PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FLORIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ ANGEL MÁTTAR OLIVA. DISIDENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: FLORIDA LÓPEZ HERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANGÉLICA DEL CARMEN ORTUÑO SUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo; y, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados que integran el Vigésimo Séptimo Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este Pleno de Circuito.
TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción, es conveniente informar respecto de las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.
1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito
"Sexto.-Son infundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, agraviada en la causa penal **********/2009, por los motivos que se exponen a continuación:
"Señala como acto reclamado, la sentencia dictada el ********** de ********** de dos mil doce, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, en el toca penal **********/2012, en el que confirmó la sentencia de primer grado que declaró extinguida la acción penal ejercitada en contra de **********, por el delito de administración fraudulenta previsto en el artículo 155 y sancionado por el artículo 152, párrafo segundo, en su segunda parte, en relación al 14, párrafo segundo y 16, fracción I, todos del Código Penal del Estado; y, sobreseyó en la causa penal, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel; esto, al decretar la prescripción de la acción penal ejercitada, es decir, haber cesado la facultad del agente del Ministerio Público para perseguir el delito por el simple transcurso del tiempo previsto en la ley, ordenando el archivo definitivo de la referida causa penal.
"La consideración esencial de la Sala para declarar infundados los agravios del fiscal, la hizo consistir en que fue correcta la determinación del a quo de declarar prescrita la acción penal al haber transcurrido un año sin que se hubiese consignado la causa; porque, el delito de administración fraudulenta se persigue por querella necesaria y la interpretación que realizó el Juez de la causa, del artículo 79 del código de la materia fue adecuada, puesto que, las hipótesis previstas en el segundo párrafo del artículo en mención, esto es, la aplicación de las reglas previstas para los delitos que se persiguen de oficio, previstas en los artículos 81 y 82 del código de la materia que estipulan la interrupción de la prescripción de la acción penal, únicamente eran aplicables a los ilícitos perseguibles a petición de parte cuando se haya llenado el requisito inicial de querella y se haya ejercido la acción penal ante los tribunales. Que por tanto, si la agraviada tuvo conocimiento de la comisión del delito el veintiocho de agosto de dos mil ocho y el Ministerio Público consignó la averiguación ante el Juez hasta el tres de diciembre de dos mil nueve, esto aconteció cuando la acción penal ya había prescrito, pues la fecha límite para interrumpir la prescripción fue el veintiocho de agosto de dos mil nueve. Apoyando su determinación en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, SÓLO SON APLICABLES LAS REGLAS GENERALES PREVISTAS PARA LOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO, SI SE INTERRUMPIÓ EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN Y, MEDIANDO LA QUERELLA, SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).’
"En contra de esa resolución, manifiesta el quejoso, que la Sala responsable viola en su perjuicio los artículos 1o., 14 y 20 constitucionales, porque realiza una indebida interpretación de los artículos 79, 81 y 82 del Código Penal del Estado, en cuanto se refiere a que sólo, si ya se hubiese ejercitado la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio. En síntesis, refiere:
"Que el término de un año previsto en el primer párrafo del artículo 79 del código punitivo estatal, se refiere al plazo que tiene el ofendido para querellarse y no propiamente a la prescripción de la acción penal como lo estimó el Juez de la causa.
"Que resulta incorrecta la determinación de la autoridad en el sentido de que únicamente se interrumpe la prescripción con la consignación de la indagatoria ante los tribunales, pues la responsable confunde lo que es la acción penal con el derecho de la víctima de querellarse.
"Que en términos del artículo 81 del Código Penal, la prescripción se interrumpe con las actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito, aunque se ignore quién o quiénes sean los delincuentes o que las diligencias no se practiquen contra persona o personas determinadas y el artículo 82 señala una excepción a esa regla, esto es, que dicha interrupción no opera cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, entonces, continuará corriendo y no se interrumpe, sino por la aprehensión del inculpado.
"Que en ese sentido, los artículos 81 y 82 resultan aplicables para los delitos de querella, cuando se trata de determinar cuáles son las actuaciones idóneas para interrumpir la prescripción, contrariamente a lo que afirma la autoridad, en el sentido de que no existe disposición en ese sentido para los delitos perseguibles por querella.
"Que por tanto, la jurisprudencia invocada por la autoridad no resulta aplicable, porque la prescripción se interrumpe por las actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito como en el caso sucedió.
"Que suponiendo que el Ministerio Público no consignó la averiguación previa en el plazo de un año, ello no quiere decir que la acción penal haya prescrito porque tuvo conocimiento de los hechos el veintiocho de agosto de dos mil ocho, presentó su querella el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, esto es, dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del delito y el Ministerio Público practicó diversas diligencias que son idóneas para interrumpir la prescripción, por ello, resulta intrascendente que se haya consignado la averiguación previa el dos de diciembre de dos mil nueve, esto es, transcurridos, un año, tres meses y cinco días; pues de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Penal, la acción no estaba prescrita.
"Son infundados los anteriores motivos de inconformidad, porque contrario a lo aseverado por la quejosa, este Tribunal Colegiado advierte que, la Sala responsable emitió la sentencia con estricto apego a derecho, toda vez que efectivamente, de las constancias que integran la causa penal número **********/2009, se observa que ha operado la prescripción de la acción penal en la causa penal que se le instruyó al tercero perjudicado **********.
