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IMPEDIMENTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. IMPEDIMENTO. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO JUEZ DE INSTANCIA, DICTE EN UN JUICIO DIVERSO AL NATURAL, UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON EL ACTO RECLAMADO. IMPEDIMENTO. REQUISITOS PARA CALIFICAR DE LEGAL LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. SISTEMA DE IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO. NO TIENE POR OBJETO CUIDAR LA IMAGEN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. · Registro digital (IUS): 26714
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-10-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Pág. 1876.

IMPEDIMENTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO.

IMPEDIMENTO. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO JUEZ DE INSTANCIA, DICTE EN UN JUICIO DIVERSO AL NATURAL, UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON EL ACTO RECLAMADO.

IMPEDIMENTO. REQUISITOS PARA CALIFICAR DE LEGAL LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.

SISTEMA DE IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO. NO TIENE POR OBJETO CUIDAR LA IMAGEN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE AGOSTO DE 2016. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. DISIDENTES: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ Y ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ. AUSENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: RIGOBERTO CALLEJA CERVANTES.

III. Competencia

El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

IV. Legitimación

La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por una de las partes que intervinieron en los juicios de amparo indirecto de donde provienen los impedimentos resueltos por los tribunales contendientes, en conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

V. Antecedentes que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis

Los antecedentes que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis son los siguientes:

a) En el juicio ejecutivo mercantil **********, seguido por **********, en contra de ********** y **********, tramitado ante el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, se condenó a la parte actora al pago de costas en ambas instancias; en resolución de once de mayo de dos mil quince, se aprobó la planilla de liquidación de costas, por la suma de un millón setecientos cincuenta y tres mil pesos con cincuenta centavos moneda nacional.

b) Posteriormente, **********, demandó de nueva cuenta a ********** y a **********, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de diversas prestaciones; conoció del asunto el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; se formó el expediente **********; el veinticinco de junio de dos mil quince, en cumplimiento al auto de exequendo, se embargaron, a la persona física codemandada, los derechos litigiosos del diverso juicio ********** a que se refiere el inciso anterior.

c) Coetáneamente a lo anterior, en el juicio ejecutivo mercantil **********, el Juez natural dictó el proveído de seis de julio de dos mil quince, que determinó, entre otros aspectos, declarar en rebeldía a la actora para cubrir los gastos por concepto de costas y, por tanto, ordenó turnar los autos al actuario de la adscripción, a efecto que acudiera a su domicilio para requerirle de pago, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le embargarían bienes de su propiedad suficientes para tal objeto.

d) En ese juicio ********** se practicó la diligencia de cinco de agosto de dos mil quince, mediante la cual se embargaron las cuentas bancarias de la actora; posteriormente, por auto del día seis siguiente, el Juez natural ordenó girar los oficios correspondientes, para inmovilizar y bloquear aquéllas, hasta por la cantidad de un **********.

e) La actora promovió juicio de amparo indirecto en contra de la diligencia de cinco de agosto de dos mil quince y del auto del día seis siguiente a que se refiere el inciso anterior; conoció del asunto el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; se formó el expediente **********; por auto de catorce de agosto de dos mil quince, el Juez de Distrito determinó que, en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se encontraba impedido para conocer del asunto, ya que, desde su perspectiva, se actualizaba una situación de la que pudiera derivarse el riesgo de la pérdida de imparcialidad, dado que tendría que resolver el diverso juicio ejecutivo mercantil ********** -a que se refiere el inciso b) anterior-, en el que se ejecutó el embargo de los derechos litigiosos, y por la otra, resolver en el juicio de amparo respecto de la diligencia reclamada, no obstante que él ya había ordenado el embargo de los derechos litigiosos del propio juicio de origen; excusa que se declaró infundada en el expediente 4/2015 del índice del Octavo Tribunal.

f) Asimismo, la actora promovió diverso juicio de amparo indirecto en contra del proveído de seis de julio de dos mil quince y la misma diligencia de cinco de agosto del mismo año -ver incisos c) y d) anteriores-; la demanda se turnó al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; se formó el expediente **********; por auto de veintiuno de agosto de dos mil quince, el Juez de Distrito determinó que, en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, se encontraba impedido para conocer del asunto, ya que, desde su perspectiva, se actualizaba una situación de la que pudiera derivarse el riesgo de la pérdida de imparcialidad, dado que tendría que resolver el diverso juicio ejecutivo mercantil **********, en el que se ejecutó el embargo de los derechos litigiosos, y por la otra, resolver en el juicio de amparo, respecto del auto que ordenó la práctica de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como la diligencia reclamada, no obstante que él ya había ordenado el embargo de los derechos litigiosos del propio juicio de origen; impedimento que se declaró fundado en el expediente 7/2015 del índice del Décimo Segundo Tribunal.

g) En ambos informes en que el Juez de Distrito sostiene que se encuentra impedido, refiere que envió oficio al Juez Décimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, mediante el cual le informa que fueron embargados los derechos litigiosos.

VI. Existencia de la contradicción de tesis

El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(1) consistentes en que:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, tal como se verá a continuación.

Octavo Tribunal. Excusa 4/2015.

Criterio: Es infundada la excusa.

Razones:

a) Eran distintos los juicios en que participaba el Juez de Distrito, pues en el primero de los mencionados decidiría sobre el juicio de amparo, en tanto que en segundo resolvería sobre la procedencia o improcedencia de la acción, excepciones y defensas opuestas.

b) La circunstancia que el Juez de Distrito, como autoridad de instancia hubiera ordenado el embargo de bienes litigiosos, objetivamente no se traducía en riesgo de pérdida de imparcialidad para resolver el juicio de amparo, pues en éste sólo conocería sobre el embargo de cuentas bancarias.

c) La posible repercusión no afectaría el interés del juzgador, de modo que quedara colocado en riesgo de perder la imparcialidad.

d) Lo contrario implicaría la existencia de un interés particular o personal que el Juez de Distrito no afirmó tener; interés consistente en la conservación del embargo de los derechos litigiosos y, por ende, en la subsistencia del embargo de cuentas bancarias.

e) En todo caso, es impersonal el interés que tendría el juzgador en que se cumplan con sus resoluciones, el que evidentemente no es constitutivo de excusa y, por ende, no opera la causa de impedimento contenida en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo.

Décimo Segundo Tribunal. Impedimento 7/2015.

Criterio: Es fundada la causa de impedimento.

Razones:

a) En el artículo 51, fracciones I a la VII, de la Ley de Amparo, se establecen situaciones concretas que el legislador previó como causas de impedimento, que pudieran poner en riesgo la imparcialidad del juzgador; en tanto que en la fracción VIII, de manera general se refiere a una situación diversa a las especificadas, que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de la pérdida de la imparcialidad.

b) Todas las causas de impedimento que prevé el citado artículo, derivan del riesgo de la pérdida de la imparcialidad en el juzgador, ya que son situaciones que ponen en duda su imparcialidad, la que debe garantizarse como un derecho humano.

c) Las situaciones reguladas como causas de impedimento no significan en automático la pérdida de imparcialidad, pero sí son situaciones de riesgo que ponen en duda la imparcialidad del juzgador.

d) Las siete primeras fracciones no generan mayor complicación; se percibe fácilmente el riesgo de la pérdida de la imparcialidad, derivada de la duda fundada de que el juzgador, en ese tipo de situaciones, mantenga su imparcialidad al resolver.

e) Si se trata de una situación distinta a las enumeradas en las primeras siete fracciones, y se apoya en datos objetivos de los que pudiera generar duda sobre la imparcialidad del juzgador, entonces éste debe excusarse y debe declararse fundada la excusa, pues a las partes no debe generarse duda sobre la imparcialidad del juzgador, por corresponder a un derecho humano que el Estado debe garantizar y proteger, el cual se encuentra tutelado en los artículos 17 constitucional y 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

f) El principio de imparcialidad en el juzgador, se encuentra explicado en la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL."

g) El principio de imparcialidad como garantía judicial en materia de derechos humanos, se encuentra comprendido en el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los criterios relevantes relacionados con el debido proceso e imparcialidad judicial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

h) Como "elementos objetivos", debe considerarse que la norma exige la existencia de determinados datos o hechos ciertos o reales; la palabra riesgo debe entenderse tal como lo define el Diccionario de la Lengua Española, cuya definición no implica necesariamente una situación que deba ocurrir o sea algo inminente, sino eventual, esto es, cabe la posibilidad de que pueda o no ocurrir.

i) Debe partirse de la premisa, como garantía judicial, que no debe haber duda para las partes que el asunto será juzgado de manera imparcial, sin elementos ajenos al juzgador, de modo que la causa de impedimento se producirá cuando se revele la existencia de datos concretos que pudieran poner en riesgo la pérdida de su imparcialidad.

j) La existencia de ambos juicios, constituyen datos objetivos, pues como juzgador de amparo, habrá de resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados emanados de un juicio en el que intervienen las mismas partes de diverso juicio que conoce como autoridad de instancia, en el que además ordenó el embargo de los derechos litigiosos, por lo que se da el primer supuesto que establece la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, como causa de impedimento.

k) La existencia de esos elementos, constituyen una situación que pudiera representar un riesgo en la pérdida de la imparcialidad del juzgador, dado que:

a. Al conocer como autoridad de instancia, podría llegarse a formar una opinión adelantada del asunto en el juicio de amparo, antes de dictar sentencia, como consecuencia de sus propias actuaciones.

b. Aun cuando las actuaciones son ajenas al acto reclamado, podría haber riesgo que prejuzgue sobre el asunto e incluso, al tratarse de las mismas partes en conflicto, podría generar duda a éstas sobre la imparcialidad en el juzgador que conoce de un diverso juicio en el que tienen intereses contrapuestos y el juicio de amparo a su vez podría representar o constituir un medio para hacer prevalecer indirectamente las decisiones en el juicio que conoce como autoridad de instancia.

c. Lo anterior coloca al Juez de Distrito en una situación de riesgo en la pérdida de la imparcialidad, como el mismo Juez Federal lo reconoce al formular su impedimento, al señalar que por la existencia del juicio que conoce como Juez de instancia, pudiera derivarse un riesgo en la pérdida de su imparcialidad para resolver en el amparo, riesgo que a juicio del Décimo Segundo Tribunal no existiría sin el diverso juicio que se encuentra tramitando.

l) No es vinculante la resolución dictada en la excusa 4/2015, mediante la cual el Octavo Tribunal calificó como infundado el impedimento formulado por el Juez de Distrito, dado que si bien los actos reclamados en ambos amparos emanan del mismo juicio natural, lo cierto es que se trata de amparos distintos y el artículo 55 de la Ley de Amparo establece que las excusas que se formulen deben calificarse de plano, en tanto que Décimo Segundo Tribunal considera que la causa de impedimento examinada debe ser analizada desde la perspectiva de los derechos humanos, específicamente la garantía judicial a un Juez imparcial, a fin de garantizar a las partes ese derecho.

De la anterior reseña queda evidenciado que los tribunales contendientes ejercieron el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo expreso o tácito(2) en relación con los alcances del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, mediante la adopción del canon o método que estimaron procedente, para desentrañar si el Juez Federal, como juzgador ordinario que ordenó el embargo de derechos litigiosos, constituye o no un elemento objetivo que pudiera derivar el riesgo de la pérdida de la imparcialidad, cuando aquél interviene como Juez de amparo al conocer de diverso juicio constitucional en contra de lo actuado en el juicio natural de donde derivaron esos derechos litigiosos.

Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno de Circuito considera que el segundo requisito queda satisfecho, pues los tribunales analizaron casos prácticamente idénticos y llegaron a una conclusión diferente. Es así, en atención a lo siguiente:

a) Los actos reclamados de los juicios de amparo indirecto del índice del mismo Juzgado de Distrito, emanan del mismo juicio natural y, son esencialmente los mismos, ya que mientras en el primer caso se promovió contra la diligencia de embargo de las cuentas bancarias de la parte actora y el auto por el que se ordenó su inmovilización y bloqueo;(3) en el segundo se hizo contra la orden de requerimiento de pago de costas a esa parte, con el apercibimiento que de no hacerlo se embargarían bienes de su propiedad y la diligencia antes mencionada.(4)

b) En ambos juicios de amparo indirecto, el Juez de Distrito, expuso prácticamente las mismas razones para sostener que no podía seguir conociendo de los asuntos, en esencia, que en el diverso juicio ejecutivo mercantil ********** en donde interviene como juzgador ordinario, ordenó el embargo de los derechos litigiosos derivados de la condena al pago de gastos y costas en el diverso **********. La única diferencia es que en el caso del segundo juicio de amparo agregó que las actuaciones de los juicios ejecutivos mercantiles están íntimamente relacionadas.

c) En ambas excusas existe disenso en la decisión adoptada, pues el Octavo Tribunal expuso que tales circunstancias no se traducían en riesgo de pérdida de imparcialidad, pues se trataban de juicios distintos -juicio de amparo y juicio natural- en los cuales se resolverían aspectos diversos y, por ende, no se afectaba el interés personal del juzgador ni implicaba la existencia de alguno en particular en su persona; en tanto que el Décimo Segundo Tribunal razonó que ambos juicios sí constituían elementos objetivos que generaban dudas sobre la imparcialidad del juzgador de amparo, ya que habría de resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados en donde intervenían las mismas partes, lo que además podía dar lugar a que se formara una opinión adelantada del asunto, al haber intervenido como autoridad de instancia.

d) Los contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre el mismo punto de derecho,(5) en este caso, respecto de los alcances del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, pues el Octavo Tribunal se refirió al interés personal del juzgador, en tanto el que el Décimo Segundo Tribunal se refirió a la existencia de una situación que pusiera en duda la imparcialidad de aquél.

Tercer requisito. Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe formular el siguiente cuestionamiento. Dado que existen dos juicios con identidad de partes, con el mismo carácter y en los que se reclamaron las mismas prestaciones: en el primero, se condenó a la parte actora al pago de costas, ante ello, promovió el segundo en cuyo auto de exequendo se embargaron los derechos litigiosos derivados del primer juicio de una de las codemandadas, determinación que el Juez del segundo juicio informó al del primero, no obstante, embargó cuentas bancarias propiedad de la parte actora, acto contra el que esencialmente ésta promovió sendos juicios de amparo indirecto, es decir, aparentemente, la autoridad responsable al embargar cuentas bancarias de la parte actora ignoró los efectos del embargo previo de derechos litigiosos. En ese contexto, ¿es suficiente para tener por acreditada la causal de impedimento a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo el hecho de que el juzgador que ordenó el embargo en el segundo juicio a la vez intervenga como Juez de amparo al conocer de los juicios de amparo indirecto?

VII. Estudio de fondo La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos fundamentales de seguridad jurídica, consagrados en los artículos 8o., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, ya que tutelan que la persona jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.(6) En este sentido, su contenido esencial radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.(7)

El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia:

"Artículo 17. ...

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En relación con el sentido y contenido de este derecho fundamental, el Máximo Tribunal ha señalado que consagra a favor de los gobernados el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; de justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; de justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, de justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.(8)

El principio de imparcialidad es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. El juzgador en su carácter de árbitro imparcial, no comparte los intereses de las partes contendientes y examina el litigio con imparcialidad, principio que debe entenderse en dos dimensiones: la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el Juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido.(9)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, ha señalado que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho, constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros.(10) El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a las "garantías judiciales" y establece los lineamientos del llamado "debido proceso legal":

"Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

Al respecto, la Corte IDH ha indicado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado, deberá contar con la garantía que dicho órgano actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete.(11)

Al analizar el principio de imparcialidad, la Corte IDH ha considerado(12) que implica que los integrantes del tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. Además, ha citado(13) a la Corte Europea de Derechos Humanos respecto de que en primer lugar el tribunal debe carecer, de manera subjetiva, de prejuicio personal y, en segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los Jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso.(14)

Al respecto, este Pleno de Circuito considera que el sistema de excusas, recusaciones e impedimentos establecido en el título primero, capítulo VI, de la Ley de Amparo, no tiene por objeto cuidar la imagen del funcionario judicial, aunque éste pudiera ser un efecto secundario, sino salvaguardar la imparcialidad de los Jueces de control constitucional. En consecuencia, el aspecto del criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos que tiene que ver con el análisis objetivo de la imparcialidad del juzgador, en relación con la ausencia de duda razonable respecto de la misma y, en este sentido, a la posibilidad de tomar en consideración las apariencias, resulta incompatible con dicho sistema. Al respecto, es necesario aclarar que en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(15) el criterio antes mencionado no es vinculante para este Pleno de Circuito, en virtud de que no fue emitido directamente por la Corte IDH y porque la Ley de Amparo contiene un sistema de hipótesis previstas por el legislador nacional, que debe considerarse cerrado.

El artículo 51 de la Ley de Amparo establece las causas de impedimento en el juicio de amparo:

"Artículo 51. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

"I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

"II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

"III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

"IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

"V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

"VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

"VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y

"VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad."

En relación con el contenido de esta disposición, este Pleno de Circuito ha señalado anteriormente,(16) en esencia, lo siguiente:

a) En las fracciones I, II, III, IV, V y VII, se mantuvieron, sustancialmente, las causas de impedimento contempladas en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.(17)

b) Anteriormente, sólo era posible hacer valer las causas de impedimento contenidas en el artículo 66, que eran de aplicación estricta y limitativa y, por tanto, no se podían invocar motivos distintos a los exactamente previstos en la ley, aun cuando pudieran ser similares, parecidas, análogas o extensivas por identidad de razón, pues de hacerlo se estarían agregando requisitos no contenidos en la norma.(18)

c) La fracción VIII del citado artículo 51 de la ley de la materia amplía las causas de impedimento a un número ilimitado de situaciones, pues se refiere a cualquier situación que sea diversa a las contempladas en las demás fracciones, con la condición de que impliquen elementos objetivos, de los que pueda derivar un riesgo de imparcialidad.

d) Se incorporó esta causal de impedimento con el objeto de abarcar, en aras de mayor transparencia en la administración de justicia, cualquier situación que influya en la disposición subjetiva de los funcionarios, distintas a las especificadas en las demás fracciones.

e) La "diversidad" de situaciones debe entenderse no de manera antagónica o en contraposición a situaciones análogas, es decir, que excluya situaciones análogas, sino de manera lata, o sea, como cualquier otra situación que sea distinta a las enumeradas en las restantes fracciones del artículo de que se trata. De manera que todas las situaciones novedosas que pueden ser invocadas como causa de impedimento, sólo están condicionadas a que contengan element

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26714-4ef8f6f0/impedimento-analisis-de-las-causas-relativas-previstas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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