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Modo: Corpus Pro

PERSONAS INDÍGENAS. AUNQUE EL IMPUTADO SE AUTOADSCRIBA O SE IDENTIFIQUE COMO MIEMBRO DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA, SI SE ADVIERTE QUE YA NO GUARDA VÍNCULOS EFECTIVOS CON ÉSTA, NI HABITA EN ELLA DESDE HACE AÑOS, AL HABER EMIGRADO AL LUGAR EN EL QUE COMETIÓ EL DELITO QUE SE LE ATRIBUYE, NO LE SON APLICABLES LOS USOS Y ESPECIFICIDADES CULTURALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA PRESCINDIR DE LA IMPOSICIÓN DE LA PENA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 341/2016. · Registro digital (IUS): 27125
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-05-19
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Pág. 2038.

AMPARO DIRECTO 341/2016. 16 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. SECRETARIO: JOSÉ TREJO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio. Los conceptos de violación sintetizados son en una parte infundados y en la restante fundados pero insuficientes para conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos que más adelante se precisan.

Es fundado el concepto de violación sintetizado en el inciso a) de la síntesis (sic), ya que la Sala responsable inadvirtió que la detención del quejoso fue ilegal, al no actualizarse la figura de caso urgente o flagrancia, de ahí que lo que las pruebas recabadas en directa vinculación con esa detención, sean ilícitas.

Al respecto, es necesario precisar que en amparo directo es procedente analizar violaciones cometidas en la detención con motivo de la excepción prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (flagrancia o caso urgente), puesto que podrían constituir transgresión al derecho humano de debido proceso, conforme al cual es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio del derecho de defensa adecuada a que se refieren los numerales 14 y 20 de la citada Ley Fundamental, sobre todo cuando esos aspectos no fueron combatidos en la vía indirecta, como ocurre en el caso en estudio.(1)

La Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, al resolver el amparo en revisión 3506/2014, en sesión de tres de junio de dos mil quince, en cuanto al tema de la afectación al derecho humano de la libertad personal -orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente-, estableció, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, las consideraciones jurídicas siguientes:

En términos del régimen de protección constitucional al derecho humano a la libertad personal, la restricción que genera su afectación válida, mediante la detención de la persona ante el señalamiento de que participó en la comisión del delito, por regla general, debe estar precedida por una orden de aprehensión. Sin embargo, también constituyen supuestos que justifican la afectación al derecho humano de libertad personal las detenciones que derivan de los casos de flagrancia y urgencia, pero son excepcionales. Ello, porque para la configuración de la flagrancia se requiere que, de facto, ocurra una situación particular y atípica; mientras que en el caso urgente la actualización de condiciones apartadas de lo ordinario derivadas del riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.

En este sentido, el escrutinio judicial constituye una condición rectora y preferente en el régimen de detenciones, es decir, una especie de regla primaria, cuya ejecución debe ser privilegiada siempre que sea posible. De ahí que, en principio, toda detención debe estar precedida por una autorización emitida por un Juez, tras analizar si la solicitud de la autoridad ministerial para aprehender a un individuo cumple con las formalidades requeridas por la Constitución Federal. Sin embargo, no existe tal posibilidad cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las características ontológicas de la detención por caso urgente, normativamente previstas en la Constitución Federal, son las siguientes:

a) Es una restricción al derecho a la libertad personal;

b) Es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga de la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión;

c) Es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones; y,

d) Debe estar siempre precedida de una orden por parte del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo.

De lo anterior, destaca que dicha medida implica una excepción al control judicial previo, que es preferente en el régimen de detenciones. Sin embargo, esta excepción se encuentra razonablemente compensada en la Constitución. En efecto, la caracterización de la detención por caso urgente como una medida restrictiva de la libertad personal, extraordinaria, excepcional y sujeta a la orden previa del Ministerio Público, constituye una garantía normativa que tiene como finalidad salvaguardar el derecho a la libertad personal cuando no existe control judicial previo.

Los requisitos constitucionales a los que está sujeta la detención por caso urgente configuran un control normativo intenso dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para que el Ministerio Público decida ordenar la detención de alguna persona sin control previo por parte de un Juez. Por ello, se considera razonable que el Constituyente determinara que el Ministerio Público deba demostrar que los tres requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional se actualizan concurrentemente. Para ello, deben existir motivos objetivos y razonables, que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda ser corroborada posteriormente por un Juez, cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el artículo constitucional analizado. Ahora bien, el tipo de indicio que se requiere para acreditar la existencia de un caso urgente, se determina según el requisito de que se trate.

