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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO. LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO NO SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DE PLAZO CONSTITUCIONAL DICTADA POR EL JUEZ DEL FUERO COMÚN, CON BASE EN LOS MISMOS HECHOS POR LOS CUALES EL JUEZ DE DISTRITO, EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE PROCESO, GIRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO DEL ORDEN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2016. · Registro digital (IUS): 27196
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Pág. 489.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.

Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009, tal como se desprende de la tesis aislada de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) pues fue formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito.

TERCERO.-Criterios en contradicción. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados en conflicto.

I. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el impedimento **********:

a) Antecedentes:

El defensor particular de ********** y otros, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juez tercero penal de primera instancia, con motivo del auto de formal prisión dictado el catorce de febrero de dos mil catorce, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Por razón de turno, el asunto fue remitido al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. El juzgador se declaró impedido para conocer del juicio constitucional, de conformidad con el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que en la causa penal ********** libró orden de aprehensión en contra del quejoso **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos federales de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y posesión de cartuchos reservados para el ejército, armada y fuerza aérea, en virtud de que fue detenido por los mismos hechos por los cuales fueron detenidos el resto de los peticionarios de amparo, ya que era la persona que iba conduciendo el vehículo de motor y sus coacusados lo acompañaban cuando se les detuvo por la posesión de narcóticos y los artefactos bélicos, por lo cual, de pronunciarse sobre el auto de formal prisión reclamado por los delitos del fuero común, generaría riesgo en su imparcialidad respecto del expediente de amparo y no en función del interés procesal como autoridad instructora del asunto penal.

b) Calificación del impedimento:

"... el artículo 51 de la Ley de Amparo regula los impedimentos en los siguientes términos: (se transcribe)

"Las primeras siete fracciones del precepto transcrito establecen hipótesis específicas de impedimentos, mientras que la octava prevé un supuesto genérico. Este último se actualiza cuando el juzgador se encuentra en alguna situación (diversa a los impedimentos específicos) que implique un riesgo objetivo de pérdida de la imparcialidad.

"Conviene enfatizar que el riesgo de parcialidad del impedimento genérico es de carácter objetivo. Es decir, no se requiere demostrar que el juzgador efectivamente tiene una inclinación favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal en cuanto a la solución del asunto. Basta que, en abstracto, alguna circunstancia objetiva y perceptible pueda generar una duda razonable sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto.

"En el caso se ha actualizado la referida hipótesis, ya que existe un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad que impide al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo conocer del auto de formal prisión reclamado.

"Es así, porque el mencionado Juez sustancia la causa penal ********** en la cual libró orden de aprehensión en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de 1) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y, 2) posesión de cartuchos reservados para ejército, armada y fuerza aérea, previsto en el artículo 83, Quat, fracción I, en relación con el 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que su actuación instructora pretérita y futura se encuentra estrechamente vinculada con los hechos que dieron origen a la diversa causa penal **********, la cual se les instruye por los mismos hechos pero por delitos del fuero común y que constituye la materia del amparo.

"En efecto, el haber librado contra uno de los quejosos orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión de dos delitos federales, derivados de los mismos hechos en que fue detenido con los diversos quejosos, a quienes se les sigue diversa causa por delitos del orden común, puede influir en el dictado de la sentencia de amparo como Juez constitucional.

"Entonces, como en la causa penal ********** se dictó una determinación en base a los mismos hechos que serán materia de control constitucional en el juicio de amparo **********, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo estima que existe una indisolubilidad que puede generar pérdida de imparcialidad.

"En este sentido, este tribunal de amparo estima que efectivamente, el Juez Federal conocer de la acción constitucional de actos dictados por una autoridad judicial que están estrechamente vinculados con el que proveyó dentro de su causa penal en la que actúa como instructor. Tales circunstancias implican un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

"Expuesto en otro giro, la situación objetiva de ese operador jurídico genera una duda razonable sobre su neutralidad, ya que el acto reclamado se encuentra indisolublemente ligado a una de sus actuaciones que emitió como juzgador penal.

"En estas condiciones, no está suficientemente garantizado que el Juez de Distrito resolvería el amparo de forma neutral, y no en función de su propio interés procesal como autoridad instructora de la causa penal que constituye una determinación del propio juzgador precedente al análisis del acto reclamado.

