IMPEDIMENTO EN MATERIA PENAL. PROCEDE PARA DETERMINAR SI LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN DEBEN CONOCER DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO ANTERIORMENTE RESOLVIERON UNA DIVERSA APELACIÓN RESPECTO DE ETAPAS PREVIAS DEL MISMO PROCEDIMIENTO PENAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 111/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 12 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día doce de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 111/2024, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción. Por oficio 949, de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho órgano al resolver el conflicto competencial 49/2023 y el diverso Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 38/2023.
2. Asimismo, remitió la versión digitalizada de la ejecutoria relativa al conflicto competencial 49/2023 de su índice, informó que el criterio ahí sustentado se encontraba vigente, y que habilitó a este Pleno Regional para consultar el expediente electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); también remitió electrónicamente la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el conflicto competencial 38/2024.
3. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de presidencia de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente de este Pleno Regional tuvo por recibidas las referidas constancias, radicó la contradicción de criterios con el expediente 111/2024 y la admitió a trámite.
4. En el mismo proveído ordenó girar oficio para solicitar al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que informara si el criterio sustentado en el conflicto competencial 38/2023 de su índice se encontraba vigente o, en su defecto, la sentencia en la que sustentara uno diverso; la versión digitalizada de la resolución correspondiente, así como la habilitación para la consulta del expediente electrónico.
5. Paralelamente, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que pudiera constituir precedente obligatorio, en la que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.
6. Por último, en el mismo auto, el magistrado presidente turnó la presente contradicción de criterios a la Magistrada Rosa María Galván Zárate, para la elaboración del proyecto respectivo, en el entendido de que el turno electrónico sería confirmado una vez integrado en su totalidad el expediente.
7. En acuerdo de seis de junio de dos mil veinticuatro se tuvo por recibido el oficio 97/2024, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Séptimo Circuito, a través del cual informó que se encontraba vigente el criterio sustentado en el conflicto competencial 38/2023 de su índice; remitió la versión digitalizada de la ejecutoria correspondiente e infirmó que giró las instrucciones necesarias para habilitar la consulta del expediente electrónico.
8. Finalmente, en auto de diez de junio de dos mil veinticuatro se recibió el oficio DGCCST/X/536/06/2024, del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual informó que no se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal contradicción de criterios alguna que versara sobre el mismo punto jurídico que dio lugar a la presente denuncia.
9. Así, al encontrarse debidamente integrado el expediente, en ese proveído se confirmó el turno electrónico del presente asunto a la ponencia C, a cargo de la Magistrada Rosa María Galván Zárate.
II. COMPETENCIA
10. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; así como 1 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del propio Pleno, por el que se modifica la denominación de los plenos regionales de las regiones centro-norte y centro-sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; toda vez que la denuncia se planteó respecto de criterios sustentados por tribunales colegiados del vigésimo séptimo circuito, al resolver conflictos competenciales suscitados entre tribunales colegiados de apelación en materia penal federal.
III. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 38, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque fue formulada por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
IV. CRITERIOS CONTENDIENTES
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito
Conflicto competencial 49/2023
12. Causa penal. Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia en la que absolvió a diversas personas por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
13. Recurso de apelación. Inconforme con esa determinación, el Agente del Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.
14. Declinación de competencia. Radicados los autos, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito afirmó que se configuraba una "causa de incompetencia funcional" para conocer del recurso, porque anteriormente había resuelto un diverso recurso de apelación derivado de la misma causa penal, en el cual negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los sentenciados; por tanto, indicó que, a fin de salvaguardar la imparcialidad en el proceso, así como el mandato de no contaminación deducido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) debía conocer de la apelación contra la sentencia definitiva el diverso Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, por ser el órgano jurisdiccional más próximo.
15. Rechazo de competencia. El Magistrado Presidente suplente del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito formó un expediente "varios" y dictó acuerdo en el cual rechazó la competencia declinada en favor de ese órgano.
16. En lo conducente, consideró que la causa de "incompetencia" planteada por el requirente, constituía, en realidad, materia de impedimento, por lo que dicho asunto debía remitirse a la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para que efectuara la propuesta respectiva a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos y determinara, entre otras cuestiones, qué Tribunal Colegiado de Apelación era el más próximo a la residencia del tribunal declinante, atendiendo lo dispuesto en el artículo 57 del "Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Integración, Organización y Funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación."(2)
17. Así, devolvió los autos al órgano requirente, para que procediera de conformidad con el referido acuerdo.
18. Reitera incompetencia. El Pleno del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito insistió en que carecía de competencia legal, para resolver el recurso, por las razones ya expuestas.
