Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO. LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO EN EL SENTIDO DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE LOS PROFESIONISTAS AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS POR LA PARTE QUEJOSA EN UN JUICIO DE AMPARO, SON ASESORES LEGALES DE SU EX CÓNYUGE EN UN JUICIO DIVERSO EN EL QUE ES PARTE PROCESAL, ACTUALIZA UN ELEMENTO OBJETIVO QUE IMPLICA RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 78/2023. · Registro digital (IUS): 32050
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DECIMOTERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo IV, Pág.4080.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 78/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DECIMOTERCER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: MAGISTRADA ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ. SECRETARIA: MARÍA MERCEDES LEOS CAMPOS.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión ordinaria de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Correspondiente a la contradicción de criterios 78/2023, suscitada entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, ambos del Decimotercer Circuito.

El problema jurídico a resolver en este caso es el siguiente:

IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR SI DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, UN JUEZ DE DISTRITO SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONOCER DE UN ASUNTO EN EL CUAL LAS PERSONAS AUTORIZADAS DE LA PARTE QUEJOSA, FIGURAN COMO ASESORAS LEGALES DE SU CONTRAPARTE (EXCÓNYUGE) EN UN JUICIO DIVERSO.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido vía MINTERSCJN el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional, al que se adjuntó la versión electrónica del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la remisión a este Pleno Regional de la posible contradicción de criterios entre los criterios sustentados por los tribunales antes mencionados, al resolver el impedimento 20/2023 (del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito), así como el impedimento 14/2023 (de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito); la posible contradicción de criterios fue denunciada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a través del oficio 14739/2023.

2. Trámite de la denuncia. En acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el escrito referido, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el número de expediente 78/2023, y se turnó a la ponencia que correspondiera.

3. En el mismo auto se solicitó a los tribunales contendientes informaran si los criterios sustentados respectivamente continuaban vigentes y pusieran a disposición de este órgano los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados.

4. Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe alguna contradicción de criterios radicada sobre el tema.

5. El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el asunto se turnó electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez, lo que se advierte del apartado denominado "Ver captura", del rubro "Expediente" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

6. Vigencia de los criterios. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 6519/2023, suscrito por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en el que se advierte la transcripción del acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que el presidente de dicho tribunal hace del conocimiento la puesta a disposición del expediente electrónico del impedimento 14/2023, e informó que el criterio sostenido en el mismo, se encuentra vigente.

7. Por otro lado, por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 6587/2023, suscrito por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al que se insertó el auto emitido el veintidós de septiembre dos mil veintitrés, en el que el presidente de ese tribunal informó que el criterio sustentado en el impedimento 20/2023, se encuentra vigente. Asimismo, se puso a disposición la versión electrónica del expediente citado.

8. Por acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/859/10/2023, enviado vía correo electrónico institucional por el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual se informó que no existe alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guarde relación con el del presente asunto.

9. Confirmación del turno. Mediante auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano confirmó el turno electrónico a la Magistrada Ana Luisa Mendoza Vázquez.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, ambos del Decimotercer Circuito, respecto de los cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción.

11. Lo anterior, en atención a lo definido por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictado en la contradicción de criterios 275/2023 de su índice, en el sentido de que, en atención a que la denuncia del asunto citado fue presentada con posterioridad al quince de enero de dos mil veintitrés, ese Alto Tribunal carecía de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la misma Región, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y conforme a lo señalado en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el artículo 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y los diversos numerales 2 y 4 del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8 y aplicando, por analogía, el principio considerado en el diverso numeral 15, párrafo segundo, ambos del Acuerdo General 67/2022, en relación con lo previsto en el diverso numeral 1, fracción II, inciso 2, del Acuerdo General 108/2022.

III. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

Impedimento 20/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito.

14. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, al secretario general de Gobierno, al jefe de Gabinete y a la titular de la Secretaría de las Mujeres, de quienes reclamó:

"... la omisión o falta de contestación al escrito de fecha **********, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, con atención al Secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete, el que fue presentado en la misma fecha ante la oficialía de partes de la Jefatura de Gabinete, Dirección de Atención Ciudadana a la **********, y en la jefatura de gabinete JEFATURA a las **********; así mismo el día ********** ante la Secretaría de las Mujeres a la 1.10 pm., y ante la Secretaría de Gobierno a las **********, tal como se advierte de los acuses de recibido que en copia certificada acompaño al presente."(sic)

15. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; y mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, registró la demanda con el número 496/2023 de su estadística y se declaró impedido para conocer del asunto, al considerar que aun cuando no tenía enemistad manifiesta con las autorizadas de la quejosa, era de su conocimiento que dichas profesionistas fungían como asesoras jurídicas de su ex cónyuge en diversas instancias judiciales, lo que estimó como un riesgo para su imparcialidad.

