APELACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SI EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMERA INSTANCIA NO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SINO TIENE QUE DEVOLVER EL CASO AL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PARA QUE LLEVE A CABO LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO. 9 DE FEBRERO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ Y RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día nueve de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis 57/2021, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito.
La problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si en el proceso penal acusatorio, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento dicta sentencia absolutoria, pero al resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra el tribunal de alzada revoca dicha sentencia y tiene por acreditado el delito y la responsabilidad de la persona acusada, procede la devolución del caso al Tribunal de Enjuiciamiento para que lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño o, por el contrario, procede que el tribunal de alzada reasuma jurisdicción e individualice las sanciones y la reparación del daño.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito denunciaron la posible contradicción suscitada entre el criterio que sostuvieron al resolver el amparo directo 401/2018 y el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito emitió en el amparo directo 180/2019.(1)
2. Admisión y turno. El presidente de esta Suprema Corte, por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, ordenó formar y registrar el expediente con el número 57/2021. Admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de criterios, determinó que por razón de la materia corresponde a esta Primera Sala la competencia para conocer del caso, ordenó la integración del cuaderno auxiliar y turnó los autos a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su estudio.
3. Avocamiento y vigencia de los criterios. Mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento del asunto y ordenó su envío al Ministro ponente para la elaboración del proyecto respectivo.
4. Posteriormente, en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito informó que su criterio sigue vigente y remitió versión digitalizada de la ejecutoria emitida en el amparo directo 180/2019 y ordenó el envío de los autos a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
5. En sesión de seis de octubre de dos mil veintiuno, la mayoría de la Primera Sala desechó el proyecto presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y, en términos del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó el returno del asunto a uno de los Ministros o Ministras integrantes de la mayoría para la elaboración del proyecto de resolución.(2)
6. En auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta Ana Margarita Ríos Farjat ordenó el returno del asunto a su ponencia.
II. COMPETENCIA
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas leyes en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno;(3) en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos y, al ser un asunto de orden penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.
III. LEGITIMACIÓN
8. De conformidad con los artículos 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, quienes emitieron uno de los criterios contendientes.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Para mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de los casos analizados por los tribunales contendientes.
A. Amparo directo 401/2018, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito
10. Hechos. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diecisiete horas, sobre las vías del tren del poblado **********, en **********, **********, el señor ********** privó de la libertad a tres personas de identidad reservada; para su liberación solicitó dinero a sus familiares. A las víctimas las tuvo en cautiverio hasta el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, día en el que las víctimas fueron encontradas y liberadas por agentes policiales.
11. Sentencia absolutoria. Por esos hechos, el Ministerio Público acusó al señor ********** por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, incisos a), b), c) y e), y fracción II, inciso d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.(4) El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal de Juicio Oral de la Región Siete, con sede en **********, **********, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, dictó sentencia absolutoria a favor del señor **********, porque las pruebas desahogadas en el juicio oral no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad penal en la comisión del delito de secuestro.
12. Apelación. Inconforme con la absolutoria anterior, el fiscal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco interpuso recurso de apelación.
13. Sentencia condenatoria emitida en segunda instancia. El dos de febrero de dos mil dieciocho, la Primera Sala Penal del Tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Tabasco sostuvo que las pruebas desahogadas en el juicio oral sí acreditan el delito de secuestro agravado y la responsabilidad penal del señor ********** en su comisión, por lo que revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y dictó sentencia condenatoria en su contra.
14. El tribunal de alzada determinó que no podía reasumir jurisdicción para celebrar la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en términos de los artículos 408 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que devolvió el asunto al Tribunal de Enjuiciamiento para que la celebrara.(5)
15. Amparo directo y sentencia objeto de contradicción. El señor ********** promovió amparo directo en contra de la sentencia anterior. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito conoció de la demanda bajo el expediente 401/2018, y resolvió negar el amparo en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a) Es correcto que el tribunal de alzada hubiera determinado el reenvío del caso al Tribunal de Enjuiciamiento para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y la reparación del daño.
