AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN QUE NO EXISTÍA AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO INICIAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 12/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN AUXILIO DEL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 18 DE MAYO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DEL MAGISTRADO JESÚS RAFAEL ARAGÓN. DISIDENTE: MAGISTRADO SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE), QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: ROLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
III. COMPETENCIA.
17. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, tercer párrafo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y de conformidad con el diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios emanados de resoluciones provenientes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, pertenecientes a los Circuitos que comprende la Región Centro-Sur, conforme a lo señalado en los artículos 8 y 10 del referido Acuerdo General 67/2022 y porque el tema planteado versa sobre la materia penal, que es la especialización de este Pleno Regional.
18. Por tanto, se asume la competencia declinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el auto de presidencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictado en la contradicción de criterios 48/2023 de su índice.
IV. LEGITIMACIÓN.
19. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS.
20. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los referidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el recurso de revisión 106/2010 (cuaderno auxiliar 655/2010).
21. Hechos. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diez, un quejoso solicitó el amparo y la protección constitucional en contra del Juez Primero Menor del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, a quien reclamó, entre otros actos, la orden de reaprehensión dictada en su contra.
22. Asimismo, reclamó de las autoridades responsables agente del Ministerio Público adscrito al citado Juzgado Primero Menor, director del Centro de Readaptación Regional, coordinador de la Policía Ministerial del Estado Zona Centro, primer comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado Zona Centro y segundo comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado Zona Centro, la ejecución de la orden de reaprehensión.
23. Trámite del juicio de amparo. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, el que la admitió a trámite, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio intervención al representante social de su adscripción. Asimismo, apercibió al quejoso en el sentido de que tendría como inexistentes a las autoridades responsables respecto de las cuales no citara correctamente su denominación.
24. Posteriormente, el actuario judicial adscrito al juzgado federal asentó razón respecto a la imposibilidad de notificar los oficios para emplazar a juicio a diversas autoridades responsables, conforme a lo siguiente:
"... coordinador de la Policía Ministerial del Estado Zona Centro 5. Primer comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado Zona Centro. Y 6. Segundo comandante Regional de la Policía Ministerial del Estado Zona Centro, residentes en Córdoba, Veracruz, en virtud de que dichas autoridades señaladas como responsables no existen."
25. Por lo anterior, mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diez, el Juez Federal hizo efectivo el apercibimiento formulado en el auto de admisión de demanda y tuvo como inexistentes a dichas autoridades.
26. Mediante escrito presentado ante el juzgado federal del conocimiento el veintiocho de enero de dos mil diez, el quejoso señaló que el nombre correcto de las autoridades responsables eran: "primer comandante de la Primera Comandancia adscrito a la Agencia Veracruzana de Investigaciones en Córdoba" y "encargado de la Segunda Comandancia adscrito a la Agencia Veracruzana de Investigaciones en Córdoba", a quienes reclamó la ejecución de la orden de aprehensión o de reaprehensión girada en su contra por el Juez Primero Menor del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz.
27. Por auto de veintinueve de enero de dos mil diez, el Juez de Distrito requirió al quejoso a efecto de que exhibiera copias de su escrito de ampliación de demanda, para correr traslado a las autoridades señaladas en el mismo, a lo que el peticionario de amparo dio cumplimiento mediante ocurso exhibido ante el juzgado del conocimiento el dos de febrero del mismo año.
28. Seguido el juicio en sus trámites, el diecisiete de febrero de dos mil diez, el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, celebró la audiencia constitucional y el uno de marzo del mismo año, remitió el juicio de amparo al Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que dictara el fallo correspondiente.
29. El doce de marzo de dos mil diez, la Jueza Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, dictó sentencia en la que tuvo como acto reclamado, entre otros, la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso el veintiocho de enero de dos mil diez.
30. Asimismo, la Jueza Federal estableció que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiséis de enero de dos mil diez), la orden de reaprehensión combatida era inexistente, toda vez que se había emitido hasta el veintiocho de enero siguiente, por lo que con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, sobreseyó en el juicio respecto de tal acto reclamado.
31. Inconforme con dicha sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, que por razón de turno tocó conocer al entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el que por acuerdo de catorce de abril de dos mil diez, lo admitió a trámite con el número 106/2010.
32. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diez, el presidente de dicho órgano jurisdiccional ordenó remitir el asunto al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, a fin de que emitiera la sentencia correspondiente, el que mediante acuerdo de presidencia de veinticuatro del mismo mes y año, lo tuvo por recibido, registrándolo con el número 655/2010.
33. Posteriormente, en sesión de veintiuno de octubre de dos mil diez, los Magistrados integrantes de ese tribunal revocaron el sobreseimiento decretado en relación a la orden de reaprehensión combatida, por lo que entraron al estudio de fondo de dicho acto reclamado, respecto del cual negaron el amparo solicitado.
34. Criterio jurídico. En tal ejecutoria, el Tribunal Colegiado Auxiliar destacó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 36/98, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.", resolvió que en tratándose de actos positivos, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en el supuesto de que se trate de una orden de aprehensión (y por mayor razón un mandamiento de recaptura), dado que el juicio de amparo sólo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales.
35. Indicó que no desconocía ese criterio, no obstante, consideró que si en el juicio de amparo indirecto existe una ampliación de demanda, el acto reclamado debe apreciarse a la fecha en que ésta se presenta, puesto que la misma tiene como fin complementar aquélla, a fin de impugnar el acto que se estima arbitrario de mejor manera, constituyendo demanda y ampliación parte de un todo y, en esa medida, los actos reclamados deben analizarse a la luz de las consideraciones en ellas plasmadas.
36. Por ello, determinó que si en el caso, el acto reclamado fue emitido el veintiocho de enero de dos mil diez y la referida ampliación de demanda fue presentada ese mismo día, era inconcuso que el acto tenía plena certeza; máxime si se tenía en cuenta que el impetrante en su escrito ampliatorio señaló autoridades que pretendían ejecutar la orden de reaprehensión, sin que fuera necesario que en la ampliación el quejoso volviera a señalar como acto reclamado la referida orden de reaprehensión, toda vez que ya lo había hecho, de modo que resultaría absurdo obligarlo a reiterar su intención de combatir dicho acto, si había sido plasmada esa voluntad con anterioridad.
37. Señaló que estimar lo contrario, implicaría caer en excesos técnicos, en detrimento de la garantía de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
38. De dicha ejecutoria derivó la tesis aislada VII.2o. (IV Región) 6 P del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Xalapa, Veracruz, de rubro y texto siguientes:
"ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SI ES DE FECHA POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SI EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE RECAPTURA EL QUEJOSO AMPLÍA LA DEMANDA PARA SEÑALAR NUEVAS AUTORIDADES RESPONSABLES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 36/98, localizable en la página 5 del Tomo VII, junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.’, resolvió que la existencia de actos reclamados positivos debe analizarse de acuerdo con la fecha de presentación de la demanda de amparo, aun en el supuesto de que se trate de actos privativos de libertad como sucede con la orden de aprehensión, dado que el juicio de amparo sólo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. Luego, sin desconocer ese criterio, si se promueve juicio de amparo indirecto contra una orden de reaprehensión, que resulta de fecha posterior a la presentación de la demanda, no debe estimarse inexistente tal mandamiento y sobreseerse en el juicio en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la misma fecha de emisión de la recaptura, el quejoso amplía la demanda para señalar nuevas autoridades responsables, puesto que ésta tiene como fin complementar aquélla, a fin de impugnar el acto arbitrario de mejor manera, constituyendo la demanda y su ampliación parte de un todo; estimar lo contrario implicaría caer en excesos técnicos, en detrimento de la garantía de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de revisión 148/2022.
39. Hechos. El siete de octubre de dos mil veintiuno, tres quejosos promovieron demanda de amparo en la que señalaron como autoridades responsables al Juez del Ramo Penal para la Atención a Delitos no Graves del Distrito Judicial de Tuxtla y Chiapa de Corzo y al director general de la Policía Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a quienes reclamaron la orden de reaprehensión dictada en su contra y su ejecución.
40. Trámite del juicio de amparo. La demanda fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el que por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, la admitió a trámite.
