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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA EN QUE EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE RESOLVER SI SE ACTUALIZA UNA EVENTUAL IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO, CUANDO LA RESPONSABLE ACOMPAÑE CONSTANCIAS DE ELLO PERO OMITA MANIFESTAR EXPRESAMENTE QUE EXISTA DICHA IMPOSIBILIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. · Registro digital (IUS): 27755
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-04-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Pág. 1469.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROBERTO HOYOS APONTE, JORGE LUIS MEJÍA PEREA Y ALBERTO AUGUSTO DE LA ROSA BARAIBAR. AUSENTE: JOSÉ NABOR GONZÁLEZ RUIZ. DISIDENTES: FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR Y ARTURO RAFAEL SEGURA MADUEÑO. PONENTE: JORGE LUIS MEJÍA PEREA. SECRETARIO: GUADALUPE BACA VALENCIA.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 9 y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Circuito, especializados en materia penal.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León.

TERCERO.-Posturas contendientes.

1. Resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 90/2016.

a) Antecedentes:

El quejoso promovió amparo indirecto en contra del director general y diversas autoridades, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", por la omisión de brindar atención médica; demanda que se admitió a trámite el siete de junio de dos mil dieciséis, por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León.

El ocho de agosto siguiente, se celebró audiencia constitucional, y el veintinueve de ese mes y año, se le concedió el amparo para el efecto de que la responsable le diera el medicamento y una rodillera que se le prescribiera, asimismo, seguimiento a los padecimientos diagnosticados; el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió oficio signado por la autoridad ordenadora, en donde informó que el **********, el quejoso egresó del centro de reclusión, al obtener libertad preparatoria, para lo cual anexó copias certificadas del acta **********.

El veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución concesoria, y en ese proveído, basándose en las constancias remitidas por la responsable, el a quo estimó procedente decretar imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de calificar tal resolución.

b) Resolución del incidente de inejecución.

En sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, determinó que se actualizó el imposible cumplimiento de la sentencia de amparo analizada y, por tanto, sin materia el incidente aperturado.

Para ello, el citado órgano colegiado de circuito consideró innecesario continuar con el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, dado que, de conformidad con el último párrafo del diverso 196, se advertía que se actualizaba la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia constitucional.

Lo anterior, pues de las constancias allegadas al incidente, apreció que si al quejoso se le concedió el amparo para el efecto que las autoridades señaladas como responsables, le dieran el medicamento y una rodillera que se le prescribiera, asimismo, proporcionaran seguimiento a los padecimientos diagnosticados; y si días posteriores a ese fallo, se informó que el impetrante egresó del centro de reclusión, al obtener libertad preparatoria [previo a que causara ejecutoria el fallo], resultaba patente que no existía algún indicio de que las autoridades responsables fueran renuentes en acatar el fallo protector, sino que por el egreso del impetrante de dicho centro de internamiento, era materialmente imposible acatar los efectos de la concesión (cuyo cumplimiento ya no fue requerido evidentemente por la cronología de los sucesos).

Tampoco consideró necesario sentar las bases para un cumplimiento sustituto, al no encontrar una medida alternativa para la restitución de los derechos fundamentales del quejoso, en virtud de que, al ya no encontrarse éste bajo custodia de alguna autoridad penitenciaria, no existía vinculación de dichas autoridades con aquella determinación.

Por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, declaró actualizada la imposibilidad material del cumplimiento de la sentencia de amparo y, consecuentemente, sin materia el incidente de inejecución de mérito.

2. Resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 36/2017.

a) Antecedentes.

El quejoso promovió amparo indirecto en contra del director general y diversas autoridades, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", por la omisión de brindar atención médica; demanda que se admitió a trámite el ocho de agosto de dos mil dieciséis, por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León.

El veintitrés de septiembre siguiente, se emitió el fallo, concediéndose el amparo al impetrante, para que la responsable acreditara que le otorgó los medicamentos prescritos al interno; el catorce de octubre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución concesoria, por lo que se requirió a las responsables su cumplimiento, tanto en ese proveído, como en ocho diversos (siendo el último el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete).

Por oficio de **********, el director general del citado centro de reclusión, informó al Juez de Distrito que el impetrante dejó de formar parte de la población penitenciaria, desde el **********, en virtud de que se le concedió libertad preparatoria, anexando copias certificadas para el efecto de acreditar lo anterior; el diecinueve de junio siguiente, el a quo decretó la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito.

b) Resolución del incidente de inejecución.