19. Adicionalmente, precisó que no cobraba aplicación lo contemplado en el Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se refería al procedimiento que debía seguirse una vez que se calificara fundado el impedimento de los integrantes de un tribunal colegiado de apelación; mientras que, en la especie, se invocaba una causa de incompetencia funcional, conforme la interpretación del artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
20. Al respecto, subrayó que al resolver el amparo directo en revisión 2904/2020,(3) la Primera Sala sostuvo que, a fin de respetar el principio de imparcialidad, tanto los jueces de primera instancia, como los órganos de apelación debían observar la prohibición de conocer de un asunto cuando ya hubieren conocido del mismo en una apelación previa [mandato de "no contaminación"].
21. En consecuencia, remitió nuevamente los autos al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito.
22. Reitera rechazo de competencia. El magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito radicó el recurso de apelación y dictó un acuerdo, en el cual determinó que dicho órgano era legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer del medio de impugnación, en virtud que la resolución recurrida fue emitida por una autoridad judicial adscrita al Vigésimo Séptimo Circuito, sobre el cual no ejercía jurisdicción.
23. Paralelamente, formuló consulta sobre el caso a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y devolvió los autos al requirente.
24. Denuncia conflicto competencial. Recibidas las constancias, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito sostuvo que, al haber rechazado su competencia por razón de territorio, se configuró un conflicto competencial con su homólogo del Décimo Cuarto Circuito que debía ser resuelto por un tribunal colegiado de Circuito.
25. Así, denunció la existencia de un posible conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno.
26. Respuesta de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Paralelamente al trámite del conflicto competencial en comento, dicha comisión contestó la consulta que le fue formulada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito.
27. Manifestó que no se hallaba en aptitud de señalar qué órgano jurisdiccional era el más próximo, para efecto que se avocara al conocimiento del recurso de apelación, conforme al Acuerdo General 24/2022, porque primero era indispensable que existiera un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional competente en torno a la existencia del impedimento invocado por los integrantes del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito.
28. Conflicto competencial 49/2023. Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyos integrantes determinaron que era existente el conflicto competencial, porque ambos órganos jurisdiccionales manifestaron, expresamente, que carecían de competencia para conocer del recurso; uno, con base en un criterio funcional; y, otro, por razón de territorio.
29. Apoyaron esa aseveración en la tesis jurisprudencial 1a./J. 30/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA."(4)
30. Señalaron que la figura del impedimento y la competencia funcional compartían la misma finalidad, a saber, servir como límite a la actividad jurisdiccional en aras de salvaguardar el principio de imparcialidad; de suerte que, si se planteaba ese límite desde la arista competencial, la vía procesal idónea para analizarlo sería el conflicto competencial. En cambio, la vía para plantear la incompetencia subjetiva o impedimento sería, precisamente, la de impedimento.
31. Al respecto, citaron la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno P./J. 6/2020 (10a.), de rubro: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES."(5)
32. Precisado lo anterior, reprodujeron lo establecido en diversos precedentes de la Primera Sala del Alto Tribunal, destacadamente el amparo directo en revisión 2904/2020, para sostener que, tanto las personas juzgadoras en primera instancia, como los tribunales de alzada en apelación, se hallaban impedidos para analizar determinaciones derivadas de una causa penal que ya hubiesen conocido en etapas previas, pues su imparcialidad podría verse comprometida, al revisar determinaciones en las que ellos mismos hubieran tenido intervención.
33. En esta línea, abundaron sobre las características del derecho de acceso a la justicia, la independencia judicial y el principio de imparcialidad como garantía general del debido proceso, subrayando su fundamento constitucional y convencional.
34. Luego, atendiendo al mandato de "no contaminación" contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyeron que fue jurídicamente correcta la decisión del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, porque, en caso de que sus integrantes no se hubiesen excusado para conocer del recurso de apelación, podrían haber revisado indirectamente sus propias determinaciones, no obstante que fueran solamente de trámite.
35. Asimismo, destacaron que el artículo 126, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) señala expresamente que "[...] No es motivo de impedimento para las y los magistrados de los tribunales colegiados de apelación el conocer del recurso de apelación contra sentencias del orden penal cuando hubiesen resuelto recursos de apelación en el mismo asunto [...]", por lo que entonces, desde su perspectiva, debía considerarse una cuestión competencial.
