DERECHOS HUMANOS. LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN DEBEN PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZARLOS, ASÍ COMO INTERPRETAR Y APLICAR RETROACTIVAMENTE LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EXPEDIDA CON ANTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GENERAL 11/2012 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, NO SÓLO EN FAVOR DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO, SINO TAMBIÉN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO.
AMPARO DIRECTO 313/2012. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ. SECRETARIO: ARTURO VALLE CASTRO.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los anteriores conceptos de violación son infundados.
Antes de dar contestación a ellos, es necesario puntualizar que, de conformidad con lo establecido en el artículo primero del "Acuerdo General 11/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la normativa y actuación de órganos jurisdiccionales y administrativos en términos del quinto párrafo del artículo 1o. constitucional", publicado el siete de junio de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, los tribunales de la Federación deberán interpretar y aplicar retroactivamente la normatividad constitucional y convencional, expedida con anterioridad a la publicación de ese acuerdo, de conformidad con los principios previstos en el tercer párrafo del precepto 1o. de la Carta Magna, vigente a partir del diez de junio de dos mil once, que establece: "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."
Por razón de orden y al tratarse de una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se analizará en primer término, la violación procesal que aduce el quejoso en el concepto de violación marcado bajo el punto 1, en el que señala que se violaron las leyes del procedimiento, en términos de lo previsto por el artículo antes mencionado en su fracción VI, al no recibírsele las pruebas que ofreció legalmente.
Lo anterior es infundado.
El artículo 160, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, señala:
"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:
"...
"VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arreglo a derecho."
Precisado lo anterior y previo a dar contestación a los argumentos expuestos por el impetrante, resulta pertinente realizar la siguiente síntesis de constancias que obran en la causa penal **********, del índice del Juzgado Sexagésimo Penal del Distrito Federal, con el fin de advertir si fueron o no recibidas las pruebas que ofreció, o se recibieron o no con arreglo a derecho, a saber:
a) Escrito presentado ante el Juez de primera instancia el veinticuatro de mayo de dos mil once, por el abogado defensor del hoy quejoso, en el que ofreció como pruebas: La ampliación de declaración de la denunciante ********** de los policías remitentes; la ratificación de los dictámenes de psicología forense, medicina (mecánica de lesiones), química forense, criminalística de campo; la pericial en psicología que se practique a la denunciante; la inspección ocular a manera de reconstrucción de hechos; la reproducción de un disco gris y la ampliación del procesado (fojas 373 a 376 de autos).
b) Proveído de veintiséis de mayo de dos mil once, en el que el Juez de la causa, en términos de lo dispuesto por los artículos 135 y 314 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, admitió las pruebas ofrecidas por la defensa del hoy quejoso, previniéndolo únicamente para que aclarara los aspectos sobre los que versara la inspección ocular a manera de reconstrucción de hechos (fojas 378 y 379 de la causa).
c) Audiencia de desahogo de pruebas de nueve de junio de dos mil once, en la que se llevó a cabo la ampliación de declaración de los policías remitentes ********** la ratificación del dictamen en materia de medicina de la doctora **********; la ratificación del diverso en materia de química forense de **********; la ratificación del dictamen en química del químico ********** y la ratificación del dictamen en criminalística de campo, suscrito por ********** (fojas 399 a 414 de la causa).
d) En la audiencia de primero de julio de dos mil once, se desahogó la ampliación de declaración de la ofendida ********** y la ratificación del dictamen en materia de psicología de la perito ********** (fojas 437 a 443 de la causa).
e) Audiencia de seis de septiembre de dos mil once, en la que se desahogó la ampliación de declaración del procesado ********** (fojas 479 y 480).
f) Escrito presentado ante el Juez de la causa por el defensor particular del procesado, en el que desistió de las pruebas que hasta esa fecha no pudieron desahogarse, a excepción de la pericial en materia de psicología practicada a la ofendida. Libelo que fue acordado favorablemente mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil once y ratificado por el entonces procesado el veintitrés del mismo mes y año (fojas 481, 482 y 485 de la causa).
g) Promoción presentada el veintiocho de noviembre de dos mil once, en la que el hoy quejoso y su defensor desistieron en su perjuicio de la pericial en materia de psicología. Solicitud que fue acordada favorablemente el veintinueve de ese mes y año (fojas 518 y 519).
Ahora bien, de lo relatado, se observa que contrario a lo que señala el peticionario de amparo, dentro del periodo de instrucción, el Juez de la causa acordó de conformidad todas y cada una de las pruebas que ofreció, de las cuales en términos de ley, señaló el día y hora para su desahogo; asimismo, acordó favorablemente la petición de su defensor de desistirse del desahogo de algunos medios de convicción, lo que incluso fue corroborado por el propio sentenciado; datos todos éstos que revelan que no existió violación a las leyes del procedimiento, ya que fueron recibidas las pruebas que ofreció con arreglo a derecho.