El primer requisito para determinar si se configura el caso urgente, es que se trate de un delito grave, así calificado por la ley.

El segundo que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, lo que significa que el riesgo de sustracción a la acción de la justicia se encuentre apoyado con motivos y razones, así como con indicios objetivos que sean eficaces para afirmar su existencia. Esto es, el Ministerio Público deberá probar que existían motivos objetivos y razonables para considerar que el implicado podría sustraerse de la acción de la justicia, de no realizarse la detención en dicho momento; sin que sea necesaria la existencia de prueba plena, de que el inculpado puede evadir la acción penal, para que se considere acreditado este requisito.

El tercero estriba en que el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, para solicitar una orden de aprehensión, lo que tiene aparejado el control judicial previo a la privación de la libertad.

El precepto dispone con claridad los dos primeros motivos que el Ministerio Público puede oponer válidamente para justificar que no le fue posible ocurrir ante un Juez: la hora o, bien, el lugar en el que se pretenda ejecutar una detención. Como ejemplo, el primer motivo podría configurarse cuando la detención se pretende ejecutar fuera de los horarios laborales de los juzgados penales y que éstos no hayan dispuesto alguna guardia para las horas posteriores a la jornada laboral ordinaria. En ambos casos, la imposibilidad de que algún Juez controle la detención previamente trae aparejada la posibilidad de que el inculpado no sea detenido. En cuanto al segundo motivo, éste podría configurarse en aquellos casos en que, en el lugar en el que se pretende ejecutar una detención no existan Jueces con quienes se pueda acudir o, bien, el juzgador se encuentra en diverso lugar cuya lejanía implicaría la imposibilidad de ocurrir ante él oportunamente, lo que conlleva también la posibilidad de que el inculpado no sea detenido.

El dispositivo establece que el Ministerio Público podría justificar la imposibilidad de acudir ante un Juez para solicitar una orden de captura, cuando las "circunstancias" en el momento en que se pretende ejecutar una detención no se lo permitan, las cuales se refieren al contexto de modo, tiempo y lugar que configura el momento en que resulta necesario y perentorio llevar a cabo la detención de una persona que se le atribuye haber cometido un delito grave, porque de no hacerlo en esa justa oportunidad la persona podría evadirse de la acción de la justicia. En estos casos, para acreditar la existencia de las circunstancias referidas, el Ministerio Público deberá contar con motivos objetivos y razonables que permitan considerar dichas circunstancias; sin que sea necesaria prueba plena, pero que permitan su corroboración por parte del juzgador que controle la detención con posterioridad.

Una vez acreditados concurrentemente los tres requisitos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar la detención de la persona, bajo su más estricta responsabilidad, fundando y expresando los indicios que motiven su decisión. Esto significa que sólo mediante una orden -que constituye una resolución- emitida previamente por el Ministerio Público, que se encuentre debidamente fundada y motivada, podrá ejecutarse la detención posterior de una persona.

Establecidas las consideraciones jurídicas acerca de los requisitos para la validez de la detención por caso urgente, es necesario reseñar los antecedentes y circunstancias en que se realizó la detención del aquí quejoso:

I. Acorde con las versiones de los policías remitentes ********** y **********, quienes el diecisiete de julio de dos mil quince, en lo que interesa, expresaron que se les giró orden de localización y presentación del indiciado, a la que dieron cumplimiento, primero recabaron el retrato hablado del quejoso, elaborado por la denunciante, con la que se concertó cita para llevar a cabo recorridos, por varias horas en el lugar donde fue interceptada y agredida sexualmente, en las calles de ********** y **********, en la colonia **********, en el perímetro de la delegación **********, se llevó a cabo un operativo encubierto, acompañados de la denunciante, tras recorrer varias veces dichas calles, siendo las veintiún horas del dieciséis de julio de dos mil quince, se tuvo a la vista al sujeto agresor, iba caminando por la calle **********, con dirección a la **********, mismo que pasó a un costado de la unidad **********, fue señalado y reconocido plenamente por la agraviada **********; además, el peticionario de garantías coincide con el retrato hablado que fue elaborado con los datos que proporcionó la ofendida, por lo que los remitentes bajaron de la unidad, le marcaron el alto al presunto responsable, se identificaron, se le hizo de su conocimiento el señalamiento en su contra, por los delitos de robo y violación que le formulaba la denunciante **********; le informaron de la orden de localización y presentación existente, dijo llamarse **********, contar con ********** años, domicilio en la calle de **********, sin número, **********, es originario de Poza Rica, Estado de Veracruz, se le hicieron saber sus derechos constitucionales, le fueron leídos, se trasladó a la agencia FDS-6, para hacer la puesta a disposición. (fojas 121-126)