36. Para reforzar el hecho que se trataba de una causa de incompetencia funcional, afirmaron que los numerales 37, fracción IX y 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales(7) únicamente contemplaban como causa de impedimento que los jueces en funciones de tribunal de enjuiciamiento hubieran fungido como jueces de control en el mismo procedimiento penal, o bien, intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la del juicio oral, mas no el supuesto relativo a que los magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Apelación tuvieran conocimiento previo de un recurso de apelación derivado de la misma causa penal.
37. Por tanto, ordenaron remitir los autos al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, por ser el más próximo, aplicando destacadamente el artículo 3 del "Acuerdo General 75/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y que reforma diversos acuerdos generales",(8) que dotaba de competencia al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, para conocer de juicios de amparo indirecto promovidos contra actos emitidos por su homólogo del Vigésimo Séptimo Circuito, por ser el más próximo; entre otras disposiciones administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.(9)
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito
Conflicto competencial 38/2023
38. Causa penal. Un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia en la que absolvió a diversas personas por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, así como delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio.
39. Recurso de apelación. Inconforme con esa determinación, el Agente del Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo.
40. Declinación de competencia. El Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito sostuvo que se configuraba una "causa de incompetencia funcional" para conocer del recurso, porque previamente ya había conocido de la misma causa penal al analizar el recurso de apelación interpuesto por las personas absueltas en primera instancia, con motivo de la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta; de ahí que, en aras de asegurar la imparcialidad en el proceso, así como el mandato de "no contaminación", era competente para resolver el recurso el diverso Tribunal Colegiado de Apelación del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán.
41. Apoyó su determinación en las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 2904/2020.
42. Rechazo de competencia. El magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito formó un expediente "varios", rechazó la competencia que le fue declinada y ordenó devolver los autos al requirente, para que diera trámite al impedimento planteado por sus integrantes, con base en el Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Integración, Organización y Funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación.
43. Reitera incompetencia. El Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito insistió en que carecía de competencia legal, para resolver el asunto y remitió nuevamente el recurso de apelación a su homólogo del Décimo Cuarto Circuito.
44. Aclaró que el motivo por el cual determinó remitirle el medio de impugnación no obedeció a que se actualizara un impedimento por excusa de sus integrantes; sino por una causa de incompetencia funcional, derivada del conocimiento previo del asunto.
45. Reitera rechazo de competencia. El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito ordenó formar toca de apelación y declaró su incompetencia legal para conocer del recurso, por razón de territorio, toda vez que la resolución impugnada provenía de un tribunal localizado en una entidad federativa sobre la cual no ejercía jurisdicción.
46. Simultáneamente, formuló consulta sobre el impedimento planteado a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y devolvió los autos al requirente. 47. Denuncia conflicto competencial. El magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito sostuvo su incompetencia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, a fin de que dirimiera el conflicto competencial.
48. Respuesta de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Paralelamente al trámite del conflicto competencial en comento, la comisión precisó que no se hallaba en aptitud de señalar qué órgano jurisdiccional era el más próximo, para efecto de avocarse al conocimiento del recurso de apelación, conforme al Acuerdo General 24/2022, porque era indispensable que previamente existiera un pronunciamiento de la instancia jurisdiccional competente en torno a la existencia del impedimento invocado por los integrantes del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito.
49. Conflicto competencial 38/2023. Del referido asunto correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyos integrantes, en resolución de seis de mayo de dos mil veinticuatro, determinaron que era inexistente el conflicto competencial, puesto que el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo cuarto Circuito, con residencia en Mérida, no hizo valer una cuestión propiamente competencial, sino una causa de impedimento.
50. En lo que interesa, sostuvieron que la figura del impedimento era la idónea para proteger los principios de independencia e imparcialidad en la administración de justicia, contenidos en el artículo 17 de la Carta Magna, pues a través de esa vía se examinaba si el titular de un órgano jurisdiccional era verdaderamente ajeno a la cuestión planteada, o si, por el contrario, existía riesgo de parcialidad.
51. Subrayaron que la imparcialidad era un principio central en el sistema penal acusatorio, como lo reconoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2904/2020, en el que interpretó el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional del que desprendió el "mandato de no contaminación", traducido en la prohibición del juez del tribunal de enjuiciamiento de fungir con tal calidad al haber intervenido como juez de control en el mismo procedimiento.
