REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES PERO SÓLO CUANDO DEBA FIJARSE UN CRITERIO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1465/2015. 28 DE MAYO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL BURGUETE GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, segundo, fracción III, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en relación con el punto primero, fracción II, inciso c), y punto segundo, fracciones IV y V, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, puesto que no se ubica en los supuestos señalados para el conocimiento del Tribunal Pleno y se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo administrativo, cuya materia corresponde a la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO.-Oportunidad. El recurso de revisión se presentó oportunamente conforme a lo siguiente:
a) La sentencia recurrida fue resuelta por el tribunal a quo en sesión de dieciséis de enero de dos mil quince; sin embargo, se terminó de engrosar el viernes veintisiete de febrero de dos mil quince,(1) y en ella se dispuso notificar personalmente a la parte quejosa; sin embargo, por razón actuarial de dos de marzo de dos mil quince, no se localizó al quejoso en el domicilio, y entonces se le dejó ahí un aviso, para que dentro de los dos días hábiles siguientes acudiera al tribunal a quo para darse por notificado.
b) El martes tres de marzo de dos mil quince, compareció la representante del quejoso ante el tribunal a quo y se dio por notificada la sentencia.
c) Tal notificación surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el miércoles cuatro de marzo de dos mil quince.
d) El plazo de diez días hábiles a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del jueves cinco al jueves diecinueve de marzo de dos mil quince.
e) Del plazo anterior deben descontarse los siguientes días y por las razones que a continuación se mencionan:
Ver días y razones
f) La presentación del escrito de agravios se hizo el miércoles dieciocho de marzo de dos mil quince,(2) por lo que resulta oportuna su presentación; ya que el quejoso tenía hasta el día siguiente, para interponerlo.
TERCERO.-Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que el escrito de expresión de agravios fue rubricado por el quejoso **********;(3) a quien el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito le reconoció tal personalidad, al admitir la demanda de amparo en auto de veinte de agosto de dos mil catorce.(4)
CUARTO.-Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:
Antecedentes
1. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, **********, por propio derecho, promovió demanda de nulidad en la que señaló, como acto impugnado y como autoridades demandadas, las siguientes:
"Actos impugnados: 1) La resolución emitida con fecha 20 de septiembre del año 2013, por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, dentro del expediente número **********, mediante la cual se decreta la conclusión del servicio por separación del policía segundo **********."
2. La demanda de nulidad mencionada, se turnó a la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo Magistrado instructor, por auto de veintiocho de enero de dos mil catorce, requirió al promovente para que en el plazo de cinco días exhibiera las constancias de notificación de la resolución impugnada, con los tantos necesarios para correrle traslado a la autoridad demandada, apercibida que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta su demanda.
3. Mediante proveído de cinco de marzo de dos mil catorce, se tuvo a **********, cumplimentando el requerimiento de fecha veintiocho de enero de la misma anualidad, a través de escrito de trece de febrero de dos mil catorce, en el que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de dicha resolución el día siete de noviembre de dos mil trece, sin que se hiciera entrega de constancia de notificación alguna, teniéndose sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo; en consecuencia, se tuvo por admitida la demanda de nulidad, registrándola con el número **********, se ordenó correr traslado con copia de la demanda y anexos a la autoridad emisora de los actos impugnados, emplazándola para que formulase su contestación a la misma y, finalmente se tuvieron por ofrecidas y exhibidas las pruebas documentales precisadas en el capítulo respectivo.
4. Mediante oficio presentado ante oficialía de partes para las Salas Regionales, el día veintitrés de mayo de dos mil catorce, el director general de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, en representación de la autoridad demandada, Consejo Federal de Desarrollo de la Policía Federal, produjo su contestación a la demanda, la cual se tuvo como tal, por auto de fecha de veintiséis del citado mes y año; asimismo, se tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas precisadas en el capítulo respectivo; se ordenó que con copia del oficio de contestación, se corriera traslado a la parte actora para los efectos legales correspondientes.
5. Mediante auto de diecinueve de junio de dos mil catorce, visto el estado que guardaban los autos, el Magistrado instructor concedió un término de cinco días a las partes para que formularan alegatos, transcurrido el cual, se declararía cerrada la instrucción.
6. La Cuarta Sala Regional Metropolitana dictó sentencia el treinta de junio de dos mil catorce, en la que se resolvió:
"I. Resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio, en consecuencia; II. No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio; III. La parte actora probó los extremos de su pretensión, en consecuencia; IV. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que ha quedado precisada en el resultando 1o. del presente fallo; V. Notifíquese; ..."
