IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA EXISTENCIA DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE UNA PERSONA JUZGADORA EJERCE SU DERECHO DE DEFENSA, ES UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE PARA ACREDITARLO. IMPEDIMENTO POR RIESGO OBJETIVO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD. ES INCOMPATIBLE CON EL RELATIVO A ENEMISTAD MANIFIESTA ANTE LA EXISTENCIA DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA PERSONA JUZGADORA DERIVADA DE UNA DENUNCIA FORMULADA POR ALGUNA DE LAS PARTES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 73/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE JULIO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ Y CASIMIRO BARRÓN TORRES. PONENTE: MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. SECRETARIA: ELBA FERNANDA VÁZQUEZ MÁRQUEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al nueve de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 73/2025, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito, al calificar los impedimentos 5/2025 y 33/2024.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio recibido vía electrónica, el seis de mayo de dos mil veinticinco, los integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los impedimentos 5/2025 y 33/2024, respectivamente.
2. Trámite ante este Pleno Regional. El ocho de mayo de dos mil veinticinco la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar, Presidenta de este Pleno Regional, radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los tribunales colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en los aludidos asuntos de su índice seguía vigente. Asimismo, se remitiera la determinación respectiva y se pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Electrónico del Consejo. Ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que delimitó de forma preliminar. Asimismo, turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a cargo del Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
3. En el mismo proveído, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional señaló como posibles temas de contradicción de criterios:
I. IMPEDIMENTO. DETERMINAR SI LA ANIMADVERSIÓN MANIFESTADA POR UNA DE LAS PERSONAS JUZGADORAS HACIA UNA DE LAS PARTES DEL RECURSO DE QUEJA CONSTITUYE O NO UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD.
II. IMPARCIALIDAD JUDICIAL. ALCANCES DEL IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD.
4. El trece de mayo de dos mil veinticinco se tuvo por recibido el informe del Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en el que señaló que quedaba a disposición de este Pleno la consulta del respectivo expediente electrónico y precisó que el criterio emitido se encontraba vigente.
5. Lo mismo ocurrió respecto del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, mediante proveído de quince de mayo de dos mil veinticinco.
6. Mediante acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticinco se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos seis meses no había sido radicada en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios alguna sobre los temas referidos.
7. En la misma data, se confirmó el turno electrónico al Magistrado Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz.
II. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
9. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre dos Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el impedimento 5/2025.
12. Marco procesal. Mediante escrito presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, el catorce de febrero de dos mil veinticuatro, el apoderado legal de una persona moral, interpuso recurso de queja en contra del proveído de dos de febrero de dos mil veinticuatro, emitido en el juicio de amparo indirecto de origen, del índice de la autoridad antes mencionada.
13. Por razón de turno, correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con residencia en Colima, Colima, quien por auto de tres de junio de dos mil veinticuatro, lo registró con el consecutivo 565/2024 y lo admitió a trámite.
14. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el escrito presentado por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con residencia en Colima, Colima, por virtud del cual formularon excusa para conocer del mencionado recurso de queja, con fundamento en el artículo 51, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó remitir el escrito y los autos del recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en turno, para que calificara el impedimento planteado.
15. De dicho asunto correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, lo registró, lo turnó a la ponencia respectiva y en sesión de diez de abril de dos mil veinticinco lo declaró fundado.
16. Consideraciones que sustentan el criterio. Como preámbulo, el cuerpo colegiado explicó los alcances del derecho fundamental de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 constitucional, haciendo especial énfasis en el principio de imparcialidad.
17. Enseguida, puntualizó que el artículo 51 de la Ley de Amparo establece hipótesis específicas de impedimento en sus primeras siete fracciones, las que dijo, son enunciativas pero no limitativas, lo que corroboró con el contenido de la fracción VIII, en la que se dejó abierta la posibilidad para que se configure una causa de impedimento diversa a las señaladas en las fracciones anteriores, con base en elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador puede ser afectada, lo que exige un examen de los elementos en su caso planteados, a fin de que se pondere si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.
18. Indicó que la fracción VII del artículo en mención establece —entre otros supuestos— que los juzgadores deberán excusarse si tuvieren enemistad manifiesta con alguna de las partes, hipótesis que igualmente invocaron los Magistrados en cuestión.
