PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 476/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 17 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO APARTÁNDOSE DE CONSIDERACIONES, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA Y EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.
II. Competencia
6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(3) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos y, al ser un asunto de orden penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.
III. Legitimación
7. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que emitió uno de los criterios que contienen.
IV. Criterios denunciados
8. Es importante precisar que los Tribunales Colegiados contendientes emitieron los criterios denunciados al estudiar legislaciones diversas, pues el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito analizó el artículo 102 del Código Penal para el Estado de Morelos, mientras que el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito analizó los artículos 100, 105 y 107 del Código Penal para el Estado de Sonora, artículos que señalan lo siguiente:
Ver artículos
9. Los artículos que examinaron ambos tribunales, a pesar de estar en legislaciones diferentes, se refieren a la figura de la prescripción, ya que en ellos se prevé la forma en cómo opera, sus supuestos de procedencia y de qué manera se puede interrumpir.
10. Precisado lo anterior, y con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis, esta Primera Sala se avoca a analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados fundaron sus criterios jurisdiccionales.
a) Amparo en revisión 173/2014, del índice del actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito
11. Hechos. El diecisiete de noviembre de dos mil diez, los señores **********, **********, ********** y ********** denunciaron ante el Ministerio Público a los señores **********, ********** y **********, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del Código Penal para el Estado de Morelos.(4) Iniciadas y agotadas las investigaciones, el Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los señores **********, ********** y ********** y solicitó se librara orden de aprehensión en su contra.
12. Causa penal. El Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos tuvo por recibida la averiguación previa y radicó la causa penal con número **********. Luego de analizar la petición, negó librar la orden de aprehensión porque consideró que la pretensión punitiva había prescrito, en consecuencia sobreseyó la causa penal.
13. Recurso de apelación. En contra de esa decisión, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (toca **********), la cual confirmó la negativa de librar la orden de aprehensión.
14. Juicio de amparo directo. Contra lo anterior, dos de los ofendidos promovieron juicio de amparo directo que conoció el actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, el cual concedió el amparo para que la Sala Penal emitiera otra determinación en la que analizara si el delito de fraude, en el caso concreto, es instantáneo, permanente o continuado, y con base en ello determinara si en realidad estaba prescrita la acción penal.
15. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La Sala Penal dictó una nueva resolución en la que determinó que el delito de fraude era continuado, por dicha razón estimó que el cómputo de la prescripción comenzaba en noviembre de dos mil nueve (fecha en que se ejecutó la última conducta delictiva). En consecuencia, revocó la resolución de primera instancia y ordenó la aprehensión de los imputados.
16. Juicio de amparo indirecto. En desacuerdo, los imputados promovieron amparo indirecto, que conoció el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa (expediente **********).
17. Mediante sentencia de nueve de abril de dos mil catorce, el Juez de Distrito señaló que el delito de fraude se consuma en el momento en que una persona entrega a otra, a través del engaño, el bien o numerario materia del delito, pues en ese instante se produce el perjuicio para la primera y el beneficio o lucro de la segunda. Por lo que en el caso concreto, la última ocasión en la que se consumó el fraude imputado fue el primero de abril de dos mil ocho.
18. Destacó que el término para que operara la prescripción del delito de fraude es de tres años, por lo que, si el plazo empezó a computarse el primero de abril de dos mil ocho, la segunda mitad del plazo iniciaría el primero de octubre de dos mil nueve, por lo que la prescripción operaría a partir del primero de abril de dos mil once.
19. Hecha tal precisión, el Juez de Distrito señaló que la querella se presentó el diecisiete de noviembre de dos mil diez, fecha en la cual ya corría la segunda mitad del plazo para que operara la prescripción.
20. Si bien el Ministerio Público realizó diversas actuaciones, éstas no interrumpieron el plazo para que se actualizara la prescripción. Ello, porque se llevaron a cabo durante la segunda mitad del plazo para que se actualizara la prescripción y ese plazo sólo podía interrumpirse con la detención de los inculpados, lo que no aconteció ya que la averiguación previa se consignó el veintitrés de marzo de dos mil doce, fecha para la cual ya estaba prescrita la acción penal.
