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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CON LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LA PERSONA JUZGADORA DE QUE MANTIENE UN VÍNCULO LABORAL CON UNA PERSONA SECRETARIA QUE ES FAMILIAR DE LA PARTE QUEJOSA EN UN JUICIO DE AMPARO DE SU CONOCIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 144/2024. · Registro digital (IUS): 33275
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-06-13
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.654.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 144/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de seis de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos del Vigésimo Tercer Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si se actualiza para la persona juzgadora la causa de impedimento prevista en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, cuando el único elemento objetivo lo constituye la relación laboral que tiene con una persona secretaria, quien a su vez es familiar de la parte quejosa en un juicio de amparo radicado en el órgano jurisdiccional en el cual es titular, o si se requieren de mayores elementos objetivos que representen el riesgo de pérdida de la imparcialidad. Cuenta habida de que uno de los tribunales colegiados estimó que para el caso era aplicable la regla general prevista en la jurisprudencia 2a./J. 16/2020 (10a.) de la Segunda Sala, y para el otro, lo aplicable era la excepción a la regla prevista en la misma jurisprudencia.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al resolver los impedimentos 1/2024 (materia penal), 2/2024 (materia administrativa) y 3/2023 (materia civil), respectivamente.

4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de presidencia de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y se registró con el número de expediente 144/2024. En esa misma actuación se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y se turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.

5. Desahogo de los Tribunales Colegiados. Por acuerdos de veintinueve de abril; dos, veintinueve y treinta de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes provenientes del Primero y del Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.

7. Confirmación del turno electrónico. En auto de veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico de los autos a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

8. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de esa anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de ese año, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

9. Integración del Pleno. En proveído de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, la presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encontraba integrado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas; en tanto que por diverso auto de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se informó la actual integración de este Pleno conformado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

II. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur.

12. Lo anterior, atendiendo a la regla de competencia que establece el artículo 14, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 67/2022 precitado,(2) toda vez que se trata de una contradicción de criterios en materia común —impedimento previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo—, sustentada entre tribunales colegiados cuya competencia es mixta —los impedimentos corresponden a las materias penal, administrativa y civil—, y este Pleno ejerce jurisdicción por territorio —Vigésimo Tercer Circuito— y materia —administrativa y civil— sobre el Segundo Tribunal Colegiado contendiente, cuyo criterio corresponde a la materia civil y fue el que se emitió primero —trece de abril de dos mil veintitrés— de entre los demás criterios en contienda —cuatro de abril de dos mil veinticuatro—.

III. LEGITIMACIÓN

13. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que resolvieron los impedimentos 1/2024 (penal) y 2/2024 (administrativo), en los que se sustentaron dos de los criterios que contienden en la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el impedimento civil 3/2023.

15. Juicio de amparo. Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

“(...)

III. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA:

A) Señalo como autoridad responsable ordenadora:

C. Juez Primero Mercantil

C, Juez Segundo Mercantil

C. Juez Tercero Mercantil

C. Juez Primero Mercantil Oral

Todas las autoridades con domicilio en **********.

ACTOS RECLAMADOS

De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo, la orden dada a los ministros ejecutores o actuarios para que se constituyan en el domicilio en donde vivo, cito en **********, para efecto de llevar a cabo una diligencia de requerimiento de embargo.

B) AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS

Señalo a la central de actuarios o ministros ejecutores, adscritos a los juzgados Primero, Segundo y Tercero Mercantil, así como al Primero Mercantil Oral a efecto de llevar a cabo una diligencia de embargo en el domicilio de mi propiedad, cito **********.

(...)”.

16. Trámite de la demanda. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, lo radicó con el número de expediente 282/2023 y se declaró impedida para conocer del mismo al considerar actualizado el supuesto establecido en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por encontrarse en una situación objetiva que podría implicar riesgo de pérdida de imparcialidad al momento de resolver el asunto, por conocer y tener una relación laboral con quien es hija de la parte quejosa, por lo que ordenó remitir copia certificada de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito, en términos del numeral 55 de la ley de la materia.