19. En ese sentido, el Tribunal Colegiado resolutor destacó los puntos esenciales en los que los Magistrados integrantes del órgano colegiado sustentaron su impedimento:
a) Mencionaron que se encontraban impedidos para conocer, entre otros, de un recurso de queja del índice del órgano de su adscripción, derivado a su vez del juicio de un amparo indirecto del índice del Juzgado Tercero(1) de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre; lo anterior con fundamento en el artículo 51, fracción VII de la Ley de Amparo.
b) Adujeron, en lo medular, que dichos juzgadores tienen enemistad manifiesta con el promovente del recurso de queja, quien figura como parte tercero interesada en el juicio biinstancial de donde deriva aquel medio de impugnación.
c) Refieren que la prueba objetiva en que sustentan su pérdida de parcialidad es la denuncia que derivó en una carpeta de investigación, iniciada por el apoderado de una persona moral.
d) Afirmaron que de ahí nació su sentimiento de animadversión con el representante legal y con la persona moral.
e) Sostuvieron que el hecho de que se tenga el carácter de denunciado propicia parcialidad si tuvieran que resolver asuntos en los que participen el representante legal y la persona moral.
f) Indicaron que si bien se tiene en cuenta lo establecido en la jurisprudencia 38/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se precisa que la causa de impedimento por enemistad manifiesta no se da por sí misma, con la sola denuncia formulada contra el juzgador, al no implicar ese simple hecho que se actualice de modo patente e indubitable un ánimo de aversión en contra de la parte denunciante, ni que se merme su imparcialidad, debe tomarse en consideración que la simple manifestación que realiza el juzgador en el sentido de considerarse impedido, resulta suficiente para que éste no pueda conocer del asunto en cuestión.
g) Esa conclusión la fundamentaron en la jurisprudencia 46/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 2000229 de rubro: “IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA EN SU CONTRA POR UNA DE LAS PARTES, SU ABOGADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO DE AMPARO.”
h) Consideraron que se encontraban impedidos para conocer de cualquier asunto en el que figure como parte quien los denunció penalmente, por lo que se justifica dicho impedimento ante los ojos de un observador razonable, a fin de dar certeza y seguridad a los justiciables de que el asunto será resuelto por un tribunal imparcial, aspecto que debe de interpretarse al tenor de lo resuelto por la propia Primera Sala, en el impedimento 54/2019, en el que el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo manifestó considerarse ubicado en el supuesto de esa hipótesis legal, lo cual resulta suficiente para presumir razonablemente que existe tal impedimento.
i) Señalaron que incluso la enemistad manifiesta es suficiente para calificar de legal un impedimento, independientemente de que exista o no denuncia penal, porque esa manifestación entraña una confesión de un sentimiento estrictamente personal y debe salvaguardarse el principio de imparcialidad en la administración de justicia; todo ello en aras de preservar el principio de imparcialidad en la administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional.
20. Cabe mencionar que los puntos esenciales antes destacados, se dedujeron de las manifestaciones siguientes:
“... Que por medio del presente, de la manera más atenta y respetuosa, los suscritos magistrados planteamos excusa para conocer de los asuntos en los que intervenga como parte ********** en su carácter de apoderado de *********, sociedad anónima de capital variable, así como la propia persona jurídica de referencia.
(...) los suscritos fuimos denunciados por ********** en su carácter de apoderado de ********** , sociedad anónima de capital variable, en la carpeta de investigación IDMP **********, aduciendo que al resolver el recurso de queja **********, con motivo del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********** y otros relacionados, se incurrió en el hecho que la ley señala cono delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos, previsto en el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.
La denuncia presentada ha generado en el ánimo de los suscritos un sentimiento de resentimiento y animadversión, así como un estrés crónico generado por este problema que impactó en nuestro actuar y en contra de ********** en su carácter de apoderado de **********, sociedad anónima de capital variable, lo que indudablemente acredita que nuestra enemistad sea manifiesta, sin dejar la menor duda.
(...)
En consecuencia, la manifestación de los suscritos magistrados es el producto de reflexión sustentada en una prueba objetiva como lo es la denuncia, de la cual, derivó en la carpeta de investigación FED/COL/COL/**********/**********, que incide en el sentimiento de animadversión hacia ********** en su carácter de apoderado de**********, sociedad anónima de capital variable o la persona moral referida e incide en el ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que a los suscritos juzgadores se refiere.