21. Por lo anterior, concedió el amparo para que la Sala Penal emitiera otra resolución en la que se declarara que la acción penal ejercida en contra de los quejosos había prescrito.
22. Recurso de revisión. Inconforme, el ofendido ********** (tercero interesado) interpuso recurso de revisión en el que planteó como agravios los siguientes:
i) El Juez de Distrito no aplicó de manera adecuada la figura de la prescripción, ya que debió tomar en consideración la naturaleza del delito de fraude, así como su fecha de consumación, toda vez que, si el ilícito es continuado, el cómputo para la prescripción inicia con la última conducta desplegada por los quejosos y no a partir de la consumación del delito.
ii) El Juez de Distrito se limitó a aplicar los artículos 97 a 102 del Código Penal para el Estado de Morelos,(5) sin realizar un análisis que evidencie el contenido, alcances y adecuación de tales artículos. Si bien el delito de fraude se persigue a petición de parte, no es cierto que todos los delitos por querella prescriban en tres años como señala el Juez de Distrito, basta acudir al artículo 99 del código sustantivo penal, para advertir que la prescripción depende del tipo de penalidad que tenga asignada el delito, y no si éste es perseguible de oficio o a petición de parte.
23. Sentencia objeto de contradicción. Del recurso conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, bajo el número de expediente 173/2014.
24. En la sentencia, aunque la parte recurrente no alegó la convencionalidad de algún artículo, el Tribunal Colegiado realizó un control de convencionalidad ex officio del artículo 102, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Morelos, por lo que revocó la sentencia recurrida y negó el amparo a los imputados.
25. Entre los motivos que sustentaron dicha decisión, se encuentran los siguientes:
i) De acuerdo con el artículo 16, fracción I, del Código Penal para el Estado de Morelos,(6) los plazos de la prescripción se cuentan a partir de que se consuma el delito, cuando éste sea instantáneo y si fuere continuado desde que se realizó la última conducta. Las actuaciones que se encaminen a la averiguación del delito, a la ubicación del paradero del inculpado y a su entrega o juzgamiento, interrumpen el plazo de la prescripción; lo cual no ocurrirá, cuando dichas actuaciones se practiquen durante la segunda mitad del plazo para que opere la prescripción, pues en este caso sólo se interrumpirá por la detención del inculpado.
ii) En el caso, el delito de fraude puede consumarse de manera instantánea o continua, por tanto, con apoyo del artículo 100 del Código Penal citado,(7) la fecha de la consumación o última conducta del ilícito de fraude cometido contra cada uno de los ofendidos ocurrió en abril de dos mil ocho.
iii) El delito de fraude no se trata de un delito perseguible por querella, por lo que se ubica en la hipótesis del segundo párrafo del artículo 99 del código penal, que señala "... En los demás casos, la pretensión prescribirá en tres años". Por tanto, si el delito prescribe en tres años y la consignación ante el Juez Penal se realizó hasta el veintitrés de marzo de dos mil doce, quedaba demostrado que había prescrito el delito.
iv) Resulta imprescindible llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio del artículo 102, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Morelos,(8) que tuvo en cuenta el Juez de Distrito para declarar la prescripción de la acción penal, con independencia de que, en los agravios formulados por el recurrente, no se adviertan argumentos tendentes a controvertir su convencionalidad.
v) No es posible realizar una interpretación conforme en sentido amplio ni en sentido estricto del artículo 102, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Morelos, que establece que "no impedirán o interrumpirán el curso de la prescripción cuando se practiquen durante la segunda mitad del plazo para que opere aquélla. En este caso, la prescripción sólo se interrumpirá por la detención del inculpado"; toda vez que dicha porción normativa pugna frontalmente con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(9) y con los criterios vinculantes y orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual dicha porción normativa es inconvencional.
vi) Si bien en el ordenamiento jurídico estatal el delito de fraude no está considerado como no grave, ello no impide considerar la inconvencionalidad del último párrafo del artículo 102, pues obstaculiza la sanción de los responsables de los delitos y dificulta el acceso de las víctimas a los tribunales. Lo que es contrario a las disposiciones de derecho internacional anteriormente referidas, al privarse a la víctima del delito o a sus familiares al acceso a las garantías judiciales y de protección judicial, así como a su derecho de obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
vii) En consecuencia, la sentencia recurrida es inconstitucional por apoyarse en una norma que resultó inconvencional.