b) Por disposición expresa de los artículos 408 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez pronunciada la decisión de condena en el juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento está en condiciones de citar a una audiencia para individualizar las sanciones y la reparación del daño, en lo que se incluye el debate sobre los factores relevantes para la determinación y cumplimiento de la pena; las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal ajenas al hecho punible; y la procedencia de medidas alternativas a las penas restrictivas de la libertad.(6)
c) En la audiencia de individualización, el Tribunal de Enjuiciamiento establece la materia de la audiencia y otorga la palabra a las partes para que expongan sus alegatos de apertura. Enseguida, se solicita a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y se declara abierto el debate, el cual inicia con el desahogo de las pruebas admitidas en la etapa intermedia y continúa con los alegatos de clausura de las partes.
d) Cerrado el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento delibera y procede a manifestarse con respecto a las sanciones o penas a imponer al sentenciado y, en su caso, sobre la reparación del daño, de acuerdo con el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(7) Dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia, el tribunal redacta la sentencia.
e) En el caso el tribunal de alzada revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y, en su lugar, emitió un fallo de condena; por ello fue correcto que reenviara el asunto al Tribunal de Enjuiciamiento para que continuara con la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en los términos de los artículos 408 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(8)
f) No comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en la tesis aislada VII.1o.P.5 P (10a.) (contendiente en la presente contradicción),(9) en el que se sostiene que el tribunal de alzada debe reasumir jurisdicción para celebrar la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, porque éste no se encuentra facultado para sustituir al Tribunal de Enjuiciamiento en estos rubros, ya que no existe una norma jurídica con tal contenido y alcance en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Al contrario, la legislación es categórica en establecer que el Tribunal de Enjuiciamiento es el que debe decidir sobre dichos aspectos; en todo caso, el tribunal de alzada está facultado para revisar esa determinación, en segunda instancia.
g) La segunda instancia no es la vía para determinar la individualización e imposición de las sanciones, la reparación del daño y los demás elementos relacionados, porque se trata de un procedimiento que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, a través del cual el tribunal de alzada, con ciertas facultades, vuelve a examinar los fundamentos y motivos que tomó en cuenta el Tribunal de Enjuiciamiento.
h) Aceptar que el tribunal de alzada pueda decidir sobre la individualización de las sanciones, implicaría suprimir esta fase del proceso penal acusatorio, lo que vulneraría las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso. Las normas que regulan el proceso penal acusatorio se rigen por los principios de interés general y obligatoriedad del proceso, y son disposiciones de orden público que deben cumplirse, salvo que la propia ley expresamente permita lo contrario.
i) Si dentro de las formalidades que rigen el proceso penal acusatorio figura la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño para desarrollarse en la primera instancia del proceso y no en otra, entonces el tribunal de alzada debe ordenar la celebración de esa audiencia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, de lo contrario, se contraviene el principio de obligatoriedad en las leyes procesales y se transgrede el debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento, sin justificación jurídica alguna.
j) En el sistema del juicio acusatorio es lógico y jurídicamente razonable que las modalidades de la imposición y el cumplimiento de la sanción de que se trate sean materia de debate entre las partes frente al tribunal competente para ello, en el caso, el de primera instancia, pues no hay decisiones judiciales que no provengan de un debate previo entre las partes. Este aspecto no se cumple si el tribunal de alzada reasume jurisdicción para decidir sobre la individualización de las sanciones, la reparación del daño e indemnizaciones respectivas.
k) El criterio relativo a que el tribunal de alzada reasuma jurisdicción para decidir la individualización de sanciones, la reparación del daño e indemnizaciones relativas, suprime una de las instancias del proceso penal, porque ya no cabe un recurso sobre la decisión del propio tribunal; además, dicho criterio soslaya los principios del procedimiento penal, pues las partes ya no están en inmediación ante el tribunal competente para ello y no se les permite desahogar sus pretensiones oralmente en la audiencia regulada al respecto, lo que transgrede los principios de inmediación, contradicción, continuación y oralidad.
l) En el caso de que el tribunal de alzada revoque el fallo absolutorio de primera instancia y, en su lugar, dicte una sentencia de condena, no debe reasumir jurisdicción para decidir sobre la individualización de las sanciones, la reparación del daño e indemnizaciones relativas, pues lo conducente es que reenvíe el asunto a la primera instancia, para que así sea el Tribunal de Enjuiciamiento quien se pronuncie y siga con las fases respectivas.