(...)
El sentimiento de enemistad manifiesta se puede generar en varios contextos, entre ellos figura el atinente a un enfrentamiento entre partes antagónicas en una controversia constitucional, como la que se suscita en el juicio de amparo ********** , del que derivan los recursos de revisión con que se formó el toca **********, en el que la parte quejosa y los terceros interesados deducen pretensiones y defensas que entran en conflicto y deben ser resueltas por un tribunal imparcial. [...]”. [énfasis añadido]
21. A partir de lo expuesto por los Magistrados que se estiman impedidos, el Tribunal Colegiado determinó que en el caso se actualizaba un elemento objetivo de pérdida de imparcialidad, puesto que, por un lado, los juzgadores fueron denunciados penalmente por quien tiene la calidad de parte tercero interesado y recurrente en el recurso de queja del cual se declaran impedidos; además, ellos mismos están conscientes de su propia animosidad, ya que perciben en su fuero interno enemistad manifiesta hacia su denunciante o la persona moral que aquél representa y así lo mencionaron expresamente, lo que es entendible en razón de que, entre otras cosas, representa para ellos la necesidad de que eventualmente deban ejercer su derecho de defensa en un procedimiento penal, así como enfrentarse al posible desprestigio que de lo anterior pueda derivarse.
22. En ese sentido, el Tribunal Colegiado consideró que los Magistrados pronunciaron razones que colocaban en riesgo la imparcialidad con la que deben juzgar, pues consideraron sentirse afectados en su imparcialidad ante un dato objetivo, como es la presentación de una denuncia penal en su contra por parte de quien tiene el carácter de tercero interesado en el juicio biinstancial del que derivó el recurso de queja; además, expresaron que sienten enemistad manifiesta hacia la parte recurrente, hipótesis que encuadra en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo, que de la misma manera invocaron.
23. El Tribunal del conocimiento resaltó que la jurisprudencia 38/2012 de la Primera Sala del Alto Tribunal, no representaba un obstáculo para que se calificara de legal el impedimento planteado, ya que aparte de la enemistad manifiesta que los magistrados dijeron sentir hacia el recurrente en comento, refieren que ya no se encuentran en condiciones de resolver de manera objetiva los asuntos en los que figure el representante legal de la persona moral que los denunció o la empresa misma y que el hecho de que los juzgadores tengan el carácter de denunciados, puede propiciar que las partes en el juicio de amparo pierdan la confianza en la objetividad con la que deben dictarse las resoluciones respectivas. Por tal razón, el cuerpo colegiado consideró correcto que aquéllos se excusaran en el conocimiento del medio de impugnación referido, porque de otra manera podrían incurrir en responsabilidad.
24. En apoyo a la consideración anterior, se invocó la jurisprudencia 46/2011, antes citada.
25. En cuanto al tema tratado, el Tribunal Colegiado destacó que también guardaba aplicación la jurisprudencia 4/2024, emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, registro digital 2028830, con rubro: “IMPEDIMENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. ES NECESARIO QUE LA PERSONA JUZGADORA EXPONGA RAZONES QUE EVIDENCIEN EL NEXO CAUSAL ENTRE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS INVOCADOS Y EL RIESGO DE PÉRDIDA DE SU IMPARCIALIDAD.”
26. En suma, el Tribunal Colegiado concluyó que las manifestaciones de los Magistrados que formularon impedimento, ponían de relieve la afectación de la imparcialidad de estos últimos, ello en términos del artículo 51, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo.
27. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el impedimento 33/2024.
28. Marco procesal. En el juicio de amparo indirecto 1184/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, el titular de dicho órgano jurisdiccional se declaró impedido para seguir conociendo de ese asunto, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, para que calificara el impedimento referido.
29. Dicho expediente se radicó con el consecutivo 93/2022 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, respecto del cual los magistrados integrantes de dicho órgano colegiado formularon excusa, por lo que ordenaron remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en turno, para que resolviera lo conducente.
30. De ese asunto correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y en sesión ordinaria de ocho de agosto de dos mil veinticuatro declaró infundado el impedimento propuesto.
31. Consideraciones que sustentan el criterio. El Tribunal Colegiado precisó que los referidos Magistrados formularon excusa para conocer de un impedimento planteado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, en un juicio de amparo de su índice, en el que tiene carácter de tercera interesada una persona moral, por conducto de su apoderado, que funge como denunciante en la instancia penal que ha derivado en la promoción de diversos amparos indirectos y recursos; en ese sentido, consideraron actualizado el supuesto contemplado en la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo.
