PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD JUDICIAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. NO SE VULNERA CUANDO UN MISMO JUEZ DE CONTROL EMITE UNA ORDEN DE CATEO Y POSTERIORMENTE DICTA UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DERIVADO DE LOS HECHOS DE LA MISMA INVESTIGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 403/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 15 DE FEBRERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de febrero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 403/2022, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en apoyo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.
El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si por una parte es procedente el análisis de este asunto respecto de los criterios sustentados por tribunales contendientes que resolvieron casos con circunstancias distintas a las que se suscitaron en el asunto que generó la denuncia de contradicción, y si en los criterios de los tribunales que sí se relacionan con esa denuncia, el hecho de que un Juez de Control emita una orden de cateo de una carpeta de investigación, debe considerarse o no que carece de imparcialidad judicial para resolver sobre la vinculación a proceso derivada de esa investigación.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, denunció la posible contradicción de criterios existente entre las posturas sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en apoyo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, sobre si los Jueces de Control que intervengan en el procedimiento antes de la etapa inicial están impedidos para resolver la vinculación a proceso.
2. Admisión y turno. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente 403/2022. Asimismo, admitió a trámite la denuncia presentada y determinó que, por razón de materia, la competencia para conocer del caso corresponde a esta Primera Sala. Por ello ordenó la integración del asunto y envió los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.
3. Avocamiento y vigencia de los criterios. El cinco de enero de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento del asunto y tuvo a los órganos jurisdiccionales oficiantes haciendo del conocimiento de esta Primera Sala que los criterios sostenidos en los amparos en revisión contendientes están vigentes.
4. En esa misma fecha, al encontrarse integrado el asunto, se enviaron los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
5. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política del País;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(2) así como 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 1/2023,(4) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y, por tratarse de un asunto de orden penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se adviertan motivos para la intervención del Tribunal Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
6. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política del País y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(5) la contradicción fue denunciada por parte legitimada, pues se trata del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, quien emitió la sentencia que dio origen al recurso de revisión 126/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, en auxilio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que contiende en este asunto.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. Para una mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de los principales argumentos que sustentaron las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios forman parte de la denuncia que se presentó en este asunto.
A. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en el recurso de revisión 62/2020
8. Orden de cateo. El cinco de agosto de dos mil diecinueve, previa solicitud del Ministerio Público, el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, libró orden de cateo con motivo de los hechos de la carpeta de investigación **********, misma que se inició por el delito de homicidio calificado. La orden de cateo tuvo verificativo el seis de agosto de dos mil diecinueve.(6)
9. Vinculación a proceso. Derivado de la judicialización de la carpeta en donde se pidió el cateo, se celebró audiencia inicial el doce de agosto de dos mil diecinueve ante el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el cual vinculó a proceso a la persona imputada por el delito materia de la investigación.
10. Demanda de amparo indirecto. En contra de dicha resolución, el dos de septiembre de dos mil diecinueve, la persona imputada en ese asunto promovió un juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas y lo registró con el número de expediente **********.
11. Sentencia de amparo indirecto. Mediante resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el referido Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que concedió el amparo, en esencia, por las siguientes consideraciones:
a) El Juez de Control que presidió la audiencia de vinculación a proceso de doce de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal ********** debió abstenerse de conocer el asunto.
b) El Ministerio Público al momento de sustentar la vinculación a proceso hizo mención del dato de prueba consistente en acta de cateo que se practicó el seis de agosto de dos mil diecinueve, la cual fue autorizada mediante oficio ********** de cinco de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez de Control Región Uno, con motivo de los hechos de la carpeta de investigación **********.
c) Precisó que el Juez de Control en cita, ya había tenido conocimiento del hecho delictivo previsto en la ley como homicidio calificado, que el Ministerio Público atribuyó a la persona imputada en el asunto, por el cual se emitió un auto de vinculación a proceso en su contra, puesto que en la solicitud de orden de cateo realizada por la autoridad ministerial se debieron exponer los hechos y datos de prueba que se consideraron conducentes para que fuera procedente su autorización.
d) Por ello, consideró que fue vulnerado el principio de objetividad del juzgador, en términos de lo establecido en la fracción IV del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política del País.(7)
e) Asimismo, que el aludido principio no debe interpretarse literalmente como de aplicación estricta en la etapa de juicio oral, en la que se emite la sentencia de primer grado, toda vez que de conformidad con la fracción X del propio artículo 20, apartado A, de la Constitución, los principios previstos en ese artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio, entre las que se encuentra la audiencia inicial.(8)
f) Finalmente, concedió la protección constitucional, entre otras cuestiones, para el efecto de que el procedimiento penal se desarrollara ante un Juez de Control diverso, a fin de tomar en cuenta la garantía de inmediación y el principio de objetividad del juzgador que corresponda resolver, en términos de lo establecido en la fracción IV del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política del País.