26. La anterior resolución dio lugar a que el Tribunal Colegiado emitiera la tesis aislada XVIII.3o.1 P (10a.), cuyos título, subtítulo y texto establecen:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, AQUÉLLA SÓLO SE INTERRUMPIRÁ POR LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE, POR SER CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El último párrafo del artículo 102 del Código Penal para el Estado de Morelos, al establecer que durante la segunda mitad del plazo establecido para que opere la prescripción, ésta sólo se interrumpirá por la detención del inculpado, es inconvencional y debe inaplicarse, por ser contrario a los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que dicha porción normativa obstaculiza la sanción de los responsables de los delitos y dificulta el acceso de la víctima u ofendido a los tribunales, y a las garantías judiciales y de protección judicial, pues la eventual declaratoria de prescripción bajo los parámetros mencionados, implica la absolución del inculpado y, en consecuencia, un menoscabo al derecho humano de la víctima; máxime cuando es consecuencia de la inactividad del Ministerio Público, como órgano de procuración de justicia, por lo que la víctima u ofendido no es responsable de velar por la celeridad de la actuación en el desarrollo del proceso penal, ni por la falta de la debida diligencia de las autoridades; más aún, cuando el interés e intención de aquélla se satisfizo con la noticia que se dio del delito a través de la denuncia o querella dentro del término establecido en la ley; no considerarlo así, sería aceptar que es jurídico y válido que se declare la prescripción de un derecho mientras se está ejerciendo. Sin que lo anterior implique que la prescripción, en casos de delitos no graves, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, sea inconvencional y deba desaplicarse, sino que la inaplicación en el caso, deriva de los términos establecidos en la propia norma analizada."(10)
b) Amparo directo 404/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito
27. Hechos. El veintinueve de octubre de dos mil doce, el representante legal de la persona moral ********** presentó denuncia ante el Ministerio Público, en contra del señor **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude cometido en perjuicio de su representada. Iniciadas y agotadas las investigaciones, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Ministerio Público ejerció acción penal en contra del señor ********** y solicitó se librara orden de aprehensión en su contra.
28. Causa penal. El veinte de abril de dos mil dieciocho, el Juez Mixto de Primera Instancia de Cananea, Sonora, tuvo por recibida la averiguación previa y radicó la causa penal con número **********. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, libró orden de aprehensión en contra del señor **********. Mediante oficio **********, de cinco de mayo de dos mil dieciocho, el jefe de Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal informó al Juez de primera instancia que, en cumplimiento de la orden de aprehensión, se había detenido al señor **********.
29. El Juez decretó auto de formal prisión en contra del nombrado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 318 del Código Penal para el Estado de Sonora,(11) en perjuicio de la persona moral ya mencionada.
30. Recurso de apelación. En contra de la determinación anterior, el imputado interpuso recurso de apelación en el que alegó que el delito había prescrito.
31. Del recurso conoció el Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito, con residencia en Caborca, Sonora (toca **********), que revocó el auto de formal prisión, al considerar que la acción penal estaba prescrita, ya que si bien hubo actuaciones en la averiguación previa, éstas no interrumpieron la prescripción, en virtud de que se practicaron después de que transcurrió la mitad del tiempo para que ésta operara, tal y como lo prevé el último párrafo del artículo 107 del Código Penal para el Estado de Sonora.
32. Se estableció que la averiguación previa inició el veintinueve de octubre de dos mil doce, cuando el representante legal de la persona moral ********** presentó la denuncia; a partir de esa fecha el Ministerio Público realizó diversas actuaciones, hasta el día veintiuno de mayo de dos mil trece, en que se certificó que el imputado no compareció a una cita que tenía ante el Ministerio Público. Que desde esa fecha no se actuó en la averiguación previa hasta el tres de septiembre de dos mil quince, en que el denunciante autorizó a diversos abogados para que coadyuvaran con el Ministerio Público, a partir de esa fecha no se interrumpieron las actuaciones hasta la consignación de la averiguación previa que ocurrió el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mientras que la detención del imputado ocurrió el cinco de mayo de dos mil dieciocho.