41. Al rendir su informe justificado el Juez responsable manifestó que era cierto el acto reclamado, dado que había girado orden de reaprehensión en contra del quejoso el trece de octubre de dos mil veintiuno.
42. Mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el secretario en funciones de Juez de Distrito ordenó remitir los autos del juicio de amparo, al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, el que por auto de once de noviembre de dos mil veintiuno aceptó la competencia para conocer del asunto y lo admitió a trámite.
43. Seguido el procedimiento, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional, y el veintiocho de febrero siguiente dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo, por inexistencia del acto reclamado, pues consideró que la orden de reaprehensión reclamada de trece de octubre de dos mil veintiuno, no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo (siete de octubre de dos mil veintiuno).
44. Inconformes con tal resolución, los quejosos interpusieron recurso de revisión, que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el que por auto de presidencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, lo admitió y registró con el expediente 148/2022.
45. Posteriormente, en sesión de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por mayoría de votos, el tribunal confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito.
46. Criterio jurídico. En su resolución, el Tribunal Colegiado explicó que al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia de la orden de reaprehensión de trece de octubre de dos mil veintiuno, por lo que válidamente el Juez de Distrito tuvo tal mandamiento como acto reclamado.
47. Indicó que a pesar de ello, la demanda de amparo fue presentada el siete de octubre de dos mil veintiuno, es decir, con anterioridad a la emisión de la orden de reaprehensión combatida, lo que denotaba la inexistencia del acto reclamado al momento de presentación del libelo constitucional.
48. Expuso que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como era el caso en estudio, su existencia debe analizarse de conformidad con la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, toda vez que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, ya que de lo contrario, la sentencia constitucional tendría que ocuparse de actos probables o eventuales, es decir, de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la demanda de amparo.
49. Por ello, concluyó que si en el amparo se reclamó la orden de reaprehensión de trece de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez responsable, y de las constancias de los autos se desprende que la demanda de amparo fue presentada seis días antes; es decir, el siete de octubre anterior, debe tenerse que el acto reclamado técnicamente era inexistente.
50. Apoyó su decisión en la jurisprudencia 1a./J. 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(3) (que también fue referida en el diverso criterio contendiente), que dispone:
"ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Énfasis propio.
51. Asimismo, indicó que dicha jurisprudencia sigue teniendo vigencia y aplicación, pues no se contrapone con la Ley de Amparo vigente, pues tal criterio derivó de la contradicción de tesis 57/95, resuelta el trece de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la que se interpretaron diversos preceptos de la Ley de Amparo abrogada, que coinciden con los de la actual ley de la materia.
52. Señaló que de dicha ejecutoria, se desprende que la premisa principal en que se sustenta el criterio del Máximo Tribunal del País radicó en que, cuando se trate de actos de carácter positivo debía determinarse su existencia atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de órdenes de aprehensión, pues dicho precepto no distinguía la materia en que se originara el acto y la naturaleza de éste.
53. Es decir, lo verdaderamente importante para el Más Alto Tribunal era analizar si a la fecha de la presentación de la demanda, el acto de naturaleza positiva, incluidas las órdenes de aprehensión o reaprehensión ya existían, pues de no ser así, el acto reclamado se debía tener por inexistente.
54. Asimismo, señaló que no inadvertía la consideración final en dicha ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde sostuvo que en el caso de las órdenes de aprehensión, ninguna afectación se causaba al quejoso si se sobreseía en el juicio de amparo que hubiera promovido antes de que se dictara la orden de aprehensión, habida cuenta que tratándose de actos como los mandamientos de captura que tienden a privar de la libertad, no existía término perentorio para su promoción, como se desprendía del contenido del artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, de manera que una vez que el quejoso conociera el acto por haberse dictado durante la sustanciación del juicio de amparo, podía promover diversa demanda en la que incluso podrá controvertir de mejor manera el mandamiento de aprehensión, al conocer el delito por el que se dictó, las pruebas en que se apoyaba o cualquier otro vicio que advierta y la hiciera inconstitucional. 55. Sin embargo, expuso que dicha consideración era a mayor abundamiento o de carácter accesorio, que no impactaba o influía en lo resuelto, toda vez que aun cuando no existiera las razones principales seguían rigiendo el sentido que sustentaba la ejecutoria, pues no resolvía el tema principal de la contradicción de tesis que se planteó, sino únicamente se estableció el hecho de que, conforme a la Ley de Amparo derogada, los quejosos estaban en aptitud legal de promover una nueva demanda de amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión, pues en dicha legislación se contemplaba que, por la naturaleza de dicho acto (privativo de la libertad), la demanda se podía presentar en cualquier tiempo.