17. Trámite del impedimento. Correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, cuya presidencia radicó con el número de expediente 3/2023, y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió por unanimidad de votos, en sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, declarando fundado el impedimento planteado. Las consideraciones son las siguientes:

“(...)

TERCERO. Calificación del impedimento.

Se califica de legal la causa de impedimento formulada por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado.

De acuerdo con los artículos 17 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; además, la ley debe establecer las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá entre otros principios, por el de imparcialidad.

Como se observa de lo anterior, se da especial relevancia al principio de imparcialidad, entendido como una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, así como de dirigir y resolver el juicio sin favorecer a alguna de ellas.

Así, el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 17 constitucional, se ha entendido en dos dimensiones:

a) La subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca; y,

b) La objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado y específico sentido.

Tal como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2012, invocada por la juez recursante, de rubro y texto:(4)

‘IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. (Se transcribe)’

Sobre el particular, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación establece que la imparcialidad es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad; por ende, estriba en que el juzgador resuelva con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de algunos de los justiciables.

Para asegurar el principio de imparcialidad, en la Ley de Amparo –artículo 52–(5) se han instituido los mecanismos del impedimento y la recusación, en razón de los cuales el funcionario judicial debe separarse del conocimiento de aquellos casos en donde por entrar en conflicto sus propios intereses o haber conocido en el fondo el asunto, se desdibuje el fin de la recta administración de justicia.

En esa medida, la finalidad de los impedimentos y las recusaciones es garantizar, tanto a la sociedad como –en especial– a las partes del juicio, que el juzgador llamado a resolver el conflicto jurídico sea ajeno a cualquier interés distinto al de administrar recta justicia, de manera que su imparcialidad y ponderación no estén alterados por circunstancias externas al proceso.

Cabe advertir que en esta materia rige el principio de taxatividad, según el cual solo constituye motivo de excusa o de recusación, aquel que de manera expresa esté señalado en la ley. Al estar enumeradas de manera expresa y limitativa, no es dable considerar que las causales establecidas en tal precepto son enunciativas, es decir, flexibles en los supuestos que establecen, pues de ese modo no se lograría satisfacer las exigencias de los principios del artículo 17 constitucional.

Asimismo, la manifestación de impedimento por el juzgador debe ser un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio, ante la concurrencia de cualquiera de las causales que contemple la Ley de Amparo, con el propósito de inhibirse de conocer un específico asunto.

Es preciso tener en cuenta que la manifestación de impedimento debe estar sometida al postulado de la buena fe, el cual ha de guiar los actos de los sujetos procesales y del operador judicial, a fin de evitar que el instituto en mención sea utilizado para entrabar o dilatar el curso normal del juicio para la protección de los derechos fundamentales, ya por los que intervienen en él o por quien está obligado a decidir la controversia jurídica.

Por su parte, el artículo 51 de la Ley de Amparo,(6) en lo que interesa, establece que los jueces de Distrito deben excusarse si se encuentran en alguna de las situaciones que ahí se enuncian; ello, porque los impedimentos conllevan una incompetencia subjetiva del funcionario judicial a quien afecta para conocer y resolver de un asunto en particular, y su separación es la garantía de la imparcialidad que, como se vio, es indispensable para que la sociedad y las partes tengan confianza en sus jueces.

El mencionado precepto en su fracción VIII, prevé una hipótesis genérica de impedimento que opera cuando el juez de amparo se encuentra en alguna situación objetiva, diversa a los impedimentos específicos, que implique un riesgo de pérdida de imparcialidad; empero, para que se acredite este impedimento es innecesario demostrar que el juzgador efectivamente tiene una inclinación subjetiva favorable o adversa hacia alguna de las partes o un interés o predisposición personal sobre la solución del asunto, pues basta que -en abstracto- la situación perceptible en la que se encuentre pueda generar una duda sobre su neutralidad frente a las partes, intereses o planteamientos en conflicto.

La Segunda Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 401/2016, sostuvo que este supuesto

[...] se refiere a situaciones diversas a las que enumera la propia disposición (parentesco, amistad, enemistad, interés, entre otras) que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador

[...]

Por tanto, para que opere la causa de impedimento prevista en la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, es menester que concurran las circunstancias siguientes:

a) Que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII de la cita disposición legal;

b) Que esa situación constituya un elemento real y actual; y,

c) Que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad.

