PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 1 DE FEBRERO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: GABINO GONZÁLEZ SANTOS.
III. Competencia y legitimación
7. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados que cuentan con la misma especialización -penal-, pero son de distinto Circuito.
8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por **********, parte quejosa y recurrente en el amparo en revisión 723/2014, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien emitió la sentencia referida en sesión de nueve de noviembre de dos mil quince, en la que se sostuvo uno de los criterios que dio origen a la presente contradicción de tesis, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que alude el referido precepto.
IV. Existencia de la contradicción
9. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, son los siguientes:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(2) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(3)
11. A continuación, se analizará, para cada una de las denuncias presentadas -en un orden distinto del originalmente planteado-, si se cumple o no con estos requisitos.
a) Primer tema en contradicción suscitada entre el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 723/2014, y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 184/1989.
12. En primer lugar, nos referiremos a la denuncia de criterios entre lo sustentado por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 723/2014, y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 184/1989, cuyo tema consiste en determinar si el inicio del cómputo de la prescripción, respecto del delito de falsificación y uso de documento falso, comienza a correr desde que el ofendido o el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia del delito, o si el cómputo inicia a partir de la fecha de inscripción en el registro público del documento motivo del ilícito, en lugar de la fecha consignada en el documento controvertido.
13. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 723/2014, analizó un asunto con las siguientes características:(4)
14. De actuaciones se desprende que el diecinueve de enero de dos mil once, ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil el pago de diversos pagarés a **********; derivado de dicha denuncia, correspondió al Juez Primero de lo Mercantil del Estado de Colima, el conocimiento del asunto, mismo que radicó bajo el número **********.
15. El catorce de agosto de dos mil doce, la parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil se enteró de la existencia de diversos pagarés que estaban supuestamente suscritos por ella, con motivo de la demanda presentada en su contra; por lo que el veintiocho de noviembre de dos mil doce, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la actora en el juicio mercantil, por los delitos de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en juicio, usura y abuso de confianza.
16. Ante el conocimiento de la averiguación previa instaurada en su contra, la imputada interpuso un escrito ante la Mesa Quinta de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, en la que solicitó: a) la declaración de la prescripción persecutoria de los delitos imputados en su contra; y, b) la apertura de una nueva averiguación previa en contra de su denunciante por el delito de calumnias. Posteriormente, el veintisiete de agosto de dos mil catorce, el titular de la mesa de investigación citada dictó el acta **********, en el sentido de negar la petición a la solicitante.
17. Ante la negativa de la solicitud, la quejosa promovió demanda de amparo mediante un escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, el cuatro de septiembre de dos mil catorce.
18. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, a quien correspondió conocer del asunto, dictó sentencia el cuatro de noviembre de dos mil catorce, en la que determinó negar el amparo a la quejosa.
19. Contra la decisión anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión del cual conoció el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el que ordenó su registro como amparo en revisión 723/2014. Seguido el trámite correspondiente, el nueve de noviembre de dos mil quince, emitió resolución en la que revocó la sentencia recurrida, y concedió el amparo a la quejosa, cuyo efecto implicó declarar exclusivamente la prescripción del delito de abuso de confianza y que se iniciase averiguación previa separada por el delito de calumnias; pero por otro lado, declaró que no habían prescrito los delitos de alteración de documentos, uso de documento falso, fraude equiparado y usura, atendiendo a la naturaleza de los mismos.
20. El Tribunal Colegiado consideró en su resolución que el término para la prescripción inicia a partir de que la víctima tiene conocimiento del hecho punible; es por esto que consideró que lo delitos consistentes en alteración de documentos, fraude equiparado y usura, aún no habían prescrito, ya que la víctima tuvo conocimiento hasta el catorce de agosto de dos mil doce.
21. Adicionalmente, consideró que el acto idóneo para la interrupción del término prescriptivo de los delitos citados era la interposición de la denuncia ante el agente del Ministerio Público (catorce de agosto de dos mil catorce), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 del Código Penal para el Estado de Colima.(5)
22. Las consideraciones del Tribunal Colegiado en las que sostuvo lo anterior, son las que a continuación se transcriben:
"De una interpretación literal y sistemática de los citados numerales, se desprende que la prescripción de la acción persecutoria empieza a contar desde que se comete el delito si fuere instantáneo, desde que cesa la conducta delictiva si fuere permanente o desde el día en que se hubiese realizado el último acto de ejecución si fuere continuado o si se tratare de tentativa.