En ampliación ante el órgano jurisdiccional, el dos de septiembre de dos mil quince, los policías ratificaron el contenido de sus anteriores deposados. (fojas 351 y 352)

A preguntas, contestó **********: en la misma averiguación previa recabó copia del retrato hablado del hoy procesado; la visibilidad es regular en el lugar donde se encontraba el justiciable, cuando lo señaló la denunciante como la persona que la agredió, ya que no existe alumbrado público, únicamente unos cuantos focos de las casas; la actitud del quejoso fue nerviosa en el momento de su aseguramiento; fueron aproximadamente treinta segundos los que le llevó a la denunciante reconocer al sujeto; el declarante únicamente se entrevistó con ********** en la ocasión del aseguramiento del quejoso; el procesado iba aproximadamente a tres o cuatro metros en el momento en que pasó la patrulla, cuando la ofendida lo señaló; la afluencia peatonal era escasa; cuando el deponente aseguró al justiciable, éste refirió: "que venía de echarse una mona de activo, en el cerro"; entre su compañero, el emitente y otros dos elementos lograron el aseguramiento del procesado. (fojas 351 vta. y 352)

A cuestionamientos, ********** respondió: fue en la misma averiguación previa que recabó el retrato hablado del procesado; la visibilidad era buena, se apreciaba correctamente, características y vestimenta de la persona, cuando se los señaló la denunciante como la persona que la agredió; la actitud del sujeto fue nerviosa en el momento de su aseguramiento; en cuanto la denunciante ve al justiciable lo reconoció; el declarante se entrevistó dos ocasiones con la afectada el día del aseguramiento del quejoso; el sujeto iba aproximadamente a cinco metros, cuando la ofendida lo señaló; la afluencia peatonal era casi nula, en el momento que señaló la acusadora al peticionario de garantías; fue su compañero ********** y el deponente quienes aseguraron a **********, aunque iban otros dos compañeros en otra unidad en apoyo.

II. Hecho que constató la denunciante mediante comparecencia ministerial de la misma fecha.

III. El Ministerio Público mediante acuerdo emitido a las dos horas con cincuenta y dos minutos de esa data, expuso los fundamentos y los motivos por los que calificó de legal la detención del inconforme, al considerar actualizada la figura jurídica de caso urgente. (fojas 143-150 de la causa)

De lo expuesto se desprende que la detención del impetrante se realizó sin cumplir los requisitos a que refiere el artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que se efectuó sin la existencia previa de la orden de detención por el Ministerio Público; por tanto, no se acredita la exigencia de orden emitida por el Ministerio Público previamente fundada y motivada; de ahí que tal proceder genera violación al derecho humano de la libertad personal, pues acorde con el tercer antecedente, el acuerdo que se indica fue dictado con posterioridad a la violación al derecho humano de la libertad personal, esto es, cuando ya se había detenido al justiciable, en contravención a lo dispuesto en los preceptos 16, párrafo sexto, de la Constitución General y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(2)

Es importante señalar que la aseveración de que la detención del sentenciado se realizó sin cumplir los requisitos establecidos en el numeral 16 constitucional, deriva fundamentalmente del derecho humano del quejoso al debido proceso, el cual involucra la prerrogativa a no ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales, convencionales y legales; de ahí la obligación de analizar la licitud de todo el material probatorio considerado para sentenciar al justiciable y, por ende, de excluir las pruebas obtenidas de forma ilícita.

Así las cosas, la reparación idónea ante la violación al derecho humano de la libertad personal, consiste en declarar la ilegal detención del peticionario de amparo y, por tanto, restar valor probatorio únicamente a las pruebas que tienen origen en ese acto o se vinculan con el mismo, al constituir prueba ilícita, siendo las siguientes:

1. Informe y versiones ministeriales de los policías judiciales remitentes ********** y **********, así como sus ampliaciones judiciales, en las que ratificaron su versión ministerial y precisaron las circunstancias de la detención. Toda vez que a estos agentes no les constan los hechos delictivos y su intervención se centró en proceder a la ilegal detención del imputado.