Ahora bien, la Cuarta Sala Regional Metropolitana concluyó lo anterior, después de estudiar el caudal probatorio, de donde advirtió que no se desprendía documental o medio de convicción alguno con el cual pudiera tenerse por acreditada la existencia de resultados negativos a las evaluaciones, con base en las cuales se determinó que el actor no cumplía con el perfil y, en consecuencia, que era procedente su separación del cargo, por tanto, se determinó que la resolución controvertida resultaba ilegal, al no haberse acreditado los hechos que, en esencia, dan sustento a la misma, actualizándose así una de las causales de nulidad previstas en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Por lo cual, determinó que la autoridad demandada no probó sus excepciones, conforme al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que era procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; sin embargo, con base en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, último párrafo, de la Constitución y las tesis 2a./J. 103/2012 (10a.), 2a./J. 18/2012 (10a.), 2a./J. 110/2012 (10a.), 2a. LX/2011 y 2a. LXIX/2011, determinó que, aun cuando la resolución de cese, baja o remoción fue anulada, no era procedente que fuera reinstalado al servicio, sino que únicamente le correspondía recibir el pago de la indemnización correspondiente y las demás prestaciones a que tuviera derecho.
QUINTO.-Conceptos de violación. Conviene reseñar cuáles son los conceptos de violación planteados por el quejoso en la demanda de amparo directo; las consideraciones del tribunal a quo para negar el amparo, y los agravios que ahora hace valer en contra de la sentencia recurrida.
I. El quejoso planteó en su demanda de amparo directo los siguientes conceptos de violación:
a) Que en la sentencia reclamada, si bien se resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, reconociéndose el derecho al pago de una indemnización y demás prestaciones a las que tuviera derecho, también lo es que se determinó la improcedencia de la reinstalación o reincorporación como agente de la Policía Federal de Investigación en funciones de Policía Federal Ministerial, con lo que se evidencia la aplicación retroactiva, en su perjuicio, de los lineamientos establecidos por los requisitos de permanencia publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de abril de dos mil once, los cuales entraron en vigor en fecha posterior a aquella en la que ingresó a prestar sus servicios dentro de la Policía Federal, esto es, el primero de noviembre de dos mil ocho, violándose la prohibición constitucional contenida por el artículo 14 constitucional.
b) Que la sentencia de la Sala responsable transgrede en su perjuicio el contenido del artículo 16 constitucional.
c) Que es contrario a derecho, el que se emita una sentencia con base en la cual se le prohíbe la reinstalación o reincorporación como agente de la Policía Federal Investigadora en funciones de Policía Federal Ministerial, fundándose en lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, último párrafo, de la Constitución, el cual se relaciona con el incumplimiento a los requisitos de permanencia publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de abril de dos mil once, lo cual conlleva a una aplicación retroactiva, en su perjuicio de la ley, al estimar que la modificación a dicho precepto atenta contra la garantía contenida en el artículo 5o. constitucional, ya que el desempeño como agente de la Policía Federal Investigadora en funciones de policía ministerial es una profesión lícita y, en el presente caso, la citada modificación publicada el día dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, al artículo 123, apartado B, fracción XIII, último párrafo, de la Constitución, impide que a quienes han obtenido una sentencia favorable en contra de una resolución que ordena la separación al cargo que venían desempeñando dentro de la Policía Federal, el ejercicio de una profesión digna y lícita, no obstante que no se haya encontrado motivo fundado para la sanción.
d) Que al aplicársele la citada disposición inconstitucional, se le perjudica al impedírsele la reincorporación al desempeño de la profesión que venía desempeñando, violándose las disposiciones del artículo 5o. constitucional, al considerar que reúne los tres requisitos a los cuales alude el artículo 5o. constitucional, esto es, que no desempeña una actividad ilícita, que no afecta derechos de terceros, ni derecho alguno de la sociedad en general.
II. Al respecto el tribunal a quo estableció:
• Adecuado estudiar los conceptos de violación en forma conjunta, debido a su estrecha relación.