12. Recurso de revisión 62/2020. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el cual en resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, modificó la sentencia de amparo con base en las siguientes consideraciones:
a) No existe una vulneración al principio de objetividad. La función de dicho principio contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política del País es salvaguardar la imparcialidad de quien tenga contacto con las pruebas admitidas previamente.
b) El auto de vinculación a proceso no tiene como finalidad iniciar o concluir alguna etapa del proceso penal acusatorio, sino únicamente dar cabida a que se continúe con la investigación, por considerar que los datos de prueba recabados dan pie a esa investigación exhaustiva.
c) El principio de imparcialidad contenido en el artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política del País, no debe entenderse en el sentido de que el Juez de Control que haya autorizado una técnica de investigación ya no pueda conocer de la audiencia inicial, por haber perdido su imparcialidad, pues lo cierto es que toda esa etapa pertenece a la investigación.
d) Con fundamento en el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se pierde la imparcialidad por el hecho de conocer de un cateo y después de la vinculación a proceso, pues estos dos estadios no pertenecen a la etapa de juicio.(9)
e) El artículo 37, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala como causa de impedimento para conocer de un juicio, el hecho de que un Juez de enjuiciamiento hubiere fungido como Juez de Control. Sin embargo, dicho contenido no indica que sea impedimento del Juez de Control para dictar un auto de vinculación a proceso, el hecho de haber autorizado en forma previa una técnica de investigación.(10)
f) Asimismo, que se puede considerar como un indicador del legislador ordinario que la autorización de una técnica de investigación no haga al Juez de Control perder imparcialidad para dictar los ulteriores acuerdos o celebrar audiencias subsecuentes en la etapa de investigación o intermedia.
g) Por todo lo anterior, estableció que el hecho de que el Juez de Control que dictó un auto de vinculación a proceso haya intervenido anteriormente en la autorización de una orden de cateo, no vulnera el principio de imparcialidad.
h) Con base en lo anterior, modificó la sentencia, pues aunque consideró que no existió afectación al principio de imparcialidad, procedía conceder el amparo por otros motivos.
13. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al rendir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de criterios, comunicó que su criterio sigue vigente.
B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, al conocer del cuaderno auxiliar 445/2022, en apoyo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, correspondiente al amparo en revisión 126/2022
14. Orden de cateo. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, libró orden de cateo (técnica de investigación **********) con motivo de los hechos de la carpeta de investigación **********, misma que se inició por el delito de violación a la Ley General de Bienes Nacionales. El cateo se ejecutó el doce de septiembre de dos mil veintiuno.(11)
15. Vinculación a proceso. La carpeta mencionada fue judicializada y se celebró audiencia inicial el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en donde el Juez Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, vinculó a proceso a la persona imputada en esa investigación.
16. Apelación. Inconforme, la señora **********, por medio de su defensor particular, interpuso recurso de apelación, en donde el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, confirmó el auto de vinculación a proceso.
17. Demanda de amparo indirecto. En contra de dicha resolución, el veinte de enero de dos mil veintidós, la persona imputada, promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Circuito y lo registró con el número de expediente **********.
18. Sentencia de amparo indirecto. Mediante resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, el referido Tribunal Unitario dictó sentencia en la que negó el amparo, en esencia, por las siguientes consideraciones:
a) Conforme a la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte, en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política del País, se prevé el derecho de acceso a la justicia, el cual consiste en la posibilidad real y efectiva que tienen las personas en su favor ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones.
b) Asimismo, de los artículos 12, 37, fracción IX, 350 y 482, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales(12) se advierte la especial protección al principio de imparcialidad en el proceso penal acusatorio y oral, del que se sigue que el juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente, es decir, que no hubiere actuado como Juez de Control en el mismo procedimiento, lo cual obedece a una presunción de pérdida de la imparcialidad con motivo del conocimiento previo del asunto.
c) Con base en el principio de progresividad, debe garantizarse la imparcialidad respecto de todos los operadores del sistema penal acusatorio y oral, incluyendo aquellos que conforman la segunda instancia.
d) La pérdida de imparcialidad, por disposición constitucional y procesal, sólo se actualiza respecto de los Jueces que deberán conocer del juicio como tribunal de enjuiciamiento, no así respecto de los Jueces de Control que hayan intervenido en etapas anteriores a dicho juicio.
e) La Constitución Política del País, así como la ley adjetiva establecen los casos en los que existen riegos de presunción de imparcialidad, lo que no acontece cuando los Jueces de Control intervienen en varias etapas previas al juicio oral.