56. Precisó que por lo anterior, cualquier interpretación que se realizara de esa consideración, con el objeto de establecer la inaplicación de dicha jurisprudencia, sería insuficiente, pues tendría como sustento una consideración que no constituía la razón esencial que llevó a la Suprema Corte a sustentar el referido criterio en dicha contradicción de tesis.
57. Por otra parte, destacó que cuando se reclama una orden de reaprehensión de forma genérica que resulta inexistente a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no es procedente que el Juez de Distrito prevenga al quejoso para que amplíe su demanda inicial respecto de una diversa orden dictada durante el trámite del juicio de amparo.
58. Ello en virtud de que, en primer lugar, la orden de reaprehensión reclamada inicialmente, que resultó inexistente, no puede guardar relación con la dictada después de la presentación de la demanda de amparo, dado que un acto inexistente no tiene relación con otro que surge con posterioridad; en segundo lugar, la orden de reaprehensión reclamada de manera genérica no guarda estrecha relación con una diversa emitida durante el trámite del juicio constitucional, pues esta última no es consecuencia del reclamo inicial, ni lo modifica o complementa de modo alguno; de igual forma, la eficacia de lo reclamado inicialmente no se encuentra condicionado a la emisión de aquélla, sino que los actos revisten autonomía, por lo que no se satisface el requisito de procedencia de la ampliación de la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo.
59. Apoyó su criterio en la jurisprudencia PC.X. J/13 P (10a.) del Pleno del Décimo Circuito,(4) de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA AL QUEJOSO PARA QUE LA AMPLÍE CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, CUANDO LA RECLAMADA EN LA DEMANDA INICIAL RESULTÓ INEXISTENTE."
60. Por otro lado, destacó que no obstante que con la reforma a los artículos 1o. y 133 constitucionales, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano, con base en la cual todas las autoridades del país tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que debe otorgarse en beneficio de todo ser humano; además de que se incorporó el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
61. Indicó que ello no significaba que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin importar la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.
62. Apoyó su determinación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.", así como la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL".
63. Agregó que si bien los artículos 1o. y 17 constitucionales, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva, éste no es absoluto, por lo que su ejercicio debe someterse a cauces que, al limitarlo justificadamente, posibiliten su prestación adecuada con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan; ello, porque el Máximo Tribunal ha sostenido que los derechos humanos no son absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales que asisten a un individuo o a otro, en razón de la interrelación existente entre sus derechos humanos.
64. Agregó, que el acceso efectivo a la justicia no tiene el alcance de soslayar presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, provocando un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función.
65. Apoyó lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) que señala: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL."
66. Por otra parte, destacó que la suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna forma llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan, ante la falta de cumplimiento de uno de los requisitos de admisibilidad o procedibilidad de dichas acciones o medios de impugnación.
67. Aplicó la jurisprudencia 1a./J. 50/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(8) de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES."
68. Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.
69. En la jurisprudencia 72/2010, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una contradicción de tesis será existente, cuando órganos jurisdiccionales terminales adopten en sus sentencias criterios jurídicos divergentes, siempre que se trate de un mismo punto de derecho, aun cuando sus condiciones fácticas no sean exactamente iguales.(9)
70. Por su parte, la Primera Sala del Alto Tribunal, en la jurisprudencia 22/2010,(10) determinó que las condiciones para la existencia de una contradicción de tesis son las siguientes:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
71. Realizando este breve test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso en concreto y con ello verificar si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
72. Pasemos ahora a verificar si, en este caso, se cumplen los requisitos mencionados para establecer que existe una genuina contradicción de criterios.
a) Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
73. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
74. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el recurso de revisión 655/2010 determinó que si se promueve ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31582-ddf1813e/ampliacion-de-la-demanda-de-amparo-indirecto-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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