B. Amparo directo 180/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
16. Hechos. El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, aproximadamente a las diecinueve horas con quince minutos, el señor ********** conducía un vehículo Ford, Windstar, verde obscuro, sobre la avenida **********, con dirección a la calle **********, en la colonia **********, en **********, **********.
17. El señor ********** realizó una maniobra para incorporarse a la calle ********** y provocó un choque con el vehículo marca Volkswagen, tipo Bora, azul sombra, conducido por el señor **********. En el impacto del vehículo descrito se estrelló el parabrisas; el cofre, las puertas delanteras y la salpicadera derecha se abollaron; las unidades de luz y la parrilla se rompieron; la fascia de la defensa delantera se desprendió; el marco de radiador se dobló; y el radiador, el ventilador, las llantas y los rines delanteros se averiaron.
18. Sentencia absolutoria. Por esos hechos, el Ministerio Público acusó al señor ********** por el delito de daño culposo, previsto y sancionado en los artículos 21, párrafo tercero, 85 y 226 del Código Penal para el Estado de Veracruz.(10) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el Juez de Juicio Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial Sexto, con residencia en Tuxpan, Veracruz, dictó sentencia absolutoria a favor del señor ********** por el delito referido, al considerar que las pruebas desahogadas en el juicio oral no fueron suficientes para comprobar que los daños denunciados hubieran sido atribuibles a su conducta.
19. Apelación. Inconforme con la sentencia anterior, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz interpuso recurso de apelación.
20. Sentencia condenatoria en segunda instancia. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, sostuvo que las pruebas desahogadas en el juicio oral fueron suficientes para comprobar que los daños denunciados sí son atribuibles a la conducta del señor **********, por lo que revocó la absolutoria de primera instancia y dictó sentencia condenatoria en su contra por el delito de daños culposos.
21. El tribunal de alzada determinó que dada la naturaleza de la resolución y para la tutela de los principios de contradicción, publicidad y debido proceso, no podía reasumir jurisdicción para celebrar la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en términos de los artículos 408 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que remitió el asunto al Tribunal de Enjuiciamiento para que la celebrara.(11)
22. Amparo directo y sentencia objeto de contradicción. El señor ********** promovió amparo directo en contra de la sentencia anterior. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito conoció del amparo bajo el expediente 180/2019, resolvió conceder el amparo en sesión de diez de marzo de dos mil veinte. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
a) De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política del País, el tribunal de alzada estaba obligado a pronunciarse sobre la individualización de sanciones y reparación del daño, por lo que al ordenar al Tribunal de Enjuiciamiento que llevara a cabo las audiencias correspondientes vulneró este precepto constitucional.(12)
b) Ese artículo de la Constitución Política del País consigna los principios rectores de la impartición de justicia para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción, uno de los cuales es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento, en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo declare el derecho y permita su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos.
c) Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución Política del País, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso y que las consideraciones de estudio que elaboren revistan la más alta calidad posible, sean completas y consistentes argumentativamente.
d) La normativa constitucional citada debe enlazarse con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incorporan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y de lo que se deriva que el acceso a la justicia conlleva la existencia de mecanismos o recursos sencillos, rápidos y efectivos, para la protección de los derechos fundamentales.(13)
e) El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política del País establece el principio de legalidad, del que emana la obligación de fundamentar y motivar los actos que externen las autoridades y, en mayor medida, aquellos cuyos efectos se extiendan sobre la esfera de derechos de los gobernados.(14) Para satisfacer las garantías de fundamentación y motivación, también es necesario que los argumentos justificativos de la sentencia satisfagan los requisitos de exhaustividad y congruencia, tanto interna como externa.