"También se advierte que para que opere la prescripción, se deberá tomar en cuenta el término medio aritmético de la pena privativa de libertad, pero en ningún caso bajará de tres años.
"Por otra parte, si para deducir una acción persecutoria es necesaria la declaración previa de una autoridad competente, el plazo para la prescripción no comenzará sino hasta que fuera satisfecho ese requisito.
"De igual manera, en cuanto a la interrupción de la figura, el legislador señala que la acción persecutoria se interrumpe, para la etapa de averiguación previa del delito, con las actuaciones que practique el Ministerio Público, aclarando que si éste dejare de actuar, la prescripción nuevamente comenzará a contarse desde el día siguiente a la última diligencia.
"Lo anterior, siempre y cuando las diligencias llevadas en esa etapa [averiguación previa], no se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del término necesario para que opere la prescripción, pues entonces, sólo en este caso, continuará corriendo y no se podrá interrumpir, sino con la aprehensión del inculpado.
"Por otra parte, en el artículo 338, fracción I, del código sustantivo citado, interpretado a contrario sensu, el legislador colimense establece que en las etapas correspondientes a la preparación del proceso o preinstrucción, instrucción, preparación del juicio y juicio, la figura de la prescripción inicia cuando el imputado se haya sustraído a la acción de la justicia.
"Precisadas las reglas anteriores, procede el estudio de la prescripción atendiendo los ilícitos penales materia de la averiguación previa **********.
"El delito de [I] alteración de documentos se encuentra previsto y sancionado por los artículos 150 y 151 del Código Penal para el Estado de Colima, que son del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 150. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta por 60 unidades al que para obtener un beneficio o causar un perjuicio falsifique o altere un documento público o privado o consigne en él un hecho falso.’
"‘Artículo 151. La misma sanción se impondrá al que a sabiendas haga uso de un documento falso.’
"De la citada descripción se advierte que el ilícito tiene señalada una pena de uno a cinco años de prisión, cuyo término medio aritmético es de tres años; asimismo, que es instantáneo, conforme a la fracción I del numeral 11 del código punitivo estatal, toda vez que su consumación se agota en el mismo momento en que se falsifique, altere o se haga uso del documento falso.
"Respecto del delito de [II] fraude equiparado está previsto y sancionado, por los artículos 232, 233, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Colima, los cuales establecen lo siguiente:
"‘Artículo 232. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido se le impondrá prisión de seis meses a ocho años y multa hasta por 85 unidades.’
"‘Artículo 233. Se equipara al fraude y se sancionará con las penas previstas en el artículo anterior al que:
"‘...
"‘IV. Reciba el pago total o parcial de un adeudo o interés, y no expida la constancia o recibo correspondiente.
"‘Este delito se sancionará aun en el caso de falta de pago total o parcial del precio de la cosa, el derecho transmitido, de la obligación alimentaria o en su caso de la expedición de la constancia o recibo correspondiente.’
"De lo anterior se aprecia que el ilícito se sanciona con pena de prisión de seis meses a ocho años, cuyo término medio aritmético es de cuatro años tres meses; asimismo, que es instantáneo, conforme a la fracción I del numeral 11 del código punitivo estatal, toda vez que su consumación se agota en el mismo momento en que no se expida la constancia o recibo de pago correspondiente.
"Finalmente, en cuanto al delito de [III] usura lo prevé y sanciona el artículo 234 del Código Penal para el Estado de Colima, que es del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 234. Se considera fraude y se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta por 100 unidades, para el caso de las fracciones I y II ... en los siguientes casos:
"‘...
"‘II. Usura. Al que aprovechándose de la ignorancia, inexperiencia, miseria o necesidad apremiante del pasivo, aunque éste fuese momentánea, obtenga de éste intereses o lucros usurarios.
"‘Se considera que los intereses o lucros son usurarios, cuando se imponga un contrato o convenio, verbal o escrito, con intereses que rebase el 3% mensuales en la fecha de la celebración del acto jurídico.’
"De la citada descripción se aprecia que el ilícito de usura se castiga con pena de prisión de uno a nueve años, cuyo término medio aritmético es de cinco años, asimismo, que es instantáneo, conforme a la fracción I del numeral 11 del código punitivo estatal, toda vez que su consumación se agota en el mismo momento en que se imponga un contrato o convenio, verbal o escrito, con intereses que rebase el 3% mensuales.