"Cabe aclarar que lo anterior no implica un cuestionamiento sobre la imparcialidad subjetiva del Juez de Distrito. Como ya se ha dicho, el impedimento genérico que nos ocupa no requiere demostrar que el juzgador efectivamente tiene de hecho una inclinación favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal en cuanto a la solución del asunto. Basta que, en abstracto, alguna circunstancia perceptible pueda generar una duda razonable sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto.

"En conclusión, en el presente caso se actualiza el supuesto previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, debe calificarse de legal el impedimento planteado en vía de excusa y remitirse el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, para que el asunto se returne a un órgano jurisdiccional diverso al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

"Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis XXVII.3o.27 K (10a.), emitida por este órgano de control constitucional, cuya publicación en el Semanario Judicial de la Federación se encuentra en trámite, de rubro y texto siguientes:

"‘IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN ADMINISTRATIVA DE TRASLADO Y EL JUEZ DE DISTRITO ES EL INSTRUCTOR DE CAUSA PENAL EN LA QUE SE SUJETÓ AL QUEJOSO A PRISIÓN PREVENTIVA.’." (se transcribe)

Del criterio antes transcrito, surgió la siguiente tesis aislada:

"IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN EMITIDO POR UN JUEZ DEL FUERO COMÚN, CON BASE EN LOS MISMOS HECHOS POR LOS CUALES EL JUEZ DE DISTRITO INSTRUYE UNA CAUSA PENAL SEGUIDA CONTRA UN QUEJOSO POR DIVERSO DELITO DE ORDEN FEDERAL. El citado precepto establece una hipótesis genérica de impedimento que opera cuando el Juez de amparo se encuentra en alguna situación objetiva, diversa a los impedimentos específicos, que implique un riesgo de pérdida de imparcialidad. Para que éste se acredite no se requiere demostrar que el juzgador tiene una inclinación subjetiva favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal sobre la solución del asunto. Basta que, en abstracto, peligre la situación sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto. En consecuencia, esta hipótesis se actualiza, entre otros casos, cuando el acto reclamado consiste en un auto de formal prisión emitido por un Juez del fuero común, con base en los mismos hechos por los cuales el Juez de Distrito instruye una causa penal seguida contra un quejoso por diverso delito de orden federal, ya que de llegar a emitir la sentencia de amparo como Juez constitucional, con conocimiento previo de los mismos hechos derivados de la emisión de una de sus actuaciones como juzgador penal, puede influir y generar una duda razonable sobre su neutralidad, pues no está suficientemente garantizado que resolvería el amparo con absoluta neutralidad y no en función de su carácter de rector de la causa penal federal vinculada con los mismos hechos por los cuales se emitió el acto reclamado, lo cual implica un riesgo objetivo de pérdida de la imparcialidad."(4)

II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el impedimento **********:

a) Antecedentes:

Los quejosos solicitaron el amparo en contra del Juez Interino de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial XV de la ciudad de Orizaba, Veracruz, reclamando el auto de vinculación a proceso dictado el treinta y uno de julio de dos mil quince, en los autos del proceso penal **********, instruido en su contra por su probable participación en los hechos constitutivos de los delitos de secuestro agravado y robo específico, en su modalidad de utilización de vehículo robado. Por su parte, debido al desglose de la carpeta de investigación, el Juez de amparo conoció de los hechos en la causa penal 66/2015, por los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea mexicanos, y posesión de cartuchos, instruida en contra de los mismos quejosos.

La titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, por resolución de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. La juzgadora sostuvo que al pronunciarse sobre la orden de aprehensión solicitada en el ámbito federal, en análisis de los elementos del cuerpo del delito en mención, se valoró el oficio de puesta a disposición, entrevista de los elementos aprehensores y su ratificación, a lo cual otorgó eficacia demostrativa, calificando de justificada la actuación de los policías aprehensores en relación con la detención y se tuvo por demostrado el cuerpo del delito, empero, no acreditada la probable responsabilidad, por lo que se negó dicha orden.

La juzgadora señaló que como Juez de proceso analizó la prueba toral que es la que da inicio al estudio de la legalidad de la detención en flagrancia, como lo es la entrevista y la ratificación del oficio de puesta a disposición de los elementos aprehensores y decidió que estaba justificada constitucionalmente la actuación de los policías de haber detenido a los imputados, hoy quejosos; de tal manera que si en la demanda que dio origen al juicio de amparo, los quejosos alegan sustancialmente que fueron detenidos de manera ilegal y que la responsable inobservó que no existe medio de prueba que demuestre que éstos se encontraban dentro del vehículo con el que se les pretende vincular ni que hayan realizado las conductas delictivas que se les reclaman.