En el asunto en estudio, este tribunal colegiado considera que se cumplen los referidos supuestos, en atención a los hechos referidos por la propia juzgadora, que se corroboran con las constancias de autos, a saber:

• Que conoce y tiene una relación laboral con la licenciada ********** quien es hija de la quejosa **********(7) y quien también se desempeña como secretaria de tribunal, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en esta ciudad, en el cual es titular.

Ahora, del examen de las circunstancias antes referidas, no se advierte que las mismas coloquen a la juzgadora federal en alguna de las causas contenidas en las fracciones I a VII del numeral 51 de la Ley de Amparo, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos que convergen en la hipótesis normativa prevista en la fracción VIII, del propio dispositivo legal, esto es, que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las nominadas en las fracciones anteriores.

En segundo término, las circunstancias referidas por la a quo son reales y actuales, con lo cual se satisface el segundo requisito, pues conoce y mantiene una relación laboral con la hija de la quejosa licenciada **********.

Lo que no requiere probarse con algún otro documento, dado que es la propia juzgadora quien así lo confiesa, por lo que en todo caso, su aseveración implica una confesión expresa, digna de valor probatorio, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles.(8) Máxime si el Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 407/2019, destacó que el planteamiento de los impedimentos por parte de los juzgadores constituyen una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad.

A su vez, el vínculo aludido implica la existencia de elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de independencia e imparcialidad en quien actualmente funge como Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, pues la coloca en una situación en la que contingentemente pudiera verse envuelta a un conflicto de interés que eventualmente influya en su ánimo al momento de decidir la controversia sometida a su jurisdicción.

Lo anterior encuentra apoyo en lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 407/2019, quien destacó: ‘[...] Por otra parte, no debe perderse de vista que el impedimento planteado por los propios juzgadores constituye, por sí mismo, una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad.

De ahí que resulte dable estimar que dichas manifestaciones permiten presumir, razonablemente, que un juzgador se encuentra imposibilitado para conocer de cierto asunto, sobre todo, al considerar que existe una relación laboral con el quejoso.(9)

Tomando en cuenta lo señalado en los precedentes, en la especie se advierte que en las ejecutorias materia de análisis el elemento objetivo aducido por los juzgadores para declararse impedidos consistió en la relación laboral que en cada caso sostenían con los quejosos, los cuales prestaban sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional en el que aquéllos eran titulares.

Precisado lo anterior, esta Segunda Sala estima que la mera relación laboral existente entre un juzgador y el quejoso con motivo de la prestación de servicios en el mismo órgano en el que aquél es titular, constituye, por regla general, un elemento objetivo del que pueda derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII, del artículo 51 de la Ley de Amparo, pues el hecho de que el impetrante del juicio de amparo sostenga un vínculo de carácter laboral con el juzgador resulta, por sí misma, una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhiba al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que lo anterior constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso.

Finalmente, conviene reiterar que la labor de los juzgadores debe distinguirse por la templanza, por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar la causa y es esta circunstancia la que impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia, ya que se entiende que el Juez se abstrae de todo elemento que perturbe su decisión. [...]’.

Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 16/2020 (10a.), que a la letra dice:(10)

‘IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. (Se transcribe)’

Criterio que se estima aplicable porque de él se observa que la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia de la Nación, señaló que, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél.

Además, porque si bien se refiere a los casos en que el juzgador guarda una relación laboral con el quejoso, y en el particular, la juez dijo tenerla pero con la hija de la quejosa licenciada **********; de cualquier forma, las consideraciones que se expusieron en aquella contradicción son aplicables, pues finalmente la licenciada **********, tiene inclinación a que se conceda la protección constitucional a su mamá **********, es decir tiene interés personal en la contienda de amparo; lo que su vez podría generar parcialidad al momento de dictarse la sentencia correspondiente por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado.

Es decir, se está ante una circunstancia que puede afectar el ánimo de la juzgadora al momento de fallar el asunto en comento.

No se desconoce, que la Segunda Sala del Máximo Tribunal destacó como salvedad: “[...] sin que lo anterior constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso. [...]”.