f) De acuerdo con el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política del País, en relación con los artículos 4 y 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otro de los principios que rige el proceso es el de continuidad, que significa que las actuaciones se deben llevar a cabo de manera continua, sucesiva y secuencial, para que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo.(15)
g) Del contenido de los artículos 400, 401, 403, fracción IX, 406, 408, 409, 410, 411, 468, 479 y 481 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede afirmar que la resolución reclamada conculca los principios de completitud, exhaustividad, congruencia interna y externa y continuidad, porque la autoridad responsable dejó de pronunciarse sobre la individualización de sanciones y la reparación del daño. h) Cuando se remiten los autos al tribunal de alzada para resolver una apelación contra sentencia definitiva, es innegable que se devuelve a éste la jurisdicción original delegada en el Juez de primera instancia. De ahí que los órganos de alzada no sólo se encuentran facultados, sino obligados a reasumir jurisdicción y, en aras de conseguir resultados definitivos en el menor tiempo posible, deben sustituirse en la posición de quien ostenta la jurisdicción ordinaria y directamente reparar la infracción que presumiblemente se cometió.
i) El tribunal de alzada no debió reenviar los autos al Tribunal de Enjuiciamiento para que individualizara las sanciones y se pronunciara sobre la reparación del daño, pues goza de la misma plenitud de jurisdicción que tuvo el tribunal de primera instancia, porque revocó la sentencia absolutoria.
j) El examen del juicio y la legalidad de la sentencia se extiende a todas las constancias de autos y a la resolución del fondo de las cuestiones que se plantearon en el juicio, tanto de hecho como de derecho; por tanto, es imprescindible que el tribunal de alzada se pronuncie sobre la individualización de las sanciones y la reparación del daño, por ser consecuencia indefectible de una sentencia condenatoria como la que se emitió.
k) Es innecesario que el Tribunal de Enjuiciamiento prosiga con la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, si se tiene en cuenta que al no subsistir los aspectos principales decididos en juicio (delito y responsabilidad) menos aún permanecerían los elementos accesorios, como es la imposición de sanciones y la reparación del daño.
l) Al resolver el recurso de apelación el tribunal de alzada contaba con todos los elementos suficientes para realizar el ejercicio de individualización de sanciones y analizar la procedencia de la reparación del daño y su cuantificación, toda vez que los medios de prueba ofrecidos en la audiencia intermedia fueron desahogados en la etapa de juicio.
m) La omisión del tribunal de alzada de sustituirse en el Tribunal de Enjuiciamiento y emitir pronunciamiento sobre los aspectos no resueltos en la sentencia recurrida, como la individualización de sanciones y la reparación del daño, es una transgresión a los principios de exhaustividad, congruencia y completitud exigibles a toda sentencia judicial, más aún, cuando en el marco del sistema penal acusatorio, las pruebas que se ofrecieron y admitieron guardan identidad con las desahogadas para la acreditación del delito y la responsabilidad.
n) Cuando el tribunal de alzada revoca un fallo absolutorio de primera instancia y ordena al Tribunal de Enjuiciamiento efectuar el estudio sobre la imposición de la sanción, implica un reenvío que no está permitido legalmente, pues está facultado para analizar con plenitud de jurisdicción los aspectos no abordados por el Tribunal de Enjuiciamiento, entre ellos, la individualización de las sanciones y la reparación del daño a imponer con motivo del delito cometido.
o) Por lo anterior, se otorgó el amparo para que el tribunal de alzada dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, dictara otra en la que reiterara los aspectos que no fueron motivo de concesión y, con libertad de jurisdicción, se pronunciara sobre la individualización de sanciones y la reparación del daño, sin agravar la situación jurídica del señor **********. Derivado de dicha decisión, el Tribunal Colegiado emitió la tesis aislada de rubro y texto:
"APELACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO Y TIENE POR ACREDITADOS EL DELITO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO, DEBE REASUMIR JURISDICCIÓN PARA RESOLVER SOBRE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES, LA REPARACIÓN DEL DAÑO E INDEMNIZACIONES. De conformidad con el artículo 403, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda sentencia judicial debe contener, entre otros requisitos, el pronunciamiento en torno a los aspectos de individualización de sanciones, reparación del daño e indemnizaciones correspondientes. En ese sentido, cuando el tribunal de apelación determine revocar la sentencia absolutoria de primer grado y tener por acreditados el delito y la responsabilidad penal del acusado, está facultado con plenitud de jurisdicción para analizar los aspectos no tocados por el a quo, al que sustituyó en todo, atento a que la sentencia absolutoria que se pronunció quedó revocada, y proceder al examen de todas las constancias de autos y a la resolución de fondo de las cuestiones que se plantearon en el juicio, tanto de hecho como de derecho, en los puntos específicos de la individualización de las sanciones y la reparación del daño e indemnizaciones, sobre los que es imprescindible que se pronuncie por ser consecuencia indefectible de una sentencia condenatoria, sin que proceda el reenvío al órgano de primera instancia para que se lleven a cabo las audiencias relativas a ambos tópicos; lo anterior, pues con las pruebas idóneas para la resolución de la litis en esa segunda instancia, desahogadas ante el Juez de juicio, el ad quem cuenta con elementos suficientes para realizar tanto el ejercicio de individualización de las sanciones como para analizar la procedencia de la reparación del daño y su cuantificación, lo que en ese caso será factible, en virtud de que reasume competencia originaria para la resolución integral del recurso que comprende tales pronunciamientos, cuenta habida que, de estimarse lo contrario, se contravendrían los principios constitucionales de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y legalidad, en sus vertientes de fundamentación y motivación, congruencia externa e interna, exhaustividad, continuidad y completitud, exigibles en toda sentencia judicial."(16)