"De las actuaciones de la averiguación previa **********, se desprende que el diecinueve de enero de dos mil once, en el expediente **********, **********, parte actora, demandó en la vía ejecutiva mercantil el pago de diversos pagarés, acto en que se exterioriza la presentación de esos títulos y en función de ello se denuncia el delito de [I] alteración y uso de documento falso, por considerar que esos títulos de crédito fueron alterados y presentados para su cobro [uso]; luego, para el ilícito de [II] fraude equiparado, se dice que algunos de ellos fueron pagados y no devueltos, como lo establece el numeral 129 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y, en cuanto al delito de [III] usura, se establece que se le impusieron intereses que rebasaron el 3% mensuales.
"Ahora bien, tomando en consideración que, en el caso, de las actuaciones que integran el juicio subyacente se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil doce **********, en calidad de persona extraña a juicio, a través de su apoderado jurídico, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez Primero Mercantil de Colima y de la secretaria actuaria de su adscripción, consistentes, en todo lo actuado en el Juicio Ejecutivo Mercantil **********, promovido ante dicho órgano jurisdiccional por ********** y el cesionario **********, virtud a la ilegalidad del emplazamiento practicado en ese litigio; actos de los cuales -afirmó-, tuvo conocimiento el catorce de agosto de dos mil doce.(6)
"Demanda de amparo que fue turnada al Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, quien mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil doce, la admitió y registró con el número **********. Posteriormente, seguido el juicio por sus etapas procesales correspondientes, el siete de marzo de dos mil trece, dictó sentencia, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa **********, por considerar que efectivamente la diligencia de emplazamiento realizada en el litigio antes referido era violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de sus derechos de audiencia y el acceso efectivo de la impartición de justicia. Finalmente, en auto de veintiuno de junio de dos mil trece se declaró que dicho fallo constitucional causó ejecutoria.
"Luego, atento a que tales actuaciones judiciales, por su naturaleza, tienen pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición expresa de su precepto 2o.; este tribunal revisor estima que, en el caso concreto, debe tenerse como hecho cierto que ********** tuvo conocimiento de los hechos que califica como delictuosos hasta el catorce de agosto de dos mil doce, como lo sostuvo en su demanda de amparo en comento.
"Congruente con ello, a juicio de este tribunal revisor el inicio de la prescripción de la acción necesariamente empezó a correr a partir de esa fecha -catorce de agosto de dos mil doce- en que la demandada se enteró que le demandaron el pago de los documentos mercantiles cambiados en su esencia o forma [alteración y uso de documento falso], pagados y no devueltos [fraude equiparado], así como, la imposición de intereses que rebasaron el 3% mensuales [usura].
"Lo anterior es de tal manera, pues hasta esa fecha la parte legitimada para denunciar, **********, conoció los hechos que califica como delictuosos. De ese modo es inconcuso que necesariamente es el momento a partir del cual debe empezar a contar la prescripción, porque lo contrario conllevaría invariablemente a sostener que, pese a desconocerlos, debió denunciarlos en una fecha anterior, lo cual deviene jurídicamente inadmisible, ya que ello significaría desconocer el principio general de derecho relativo a que nadie está obligado a lo imposible.
"Incluso, ese principio adquiere importancia, porque conforme a los artículos 1o., 5o. y 7o. de la Ley que Regula la Atención y Protección a la Víctima del Delito en el Estado de Colima,(7) se debe reconocer y garantizar a la víctima el derecho a la verdad, justicia, reparación integral y restitución de sus derechos violados.
"Además, tampoco debe soslayarse que el Ministerio Público no tuvo conocimiento de los hechos derivados de los pagarés exhibidos en el referido juicio ejecutivo mercantil promovido contra ********** y que ésta califica como delictuosos, por lo cual, no estaba en condiciones de practicar actuaciones en la investigación de los hechos delictuosos.
"Efectuadas las anteriores precisiones, debe considerarse la regla contenida en el primer párrafo del artículo 96 del Código Penal para el Estado de Colima(8) -conforme a la cual se interrumpe la prescripción de la acción penal-, y precisar los plazos que corresponden a cada uno de los delitos señalados, a saber: para el delito de alteración y uso de documento falso, un año seis meses [I]; fraude equiparado, dos años un mes quince días [II]; y usura, dos años seis meses [III]; con el objeto de demostrar que la decisión del fiscal responsable resulta objetivamente correcta, al desestimar la petición de la quejosa.