2. La comparecencia ministerial de la agraviada **********, de diecisiete de julio de dos mil quince, únicamente en la parte en que narró los hechos relativos a la detención del quejoso.

3. El dictamen médico de integridad física, lesiones y psicofísico practicado al procesado, el diecisiete de julio de dos mil quince; y,

4. La declaración ministerial del quejoso **********, asistido de defensor de oficio, en la cual negó los hechos, su declaración preparatoria asistido por defensor de oficio y las rendidas en la duplicidad del plazo constitucional e instrucción, únicamente en aquella parte en que ratificó la primera, toda vez que dicho deposado derivó y fue posterior a su ilegal detención.

Incluso, se debe señalar que en las declaraciones ministerial y preparatoria del quejoso que han sido excluidas, se transgredió aún más el derecho a la defensa adecuada, ya que el impetrante resultó ser indígena totonaca, las emitió sin presencia de traductor, lo que en concepto de este órgano colegiado contraviene el derecho de acceso a la justicia, al no haberse atendido en esa etapa, sus costumbres y especificidades culturales.(3)

Así las cosas, el restante material probatorio que se considera lícito (dado que fueron vertidas con anterioridad o en forma independiente a las causas de las otras probanzas que se han estimado ilícitas),(4) es:

1. Formato único sin detenido en el que la denunciante narró brevemente los hechos.

2. Las declaraciones de la denunciante **********, de tres, cuatro de marzo, nueve de abril de dos mil quince, así como su ampliación de declaración ante el Juez de la causa, de veinticinco de septiembre de dos mil quince.

3. Diversas diligencias ministeriales en las que el órgano investigador da fe de haber tenido a la vista: La media filiación de la denunciante y la factura del teléfono celular que le fue robado y fotografías de la afectada.

4. Los dictámenes de integridad física, ginecológico, peso y talla, así como el psicológico, practicados a la ofendida. El de retrato hablado y el peritaje cultural totonaco (Tutunáku), así como el de valuación, respecto del celular robado a la ofendida.

5. La ampliación del quejoso, rendida en instrucción.

6. Testimonio de **********.

7. Oficio de la Subdirección de Control de Información del Gobierno del entonces Distrito Federal y ficha signalética del quejoso y los diversos oficios del Juzgado Octavo Penal y del Juez Segundo Penal de Delitos No Graves de esta capital, respecto de antecedentes de homónimo del quejoso.

Así, procede a realizar su valoración directa, a fin de advertir si estas pruebas actualizan los delitos imputados al quejoso o, en su defecto, existe vulneración a sus derechos fundamentales.(5)

Al concatenar las declaraciones de la ofendida con el resultado del dictamen psicológico, se advierte actualizado el delito de violación impropia o equiparada y la responsabilidad del impetrante, con base en lo siguiente:

Como lo estimó la Sala responsable, de las declaraciones de la agraviada que se han estimado lícitas se desprende que señala al quejoso como la persona que el día y hora de los hechos, cuando se encontraba buscando a una persona de nombre **********, a quien iba a entrevistar, le manifestó que sabía dónde habitaba la mujer que buscaba, ante lo cual, lo comienza a seguir, conduciéndola a un camino de terracería, señalándole a lo lejos la supuesta casa de la persona que buscaba y para llegar a dicho domicilio tenía que ir por una vereda, conduciéndola de esta forma por un lugar solitario, y al reflexionar sobre el sitio solitario por el que la conducía, es que decide referirle que mejor ya se iba, y al momento de intentar regresar al lugar donde se encontraba, es que el sentenciado le exigió que le entregara el bolso que llevaba, sujetándola con un brazo del cuello, ante lo cual forcejea con éste, cayendo al piso, lesionándose en los brazos, sujetándola posteriormente del cuerpo con las manos, y aunque lo aventó, el enjuiciado le propina golpes en el cuerpo, siendo que al comenzar a gritar, es que el sentenciado le ordena que se callara, para luego sujetarla del cuello con ambas manos, ocasionándole de esta forma las lesiones que presentó (mismas que se constatan en el certificado psicofísico que se practicó a la víctima).

Además, estableció la forma en que la somete, al colocarle las rodillas en sus piernas, limitando sus movimientos, ante lo cual y al faltarle el aire, en un momento el activo la suelta y es cuando le refiere que le daba todo lo que traía pero que la dejara, es decir, que no le causara un daño, siendo precisa en establecer que ante tal manifestación es que el sentenciado le indica que si le iba a dar todo, y al estar ella boca arriba y él boca abajo, procede a levantarle la playera y comienza a tocarle los senos de manera circular, en forma de caricia, durante aproximadamente 10 (diez) segundos, para luego desabrocharle el pantalón, bajándoselo junto con la pantaleta que vestía a la altura de las rodillas, colocándole una de las manos en la entrepierna, pero la declarante en todo momento se resistía, tratando de empujarlo e, incluso, cerrando sus piernas, sin lograrlo al ser su agresor más fuerte que ella.

Indicó que en ese instante le introduce vía vaginal dos dedos de una de sus manos en forma de caricia; precisó que el sujeto trató de penetrarla, lo cual no logró dado que su pene se encontraba flácido y ante lo cual es que le ordena que lo masturbara y, asimismo, le pusiera saliva en el pene.

Dijo que al momento de atender a su petición y al separarse un poco, es cuando aprovecha ésta para con su bolsa, darle un golpe en la cabeza, para tratar de huir, señalar que al momento de tratar de alejarse de dicho sujeto, es cuando éste sujeta su bolso y se apodera del teléfono celular, logrando zafarle la bolsa al jalarla, alejándose inmediatamente para buscar ayuda con vecinos del lugar.

Ante el Juez de la causa, precisó detalles de la forma en que ocurrieron los hechos de los que destacan que intercambió palabras como en tres ocasiones, aproximadamente, con el quejoso, la primera, le dijo que él la llevaba al domicilio de la señora **********, durando dichas conversaciones como cinco minutos, aproximadamente; la forma en como forcejeó con el justiciable, que supo que fueron dos dedos los que le introdujo el sujeto, "porque duele"; y que reconoció al sujeto aproximadamente a treinta centímetros o un poco más, en el momento en que estaba sentada en la parte posterior de la patrulla del lado derecho; la declarante se percató que en el momento en que fue el sujeto asegurado por los policías, sí dijo algo, pero no escuchó, ya que estaba a bordo de la patrulla; en el punto donde el sujeto pasó y lo reconoció, la visibilidad era oscura, ya que había anochecido.

Es pertinente hacer notar que desde su primer deposado, la denunciante proporcionó las características físicas del activo con las que se elaboró un retrato hablado, mismas que son similares a las del quejoso, comparadas con las que se aprecian en la ficha signalética que consta en autos, como destacó la Sala responsable, aunado a que ante el Juez de la causa, precisó la distancia y forma en que lo reconoció.

Consecuentemente, este Tribunal Colegiado estima que la autoridad responsable con acierto valoró las declaraciones de la ofendida, las cuales son claras, precisas y detalladas, de manera que satisfacen los requisitos que exige el numeral 255 del código adjetivo de la materia para tener por actualizado el verbo rector del delito de violación impropia o equiparada, así como el diverso de robo.

Es necesario puntualizar que el primero de esos delitos, por lo general, se realizan de manera oculta, en ausencia de testigos, por lo que la declaración de la víctima tiene una importancia preponderante, tal como se ha establecido por la jurisprudencia(6) y para que alcance pleno valor probatorio es indispensable que sea verosímil y no constituya un dato aislado, sino que se encuentre apoyada, directa o indirectamente, por otros elementos convictivos, lo que sucede en este caso, porque se sustenta con el dictamen en materia de psicología, en lo que afirma que la ofendida presentó alteraciones compatibles con agresión sexual.

Por tanto, tal pericia proporciona datos certeros que robustecen el contenido de la declaración ministerial de la ofendida, pues evidencian que sufrió agresiones sexuales, lo que es compatible con el evento atribuido al quejoso de mérito.

Además, las declaraciones de la agraviada en comento sirven para constatar la existencia del delito de robo del celular en comento, del que exhibió la factura respectiva, mismo que fue valuado mediante el dictamen respectivo.

Periciales a las que se les concedió valor, en términos del artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, por ajustarse a las reglas legales contempladas en dicho numeral.

No obsta para concluir lo anterior, las declaraciones del quejoso en instrucción, que fueron las únicas que resultaron lícitas, en las que negó tener dos características físicas de las que refirió la denunciante y negó haber cometido los hechos que se le atribuyen, pues una de ellas (bigote escaso) sí se le aprecia y la otra relativa al largo del cabello, es evidente puede ser cortado; Por otro lado, su negativa es insuficiente para desvirtuar su responsabilidad, al no encontrarse corroborado con ningún medio de prueba.

Con lo cual, resulta infundado lo expuesto por el quejoso en el inciso b), de la síntesis de los conceptos de violación, ya que su negativa es insuficiente y no es correcto que la declaración de la quejosa sea confusa, pues quedó evidenciado, incluso, ante el Juez de la causa que le introdujo dos dedos en la vagina, por lo que no era necesaria la penetración del miembro viril para actualizar la violación impropia que justamente requiere de un objeto diverso -en el caso, los dedos-, por vía vaginal.

Por ello y atendiendo a la mecánica de hechos, es irrelevante que el dictamen ginecológico demuestre que no hubo penetración, sin que existan las contradicciones que señala en el dicho de la agraviada, quien fue conteste desde sus iniciales deposados.

Siendo, por tanto, infundado que se actualice el delito de abuso sexual. En consecuencia, son inaplicables las tesis aisladas que cita para los fines que pretende.

Consecuentemente, ante la evidente certidumbre racional para acreditar el delito y la plena responsabilidad penal del quejoso en la comisión de los delitos de violación impropia y equiparada, y robo.

Ahora, procede verificar si se actualizan las calificativas previstas para el segundo delito (al haberse cometido contra transeúnte en vía pública y con violencia física).

Ambas resultan demostradas con la declaración de la agraviada al narrar, respecto a la primera, que los hechos acontecieron en vía pública, lo cual le otorga la calidad de transeúnte. Con relación a la segunda de esas agravantes de su deposado, es evidente que el quejoso ejerció en su contra violencia física, que también constituyó el medio comisivo para la existencia del diverso delito de violación.

Se explica.

Si bien es verdad que inicialmente el quejoso ordenó a la pasivo le diera su bolsa y acto seguido empleó en su contra violencia física, rodeándole el cuello, inmovilizándola con las rodillas, golpeándola, sin cesar ese medio comisivo y materializar el apoderamiento, perpetró en su perjuicio la violación equiparada, al introducirle dos dedos en la vagina, posterior a ello y luego de intentar penetrarla sin lograrlo, el justiciable le solicitó que lo masturbara, pusiera saliva en su pene, la emitente hizo como que lo haría, lo golpeó con su bolsa, éste sujetó la bolsa de una de las asas y extrajo el celular, logrando la ofendida quitarle su bolso y correr.

Esa mecánica de hechos evidencia que el quejoso tenía la inicial intención de apoderarse de la bolsa de la denunciante, y también utilizó la violencia física como medio para perpetrar en su contra la violación impropia y en forma sucesiva materializó el robo, con lo cual se actualiza dicha agravante, por lo que fue correcto que se tuviera por actualizada.

En diverso aspecto, no se advierte transgresión alguna en lo relativo a la individualización de las penas, en tanto el tribunal de segunda instancia atendió a lo previsto en los numerales 71 y 72 del código sustantivo de la materia y fuero; lo anterior, al exponer las razones particulares que permitieron concluir el grado de culpabilidad mínimo; por lo que resulta innecesario aludir a las circunstancias exteriores de ejecución del delito de mérito, así como las peculiaridades de aquél, que tomó en consideración para tal efecto.

En efecto, no se inadvierte que en el caso, el quejoso se autoadscribió como indígena, lo que se constató con el dictamen cultural al que se hizo referencia en la síntesis probatoria, mismo que señala que, en caso de haberse cometido los delitos en la comunidad totonaca de la que aquél es originario, no se sancionaría el delito de robo, ante la mayor entidad del delito de violación.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 58/2013 (10a.), que los conceptos de "persona indígena" o "pueblo indígena", empleados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien tienen un significado de sustrato esencialmente antropológico y sociológico, lo cierto es que también poseen uno jurídico tendente a identificar a los destinatarios de las prerrogativas que la Ley Fundamental establece en favor de dicho sector.

De igual modo, precisó que la "autoconciencia" o la "autoadscripción" realizada por el propio sujeto, debe ser el criterio determinante para establecer cuándo una persona es indígena, pues tendrá ese carácter quien se autoadscriba y reconozca a sí mismo como tal, lo cual implica asumir como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de las comunidades indígenas.

Sin embargo, a fin de evitar excesos, fraudes a la ley e inseguri

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27125-3bd6c43c/personas-indigenas-aunque-el-imputado-se-autoadscriba-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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