16. El citado juzgador fundó su determinación en algunas de las consideraciones que sustentaron el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia de rubro: "IMPEDIMENTO. LAS MANIFESTACIONES OFENSIVAS EXPRESADAS POR ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL JUZGADOR NO CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO."

17. Destacó que en dicha ejecutoria se estableció el criterio en el sentido de que en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo,(1) se hacía referencia a situaciones diversas a las enumeradas en la propia disposición, que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador; que esa fracción dejaba abierta la posibilidad de que se configurara una causa de impedimento con base en elementos objetivos de los que se infiriera que la imparcialidad del juzgador podría ser afectada, por lo que la aplicación de esa disposición requería un examen de los elementos planteados, a fin de que se ponderara si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de la imparcialidad. El Juez de Distrito también invocó como apoyo a su determinación, la tesis de jurisprudencia de rubro: "IMPEDIMENTO FUNDADO EN EL RIESGO DE PÉRDIDA DE LA IMPARCIALIDAD. SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUZGADOR HACE ALUSIÓN A ASPECTOS PERSONALES.’’

18. En consecuencia, el Juez de amparo planteó su impedimento, por considerar necesario someter a ponderación el hecho objetivo en comento, por lo que en el mismo auto ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en turno, para la tramitación del impedimento planteado; correspondió conocer del aludido impedimento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, órgano que mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés admitió a trámite la excusa formulada y la registró bajo el número 20/2023.

19. Posteriormente, en sesión ordinaria de siete de julio de dos mil veintitrés, el órgano colegiado de manera unánime calificó de legal el impedimento planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al considerar actualizada la hipótesis normativa prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo.

20. Para sustentar su determinación se mencionó que la causa de impedimento analizada era un supuesto genérico, para lo cual bastaba que se actualizara cualquier situación objetiva, diversa a las previstas en las restantes fracciones del artículo 51 citado, que implicara un riesgo de pérdida de la imparcialidad; esto era, que se necesitaba un hecho o una situación que demostrara fehacientemente que el juzgador pudiera tener cierta inclinación favorable o desfavorable hacia alguna de las partes, que esos elementos objetivos pudieran influir en el pronunciamiento de las resoluciones que se dictaran.

21. Así, se precisó que en un principio, la circunstancia de que las profesionistas que asesoraron jurídicamente a la quejosa y a la ex cónyuge del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en un diverso juicio, no era suficiente por sí misma, para concluir que existiera una causa de impedimento; sin embargo, si se consideraba que el hecho de que el citado Juez de Distrito y su ex cónyuge habían entablado contiendas legales en diversas instancias judiciales y las profesionistas autorizadas habían brindado asesoría legal a esta última, por lo que existía la posibilidad de que se pusiera en riesgo la imparcialidad del juzgador.

22. Se agregó que la circunstancia destacada, podía influir en la neutralidad del Juez de Distrito, lo cual podía ser cuestionado por alguna de las partes o, en su caso, por la propia sociedad, quien tiene interés en que los juzgadores se conduzcan con imparcialidad y transparencia al resolver los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

23. Se aclaró que lo determinado era con independencia de que la afectación pudiera sólo ser posible y no segura, ya que el legislador consideró suficiente motivo para excusarse, la sola posibilidad, al haber utilizado la expresión de que de ella "pudiera derivarse" el riesgo de pérdida de imparcialidad.

24. Se precisó que la excusa basada en la mera posibilidad de afectación a la imparcialidad, implicaba una circunstancia aceptable que a la vista general fomentaba la confiabilidad en el sistema de justicia al ser exigible que el tribunal, en todo momento, genere certeza de imparcialidad ante un observador razonable.

25. De ahí que lo expresado por el Juez de Distrito constituía un dato objetivo como lo disponía el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que demostraba en forma patente que pudiera derivarse el riesgo de una pérdida de imparcialidad.

Impedimento 14/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito.

26. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridad responsable a la titular de la autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la titular de la autoridad de cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de quienes reclamó:

"... A. La falta de fundamentación y motivación del acto de molestia realizado a la suscrita ********** ********** ********** ********** por parte del supuesto personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de sus unidades de INVESTIGACIÓN y de CUMPLIMIENTO en contra de la suscrita ********** ********** ********** ********** o en contra de ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********.