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
23. Para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales de los citados órganos colegiados.
24. Antes bien, por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hubieran o no emitido tesis.(17)
25. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que como la primera, también sea legalmente posible.(18)
26. Tomando en cuenta lo anterior, esta Primera Sala considera que los requisitos identificados con los incisos a) y b) se actualizan, pues los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial al solucionar el mismo problema jurídico, consistente en determinar si en el proceso penal acusatorio cuando el Tribunal de Enjuiciamiento dicta sentencia absolutoria, pero al resolver el recurso de apelación interpuesto el tribunal de alzada revoca dicha sentencia y tiene por acreditado el delito y la responsabilidad de la persona acusada, procede la devolución del caso al Tribunal de Enjuiciamiento para que lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño o, por el contrario, procede que el tribunal de alzada reasuma jurisdicción e individualice las sanciones y la reparación del daño.
27. Sobre esta problemática los Tribunales Colegiados contendientes analizaron casos con hechos similares con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en cada caso los Tribunales de Enjuiciamiento dictaron una sentencia absolutoria, se interpuso el recurso de apelación y los tribunales de alzada resolvieron en el sentido de revocar la sentencia recurrida, emitieron sentencia condenatoria y devolvieron el asunto a los tribunales de enjuiciamiento para que celebraran la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.
28. A pesar de que los Tribunales Colegiados estudiaron casos con las mismas características, arribaron a conclusiones opuestas. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito sostuvo que el tribunal de alzada debe devolver el caso al Tribunal de Enjuiciamiento para que éste lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, porque si no remite el caso, se suprimiría una instancia y se soslayarían los principios de inmediación, contradicción, continuación y oralidad, que rigen en el sistema penal acusatorio. Mientras que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito concluyó que el tribunal de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30638-9adc61e7/apelacion-en-el-sistema-procesal-penal-acusatorio-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. ASPECTOS A CONSIDERAR CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA O DE CASACIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y ENVÍ (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y EN SU LUGAR DECRETA LA CONDENATORIA Y ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DEL JUIC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA (AMPARO DIRECTO)
- RECURSO DE APELACIÓN. EN EL PROCESO PENAL ORAL EL TRIBUNAL DE ALZADA PUEDE RESOLVERLO DE PLANO CUANDO NO SE HAYA CELEBRADO LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE ALEGATOS, DE MANERA ORAL EN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EL TRIBUNAL DE ALZADA LA REVOCA, DEBE ENVIAR EL ASUNTO A UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DISTINTO (XVIII.2o.P.A.10 P (11a.))
- AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES Y REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 409 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA SALA SE ENCUENTRA OBLIGADA A ORDENAR (XV.1o.2 P (11a.))
- RECURSO DE APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EL TRIBUNAL DE ALZADA REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMER GRADO Y DIRIME DE FORMA DEFINITIVA LOS ASPECTOS QUE INTEGRAN (II.4o.P.50 P (10a.))
- JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SI SE PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DE APELACIÓN INTERPUESTA ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA DETERMINACIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA QUE RESUELVE (II.3o.P.12 P (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis