IMPEDIMENTO. CUANDO EN EL TRÁMITE DE UN AMPARO INDIRECTO LA PERSONA JUZGADORA SE DECLARA IMPEDIDA CONFORME A LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, RESULTAN INAPLICABLES LOS CRITERIOS QUE INTERPRETAN LA DIVERSA CAUSAL DE AMISTAD ESTRECHA O ENEMISTAD MANIFIESTA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 138/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al ocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Presentación de la denuncia. Por escrito acordado el veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, el apoderado legal de ******** ******** ********, ******** ******** ******** ******** ********, autoridad responsable en uno de los juicios de amparo de los que deriva la presente contradicción, denunció la posible contradicción de criterios.
2. Criterios denunciados. La posible de contradicción de criterios se denunció entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el impedimento 6/2025, en sesión de veinticuatro de julio de dos mil veinticinco y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el impedimento 7/2024, en sesión de cuatro de julio de dos mil veinticuatro.
3. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 138/2025, con el tema: “determinar si puede calificarse como una causa objetiva de impedimento en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, las manifestaciones del juez en cuanto a que los escritos presentados por una de las partes refiriendo errores judiciales, constituyen actos de intimidación sistemática que la causan un daño en su esfera emocional”, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda.
4. Informes. Los informes solicitados en el auto de radicación de la contradicción se recibieron de la siguiente manera:
• El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, informó que su criterio sigue vigente.
• El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por oficio 7348/2025 de tres de octubre de dos mil veinticinco, informó que su criterio no se ha abandonado.
• La Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, por oficio DGCCST/X/544/09/2025 de doce de septiembre de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.
5. Nueva integración del pleno regional. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza integran este pleno regional;(1) además, en dicho proveído, se returnó este asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.
6. Confirmación de turno. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
7. Amicus curiae. Por escritos acordados el veintinueve de octubre y tres de noviembre del año en curso, respectivamente, ****** ******** ******** ********, formuló manifestaciones en esa calidad en cuanto al tema en disputa, mismas que no serán consideradas en atención a que solo pueden tener ese atributo las opiniones que realicen personas ajenas a la controversia y, en el caso, la persona promovente tiene la calidad de parte quejosa en los juicios de amparo 523/2025 y 1421/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de los que derivaron los impedimentos 6/2025, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese circuito, y 7/2025, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, respectivamente, en los que se emitieron los criterios denunciados como contradictorios.
8. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis de jurisprudencia PR.P.T.CS.5 K (11a.),(2) del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro–Sur, con residencia en la Ciudad de México, cuyo desde luego se comparte, que enseguida se transcribe:
AMICUS CURIAE. SÓLO PUEDE CONSIDERARSE COMO TAL LA OPINIÓN PRESENTADA POR QUIENES SON AJENOS AL ASUNTO.
Hechos: Los denunciantes de una contradicción de criterios, en el propio escrito de denuncia, señalaron que formulaban un amicus curiae sobre el tema a pesar de que desde el acuerdo de admisión de la propia contradicción se les reconoció legitimación.
Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que sólo puede ser considerado amicus curiae la opinión presentada por quienes son ajenos al asunto, y al no tener vinculación con el litigio, no existe obligación del órgano jurisdiccional de emitir respuesta o tomarlo en consideración expresamente al dictar la sentencia.
Justificación: El amicus curiae o “amigos de la Corte”, se refiere a personas ajenas al litigio, terceros cuya opinión, desde la perspectiva de quien lo promueve, resulta conveniente que sea del conocimiento de los juzgadores que lo resolverán, pues doctrinalmente representan el interés público, de la comunidad o de la sociedad civil, pero que no tienen injerencia directa en el asunto.
II. Competencia
9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(3) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(4) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(5) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(6) publicados en el mismo medio oficial de difusión el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(7) respectivamente, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Cuarto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional por tratarse de un asunto en materia común y administrativa.
III. Legitimación
10. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló el apoderado legal de ******** ******** ********, Sociedad Anónima de Capital Variable, autoridad responsable(8) dentro del juicio de amparo 1421/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, génesis del impedimento 7/2024 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuya resolución es uno de los criterios denunciados como contradictorios.
IV. Criterios contendientes
11. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el impedimento 6/2025. Surgió de un amparo indirecto promovido por una persona física que reclamó del Gobernador del Estado de Nuevo León y otras autoridades, “La obstaculización, desvío, denegación de la justicia, bloqueo, omisión y/o negativa tácita a la integración, investigación y no inicio ante el Tribunal competente respecto a las conductas tipificadas como Faltas Graves que se denuncian mediante escrito presentado en fecha 27 -veintisiete de marzo de 2025- dos mil veinticinco.”
12. De la demanda tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, bajo el número de expediente 523/2025, quien determinó que era incompetente por razón de turno y relación y lo remitió al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León (dado que lo reclamado tenía relación con diverso juicio de amparo del índice de este órgano).
13. El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León (requerido) determinó no aceptar la competencia planteada, aduciendo que los actos reclamados no provenían del mismo expediente jurisdiccional o administrativo y lo devolvió al órgano requirente.
14. Con motivo de lo anterior, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León (requirente), ordenó formular una consulta a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, para que determinara qué órgano jurisdiccional debía conocer del juicio de amparo por razón de turno y relación, en la que se determinó que le correspondía el conocimiento del asunto.
15. Adicionalmente, determinó que se encontraba en una situación de riesgo de perder la imparcialidad considerando que estaba en el supuesto de la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, por lo cual ordenó remitir el juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno, para que se calificara el impedimento planteado.
16. El tribunal colegiado de circuito —en el expediente del que deriva esta contradicción— resolvió con base en las siguientes consideraciones:
III. Calificativa del impedimento planteado
No se declara legal el impedimento planteado, por las consideraciones que se expondrán a continuación.
En principio, debe precisarse que el derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, prevé el principio de imparcialidad de los juzgadores, que significa que emitan una resolución que no dé lugar a considerar que existió inclinación favorable o adversa respecto de alguna de las partes.
La imparcialidad debe ser funcional y personal. La primera se refiere a la claridad en las funciones de quien resuelve, dando garantías objetivas; la segunda, que de entrada se presume, depende de la conducta, sesgos, prejuicios personales o ideas preconcebidas en torno al asunto o las partes, centrándose en la capacidad de adoptar la distancia necesaria para resolver sin caer en influencias subjetivas.
La imparcialidad funcional se prueba desde un punto de vista objetivo y deriva de la claridad en cuanto a las funciones que son asignadas a quienes imparten justicia en un proceso judicial, de modo que no participen en diversos roles, no actúen en distintas instancias o carezcan de conexión con alguna de las partes. La personal se prueba desde puntos de vista objetivos y subjetivos. La perspectiva objetiva se centra en encontrar indicios que pueden presentar dudas justificadas o legitimadas. La perspectiva subjetiva busca intereses o convicciones personales como prejuicios o preferencias personales y comportamientos que reflejen una distancia profesional como en los argumentos o el lenguaje utilizado.
Las anteriores consideraciones se encuentran en la sentencia dictada en el impedimento 12/2017, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró el criterio contenido en la jurisprudencia 1a.7J. 1/2012 (9a.) de rubro: “IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”, pero precisándolo a partir de una nueva reflexión que distingue la doble dimensión del principio (funcional y personal) y la manera de probarlo; lo que se reflejó en la tesis: (se transcribe)
Ahora bien, el artículo 51 de la Ley de Amparo dispone, de manera limitativa, las hipótesis que pueden actualizar el que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrado de Circuito, o Juez de Distrito, estén impedidos para conocer de un juicio de amparo.
A continuación se transcribe el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, hecha valer por la titular del órgano jurisdiccional de amparo, que establece: (se transcribe)
En dicha causa de impedimento el legislador amplió ilimitadamente los motivos de excusa, abriendo la posibilidad que, bajo tal hipótesis, pueda hacerse valer cualquier situación diversa a las previstas en el dispositivo 51 de la Ley de Amparo, con tal de que los hechos que se invoquen impliquen elementos objetivos, existentes en la realidad —no en la mera situación en sí—, de los que pueda provocar riesgo de pérdida de imparcialidad.
Así, para que se actualice la citada fracción VIII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas en las fracciones I a VII, que impliquen elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador y no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o no verificarse, por lo que el elemento objetivo que exige esa fracción debe tener la característica de que no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de la que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte.
Luego, para estimar fundado el impedimento planteado se requiere efectuar una calificación que pueda determinar que existe la posibilidad de que el juzgador corra riesgo de perder su imparcialidad, con independencia de la percepción del promovente y es necesario verificar los siguientes requisitos consistentes en que el juzgador:
1) Tenga una posición personal tomada en la controversia que le resulta inhabilitante;
2) Tenga preferencia o animadversión por alguna de las partes en el juicio; o
3) Se encuentre involucrado en la controversia.
Así lo determinó el entonces Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.C. J/36 K (10a.), con registro digital 2012821, publicada en la página 1920, Libro 35, octubre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: (se transcribe)
Ahora bien, contrario a lo señalado por la juzgadora, en el caso no puede tenerse por actualizada dicha causa de impedimento por el hecho de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró fundado el diverso impedimento 7/2024.
En dicho asunto se estableció que la jueza federal hizo referencia a diversos escritos que fueron presentados en el juicio de amparo 1421/2015 promovido por el quejoso (...), en los que manifestó lo siguiente: (se transcriben)
Así en dicho impedimento, el Tercer Tribunal homólogo estableció que las precisiones formuladas por la juzgadora en cuestión, eran aptas y suficientes para establecer que en la excusa presentada, existían elementos objetivos que permitían anticipar el riesgo de pérdida de imparcialidad, por lo que se actualizaba la causa de impedimento establecida en la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, ya que para la citada juzgadora existía una constante hostilidad por parte del promovente, acompañado de amenazas veladas de someterla a un procedimiento de responsabilidad administrativa, que trascendían para dicha juzgadora en la posibilidad de perder su objetividad al continuar conociendo del asunto, dado que las referidas actitudes le habían generado un daño en su esfera emocional que estimaba vulneraba su integridad a través de tales actos de intimidación sistemáticos.
Sin embargo, lo resuelto en ese impedimento es insuficiente para demostrar de forma plena y sin lugar a dudas elementos objetivos de los que pudiera derivar el riesgo de pérdida de imparcialidad, pues en el juicio de amparo que dio origen al presente asunto no obra constancia alguna que acredite que el quejoso haya presentado escritos con el contenido, tono o reiteración que motivaron la declaración de impedimento en el diverso juicio de amparo 1421/2015.
Así es, no se advierte que en este juicio se hayan expuesto ese tipo de manifestaciones, ni que se hayan solicitado medidas disciplinarias o formulado señalamientos personales que pudieran generar una afectación emocional o subjetiva razonable, además, la juzgadora tampoco aporta tales documentos, ni señala con precisión fechas, registros o contenido de escritos que actualicen un riesgo real y actual de pérdida de imparcialidad, sino que su planteamiento parte únicamente de lo ya resuelto en un expediente diverso, sin aportar elementos nuevos o adicionales en este asunto.
En efecto, de la lectura de los escritos transcritos no se advierte que constituyan amenazas, acoso o intimidación. Por el contrario, reflejan el ejercicio de una defensa enérgica, en la que el abogado utiliza las herramientas procesales a su alcance —como la exigencia de cumplimiento, el señalamiento de lo que considera errores judiciales y la solicitud de vista a un órgano de control disciplinario— para proteger los intereses de su representado. Calificar esta actuación como una causa objetiva de impedimento desnaturaliza el derecho de defensa y la labor del litigante.
En efecto, la función judicial exige, entre otras virtudes, templanza y valentía para no dejarse influenciar por factores externos, como la presión de las partes o el tono de sus escritos.
En ese sentido, la imparcialidad no puede confundirse con susceptibilidad emocional, ya que el juzgador debe tener la capacidad de responder a dichas peticiones a través de proveídos fundados y motivados, declarando su procedencia o improcedencia, y no interpretarlas como un ataque personal que afecte su ánimo para resolver.
Además, la jueza de distrito invoca lo resuelto en el impedimento 7/2024, pero en el presente caso no aterriza de manera concreta cómo las circunstancias de aquel asunto resultan aplicables al juicio de amparo que ahora se promueve, pues se limita a hacer una remisión genérica a los motivos considerados en esa resolución anterior, sin señalar hechos específicos, actuales y verificables que demuestren que el promovente ha reproducido la conducta intimidante que supuestamente dio origen al daño emocional y al riesgo de parcialidad invocados.
Aunado a lo anterior, aceptar que el solo antecedente de un impedimento previo sea suficiente para justificar uno nuevo en todo asunto futuro promovido por el mismo quejoso, implicaría abrir la puerta a una cadena de impedimentos sucesivos, en la que bastaría con haber obtenido una declaratoria anterior para extenderla automáticamente a los juicios posteriores, sin necesidad de hechos concretos adicionales, lo que desnaturaliza la excepcionalidad de la figura prevista en el artículo 51 de la Ley de Amparo y vulneraría el principio de independencia judicial, pues cada impedimento debe valorarse de manera autónoma y caso por caso, conforme a elementos actuales, razonables y objetivos del expediente en que se resuelva.
Con independencia de lo anterior, cabe precisar que no se comparte la determinación adoptada por el Tercer Tribunal homólogo, pues el hecho de que el quejoso haya solicitado que se diera vista al Consejo de la Judicatura Federal para que determinara si existe falta administrativa de la juzgadora, no puede traducirse en que exista hostilidad por parte del promovente o amenazas que provoquen el que pierda la objetividad al conocer del asunto, o que le provoquen daño en su esfera emocional y que se traduzca en riesgo de pérdida de imparcialidad de su parte.
Ello es así, pues permitir que la solicitud de dar vista al Consejo de la Judicatura Federal derive en la actualización de la citada causa de impedimento implicaría un uso extensivo y desproporcionado de la figura prevista en el artículo 51, fracción VIII, pues no se trata de un acto dirigido al juzgador con ánimo de ofensa o intimidación, sino del ejercicio legítimo de un derecho.
Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia PC.VI.C. J/2 (11a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2986, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
“IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL NO BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE SENTIR ANIMADVERSIÓN RESPECTO DE ALGUNA DE LAS PARTES, POR HABER PRESENTADO QUEJA ADMINISTRATIVA EN SU CONTRA ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO) (se transcribe)”
Así como la tesis II.3o.A.6 K (11a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 6813, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que este tribunal comparte, de rubro y texto siguiente:
“IMPEDIMENTO DE LOS JUZGADORES FEDERALES POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA PRESUNCIÓN DE ANIMADVERSIÓN ATRIBUIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES A UNA IMPARTIDORA O IMPARTIDOR DE JUSTICIA, DERIVADA DE LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN SU CONTRA, ES INSUFICIENTE PARA CALIFICARLO DE LEGAL (se transcribe)”
Más aún, como ya se destacó en párrafos anteriores, la función judicial exige templanza, firmeza y valentía institucional frente a las presiones propias del litigio, incluyendo los escritos en los que las partes viertan inconformidades, críticas o señalamientos enérgicos respecto de las decisiones del juzgador, pues la imparcialidad no puede confundirse con susceptibilidad emocional, sino que exige del juzgador la capacidad de mantener ecuanimidad, distancia y neutralidad, incluso ante posturas procesales intensas, por lo que permitir que cualquier expresión crítica del quejoso, sin datos objetivos actuales, justifique un impedimento, desnaturaliza la institución y debilita el deber constitucional de impartir justicia con profesionalismo e imparcialidad, por lo que, como se dijo, no se comparte el criterio del tribunal homólogo al declarar fundado el impedimento 7/2024.
En este sentido, no se advierte que exista causa objetiva que justifique el impedimento, pues la jueza se limita a invocar las mismas razones que expuso en diverso impedimento, esto es, que los escritos del promovente se traducen en amenazas, violencia y acoso, generando una situación de intimidación, sin embargo, por las razones ya expuestas, no puede considerarse que por la presentación de tales escritos exista hostilidad por parte del promovente o amenazas que provoquen el que pierda la objetividad al conocer del asunto, o que le provoquen daño en su esfera emocional y que se traduzca en riesgo de pérdida de imparcialidad de su parte.
En resumen, el planteamiento de la jueza constituye un rechazo a su obligación de juzgar sin distinciones, basado en una apreciación subjetiva que no se sustenta en elementos objetivos y actuales en el presente juicio. Validar esta excusa implicaría justificar la existencia de "jueces de cristal", incapaces de afrontar la responsabilidad y las presiones inherentes a la función jurisdiccional. La justicia no puede depender de la susceptibilidad de los juzgadores, sino de la existencia de hechos objetivos que pongan en duda, de manera razonable y para cualquier observador, la imparcialidad judicial.
Por lo anterior, se concluye que no existe sustento alguno que permita concluir que la jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, deba abstenerse de conocer y resolver el juicio de amparo 523/2025, pues no se ubica en la hipótesis de la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, de ahí que no se declara legal el impedimento planteado. (...)
17. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el impedimento 7/2024. Surgió de un amparo indirecto en el que una persona física en nombre de su progenitora (finada), reclamó la privación ilegal de la libertad, malos tratos, incomunicación, torturas físicas y psicológicas, entre otros actos, contra el Director Médico, así como del Jefe de Seguridad y del Jefe de Cuidados Intensivos, todos del Hospital ******** ********.
18. Luego de la incompetencia planteada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en ese Estado; en el trámite del juicio las autoridades responsables plantearon recusación que fue resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declarándola fundada, por lo que el expediente fue remitido al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el que se tramitó y resolvió.
19. En la etapa de ejecución de sentencia, la persona titular del juzgado estimó que existía un motivo de excusa para continuar conociendo del juicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo y remitió el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Cuarto Circuito para conocimiento.
20. El tribunal colegiado de circuito —en la resolución que constituye el criterio denunciado como contradictorio—, resolvió, en lo que interesa, bajo las consideraciones siguientes:
TERCERO. Calificativa del impedimento planteado.
Resulta legal la causa de impedimento que plantea la jueza Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, como a continuación habrá de exponerse.
El artículo 17, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: (se transcribe)
El precepto transcrito, consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen a su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y el correlativo deber jurídico de estos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo, hace referencia a cuatro elementos que deberán observar los órganos respectivos al momento de resolver las controversias planteadas, a saber: justicia pronta, justicia completa, justicia imparcial y justicia gratuita.
Específicamente, y por lo que aquí interesa, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución que no dé lugar a considerar que existió inclinación favorable o adversa respecto de alguna de las partes.
De ese modo, todo proceso que se somete a la consideración de una autoridad judicial debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, pues una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos que la imparten, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten.
En la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente: (se transcribe)
Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 6888/2018, en sesión de 14 de octubre de 2020, en relación con el principio de imparcialidad sostiene lo siguiente: (se transcribe)
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Nissen Pessolani vs Paraguay, sentencia de 21 de noviembre de 2022, señala en lo que interesa: (se transcribe)
Además, conforme al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, imparcialidad es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de algunos de los justiciables.
De lo expuesto se obtiene que en aras de salvaguardar la administración de justicia, se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Asimismo, debe recordarse que, en términos generales, los ordenamientos procesales imponen al juzgador el deber y la obligación de abstenerse del conoci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33880-17601f89/impedimento-cuando-en-el-tramite-de-un-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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