32. El cuerpo colegiado destacó que los Magistrados sustentaban ese “sentimiento de enemistad” con la persona moral y quienes la defienden, en la existencia de diversos actos jurídicos con el afán de perjudicarlos sin existir justificación, llegando al grado de denunciarlos penalmente; que fueron contraparte en un juicio de amparo indirecto en el que tienen intereses antagónicos y que se sintieron afectados en su fuero interno.
33. En este punto, conviene abundar sobre los antecedentes que motivaron el impedimento planteado por los magistrados y que expusieron en los términos siguientes: “... Denuncia penal. La parte tercera interesada**********, sociedad anónima de capital variable, a través de su apoderado legal **********, denunció a los magistrados adscritos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en la carpeta de investigación IDMP **********, aduciendo que al resolver el recurso de queja **********, con motivo del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********** y otros relacionados, se incurrió en el hecho que la ley señala como delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos, previsto en el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.
Determinación de no ejercicio de la acción penal. La Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Cédula I-3 en el Estado de Colima resolvió el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FED/COL/COL/**********/**********, por el hecho con apariencia de delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 225, fracción II, del Código Penal Federal.
La referida decisión fue autorizada por **********, en su carácter de Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Colima, con visto bueno de **********, en su carácter de encargado de la subdelegación de procedimientos penales A y fiscal en jefe del equipo de investigación y litigación en el Estado de Colima.
Audiencia de control. En contra de esa confirmación de no ejercicio de la acción penal, la denunciante promovió audiencia de control regulada en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (a la cual no fuimos llamados a la audiencia de control judicial, ni se nos dio intervención en la carpeta de investigación IDEM **********).
La determinación del Ministerio Público de la Federación fue confirmada por **********, Juez de Control federal en audiencia de 12 de septiembre de 2023.
Amparo indirecto **********. Posteriormente la denunciante promovió demanda de amparo indirecto señalando como acto reclamado:
La audiencia de 12 de septiembre de 2023, en la carpeta administrativa IDMP ********** en la que se confirma el no ejercicio de la acción penal emitida por la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Cédula I-3 en el Estado de Colima, de 10 de julio de 2023 dentro de los autos de la carpeta de investigación FED/COL/COL/**********/**********; y confirmada por el Delegado en el Estado de Colima de la Fiscalía General de la República, según lo relató la denunciante en la audiencia presidida por don **********, Juez de Control federal responsable.
El Juez Segundo de Distrito en Colima radicó el amparo bajo el número de expediente ********** y el 26 de diciembre de 2023, dicho juez dictó sentencia en la que concedió el amparo para los efectos siguientes:
[...] 1. Deje insubsistente la audiencia de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en la carpeta administrativa ********** y cite a las partes para celebrar dicha audiencia, en la cual debe considerar todos los argumentos que ya fueron expuestos por las partes y el material probatorio que obra en la referida carpeta; y
2. Hecho lo anterior, resuelva con libertad de jurisdicción, a excepción del tópico jurídico de que las resoluciones motivo de denuncia, no son resoluciones de fondo, por lo que jurídicamente para ello debe ceñirse a lo que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 161/2021.
En esas condiciones, la violación advertida al ser formal, la misma debe ser subsanada por el Juez responsable ya que de conformidad con la técnica del juicio de amparo, este juzgador no se puede sustituir en sus facultades [...].
Contra dicha determinación, los suscritos magistrados interpusimos recurso de revisión. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, envió tales recursos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y por razón de turno se envió al Primer Tribunal Colegiado de esa materia y circuito, se registró con el toca **********.