52. Luego, consideraron que la circunstancia aducida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, es decir, que carecía de competencia legal, para conocer el asunto sometido a su jurisdicción por haber resuelto previamente un recurso de apelación derivado de la misma causa penal, en realidad, no era una cuestión de competencia funcional, sino una causa de impedimento prevista en el numeral 37, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
53. Destacaron que incluso el artículo 126, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(10) establece expresamente, que no constituye motivo de impedimento para las y los magistrados de los tribunales colegiados de apelación conocer de recursos de apelación contra sentencias de orden penal cuando hubiesen resuelto otros medios de impugnación en la misma causa, respecto de ciertos autos.
54. También subrayaron que el asunto no se ubicaba en un supuesto de incompetencia funcional, prevista en el artículo 39, segundo párrafo, de la Ley de Amparo,(11) y desarrollada jurisprudencialmente por el Alto Tribunal, porque se refería concretamente al "binomio autoridad responsable-órgano de amparo", lo que no se trataba en el caso.
55. Por otro lado, enfatizaron que de la respuesta a la consulta formulada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, visible en su expediente electrónico, se desprendía que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal sostuvo que esa Secretaría Ejecutiva no podía determinar a qué órgano colegiado de apelación debía remitirse el recurso, en término de lo establecido en el Acuerdo General 24/2022, hasta en tanto no se declarara fundado el impedimento por la instancia judicial competente; cuestión que las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal se hallaban imposibilitadas para calificar.
56. En consecuencia, ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintan Roo, para los efectos legales conducentes.
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
57. La mecánica para emprender este estudio debe realizarse desde un enfoque que permita advertir la necesidad de unificar criterios jurídicos, pues su objetivo es otorgar certeza a las personas juzgadoras y justiciables.
58. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, independientemente de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
59. Sirven de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010(12) y tesis aislada P. XLVII/2009,(13) emitidas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
60. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes; entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumpla los requisitos siguientes:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, independientemente del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
61. Es decir, existirá una contradicción de criterios cuando dos o más órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y, en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
62. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(14) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
63. En atención a lo expuesto, se procederá a analizar, si en el caso, se acredita los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
64. Este Pleno Regional concluye que se satisface el primer requisito, toda vez que los tribunales colegiados de circuito ejercieron su arbitrio judicial al resolver las controversias sometidas a su jurisdicción, porque, como se desprende de los antecedentes reseñados, vertieron consideraciones propias tendentes a dilucidar si existían o no los conflictos competenciales que les fueron planteados por un tribunal colegiado de apelación.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos
65. Cabe destacar que ambos contendientes se enfrentaron al mismo problema jurídico, porque analizaron determinaciones que presentan los antecedentes comunes siguientes:
• Un juez de distrito en funciones de tribunal de enjuiciamiento, con residencia en Cancún, Quintana Roo, dictó sentencia absolutoria y esta determinación fue apelada por el Ministerio Público de la Federación.
• Del recurso correspondió conocer al Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, quien rechazó tener competencia funcional al razonar que ya había tenido conocimiento de la misma causa penal al resolver un diverso recurso de apelación, atiente a la revisión de medidas cautelares [prisión preventiva oficiosa], por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, al considerarlo el más próximo.
• El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, rechazó la "competencia" que le fue declinada y devolvió los autos al requirente, porque afirmó que, en realidad, se trataba de una causa de impedimento que debía ser dirimida conforme al Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
• El órgano de apelación requirente reiteró su incompetencia, subrayó que no invocaba una causa de impedimento, sino de "incompetencia funcional" y remitió nuevamente los autos a su homólogo, con residencia en Mérida, Yucatán.
• Este último agregó que era legalmente incompetente por razón de territorio, devolvió los autos al requirente y, al mismo tiempo, formuló consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en torno a la procedencia del impedimento planteado por el requirente.
• Recibidos los autos, el tribunal requirente los remitió, a su vez, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, ante la posible existencia de un conflicto competencial.
• Paralelamente, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal dio respuesta a la consulta formulada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Cuarto Circuito. Señaló que, previamente a su intervención, era indispensable que la instancia jurisdiccional competente calificara el impedimento invocado por e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32814-5025f970/impedimento-en-materia-penal-procede-para-determinar-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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