• Que no existe una aplicación retroactiva de los lineamientos establecidos por los requisitos de permanencia publicados en el Diario Oficial de la Federación, de fecha cinco de abril de dos mil once, los cuales entraron en vigor en fecha posterior a aquella en la que ingresó a prestar sus servicios dentro de la Policía Federal, ya que la Sala contenciosa determinó la improcedencia de la reinstalación o reincorporación que pretendía el actor, como agente de la Policía Federal de Investigación, en funciones de Policía Federal Ministerial, en atención a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, no con base en esos lineamientos.
• Que la declaración de la nulidad de la resolución impugnada, no le genera al trabajador el derecho a ser reinstalado, pues de la lectura del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si incumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
• Que la prohibición de reincorporación es absoluta, por lo que, con independencia de la razón del cese, tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio. Lo anterior, de acuerdo con la tesis 2a./J. 103/2010.
• Que es inoperante el planteamiento donde el quejoso señala que al aplicársele el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, se viola el artículo 5o. constitucional; en atención a que es inviable analizar la regularidad de normas contenidas en la Constitución, cuyos mandatos son inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional, de acuerdo con la tesis 2a./J. 3/2014 (10a.), aunado a que el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, también se establece esa prohibición.
III. En sus agravios el recurrente refiere lo siguiente:
• Que se viola en perjuicio del recurrente el artículo 16 constitucional, porque la sentencia del tribunal a quo incumple con las formalidades legales, ya que no funda y motiva adecuadamente.
• Que el tribunal a quo fue omiso al analizar el concepto de violación donde el recurrente sostiene se violó en su perjuicio el artículo 14 constitucional, que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
• Que el tribunal a quo no funda y motiva correctamente, cuando afirma que la Sala responsable emitió una resolución con base en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, y no a partir de los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once.
• Que el tribunal responsable no toma en cuenta que la prohibición de la reinstalación del trabajador (ahora reclamante) está relacionada con el incumplimiento a los requisitos de permanencia publicados en el Diario Oficial de la Federación de cinco de abril de dos mil once.
• Que la sentencia de la Sala, en fecha treinta de junio de dos mil catorce, evidencia que se aplicaron retroactivamente y en perjuicio del reclamante, los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once; contraviniendo así, el artículo 14 constitucional.
• Que si el reclamante ingresó a laborar el uno de noviembre de dos mil ocho en la Policía Federal, entonces no le son aplicables los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once, con base en el cual, se funda la sentencia de treinta de junio de dos mil catorce.
• Que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución atenta contra el contenido del artículo 5o., también de la Constitución, de modo que el primero es "inconstitucional".
• Que la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, impide a quienes obtienen como él una sentencia favorable en contra de la resolución que ordena la separación de su cargo, a ejercer una profesión digna y lícita.
SEXTO.-Estudio sobre la procedencia del recurso. Con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; así como en el punto primero, fracción II, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, este recurso es improcedente, en atención a que no reúne los requisitos de importancia y trascendencia que se requieren para que el medio de defensa interpuesto sea procedente, en tanto que los argumentos hechos valer en los agravios planteados en esta vía son inoperantes, dado que sobre la interpretación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe jurisprudencia emitida por esta Segunda Sala en torno a la prohibición de reincorporación al servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación.
El recurso de revisión en el amparo directo está regulado, entre otros, por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; así, el primero de tales numerales establece:
"Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
Del numeral que antecede se desprenden las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver amparos que se han planteado en vía directa, con la finalidad de que este Máximo Tribunal deje de conocer asuntos en los que no se debata un criterio de importancia y trascendencia, así como para fortalecer el carácter del Tribunal Constitucional del Alto Tribunal del País, en congruencia con el carácter uni-instancial del amparo directo, con el objeto de que, por excepción, se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en los asuntos que resulte imprescindible su intervención.
Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis 2a. XVI/2013 (10a.)(5) emitida por esta Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente:
"-De la comparación de los textos anterior y posterior a la reforma de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se advierte que, con la incorporación de la expresión ‘siempre’ existe un mandato expreso para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación examine si el problema a analizarse en la revisión contra sentencias dictadas en amparo directo fijará un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual se reafirma la restricción prevista desde la redacción anterior de la misma disposición, con la evidente finalidad de que este Alto Tribunal se ocupe exclusivamente de asuntos en los que el tema abordado tenga un significado jurídico relevante y más allá del caso concreto. Asimismo, con el objeto de reiterar la interpretación restrictiva del campo de aplicación de la fracción IX citada, el Constituyente Permanente, para garantizar que la materia del recurso de revisión en amparo directo se limite a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales -lo cual ya estaba ordenado desde el texto anterior- añadió la frase ‘sin poder comprender otras’, de forma que no hubiera duda alguna acerca de que la sentencia que se dicte invariablemente se vincule con el estudio directo de las disposiciones de la Norma Fundamental, excluyendo cualquier otro problema para cuya solución baste el estudio de la legislación derivada."
En esos términos, en debida observancia a la Norma Constitucional, los artículos 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo prevén:
"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:
"...
"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno.
"La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
"Artículo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."
Sobre el particular, es menester destacar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año mil novecientos noventa y nueve, en el Acuerdo Plenario Número 5/1999, punto primero, ha establecido los requisitos que se deben reunir para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, a saber:
a) Que en la sentencia recurrida se formule un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, que de haberse planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y,
b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio del Pleno o de la Sala respectiva.
Por otra parte, en la fracción II, también del punto primero del Acuerdo Plenario Número 5/1999, se estableció que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia, cuando:
Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado.
a) No se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir.
b) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.
Esas directrices y parámetros aún subsisten, en virtud de que, aun cuando se ha reformado el artículo 107, fracción IX, constitucional, y ahora es aplicable la nueva Ley de Amparo (artículos 81, fracción II, y 96), lo cierto es que permaneció la premisa fundamental de esas disposiciones, es decir, que el recurso de revisión debe ser importante y trascedente para que conozca esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, es criterio de esta Sala que, al analizar la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, basta para desecharlo que no se actualice uno de los requisitos de mérito, sin que sea necesario estudiar si se cumplen los restantes.
En cuanto a los requisitos para la procedencia del amparo directo en revisión, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 149/2007,(6)que a continuación se transcribe:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."
En efecto, en el caso no se satisface el requisito de importancia y trascendencia que haga procedente el recurso de revisión en amparo directo, pues el quejoso plantea argumentos tendentes a demostrar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito no funda y motiva correctamente, cuando afirma que la Sala responsable resolvió lo conducente a la reinstalación, con base en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, en donde el problema de fondo es la interpretación consistente en la prohibición absoluta de reincorporación al servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación; tema respecto del cual existe el criterio jurisprudencial 2a./J. 103/2010,(7) de esta Segunda Sala que atiende esa problemática, cuyos rubro y texto son:
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.-Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio."
De la jurisprudencia transcrita se advierte que el presente asunto no resulta de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, toda vez que para el estudio de interpretación que se pretende dilucidar ya existe jurisprudencia que resuelve el tema planteado.
El criterio transcrito plantea que en el caso de que los miembros de las instituciones policiales sean separados o removidos de sus cargos, bajo ningún supuesto procederá su reinstalación o restitución, aun cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese, separación o cualquier otra forma de terminación del servicio que fuese injustificada y logre obtener una sentencia favorable, siendo procedente, en tales casos, únicamente su indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho.
En consecuencia, esta Segunda Sala estima que el tema respecto del cual subsiste el problema de constitucionalidad no reviste de importancia y trascendencia, pues existe jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve el problema planteado; de ahí que sea improcedente el presente recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2009, siguiente:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA DESECHAR DICHO RECURSO POR NO REUNIR LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, AL EXISTIR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES NECESARIO QUE EN ÉSTA SE HAYA EXAMINADO DE MODO DIRECTO Y PRECISO EL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO.-Del Acuerdo 5/1999, de 21 de junio de 1999, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el recurso de revisión en amparo directo puede desecharse por no reunir los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia del Alto Tribunal sobre el tema de constitucionalidad planteado. Ahora bien, esto último debe entenderse en el sentido de que ello sólo ocurre cuando de modo directo y preciso se aborda ese tema en la jurisprudencia mencionada y no cuando a base de interpretaciones y razonamientos se llega a la aplicación del criterio de la tesis, pero referido a un tema distinto, aunque pudiera estar relacionado. Lo anterior deriva de que conforme al mencionado acuerdo, en el supuesto de improcedencia que señala, no es necesario realizar estudio alguno, pues el asunto se resolvería sólo citando la tesis, lo que no acontecería en casos diversos en los que la necesidad de ese examen impediría que, previamente, se determinara la improcedencia del recurso."(8)
En este orden de ideas, lo procedente es desechar el recurso de revisión en amparo directo, toda vez que no se reúnen los requisitos de procedencia,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25717-b9fdadf9/revision-en-amparo-directo-procede-contra-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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