19. Recurso de revisión 445/2022. Inconforme, la persona imputada interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán, en apoyo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito,(13) en cuya resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós revocó la sentencia de amparo y concedió la protección constitucional, a partir de las siguientes consideraciones centrales:
a) El Juez de Control que resolvió sobre la vinculación a proceso sí estaba impedido para conocer de esa etapa procesal, debido a que ya había tenido conocimiento de datos de prueba en la etapa previa de investigación, esto, en relación con la orden de cateo que fue solicitada por el Ministerio Público, lo que constata que dicho Juez se encontraba contaminado, circunstancia que atenta contra el principio de imparcialidad que rige en el proceso penal.
b) De las fracciones IV y X del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política del País, se obtiene que debe garantizarse el principio de imparcialidad y respetarse los principios del proceso penal también en las audiencias preliminares.
c) El Constituyente Permanente estableció que en el proceso penal de corte acusatorio el juicio debe celebrarse ante un Juez que no haya conocido del caso previamente, así como que los principios previstos en ese artículo constitucional se observarían también en las audiencias preliminares al juicio.
d) La intención del legislador relativa a que el tribunal de enjuiciamiento no cuente con datos del asunto sino hasta la audiencia de juicio, tiene como finalidad que emita la respectiva sentencia con verdadera imparcialidad judicial.
e) El legislador expresamente dispuso que el principio de imparcialidad de la autoridad judicial, debe ser observado, también, en las audiencias preliminares al juicio; como lo es, la audiencia inicial en la que el fiscal solicita al Juez de Control resolver sobre la legalidad de la detención del imputado, su vinculación o no a proceso, y las medidas cautelares que solicite el órgano acusador.
f) El Juez de Control que celebra la audiencia inicial en un proceso penal acusatorio que va a conocer y resolver sobre la detención, imputación y vinculación a proceso de un imputado, debe ser distinto de aquel que ya haya tenido conocimiento del hecho que se investiga y de las evidencias recabadas, en la carpeta de investigación.
g) Lo anterior para evitar cualquier influencia prejuiciosa, esto es, que no exista una idea preconcebida del asunto y que el juzgador ya tenga conocimiento de los datos de prueba con anterioridad a la celebración de la audiencia inicial, pues sólo de tal manera se salvaguardaría de manera efectiva la imparcialidad.
h) Si el Juez tiene conocimiento de alguna solicitud realizada en la etapa de investigación por el Ministerio Público, en virtud de la cual, se haya impuesto de los datos de la carpeta de investigación, entonces no cumpliría con el imperativo de que no tuviera conocimiento previo de los hechos considerados en la ley penal como delito, por lo que debería conocer de los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación hasta que el fiscal los hiciera del conocimiento del imputado, ante su potestad.
i) El artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para practicarse una orden de cateo, la solicitud deberá expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden.(14)
j) Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política del País indica que para practicarse el cateo se señalará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos o indicios que sustentan la necesidad de emitir esa orden.(15)
k) Destacó que por el sigilo con el que debe realizarse el cateo y otras técnicas de investigación, pudieran existir excepciones a algunos principios del sistema penal acusatorio, tales como, el de contradicción, que se garantiza con la prohibición de que el juzgador trate asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. No obstante, no está en controversia el principio de contradicción. l) Por tanto, concedió el amparo para efectos de que sea un Juez de Control diverso al que emitió el auto de vinculación a proceso el que conozca del proceso.
20. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región con residencia en Mérida, Yucatán, en apoyo del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, al rendir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de criterios, comunicó que su criterio sigue vigente.
C. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el recurso de revisión 365/2015
21. Orden de aprehensión. El veintidós de marzo de dos mil quince, previa solicitud del Ministerio Púbico, el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, del Estado de Puebla, con residencia en Tehuacán, libró orden de aprensión en contra de dos personas por la comisión de un delito de homicidio calificado.
22. Audiencia inicial y vinculación a proceso. Cumplimentada la orden de aprehensión, las personas imputadas fueron puestas a disposición del referido Juez de Control, en donde el veinticinco de marzo de dos mil quince las vinculó a proceso por su probable intervención en la comisión del delito señalado.
23. Demanda de amparo indirecto. En contra de dicha resolución, las personas imputadas en ese asunto promovieron un juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y lo registró con el número de expediente **********, por lo que en resolución de veintiocho de agosto de dos mil quince, determinó conceder el amparo con base en las siguientes consideraciones:
a) El acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación respecto de la valoración de los datos de prueba aportados.
b) Por ello, concedió el amparo para efecto de que el Juez de Control dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso impugnado y, en su lugar, emitiera una nueva determinación en la que funde y motive debidamente su resolución.