"En la especie, esos plazos se interrumpieron, conforme al citado artículo 96 del código penal, con las siguientes actuaciones: La denuncia que realizó ********** de veintiocho de noviembre de dos mil doce, pues de la fecha del conocimiento de los referidos delitos [catorce de agosto de dos mil doce] hasta la presentación de dicha denuncia transcurrieron tres meses catorce días, por lo que en esa fecha inició de nuevo el término para su actualización; el que por cierto, fue interrumpido con las diversas actuaciones ministeriales de doce, catorce y dieciocho de diciembre de dos mil doce; ocho, veintiuno y veintiocho de enero; diecinueve y veinte de marzo; uno, diez, veintitrés, veinticinco y veintinueve de abril; nueve, diez y veinticuatro de mayo; cinco de junio; ocho, nueve, diecinueve y veinticuatro de julio; siete de agosto y doce de diciembre; todas estas fechas de dos mil trece; veintisiete de febrero; diez de junio; diecisiete y dieciocho de julio; todos de dos mil catorce.
"De modo que en el periodo comprendido desde la presentación de la denuncia hasta la última de las actuaciones antes relacionadas, no transcurrió la mitad del plazo para que opere la regla de excepción que interrumpe la prescripción de la acción penal, pues las actuaciones practicadas en la investigación revelan que no se dejó de actuar por parte del Ministerio Público.
"Consecuentemente, es infundado que se actualice la figura de la prescripción, ya que las diligencias que practicó el Ministerio Público en la etapa de averiguación no configuran el supuesto jurídico de que haya transcurrido sin actuación ministerial la mitad del término necesario para que opere, a saber, tres años por los delitos de alteración y uso de documentos falso (sic) [I]; cuatro años tres meses, respecto del delito de fraude equiparado [II]; y, cinco años, respecto del delito de usura [III]."
23. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 184/1989, analizó un asunto con las siguientes características:
24. De autos se desprende, que el primero de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, ********** ingresó en el Registro Público de la Propiedad un contrato privado de compra-venta, que supuestamente celebró con los finados ********** y **********, respecto de un terreno denominado ********** que se encuentra ubicado en la población de **********, Tlaxcala.
25. El ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, la sucesión de los finados interpuso una denuncia en contra de la poseedora del predio, por el delito de falsificación de documento privado. Seguidas las investigaciones necesarias y, específicamente, de las periciales en grafoscopia, la representación social determinó ejercer la acción penal en contra de la quejosa; correspondió el conocimiento de este asunto al Juez Mixto de Primera Instancia de Chiautempan, con residencia en el Estado de Tlaxcala, el cual, lo radicó y registró bajo la causa penal **********; posteriormente, dictó auto de formal prisión, por el delito referido.
26. Inconforme con lo anterior, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto, mediante un escrito presentado ante el Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve; en el que alegó que la acción había prescrito, ya que para el cómputo de la prescripción se debía tomar la fecha de elaboración del documento (tres de junio de mil novecientos sesenta).
27. El Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a quien correspondió conocer del asunto, dictó una sentencia el veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, en la que determinó negar el amparo a la quejosa, al considerar medularmente que la fecha que se debe tomar para el inicio del cómputo de la prescripción, es cuando la parte ofendida conoce de la existencia del documento falso y, en todo caso, cuando surte efectos, al estar inscrito el documento controvertido en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y no la fecha del propio documento controvertido.
28. Contra la decisión anterior, la solicitante de protección constitucional interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el que ordenó su registro como amparo en revisión 184/1989. Seguido el trámite correspondiente, el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, dictó sentencia en la que confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo a la quejosa.
29. El Tribunal Colegiado manifestó que fue correcto el dictado del auto de formal prisión, en razón de que aún no había prescrito el delito de falsificación de documentos, como contrariamente alegaba la recurrente; de conformidad a los abrogados artículos 209, fracción I,(9) 211,(10) 77(11) y 79(12) del Código Penal del Estado de Tlaxcala.
30. Al respecto, el Colegiado consideró que para el inicio del cómputo de la prescripción penal se debe atender a la naturaleza del delito, y en el caso específico del delito de falsificación de documentos públicos y privados, se debe tener como inicio del cómputo para la prescripción el conocimiento del documento por la parte afectada, o bien la fecha en que se puede considerar que el mismo sale a la luz pública y, por tanto, es oponible a terceros.