Por resolución de 16 de febrero de 2024, el magistrado ********** devolvió los autos del juicio de amparo indirecto ********** a este Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, por considerar, en lo que interesa precisar, que es el órgano judicial competente para conocer de tales recursos de revisión y que no puede obviarse, ni por economía procesal, el procedimiento a la propia Ley de Amparo establece en materia de recusaciones e impedimentos, también se remitieron los escritos en que se interpuso recurso de revisión por el Juez Primero de distrito en el Estado de Colima [también denunciado] y los tres magistrados adscritos a este Tribunal Colegiado. [...].”. [énfasis añadido]
34. El Tribunal Colegiado continuó diciendo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, se pronunció en el sentido de que las actitudes o acciones ofensivas de las partes no actualizan un impedimento en el juzgador, pues aun cuando dichas expresiones atentan contra su dignidad, el juzgador desempeña una función pública como rector del proceso; añadió que si bien la Sala señalada interpretó la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, ponderó los aspectos subjetivos que pueden incidir en el ejercicio de la función jurisdiccional y que podrían afectar el ánimo del juzgador al conocer y resolver el juicio de amparo, llegando a la conclusión que estos factores no son suficientes por sí solos para determinar el impedimento de un juez para resolver ese juicio, sino que también se requiere de aspectos objetivos que demuestren realmente que su imparcialidad está afectada.
35. Indicó que dentro de esa función, el juez debe resolver el problema planteado de forma objetiva, con base únicamente en el expediente puesto a su consideración y de acuerdo con el derecho aplicable.
36. También señaló que la posición del juzgador debe distinguirse por la templanza en su actuación, la moderación de sus pasiones y evitando que se altere su prudencia al resolver el asunto y, de esta manera, consideró que se impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia.
37. Asimismo, mencionó que es un deber de las partes conducirse con respeto hacia los demás sujetos procesales, por lo que tienen vedado proferir ofensas; que de tener actitudes que alteren el orden y respeto en el trámite de los juicios, ello dará lugar a la imposición de medidas disciplinarias.
38. Lo anterior lo fundamentó con consideraciones de la mencionada contradicción de tesis y con la jurisprudencia derivada de ese asunto, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 20180667 de rubro: “IMPEDIMENTO. LAS MANIFESTACIONES OFENSIVAS EXPRESADAS POR ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL JUZGADOR NO CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO.”
39. Bajo esas premisas, el cuerpo colegiado señaló que los juzgadores deben despojarse de sus pasiones y sentimientos, actuar con templanza y juzgar con los elementos objetivos contenidos en el expediente puesto a su consideración; es decir, en virtud de su función jurisdiccional, deben actuar de forma objetiva y desprenderse de malestares o apreciaciones subjetivas respecto de la actitud de las partes.
40. Fundamentó lo anterior con la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro digital: 2020632 de rubro: “IMPEDIMENTO O EXCUSA POR RAZONES DE AMISTAD O ANIMADVERSIÓN PLANTEADO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES QUE DEBEN CONCURRIR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA RELATIVA.”
41. Por otro lado, en cuanto a la denuncia presentada por la persona moral por conducto de su representante legal, señaló que de la contradicción de tesis 255/2011 resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que existe criterio en el sentido de que la presentación de una denuncia contra algún funcionario judicial, por sí misma no implica de manera patente e indudable que se actualice un ánimo de aversión en perjuicio del denunciante, en tanto que existe la presunción de que los juzgadores cuentan con una formación y preparación para resolver las controversias que se sometan a su consideración de forma por demás imparcial, profesional y honorable, aun ante las adversidades que se presenten en su función jurisdiccional; consecuentemente, no es posible, por regla general, que surja un sentimiento de enemistad apoyado en la presentación de una denuncia.
42. Precisó que no se estaba en el supuesto de la sola presentación de la denuncia, sino en el caso de que en la carpeta de investigación que se originó con ella, se determinó no ejercer acción penal; decisión que fue confirmada por un Juez de Control e impugnada a través del juicio de amparo indirecto, del que derivaron recursos de revisión interpuestos por los magistrados que formulan el impedimento.(2)
43. A partir de lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que la denuncia formulada en contra de los juzgadores no quedó en el estatus de exhibida, pues se advirtió que sí se produjo las consecuencias jurídicas, en tanto que al haberse concedido la tutela constitucional a la moral denunciante, sus efectos deberían ser atendidos por el juez de control.
44. El órgano jurisdiccional señaló que dichas circunstancias, no implicaban per se una afectación en el ánimo del juzgador, ya que existe la presunción de que los juzgadores cuentan con una formación y preparación para resolver las controversias que se sometan a su consideración de forma por demás imparcial, profesional y honorable, aun ante las adversidades que se presenten en su función jurisdiccional, por lo que el impedimento debería dec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33577-440dcb78/impedimento-por-enemistad-manifiesta-la-existencia-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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