Precisado lo anterior, se procede al análisis de las cuestiones de legalidad que se hacen valer en el resto de los conceptos de violación sintetizados en el considerando que antecede.
El quejoso sostiene en el motivo de inconformidad marcado bajo el punto 2, del considerando que antecede, que la sentencia reclamada es violatoria del numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento.
Lo anterior es infundado, pues a juicio de este tribunal, fueron debidamente respetados en su integridad los derechos fundamentales que en materia penal consagra tal precepto constitucional -"retroactividad de la ley en perjuicio", "audiencia- formalidades esenciales del procedimiento" y "tipicidad" o "exacta aplicación de la ley"-, ya que por un lado, no se aprecia que las disposiciones contenidas en la ley sustantiva se hayan aplicado en el acto reclamado hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia en perjuicio del quejoso.
Asimismo, este tribunal advierte que se le respetaron sus derechos fundamentales, al cumplirse con la prontitud para ponerse a disposición del Ministerio Público, en virtud de que después de que la víctima hiciera del conocimiento a los policías remitentes del delito cometido en su persona, éstos procedieron al aseguramiento del sujeto activo y sin demora alguna lo pusieron a disposición de la autoridad competente.
También se le escuchó en juicio a través del debido proceso legal, ya que posteriormente al ejercicio de la acción penal (con detenido) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, con lo que inició la etapa de preinstrucción, el Juez natural calificó de legal su detención al encontrarse en flagrancia y ser detenido después de haberlo cometido, por lo que procedió inmediatamente a tomarle su declaración preparatoria, diligencia en la que le hizo saber los derechos que a su favor consagra el apartado A del artículo 20 constitucional, nombró defensor particular, profesionista que aceptó, protestó el cargo conferido y señaló domicilio particular para la práctica de notificaciones; asimismo, el entonces indiciado ratificó su declaración ministerial, sin agregar nada al respecto ni tampoco dar respuesta a los cuestionamientos que pudieran formularle las partes.
El entonces indiciado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el Juez de la causa, dentro del lapso de ciento cuarenta y cuatro horas que establece el numeral 19 de la Carta Magna, le dictó auto de formal prisión por el ilícito de violación agravada (hipótesis de al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo; se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía bucal y por haberse cometido con la intervención inmediata de dos personas).
Seguido el procedimiento por la vía ordinaria, en la etapa de instrucción se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes en tiempo y forma, salvo de las que se desistieron expresamente las partes y se declaró agotada la instrucción y con posterioridad cerrada; posteriormente, la representación social formuló sus conclusiones acusatorias, mismas que fueron debidamente contestadas por la defensa del acusado, se celebró la audiencia de ley y se dictó sentencia definitiva, en la que fue realizada la valoración de cada uno de los elementos de convicción existentes en la causa, expresando las razones y motivos para condenar al impetrante por el delito mediante el cual se le instruyó el proceso e impuso la pena correspondiente.
La anterior sentencia fue recurrida vía apelación por el Ministerio Público y la defensa del sentenciado, recurso del que tocó conocer a la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien previos los trámites de ley y atendiendo a todos y cada uno de los agravios expuestos por los recurrentes, pronunció la resolución que es motivo del presente examen constitucional, por la que modificó la de primera instancia conforme quedó expuesto en el resultando primero de esta ejecutoria.
En razón de lo narrado, este tribunal advierte que no se vulneraron en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales relativos al artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud de que se le respetó su derecho de audiencia, pues en lo esencial, fueron cumplidas las formalidades del procedimiento en el juicio que se le instauró, conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho, así como se le aplicó la pena exactamente al delito cometido, ya que no fue impuesta por analogía, ni por mayoría de razón, según se verá en el capítulo correspondiente de este fallo.
Cabe citar la jurisprudencia con registro IUS 200234, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, epígrafe, texto y precedentes son:
"Novena Época
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo II, diciembre de 1995
"Página 133
"Tesis P./J. 47/95
"Materia(s) Constitucional, Común
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
"Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
"Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.
"Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot."