31. En relación con lo anterior, el Colegiado sostuvo lo siguiente:
"Ahora bien, la prescripción de la acción en contra de la quejosa requiere del transcurso de un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de la libertad que corresponda al delito; así que, como en la especie la sanción para el delito que se le imputa va de tres meses a seis años y multa de dos a veinte días de salario y no transcurrieron tres años, un mes y quince días, no pudo operar la prescripción alegada. En efecto, no puede tenerse como fecha de consumación del delito de falsificación de documentos en general la asentada en el documento falsificado, sino aquella en que el ofendido tenga noticia de la falsificación o cuando menos de aquella en que deba tenerse el documento como de fecha cierta, que lo es a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad (primero de abril de mil novecientos ochenta y seis, foja 38).
"En apoyo a lo anterior, cabe señalar que la falsificación de documentos será punible si concurren los requisitos señalados en las tres fracciones del artículo 210 de la Código Penal invocado; de modo que se requerirá, entre otras cosas, que el falsario se proponga sacar algún provecho para él o para otro; de ahí que para la consumación del delito de falsificación de documentos es necesario que el perjuicio se haya producido, no pudiendo ser presumible ni potencial, por lo que si la falsificación del documento quedó a ocultas del ofendido, es decir, si la realización de la conducta delictuosa no surgió a la luz pública, el perjuicio no se produjo desde el momento en que el inculpado dijo haber elaborado, porque el documento no produjo algún efecto legal, ni mucho menos ante terceros.
"...
"Si la prescripción tiene como finalidad brindar seguridad jurídica y estabilidad entre los integrantes de una sociedad, y equivale al perdón o al olvido por parte del ofendido o del Estado, en cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 77 del ordenamiento sustantivo penal invocado, se supone que la realización del daño a una persona y en especial tratándose de la falsificación de documentos se requiere de la comisión del ilícito salga a la luz pública y que afecte a alguien; de ahí que si la inscripción de un documento en el Registro Público surte efectos contra terceros, será a partir de esta fecha cuando se compute el término para la prescripción y no la fecha consignada en el documento controvertido, que carece del requisito de certidumbre, adquiriendo éste al momento de su presentación ante un funcionario público." Énfasis añadido.
32. De las consideraciones transcritas derivó el criterio aislado cuyo rubro y texto establece:
"FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. CÓMPUTO PARA LA PRESCRIPCIÓN.-La prescripción tiene como finalidad brindar seguridad jurídica y estabilidad entre los integrantes de la sociedad, y equivale al perdón o al olvido por parte del ofendido o del Estado, en cualquiera de los supuestos contemplados por la ley se supone que la realización del daño a una persona, y en especial tratándose de la falsificación de documentos, se requiere que la comisión del ilícito salga a la luz pública y que afecte a alguien; de ahí que si la inscripción de un documento en el Registro Público surte efectos contra terceros, será a partir de esta fecha cuando se compute el término para la prescripción y no la fecha consignada en el documento controvertido, que carece del requisito de certidumbre, adquiriendo éste al momento de su presentación ante un funcionario público."(13)
33. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. No obstante, respecto del segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos, esta Sala advierte que no se cumple con el mismo, en virtud de lo siguiente:
34. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 723/2014, se enfrentó al problema de determinar a partir de qué momento se empieza a computar la prescripción de la acción penal, lo anterior, en relación con los delitos de alteración, uso de documento falso, fraude equiparado y usura previstos, respectivamente, en los artículos 150, 151, 232, 233, fracción IV y 234, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima.
35. A este respecto, consideró que debía atenderse a la naturaleza de cada delito. Así, si el delito fuera instantáneo, se comenzaría a computar desde que se comete; si el delito fuera permanente, se computaría desde que cesa la conducta y, finalmente, si el delito fuere continuado o se tratare de tentativa, el cómputo debía iniciar desde el día en que se hubiese realizado el último acto de ejecución.
36. En relación con los delitos de uso y alteración de documento falso, el Colegiado consideró que, dado que la denunciante manifestó haber conocido de los hechos que presumía constitutivos de delito hasta el catorce de agosto de dos mil doce (según afirmó en la demanda de amparo como persona tercera extraña a juicio que hizo valer), en ese sentido debía considerarse que, a partir de esa fecha, es que se debía computar el término de la prescripción, pues considerar otra cosa, implicaría que pese a desconocer los hechos, se debía interponer la denuncia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27113-f2959f84/prescripcion-de-la-accion-penal-la-presentacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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