Lo anterior, a decir de la Juez, implica que impugnan cuestiones relativas a la legalidad de la detención en la carpeta de investigación, por tanto, la juzgadora de oficio tendría que analizar la legalidad de esa detención, aun cuando no se haya impugnado como acto destacado en la demanda de amparo.

En consecuencia, la Juez sostiene que existen elementos objetivos (pruebas) ya analizados, que pueden considerarse como influencia y trascendentes en la imparcialidad para resolver el juicio de amparo, en atención a la dualidad de funciones sobre los dos expedientes íntimamente relacionados (amparo y causa penal), por provenir de hechos vinculados con la detención en flagrancia en donde, indirectamente, ya hubo pronunciamiento.

b) Calificación del impedimento:

"... el principio de imparcialidad, como una condición esencial que debe revestir a los juzgadores, previsto en los artículos 17 y 100, párrafo séptimo, constitucionales, consiste en el deber que tienen de ser ajenos a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio, sin favorecer indebidamente a ninguna de las partes.

"Además, de conformidad con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, los principios de objetividad e imparcialidad consisten en la obligación del juzgador de proceder con ausencia absoluta de designio o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables, evidenciando la ausencia de sentimientos y de pasiones, irracionales e injustificados, emitiendo su voto atendiendo a las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir, ni por influencia extraña alguna que les haga inclinarse a un determinado interés de las partes en conflicto; y, para cumplir con esos principios, el juzgador debe, entre otras cosas, evitar conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes; abstenerse de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función; abstenerse de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto; buscar siempre la realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal; y, procurar actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, a fin que sus decisiones estén desprovistas de aprehensiones y prejuicios.

"De lo que se sigue que el principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional se refiere a la actitud que los juzgadores deben guardar hacia las partes en una controversia, pues al no ser parte en el juicio, de origen, no tienen un interés jurídico en la forma en que se resuelven los asuntos puestos a su consideración.

"También resulta oportuno establecer en este tópico, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que enseguida se invoca, estableció que el repetido principio de imparcialidad es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca; y, b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido; como sigue: ‘IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)

"Por consiguiente, no constituye un elemento objetivo del que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad cuando, como en el caso a estudio, la materia del amparo es un auto de vinculación a proceso, dictado por una autoridad jurisdiccional del fuero común, y la Jueza de Distrito, plantea el impedimento previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que, previamente, como Jueza de proceso, conoció de la solicitud de orden de aprehensión, contra los propios quejosos, por un delito del fuero federal, derivado de los mismos hechos.

"Para dar mayor claridad a la afirmación anterior, es necesario referirse a la naturaleza y fines del juicio de amparo. En términos generales, el juicio de amparo es considerado un medio de control constitucional y, sólo de manera indirecta, como un medio de control de legalidad, que tiene por objeto proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad que viole sus derechos humanos.

"Es aplicable, por su criterio orientador, la tesis siguiente: ‘AMPARO, MATERIA DEL (APRECIACIÓN DEL ACTO RECLAMADO).’ (se transcribe)

"En atención a lo expuesto, no puede decirse que en el caso que se estudia, se actualice el impedimento previsto en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo en vigor, pues, no puede afirmarse que la Juez de Distrito pueda examinar desde una misma perspectiva el juicio de amparo, con la que en su oportunidad estudió la solicitud de una orden de aprehensión, dentro de un proceso penal, pues como ha quedado claro, se trata aquél de un proceso constitucional autónomo.

"La conclusión antes precisada se ve reforzada, con la cita de la jurisprudencia 1a./J. 26/2002 de la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal de Justicia Constitucional del País, de aplicación analógica al caso, que se publicó en la página 89, Tomo XV, Novena Época, materia penal, registro digital: 186774, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2002, de rubro y texto siguientes:

"‘IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO EL MAGISTRADO DE UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO PRETENDE CONOCER DE UN RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA EN EL PROCESO PENAL, A PESAR DE QUE CONOCIÓ, EN AMPARO INDIRECTO, DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO EN AQUÉL.’(se transcribe)

"Por consiguiente, este órgano colegiado considera que -dado lo expuesto con anterioridad-, las razones señaladas por la resolutora federal no constituyen elementos objetivos que puedan influir en su imparcialidad para resolver el juicio de amparo en cuestión.

"En consecuencia, se declarara infundada la causa de impedimento propuesta por la Jueza Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Córdoba, por lo que devuélvanse el juicio de amparo número 863/2015, de su índice y anexos para efecto de que continúe en el conocimiento del asunto.

"No pasa inadvertido el contenido de la tesis asilada (sic) XXVII.3o.58 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que invocó la Juez de Distrito, pero aunque respetable, no se comparte, además, que no obliga a este órgano de control constitucional."

CUARTO.-Existencia de la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

El Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, determinó que de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

La existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Al respecto, el Tribunal Pleno emitió la jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

En el caso, se actualiza la contradicción de criterios, porque ambos Tribunales Colegiados abordan una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si se actualiza el impedimento previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo cuando el acto reclamado consiste en un auto dictado dentro de un procedimiento penal por un Juez del orden común, con base en los mismos hechos por los cuales el Juez de Distrito emitió una orden de aprehensión dentro de la causa penal que se sigue en contra del quejoso, por diverso delito del orden federal.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al conocer del impedimento **********, sostuvo que la hipótesis de imparcialidad prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, puede verse afectada si la materia del amparo es el auto de formal prisión dictado por la comisión de un delito del fuero común y el Juez de Distrito, previamente como Juez de proceso, debido al desglose de la averiguación previa correspondiente, conoció de los mismos hechos ilícitos y dictó orden de aprehensión contra el quejoso por delitos del fuero federal, por lo anterior, consideran que el conocimiento previo del Juez de Distrito, al resolver la situación jurídica del inculpado dentro de dicho proceso federal, puede implicar un riesgo objetivo de pérdida de imparcialidad y generar una duda razonable sobre su neutralidad, ya que el acto reclamado se encuentra indisolublemente ligado a una de sus actuaciones que emitió como juzgador penal, por lo cual sí se encuentra impedido para conocer del asunto.

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, considera que no puede actualizarse el impedimento previsto en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, pues no puede afirmarse que el Juez de Distrito pueda examinar desde una misma perspectiva el juicio de amparo y la solicitud de una orden de aprehensión, dentro de un proceso penal, pues considera que el primero es un proceso constitucional autónomo.

Como se advierte de la reseña anterior, sí existe la contradicción planteada entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes, misma que se reduce a determinar si se actualiza el impedimento previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado es un auto de término constitucional emitido por un Juez del fuero común, con base en los mismos hechos por los cuales el Juez de Distrito, en su carácter de Juez de proceso, giró una orden de aprehensión en contra del mismo quejoso, por diverso delito del orden federal.

No es obstáculo para tener por integrada la contradicción de criterios el hecho de que los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto provengan de dos sistemas penales diferentes, toda vez que en uno, el acto reclamado es un auto de formal prisión (sistema penal mixto) y en el otro es un auto de vinculación a proceso (sistema acusatorio), ya que en esta ejecutoria no se emitirá un criterio jurisprudencial sobe (sic) la naturaleza jurídica, alcances y formalidades de tales instituciones, ni sobre las condiciones bajo las cuales debe ejercerse control constitucional sobre ellas. La problemática a resolver, en cambio, consiste en determinar si influye o no para resolver un juicio de amparo el hecho de que el Juez de Distrito ya haya tenido previo conocimiento de los hechos ilícitos, al haberse pronunciado sobre la libertad del quejoso dentro de un correlativo proceso federal.

Por tanto, aunque el acto impugnado es derivado de sistemas penales diferentes, ambos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación diversa de la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, para poder motivar la resolución de los impedimentos planteados.

QUINTO.-Estudio de fondo.

En primer término, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, establece lo siguiente:

"Artículo 17.

"...

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

El precepto constitucional transcrito, en la parte conducente, establece el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen en su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y, el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas.

Atendiendo al mandato dirigido a los juzgadores, en el sentido de que la justicia que impartan debe ser imparcial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que ello significa que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido,(6) criterio que comparte esta Primera Sala.

Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente:

"La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. ... Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. ..."

De este modo, la Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sostenido que la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27196-17a71f63/impedimento-la-causa-prevista-en-la-fraccion-viii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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