En sesión de nueve de agosto de dos mil diecisiete, el citado Órgano Colegiado de Circuito ordenó devolver los autos al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para el efecto que continúe el procedimiento de ley para el cumplimiento de la sentencia de amparo, antes de considerar su imposibilidad jurídica y material.

Para ello, se precisó el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, explicándose el procedimiento de ejecución de un fallo constitucional, y que, tratándose del cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, los numerales del 192 al 209 y 211 al 214 de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento, mediante el cual se puede constreñir a las autoridades responsables, a sus superiores jerárquicos (en caso de que los haya) y a las que se encuentren vinculadas a cumplirlas así como la posibilidad de aplicarles las sanciones que correspondan.

Que, en esa virtud, en el caso no se podía determinar la imposibilidad de cumplir una ejecutoria porque, no obstante que el Juez de amparo inició el procedimiento de ejecución y requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a las responsables; sin embargo, corresponde a éstas acreditar de manera fehaciente e indudable ante el órgano de control constitucional que la ejecutoria no puede cumplirse en razón de que existen factores externos, imprevisibles y ajenos a su control para que se considere que se encuentran imposibilitadas en acatar el fallo protector; que pese a que el quejoso ya no se encuentra privado de su libertad, la ordenadora no vertió manifestación en el sentido de que ello le imposibilite cumplir con el fallo protector.

En consecuencia, el Órgano Colegiado de Circuito estimó que debe seguirse el procedimiento marcado en ley para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo antes de alegarse su imposibilidad; así, dejó sin efectos el pronunciamiento hecho por el Juez de Distrito, para que se exija el acatamiento del fallo protector a las responsables.

CUARTO.-Existencia de la contradicción.

En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe la contradicción de tesis, pues sólo en tal supuesto es factible que este Pleno de Circuito emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia. Para ello, es indispensable tomar en consideración lo siguiente:

La intervención de este Pleno de Circuito se justifica por la necesidad de unificar criterios para así dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia; por tanto, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centren en una misma problemática y concluyan con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(1)

En congruencia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no es necesario que los criterios opuestos sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de "a mayor abundamiento" pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales.(2)

Por otra parte, la Primera Sala del Máximo Tribunal ha referido que a fin de determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, como jurisprudencia, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Así, por tesis debe entenderse, para estos efectos, el criterio adoptado por un órgano jurisdiccional terminal a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia.(3)

De esta manera, puede concluirse que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.

3. Que las tesis o criterios de los Órganos Colegiados de Circuito resulten contradictorios, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial

Como ya se vio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito consideró que existía imposibilidad jurídica y material por parte de la responsable, para cumplir con el fallo protector ordenado, por lo que declaró sin materia el incidente de inejecución de sentencia, puesto que dicha autoridad, una vez emitida la resolución de amparo, y sin haber causado ejecutoria, por lo que no se le había formulado requerimiento para que cumpliera con el fallo, remitió constancias al Juez de Distrito a efecto de hacerle de conocimiento que el quejoso egresó del centro penitenciario días previos, al obtener el beneficio de prelibertad, anexando las constancias que comprobaron lo anterior.

En razón de ello, el citado Órgano Colegiado de Circuito consideró correcta la decisión del a quo respecto a que, una vez que causó ejecutoria la sentencia protectora, en ese mismo proveído (y sin requerir cumplimiento alguno), se declaró la referida imposibilidad, ya que al no encontrarse el impetrante bajo la custodia de alguna autoridad penitenciaria -por la libertad obtenida-, dichas autoridades ya no se encontraban vinculadas en forma alguna a cumplir con el fallo; descartando así, renuencia por parte de éstas en acatar la sentencia.

Ahora, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, dentro de su incidente de inejecución de sentencia, consideró devolver los autos al Juez de Distrito, a efecto de que continuara con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo que contempla la ley.

Lo anterior, al estimar que no se podía determinar la imposibilidad jurídica de acatar el fallo porque, no obstante que el Juez de amparo inició el procedimiento de ejecución y requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo a las responsables [en nueve ocasiones], corresponde a dichas autoridades acreditar fehaciente e indudable ante el Juez de amparo que no se puede acatar el fallo, pues aunque el quejoso ya no se encuentre privado de su libertad, la ordenadora no manifestó la imposibilidad que determinó el a quo.