24. Recurso de revisión 365/2015. Inconformes con la resolución del Juzgado de Distrito, las personas imputadas y el Ministerio Público interpusieron recurso de revisión que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, revocó la sentencia y negó el amparo. Dentro de las consideraciones esgrimidas en esa resolución, en lo que aquí interesa, expresó lo siguiente:
a) El Juez de Control no vulneró el principio de imparcialidad al dictar el auto de vinculación a proceso a pesar de que se trate de la misma persona juzgadora que conoció de la orden de aprehensión en contra de las personas imputadas.
b) Lo anterior, porque conforme al artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control será quien intervenga desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio.(16)
c) Además, porque conforme al artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que los Jueces de Control que hubiesen intervenido desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, no podrán enjuiciar.(17)
d) En consecuencia, no se vulneró el debido proceso ya que el acto reclamado fue emitido por un Juez imparcial y objetivo, así también se respetó el derecho de igualdad de partes en el proceso y contradicción, los cuales forman parte de la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento.
25. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al rendir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de criterios, comunicó que su criterio sigue vigente.
D. Criterio del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en el recurso de revisión 62/2021
26. Orden de aprehensión. El Juez de Primera Instancia adscrito al Segundo Partido Judicial del Sistema Penal acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, emitió orden de aprehensión en contra de una persona imputada por su posible intervención en la comisión del hecho delictuoso de desaparición cometida por particulares, feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas.
27. Audiencia inicial y vinculación a proceso. Cumplimentada la orden de aprehensión, la persona imputada fue puesta a disposición del referido Juez de Control, en donde el once de junio de dos mil veinte la vinculó a proceso por su probable intervención en la comisión de los delitos señalados.
28. Demanda de amparo indirecto. En contra de dicha resolución, la persona imputada, promovió un juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima y lo registró con el número de expediente **********.
29. Sentencia de amparo indirecto. Mediante resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el referido Juzgado de Distrito dictó sentencia en la que negó el amparo, en esencia, por las siguientes consideraciones:
a) El acto reclamado no afecta derechos fundamentales, pues el Juez de Control consultó las constancias de la carpeta de investigación al momento de resolver, sin embargo, de la videograbación de la audiencia de vinculación a proceso, no se aprecia la clase de documentos que el juzgador tiene sobre su escritorio.
b) Además, el Juez de Control responsable es el mismo que emitió la orden de aprehensión, por tanto, es obvio que conoce del asunto con antelación a la audiencia inicial, lo que es legalmente aceptable dada la etapa procesal en que se encuentra la causa penal de origen, de manera que por sólo ese hecho, no se compromete su imparcialidad.
30. Recurso de revisión 62/2021. Inconforme con la sentencia de amparo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, que en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, modificó la sentencia recurrida, en donde negó el amparo y sobreseyó en el juicio. En lo que interesa a este asunto, esgrimió las siguientes consideraciones:
a) La orden de aprehensión constituye, únicamente, un acto que restringe provisionalmente la libertad del procesado, en la investigación inicial, con la finalidad de pasar a la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se haya cerrado la investigación, por lo que de ninguna manera se analiza la culpabilidad o no de la persona imputada, pues la finalidad de la orden de aprehensión es darle continuidad a la investigación supervisada, ahora, por la autoridad judicial.
b) Por ello, no se vulneraron los derechos de la parte quejosa al dictar la orden de aprehensión por el mismo Juez que conoció de la imputación, así como de la vinculación a proceso.
c) El artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente, es decir, que no hubiere actuado como Juez de Control en el mismo proceso.
d) Lo anterior obedece a una presunción de pérdida de imparcialidad con motivo del conocimiento previo del asunto, lo cual se encuentra establecido únicamente tratándose del tribunal de enjuiciamiento.
e) En tanto, conforme al principio general de derecho según el cual "donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir"; es claro que el Juez que libre la orden de aprehensión tendrá conocimiento de las etapas posteriores como lo es la formulación de imputación.
31. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al rendir su informe relacionado con el trámite de esta contradicción de criterios, comunicó que su criterio sigue vigente.
32. Ahora, para definir si existe o no contradicción de criterios en las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes, conviene insertar el siguiente cuadro del cual es posible advertir, de manera sintética, las decisiones adoptadas al resolver los recursos de revisión cuyas ejecutorias participan en este asunto:
Ver cuadro
IV. INEXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
33. Para determinar si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, resolver el criterio jurídico que debe prevalecer en aras de salvaguardar la seguridad jurídica que debe permear en este tipo de asunto, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales.
34. En efecto, por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en las posturas adoptadas por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hubieran emitido tesis o no.(18)
35. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de posturas contrarias y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de criterios sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cual
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31505-8b7ef65e/principio-de-imparcialidad-judicial-en-el-sistema-penal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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