33. El tribunal precisó que el término para que operara la prescripción del delito de fraude es de cuatro años y veintiséis días, y que con motivo de que el veintiuno de mayo de dos mil trece se dejó de actuar en la averiguación, a partir de esa fecha se empezaría a computar el plazo, por lo cual la segunda mitad del plazo iniciaría el seis de junio de dos mil quince, mientras que la prescripción operaría a partir del diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
34. Si bien el Ministerio Público realizó diversas actuaciones a partir del tres de septiembre de dos mil quince, éstas no interrumpieron el plazo para que se actualizara la prescripción, porque se llevaron a cabo durante la segunda mitad del plazo para que se actualizara la prescripción y ese plazo, de conformidad con el artículo 107, último párrafo, del Código Penal para el Estado de Sonora, sólo podía interrumpirse con la detención del imputado, lo que ocurrió el cinco de mayo de dos mil dieciocho, fecha posterior al diecinueve de junio de dos mil diecisiete en que operó la prescripción.
35. Por lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado Regional del Tercer Circuito decretó el sobreseimiento de la causa y, en consecuencia, ordenó la libertad del señor **********.
36. Juicio de amparo directo. Contra lo anterior, la persona moral ofendida promovió juicio de amparo directo, en el que señaló como conceptos de violación los siguientes:
i) Que la inactividad durante la averiguación previa fue por omisión de la autoridad investigadora no atribuible a la parte ofendida.
ii) La prescripción sí se interrumpió con las actuaciones que se llevaron a cabo en la averiguación previa, porque la responsable debió considerar que la aplicación estricta de las porciones normativas contenidas en los artículos 100, 105 y 107, del Código Penal para el Estado de Sonora,(12) vulneró el derecho fundamental de acceso a la justicia para la víctima. Ello, porque se reduce el término para recabar diligencias, las cuales si se recaban durante la segunda mitad para que opere la prescripción, no la interrumpen, obstaculizando la sanción de los responsables de los delitos y el acceso de la parte ofendida a los tribunales por implicar la absolución del inculpado, por lo que es un menoscabo a los derechos contenidos en los artículos 17, párrafo segundo y 21 constitucionales,(13) en relación con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(14)
iii) El tribunal de origen no tomó en consideración que la parte ofendida no es responsable de velar por la celeridad de la actuación en el desarrollo del proceso penal, ni por falta de la debida diligencia de las autoridades, ya que el interés por su parte se satisfizo con la interposición de la querella en el término establecido para ello.
iv) Declarar prescrita la acción penal, equivale a considerar que un derecho prescribe mientras se está ejerciendo.
v) Apoyó sus argumentos con la tesis aislada XVIII.3o.1 P (10a.), emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito), contendiente en esta contradicción, de título, subtítulo y texto:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, AQUÉLLA SÓLO SE INTERRUMPIRÁ POR LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE, POR SER CONTRARIO A LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El último párrafo del artículo 102 del Código Penal para el Estado de Morelos, al establecer que durante la segunda mitad del plazo establecido para que opere la prescripción, ésta sólo se interrumpirá por la detención del inculpado, es inconvencional y debe inaplicarse, por ser contrario a los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que dicha porción normativa obstaculiza la sanción de los responsables de los delitos y dificulta el acceso de la víctima u ofendido a los tribunales, y a las garantías judiciales y de protección judicial, pues la eventual declaratoria de prescripción bajo los parámetros mencionados, implica la absolución del inculpado y, en consecuencia, un menoscabo al derecho humano de la víctima; máxime cuando es consecuencia de la inactividad del Ministerio Público, como órgano de procuración de justicia, por lo que la víctima u ofendido no es responsable de velar por la celeridad de la actuación en el desarrollo del proceso penal, ni por la falta de la debida diligencia de las autoridades; más aún, cuando el interés e intención de aquélla se satisfizo con la noticia que se dio del delito a través de la denuncia o querella dentro del término establecido en la ley; no considerarlo así, sería aceptar que es jurídico y válido que se declare la prescripción de un derecho mientras se está ejerciendo. Sin que lo anterior implique que la prescripción, en casos de delitos no graves, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, sea inconvencional y deba desaplicarse, sino que la inaplicación en el caso, deriva de los términos establecidos en la propia norma analizada."(15)
37. Sentencia objeto de contradicción. Amparo directo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, bajo el número de expediente 404/2018, el cual negó el amparo con base en las consideraciones siguientes:
i) Los artículos 100, 105 y 107 del Código Penal para el Estado de Sonora no vulneran los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, acceso a la justicia de la víctima ni el de acceso a la jurisdicción previstos en la Constitución Federal (artículos 17 y 21) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25). Lo anterior, porque si bien los artículos del Código Penal para el Estado de Sonora establecen los plazos para ejercer la acción penal e hipótesis para la interrupción, también lo es que no son carentes de racionalidad o proporcionalidad ni son discriminatorios.
