracciones IV y VI y 841 de la Ley Federal del Trabajo, ya que sin equidad ni fundamento alguno, la responsable simple y sencillamente se limita a señalar que por el hecho de no haber comparecido a la audiencia de demanda y excepciones, deberá condenarse a los demandados, sin señalar qué pruebas la llevaron a ese convencimiento, sin analizar todo lo actuado en el juicio laboral ni la demanda del actor que en sí misma hace improcedentes sus acciones, y no toma en cuenta las confesiones del actor, ni las pruebas aportadas por él, las cuales le perjudican, contradicen y desmienten, por lo que el laudo resulta violatorio, ya que la falta de contestación de la demanda no implica necesariamente un laudo condenatorio.
Le asiste la razón a la quejosa, ya que de la lectura y del estudio de las constancias procesales y concretamente del laudo reclamado, se aprecia que la Junta responsable, para condenar a quien aquí solicita amparo, en su segundo considerando se limitó a señalar: "... Ahora bien, respecto de los restantes demandados, no existe controversia ni litis alguna, dado que al no haber comparecido al presente juicio y al habérseles tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo y al tenerles por perdido su derecho para ofrecer pruebas, se tienen por ciertos los hechos narrados por el actor y, en consecuencia, a dichos demandados, esto es, a la empresa Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, José F. Abed Rouanett y Fernando Tiscareño Pandura, se les deberá condenar a todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor, y que una vez que se determine lo relativo a la diversa empresa que negó la relación laboral, se procederá a cuantificar las prestaciones respectivas.".
De la anterior transcripción se advierte que efectivamente la responsable se limitó a considerar que por no haber comparecido a juicio se debía condenar a la quejosa y a los otros demandados que tampoco contestaron la demanda, lo cual ciertamente es violatorio de garantías, pues aunque es cierto que la falta de contestación de la demanda implica que se tenga por contestada la misma en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas, en términos de lo dispuesto por los artículos 873, 876, 878 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que ello no quiere decir que necesaria y automáticamente se tenga que condenar a los omisos pues, por otro lado, la ley de la materia exige, en su artículo 840, fracciones IV y VI, que los laudos contengan, entre otros requisitos, las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirvan de fundamento, así como la enumeración de las pruebas y la apreciación que de ellas haga la Junta, siendo que en la especie la responsable no analizó la demanda, ni las pruebas existentes en autos, para poder llegar a la conclusión de que la parte actora justificó sus acciones, pues es indudable que para que prospere una acción intentada en un juicio laboral deben aparecer acreditados los supuestos que la configuran y de no ser así, no puede prosperar la misma, independientemente de que el demandado hubiera opuesto o no excepciones o defensas.
Tiene apoyo lo anterior en el criterio que sobre el particular ha sostenido este Tribunal Colegiado en la tesis publicada en la página 35 del Tomo V, Enero-Junio de 1990, Tribunales Colegiados, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACCIÓN. DEBE ACREDITARSE SU PROCEDENCIA AUN CUANDO EL DEMANDADO NO CONCURRA A JUICIO.- Para que prospere una acción intentada en un juicio laboral deben aparecer acreditados los supuestos que la configuran, y de no ser así, no puede prosperar la misma, independientemente de que el demandado hubiera opuesto o no excepciones o defensas.", y en la jurisprudencia VI.2o. J/194, de este cuerpo colegiado, publicada en la página 57 de la Gaceta número 54, junio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA, FALTA DE CONTESTACIÓN A LA. NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO.- La circunstancia de que el demandado no conteste la demanda en el período de arbitraje, y que tampoco ofrezca prueba alguna al celebrarse la audiencia respectiva ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sólo ocasiona que esta autoridad tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas; pero no es obstáculo para que dicha Junta, tomando en cuenta lo actuado en el expediente laboral, absuelva al demandado de la reclamación, si el propio demandante se encarga de probar la improcedencia de su reclamación.".
En las condiciones anotadas, lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar dicte otro en el que, cumpliendo con los requisitos que los laudos deben contener, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 840 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, estudie si en la especie aparecen acreditados los supuestos de la acción intentada y funde y motive su resolución, con plenitud de jurisdicción.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracciones III y IX de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
ÚNICO.- Para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Grupo Apycsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad de Puebla, presidente y actuaria de dicha Junta, los que hizo consistir en el laudo dictado el diez de diciembre de mil novecientos noventa y seis en el expediente 1037/94, relativo al juicio laboral seguido por Alfredo Fausto González en contra de la hoy quejosa y otros; concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución de los mencionados presidente y actuaria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable ordenadora y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gustavo Calvillo Rangel, Antonio Meza Alarcón y Carlos Loranca Muñoz, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4338-dd40564b/accion-debe-acreditarse-su-procedencia-aun-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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