Segundo requisito: punto de toque o contacto en torno a un mismo problema jurídico

Elementos de identidad.

En ambos casos el quejoso estaba interno en un centro de reclusión, y reclamó a las autoridades penitenciarias falta de atención médica.

El Juez de Distrito concedió los amparos, para efecto de que las responsables proporcionen, ya sea medicamentos o la atención propia.

Los dos quejosos dejaron de formar parte de la población penitenciaria, al acogerse al beneficio de libertad preparatoria, lo que fue comunicado al a quo por la autoridad responsable.

En los dos juicios, sin que la autoridad responsable manifestara expresamente estar imposibilitada a cumplir con el fallo Federal, el Juez consideró que por dicha libertad, se actualizaba imposibilidad jurídica y material, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito.

ELEMENTOS DE DISTINCIÓN

Ver elementos de distinción

Como puede advertirse, podría considerarse que en los casos analizados no existe la contradicción de tesis, puesto que en el primer asunto, la autoridad responsable informó al Juez de Distrito el egreso del impetrante previo a que causara ejecutoria el fallo concesorio, esto es, cuando ni siquiera existía requerimiento para el cumplimiento, al no haber iniciado la etapa de ejecución; en el segundo juicio, dicha información fue proporcionada después de nueve requerimientos realizados, ya en ejecución de sentencia.

En esa tesitura, si bien podría determinarse que los Tribunales Colegiados de Circuito partieron de que la información remitida al Juez de amparo, aconteció en estadios procesales diversos, pues en un juicio fue previo a que causara ejecutoria el fallo, y en el otro, fue en la etapa de ejecución como tal, posterior a nueve requerimientos; lo cierto es, que una de las finalidades de las contradicción de tesis, es precisamente unificar criterios para dotar de certeza y seguridad jurídica tanto a los gobernados, como a los operadores jurídicos.

Ante tal panorama, y con esa justificación, este Pleno de Circuito en Materia Penal considera que sí existe ese punto de toque o contacto, partiendo de que éste se dio, al momento en que cada uno de los órganos terminales interpretó en forma diversa la información aportada al a quo por la autoridad responsable, ya que en ambos supuestos el Juez de Distrito consideró que existía imposibilidad jurídica y material para acatar el fallo protector -no obstante que las circunstancias difirieron-, sólo con base en la información y documentales remitidas por la responsable, pues en ninguna de las comunicaciones dicha autoridad manifestó expresamente esa imposibilidad a la que hizo referencia el a quo.

Pese a ello, los órganos terminales emitieron resoluciones en contrario, ya que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito consideró actualizada la imposibilidad jurídica y material para acatar el fallo, dado que la responsable dio noticia de la misma información, sin que hubiera requerimiento alguno hacia la responsable a acatar el fallo -previo a que causara ejecutoria-; estimando que no existía algún indicio de renuencia por parte de las responsables en acatar el fallo (pues en realidad nunca fueron requeridas).

Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito ordenó devolver los autos al juzgado, a efecto de que se continuara con el procedimiento de ejecución ya iniciado, pues no obstante que el Juez requirió a la ordenadora el cumplimiento del fallo concesorio, ésta únicamente informó que el quejoso no se encontraba privado de su libertad, sin hacer manifestación alguna en el sentido de que ello le imposibilite cumplir con la ejecutoria.

De ahí que dichos asuntos al ser resueltos, aun y cuando se suscitaron en circunstancias que no guardan del todo identidad, por el estadio procesal en que se encontraban, en esencia, ambos Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron con la misma información, esto es, que el quejoso egresó, pues así se desprendió de la manifestación de la responsable, sustentado en documentales; siendo ése el toque jurídico que se requiere para considerar existente la contradicción de tesis.

Tercer requisito. Pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

El punto a dilucidar en este estudio es: cuando la responsable remite constancias a la autoridad constitucional, de las que pudiera desprenderse de forma evidente la imposibilidad de acatar el fallo protector ¿es necesario que expresamente manifieste dicha imposibilidad de cumplimiento?

QUINTO.-Criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia.

La finalidad de una concesión de amparo, es que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación -tratándose de actos de carácter positivo-, u obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exigía -actos negativos o que impliquen una omisión-; por tanto, las ejecutorias de amparo deben ser puntual y totalmente cumplidas, sin excesos ni defectos, pues ésa es la finalidad de un fallo protector.