ii) Son racionales porque el derecho de tutela judicial efectiva no es absoluto, pues se encuentra frente al derecho del indiciado, a quien se le proporciona a su vez seguridad jurídica y límite en ese ejercicio del estado a través de la prescripción; y son proporcionales dado que los plazos de prescripción son determinados por el legislador en función a si el delito es perseguido de oficio o por querella. Además, establece supuestos de interrupción del plazo de prescripción con base en los cuales la representación social puede lograr que no se actualice la prescripción de la acción penal.
iii) Tampoco son discriminatorios porque todos los ofendidos o víctimas tienen la misma normativa para computar la prescripción y no hace distinción para ellos. Incluso, durante todo el procedimiento penal, ya sea a nivel ministerial o judicial, de conformidad con el artículo 142, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora (abrogado),(16) la parte ofendida tiene la oportunidad de coadyuvar con el Ministerio Público y así evitar la prescripción.
iv) Que no se advertía la necesidad de realizar una interpretación conforme en sentido amplio, ni en sentido estricto o la inaplicación de la norma, pues no se está en presencia de alguna normatividad o categoría que resulte sospechosa o dudosa en relación con los parámetros de control de derechos fundamentales de la quejosa, aunado a que no destaca argumento en particular para que ese Tribunal Colegiado se pronunciara en tal sentido. Citó aplicable la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto."(17)
v) Que no era vinculante la tesis aislada XVIII.3o.1 P (10a.), del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito), pues se trata de un criterio aislado emitido por otro Tribunal Colegiado.
38. La anterior resolución dio lugar a que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito emitiera la tesis aislada V.1o.P.A.7 P (10a.), cuyos título, subtítulo y texto establecen:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LOS ARTÍCULOS 100, 105 Y 107 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA QUE LA REGULAN, NO VIOLAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA. Los preceptos citados, que regulan la figura de la prescripción de la acción penal, los términos para que opere y las hipótesis de interrupción, no violan los derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito a la tutela jurisdiccional efectiva y de acceso a la justicia, toda vez que éstos se encuentran garantizados en la norma interna del Estado, en los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el primero de éstos prevé como un derecho el poder acudir a las autoridades jurisdiccionales solicitando la administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes; mientras que el segundo establece la obligación del Ministerio Público en la investigación de los delitos sometidos a su potestad, la prosecución procesal durante la etapa de investigación y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, en su caso; sin que se adviertan impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que sean discriminatorios. Además, durante todo el procedimiento, ya sea a nivel ministerial y ante la autoridad judicial, la víctima u ofendido tiene la oportunidad de coadyuvar con el Ministerio Público, como lo dispone el artículo 142, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado Sonora (abrogado); máxime que los términos de prescripción a que se refieren los artículos 100, 105 y 107 mencionados, son adecuados para que durante su transcurso pueda realizarse el impulso necesario para interrumpirlos, pues permiten a la representación social realizar diversas actuaciones para lograrlo."(18)
V. Existencia de la contradicción
39. La unificación de criterios mediante las contradicciones de tesis es uno de los remedios previstos en la Constitución Federal para salvaguardar los valores de la justicia formal y el principio de universalidad en el razonamiento judicial.
40. Para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Más bien, por contradicción de tesis debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.(19)
41. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación (no en los resultados) adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:
a) Los tribunales contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30202-51cdc9f1/prescripcion-de-la-accion-penal-la-regla-relativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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