Así como la tesis de jurisprudencia con registro IUS 224823, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este tribunal comparte, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes son:
"Octava Época
"Semanario Judicial de la Federación
"Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990
"Página 388
"Tesis I.1o.P. J/6
"Materia(s) Penal
"PROCEDIMIENTO, FORMALIDADES DEL. No se violan las reglas del procedimiento penal, si se cumplen debidamente las fases procesales relativas, es decir, que con posterioridad a la consignación el Juez reciba al indiciado su declaración preparatoria con las formalidades de ley, dicte auto de término constitucional y desahogue las pruebas ofrecidas durante la instrucción; que celebrada la audiencia de derecho, previa acusación del Ministerio Público se dicte la sentencia correspondiente y que interpuesto recurso de apelación, se trámite conforme a la ley y se resuelva, analizando los agravios expresados.
"Amparo directo 571/88. Tomás Hernández González. 30 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido.
"Amparo directo 627/88. Ricardo Martínez Borriguete. 30 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido.
"Amparo directo 793/88. Lorenzo de Paul Manzanarez. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Silvia Lara Guadarrama.
"Amparo directo 1005/89. Domingo Hernández Antonio. 26 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido.
"Amparo directo 1081/89. María Luisa García Cortés. 26 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José Manuel Yee Cupido."
Por otra parte, tomando en consideración que la inclusión en nuestro marco constitucional de los derechos humanos ocurrió por decreto que reformó el artículo 1o. de la Constitución Federal, el diez de junio de dos mil once, mismo que entró en vigor a partir del día siguiente a su publicación; numeral de cuyo párrafo tercero se advierte:
"Artículo 1o. ... Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..."
Este tribunal también advierte, oficiosamente, que el acto reclamado cumplió con tales derechos fundamentales del ahora peticionario de amparo ********** previstos en los numerales 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José; 9, 10, 11, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que atañen a las formalidades esenciales del procedimiento y que son del tenor siguiente:
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
"1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
"2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
"3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
"4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
"5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
"6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un Juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un Juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
"7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios."
"Artículo 8. Garantías Judiciales
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
"a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
"b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
"c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
"d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
"e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
"f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
"g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
"h) derecho de recurrir el fallo ante Juez o tribunal superior.
"3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
"4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
"5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia."
"Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
"Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
Pacto Internacional de Derechos Civiles.
"Artículo 9
"1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. A Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
"2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
"3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
"4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
"5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación."
"Artículo 10
"1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
"2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;
"b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
"3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica."
"Artículo 11
"Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación contractual."
"Artículo 14
"1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
"2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
"3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
"a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
"b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
"c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
"d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;
"e) Interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
"f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
"g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
"4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
"5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
"6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
"7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país."
"Artículo 15
"1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
"2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional."
Lo anterior, tomando en cuenta el estudio que se realizó al procedimiento durante sus diversas etapas que le fue instruido a dicho peticionario de amparo, de las que se advierte la debida actuación de la autoridad responsable, al respetar todos y cada uno de los derechos fundamentales transcritos, con independencia de la conducta ilícita atribuida.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis que este órgano jurisdiccional comparte, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedente son los siguientes:
"Registro IUS 169108.
"Novena Época
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXVIII, agosto de 2008
"Página 1083
"Tesis I.7o.C.46 K
"Tesis aislada
"Materia(s) Común
"DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUELLOS. Los artículos 1o., 133, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen respectivamente: que todo individuo gozará de las garantías que ella otorga; que las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella, y los tratados acordes a la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión; que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; y, las bases, los procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de amparo. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los tratados internacionales por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución, según la tesis del rubro: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA FEDERAL.’ (IUS 192867). De ahí que si en el amparo es posible conocer de actos o leyes violatorios de garantías individuales establecidas constitucionalmente, también pueden analizarse los actos y leyes contrarios a los tratados internacionales suscritos por México, por formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión en el nivel que los ubicó la Corte. Por lo tanto, pueden ser invocados al resolver sobre la violación de garantías individuales que involucren la de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México.
"Amparo directo 344/2008. Jesús Alejandro Gutiérrez Olvera. 10 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Benjamín Garcilazo Ruiz."
"Por otro lado, contrario a lo expuesto por el quejoso en el concepto de violación marcado bajo el punto 2, del considerando precedente, este Tribunal Colegiado advierte que la resolución recurrida no es violatoria del ordinal 16 de la Carta Magna, ya que se aprecia que el acto reclamado cumple con los requisitos de debida fundamentación y motivación que tutela tal precepto constitucional, al evidenciarse que la Sala de apelación citó los numerales legales que sirvieron de apoyo a su determinación y expresó los razonamientos que lo llevaron a concluir como lo hizo; que el asunto que nos ocupa encuadró en los preceptos de las normas que invocó respecto al delito de violación, previsto y sancionado por el artículo 174, párrafo primero (hipót
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24128-9a6b780b/derechos-humanos-los-tribunales-de-la-federacion-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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