Tema al que se le dio relevancia, tal y como se estableció en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, por parte de la Cámara de Origen -senadores-, en torno a la iniciativa de reforma de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de nuestra Ley Fundamental, uno de los temas más complejos del juicio de amparo es el relativo a la ejecución de sentencias. La importancia del tema radica, como es evidente, en el hecho de que de no lograrse la realización material y rápida de las sentencias, el juicio mismo no tendría ningún sentido.(4)

Situación que se retomó en el dictamen emitido por la Cámara de Origen, al discutir la iniciativa de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al analizar el Título Tercero, de Cumplimiento y Ejecución:

"una de las partes torales del juicio de amparo es la etapa de la ejecución de la sentencia. Su importancia no es trivial. Por el contrario, es el momento en el que se materializa la decisión a la que arribó el juzgador. ...la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida."(5)

Ahora, el garante de tal cumplimiento por parte de las autoridades responsables, es el órgano judicial de amparo, quien, una vez ejecutoriado el fallo, requerirá y procurará su cumplimiento tal y como lo establece la ley reglamentaria.

Así, genéricamente podemos encontrarnos inicialmente ante dos panoramas, uno, que la sentencia concesoria se cumpla de forma completa; el otro, que no se logre su cumplimiento. Respecto a esta última premisa, el artículo 193, de la Ley de Amparo, establece el procedimiento a seguir y las consecuencias cuando no se logra cumplir el fallo en el plazo fijado, esto es, las sanciones a los omisos, siempre y cuando no exista justificación.

Empero, puede darse una tercera hipótesis, esto es, cuando por factores externos, imprevisibles y ajenos al control de las autoridades responsables, se encuentren imposibilitadas para acatar el fallo protector, lo cual, deberá hacerse del conocimiento del órgano judicial de amparo, pues será éste quien determinará, mediante una resolución fundada y motivada, si en efecto se actualiza dicha imposibilidad de cumplimiento y la consecuencia de ello, ya sea declarando tal imposibilidad sin ulterior trámite o sentando las bases para un cumplimiento sustituto.

Ahora, la imposibilidad para cumplir, sin ulterior trámite, es la hipótesis a partir de la cual se generó la presente contradicción, y en cuanto a si es ineludible o no la manifestación de la autoridad responsable, en la que expresa y categóricamente manifieste que tiene tal imposibilidad; la ley no establece tal requisito, pero evidentemente resultaría ideal para que, con base en tal expresión, el órgano de amparo determine si con las pruebas que debe acompañar la autoridad responsable para justificar su postura, se concluye si se está o no ante ese imposible cumplimiento.

No obstante esa situación ideal, se puede dar el caso de que, aun sin la manifestación expresa de referencia, las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento y la postura relativa de la autoridad responsable.

Pero existe una variante más, y es que pudiera ser que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin dudas el imposible cumplimiento y ante el silencio de la responsable, tampoco se sabe su postura; es decir, si pretende dar cumplimiento y sólo está justificando alguna demora o si está enviando el mensaje de que no puede cumplir.

Ello hace jurídicamente inviable sentar una regla, pues evidentemente cada caso será digno de ponderación conforme a las constancias que se hayan hecho llegar al expediente, porque no es aceptable que el órgano de amparo declare el imposible cumplimiento que nos ocupa, con base en el solo dicho de la responsable, sin constancias que lo soporten.

Tampoco es aceptable que, para cumplir con un requisito (que debido a las peculiaridades del caso se erija en un simple formalismo), cuando de las constancias de autos se advierta sin lugar a dudas la imposibilidad de cumplir con el fallo protector pero falte la manifestación expresa en tal sentido por parte de la responsable, se prolongue injustificadamente el trámite de ejecución y se retarde el archivo del expediente para exigir una frase que finalmente no habría de cambiar el estado del asunto, que se dio desde que se recibieron las constancias antes mencionadas.

Finalmente, resulta también inadmisible que, por interpretar las constancias de autos y sin manifestación de imposibilidad para cumplir, hecha por la responsable, se dé por concluido algún asunto donde dicha responsable no está posicionada en un incumplimiento, sino que tiene la intención de acatar el fallo protector y las constancias que envió fueron para justificar la demora en lo que concluye su estrategia de cumplimiento.