Empero, a estima de quien resuelve, dicha aclaración es relativa a que la regla general no resulta absoluta, sino que puede darse el caso de que el propio juzgador considere no encontrarse impedido, dado que el fondo de la controversia constitucional no esté vinculado con el desempeño de las actividades laborales del quejoso.

Pues llegarse a una interpretación diversa, entonces el Alto Tribunal hubiese precisado como regla general que la causa de impedimento se actualiza cuando el fondo de la controversia constitucional o aquélla que fuera sometida al juzgador federal, se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso y, como excepción, que se actualice otro motivo que ponga en riesgo la imparcialidad de aquél.

Sin embargo, este órgano colegiado considera se trata de una excepción que le compete al juzgador de origen determinar; y, en el caso, la propia juez federal considera que el vínculo laboral que existe con la licenciada **********, sí podría implicar un riesgo de pérdida de imparcialidad al momento de resolver.

Interpretación que incluso se efectúa atendiendo a lo más favorable para las partes, a fin de brindar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia y protección a la garantía de imparcialidad ya desarrollada.

De este modo se cumple con la tercera condición para que se actualice la causa de impedimento prevista en la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo.

Ello, por estar ante una circunstancia suficiente y actual para estimar que pervive un elemento objetivo y razonable que afecta la imparcialidad de la juzgadora, dada la convivencia diaria que se tiene dentro de una relación laboral y los lazos que por el mismo trato pudiesen surgir, ya para hacer la relación más estrecha, o en su caso de animadversión, por la misma relación jerárquica que existe; lo que podría llegar a implicar un perjuicio para alguna de las partes.

Se invoca, por así compartirse, la tesis I.11o.C.24 K (10a.), de rubro y texto siguiente:(11)

‘IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA). (Se transcribe)’

Asimismo, por analogía jurídica se cita la jurisprudencia 2a./J. 36/2002, que a la letra dice:(12)

‘IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO. (Se transcribe)’(13)

Atento a lo ya expuesto, de conformidad con la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, se estima legal y, por ende, fundada, la causa de impedimento planteada por **********, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en esta ciudad, para conocer y resolver del juicio de amparo indirecto 282/2023-II, promovido por **********.

(...)”

B. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el impedimento penal 1/2024.

18. Juicio de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el ocho de enero de dos mil veinticuatro, una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

“(...)

3. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

Ordenadora

Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial del Estado de Zacatecas con sede en esta Ciudad, con domicilio conocido.

Ejecutoras.

a) Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas.

b) Inspector Jefe de la Policía de Investigación adscrito al Grupo de órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta Ciudad.

c) Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

IV. ACTO RECLAMADO. De la ordenadora reclamo la orden de aprehensión girada en mi contra y de las ejecutoras la ejecución de la orden de aprehensión dictada en mi contra.

(...)”.

19. Trámite de la demanda. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular por auto de diez de enero de dos mil veinticuatro, lo radicó con el número de expediente 13/2024 y lo admitió a trámite.

20. Impedimento para conocer del asunto. Posteriormente, por acuerdo de quince de enero de dos mil veinticuatro, la jueza se declaró impedida para conocer del juicio de amparo al estimar que se actualizaba la causa prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al señalar que existía un elemento objetivo del que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, porque una persona que desempeñaba el cargo de secretaria en el referido juzgado era hermana del quejoso, por lo que ordenó remitir copia certificada de dicha demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Tercer Circuito, en términos del numeral 55 del citado ordenamiento legal.

21. Trámite del impedimento. Correspondió conocer del impedimento al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, cuya presidencia radicó con el número de expediente 1/2024, y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió por unanimidad de votos, en sesión de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, declarándolo infundado, bajo las consideraciones siguientes:

“(...)

SEGUNDO. DETERMINACIÓN SOBRE EL IMPEDIMENTO PLANTEADO. En primer término, se estima conveniente acotar que el punto a discernir se circunscribe a determinar si para la actualización de la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, basta que una hermana del quejoso colabore en el órgano jurisdiccional como secre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33275-cc4b7f1d/impedimento-no-se-actualiza-la-causa-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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