"B. La supuesta orden de investigación, acreditación, inspección o retención de bienes emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de sus unidades de INVESTIGACIÓN y de CUMPLIMIENTO en contra de la suscrita ********** ********** ********** ********** o en contra de ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********."

27. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, registró la demanda con el número 640/2023 y se declaró impedido para conocer del asunto, al considerar que, aun cuando no tenía enemistad manifiesta con la autorizada de la quejosa, era de su conocimiento que dicha profesionista fungía como asesora jurídica de su ex cónyuge en diversas instancias judiciales, lo que estimó como un riesgo para su imparcialidad.

28. El citado juzgador fundó su determinación en algunas de las consideraciones que sustentaron el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia de rubro: "IMPEDIMENTO. LAS MANIFESTACIONES OFENSIVAS EXPRESADAS POR ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL JUZGADOR NO CONSTITUYEN, POR REGLA GENERAL, UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDA DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO."

29. Destacó que en dicha ejecutoria se estableció el criterio en el sentido de que en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo,(2) se hacía referencia a situaciones diversas a las enumeradas en la propia disposición, que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador; que esa fracción dejaba abierta la posibilidad de que se configurara una causa de impedimento con base en elementos objetivos de los que se infiriera que la imparcialidad del juzgador podría ser afectada, por lo que la aplicación de esa disposición requería un examen de los elementos planteados, a fin de que se ponderara si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de la imparcialidad. El Juez de Distrito invocó como apoyo a su determinación, la tesis de jurisprudencia de rubro: "IMPEDIMENTO FUNDADO EN EL RIESGO DE PÉRDIDA DE LA IMPARCIALIDAD. SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL JUZGADOR HACE ALUSIÓN A ASPECTOS PERSONALES.’’

30. En consecuencia, el Juez de amparo planteó su impedimento, por considerar necesario someter a ponderación el hecho objetivo en comento, por lo que en el mismo auto ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito en turno, para la tramitación del impedimento planteado; por cuestión de turno correspondió conocer del aludido impedimento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, órgano que mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, admitió a trámite el impedimento planteado y lo registró bajo el número 14/2023.

31. Seguidos los trámites legales, en sesión ordinaria de trece de julio de dos mil veintitrés, el órgano colegiado de manera unánime calificó infundado el impedimento planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en esencia, consideró que de acuerdo a lo establecido en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, los elementos objetivos implicados que se invocaran como causa de impedimento, debían ser reales, lo que era distinto a los hechos o razones manifestados, los cuales debían generar la apreciación de riesgo de la imparcialidad, no la situación en sí; consideración que el Tribunal Colegiado dedujo al retomar los razonamientos emitidos por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, al resolver la contradicción de criterios 6/2023, en la que se determinó que no se actualizaba el elemento objetivo que implique riesgo de pérdida de imparcialidad previsto en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito manifieste que ante él se tramita una diversa causa penal contra los quejosos. 32. En ese tenor, explicó que la sola circunstancia de que la autorizada de la quejosa en el juicio de amparo fuera asesora jurídica de la ex cónyuge del Juez de Distrito no implicaba un elemento objetivo del cual pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, ya que no expuso que tuviera un interés directo o preferencia por alguna de las partes involucradas en la controversia, por lo que lo argumentado por el juzgador de amparo era insuficiente, porque no se derivaban elementos que permitieran eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.

33. Se afirmó que lo manifestado por el Juez de amparo, no podía derivar en un riesgo de afectación a la imparcialidad, ya que la abogada autorizada en el juicio de amparo, no era parte quejosa, por ende, era ajena a la litis constitucional, al no estar los derechos de la citada profesionista en controversia, por lo que la garantía de imparcialidad a favor de las partes no se veía implicada.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

34. El objeto de resolución de una contradicción de criterios consiste en unificar criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que para determinar si existe o no una contradicción de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes.

35. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

36. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, página 7, Novena Época, registro digital: 164120, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

37. Ahora bien, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

38. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 122, Novena Época, registro digital: 165077, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

39. Así, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los supuestos enunciados, esto es, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica (el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier cuestión jurídica general), y que a partir de ella, lleguen a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, ya que lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incide de manera determ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32050-57df16f8/impedimento-la-manifestacion-del-juzgador-de-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.