Por ende, en cada caso el órgano judicial de amparo deberá ponderar si está en condiciones de calificar si se encuentra o no ante la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, cuando se han acompañado las constancias relativas pero se carece de la manifestación expresa de la autoridad responsable, resolviendo si declara ese imposible cumplimiento, o bien, si declara que no hay tal imposibilidad y devuelve los autos para que se continúe con el trámite relativo, o también pudiera ser para que se requiera a la responsable para que, en su caso, haga la manifestación relativa a su imposibilidad o no de acatar el fallo protector; siendo evidente que, para ello, o después de ello, el órgano judicial de amparo, con vista en las constancias relativas, haga la declaración final que al efecto proceda.

Sin que lo anterior implique de forma alguna inadvertir el contenido de la jurisprudencia 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.",(6) pues en ésta, si bien la Corte explicó el procedimiento a seguir para efecto de que el fallo protector en un amparo indirecto sea cumplido a cabalidad, sin excesos o defectos, lo cierto es que no se abordó cómo y cuándo se debe calificar la imposibilidad jurídica y material para ejecutar una sentencia de amparo; es decir, cuándo una ejecutoria no puede cumplirse, tema el cual fue planteado en la presente contradicción de tesis.

Es así, pues este estudio detonó dado que a un quejoso, interno en un centro de reclusión, se le otorgó la protección constitucional para que las responsables (autoridades carcelarias) le dieran atención médica; sin embargo, al egresar de dicho sitio por obtener su libertad, se torna jurídica y materialmente imposible ordenar el cumplimiento y acatar el fallo protector, lo cual, se insiste, no fue contemplado en el análisis de dicha jurisprudencia.

Consecuentemente, por las razones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 215, 216, párrafo segundo, 225 y 226, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, al tenor de la tesis redactada con los siguientes título, subtítulo y texto:

Cuando la autoridad responsable sólo remite constancias de una eventual imposibilidad para acatar el fallo protector, sin manifestación expresa de dicha imposibilidad, el órgano judicial de amparo deberá ponderar en cada caso si se está o no ante la necesidad de requerir esa expresión, o bien, sin ella, estimar que se actualiza la imposibilidad de que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que habrá asuntos en los que sí se requiera esa expresión y otros en los que sea innecesario; ello, pues puede acontecer que: 1) las pruebas que al efecto acompañe la responsable, sean aptas y bastantes para que, sin tener lugar a dudas, sea evidente ese imposible cumplimiento, por lo que exigir una manifestación expresa de la autoridad tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente (por ejemplo, cuando a un interno se le concedió la protección constitucional para que se le brinde atención médica, pero éste egresó al obtener su libertad); o 2) que las pruebas no sean suficientemente claras para evidenciar sin duda el imposible cumplimiento y, ante el silencio de la responsable, tampoco se conozca su postura, ya que esas constancias pueden ser sólo para justificar alguna demora, caso en el que sería necesario requerir esa manifestación a la responsable. Por tanto, no puede establecerse una regla genérica, pues dependerá de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que el órgano judicial de amparo actúe en consecuencia; sin que ello implique inadvertir la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 54/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.", toda vez que en ésta se analizó el procedimiento para lograr el cumplimiento del fallo protector, mas no la actualización de la imposibilidad jurídica y material para ejecutarse.

Lo anterior, sin afectar la situación jurídica concreta derivada de los juicios que dieron origen a las sentencias contradictorias, de conformidad con el artículo 226, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Remítase la tesis que se sustenta en la presente resolución, dentro del plazo de quince días, a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, en términos de lo expuesto en el artículo 219, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.-Existe la contradicción de tesis entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en términos del considerando cuarto.

SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, de conformidad con la tesis redactada en el último considerando del presente fallo.

TERCERO.-Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219, de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese esta determinación a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, y por vía electrónica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por mayoría de tres votos de los Magistrados Roberto Hoyos Aponte (presidente), Jorge Luis Mejía Perea (ponente) y Alberto Augusto De la Rosa Baraibar, contra el voto de los Magistrados Francisco Javier Araujo Aguilar y Arturo Rafael Segura Madueño, en unión del secretario de acuerdos licenciado José Alejandro Gómez del Río, quien autor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27755-c3077762/sentencias-de-amparo-forma-en-que-el-organo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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