"En efecto, el capítulo I y II, del título sexto, el apartado de prescripción de la acción penal, se establece lo siguiente:
"‘Capítulo I
"‘Disposiciones generales
"‘Artículo 76. La prescripción extingue la acción penal y las sanciones; es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. En el caso de las medidas para inimputables, se estará a lo dispuesto en los artículos 78, párrafo cuarto y 84, párrafo segundo de este código.
"‘La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.’
"‘Capítulo II
"‘Prescripción de la acción penal
"‘Artículo 77. Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán:
"‘I. A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo;
"‘II. A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa;
"‘III. Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado, y
"‘IV. Desde la cesación de la consumación en el delito permanente.’
"‘Artículo 78. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.
"‘Si el delito solo mereciera multa, la acción penal prescribirá en un año.
"‘Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoria o una alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción penal para perseguir la pena privativa de la libertad.
"‘En los demás casos, la acción penal prescribirá en dos años.’
"‘(Adicionado, P.O. 21 de octubre de 2010)
"‘Artículo 78-Bis. Cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 127, 129, 130, 130 Bis, 130 Ter, 176, 191, 192 Bis, 192 Ter, 192 Quáter, 193 y 194 de este código, cometidos en contra de menores de edad, la acción penal será imprescriptible.’
"‘(Reformado primer párrafo, P.O. 30 de noviembre de 2010)
"‘Artículo 79. Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por querella de la víctima o del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado a partir del día en que quienes puedan formular querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito, y en tres, fuera de esta circunstancia.
"‘Pero si llenado el requisito inicial de la querella o del acto equivalente, ya se hubiese ejercido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio.’
"‘Artículo 80. En caso de concurso real o ideal de delitos, la acción penal que de ellos resulte prescribirá cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor."
"‘Artículo 81. Cuando para ejercitar o continuar el ejercicio de la acción penal sea necesario una declaración o resolución previa de autoridad competente, la prescripción no comenzará a correr, sino hasta que sea satisfecho ese requisito.
"‘La prescripción de la acción penal se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen para la averiguación del delito, aunque, por ignorarse quién o quiénes sean los delincuentes, las diligencias no se practiquen contra persona o personas determinadas.
"‘Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente de la última actuación.
"‘Se interrumpirá igualmente la prescripción cuando el inculpado cometiere nuevo delito."
"‘Artículo 82. Lo prevenido en el artículo anterior, no comprende el caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido ya la mitad del lapso necesario para la prescripción. Entonces, ésta continuará corriendo y no se interrumpirá, sino por la aprehensión del inculpado ...’
"Bajo ese tenor, se tiene que conforme a legislación penal del Estado de Quintana Roo, los supuestos en que prescribirá el ejercicio de la acción penal son:
"a) En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años. (artículo 78)
"b) En un año, si el delito sólo mereciera multa. (artículo 78)
"c) Si además de la pena de prisión el delito mereciere otra accesoria o una alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción penal para perseguir la pena privativa de la libertad. (artículo 78)
"d) En los demás casos, la acción penal prescribirá en dos años. (artículo 78)
"e) La acción penal será imprescriptible, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 127, 129, 130, 130 Bis, 130 Ter, 176, 191, 192 Bis, 192 Ter, 192 Quáter, 193 y 194 del propio código, cometidos en contra de menores de edad. (artículo 78 Bis)
"f) Cuando la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querella de la víctima o del ofendido prescribirá en un año, contado a partir del día en que quienes puedan formular querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito, y en tres, fuera de esta circunstancia. (artículo 79)
"g) Pero si ya se hubiese ejercido la acción ante los tribunales, una vez llenado el requisito de la querella, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio. (artículo 79)
"h) En caso de concurso real o ideal de delitos, la acción penal que de ellos resulte prescribirá cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor. (artículo 80)
"Por consiguiente, de acuerdo a la normatividad penal que rige en el Estado de Quintana Roo, específicamente conforme al artículo 79, los delitos que sólo pueda perseguirse por querella prescribirá en un año, contado a partir del día en que quienes puedan formular querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito, y en tres, fuera de esta circunstancia.
"Es decir, de dicha norma penal se advierte, que existen dos hipótesis de prescripción de la acción penal tratándose de la formulación de querella o acto equivalente, a saber:
"En el primer supuesto, si el ofendido no tiene conocimiento del delito y del delincuente, entonces desde que el ilícito se consumó, atendiendo a su naturaleza, deberán transcurrir tres años sin que se satisfaga tal requisito de procedibilidad para que prescriba el derecho de la víctima del delito.
"En la segunda hipótesis, si el ofendido adquiere tal conocimiento dentro de aquel plazo (tres años), entonces a partir de esa fecha se excluye tal supuesto, y comenzará a correr un año, sin que importe que se exceda de los tres años señalados
"Ahora bien, se tiene que el delito que se le imputó al inculpado **********, aquí tercero perjudicado, fue el de administración fraudulenta, previsto en el artículo 155 y sancionado por el artículo 152, párrafo segundo, en su segunda parte, en relación con el 14, párrafo segundo y 16, fracción I, todos del Código Penal del Estado, el cual, según lo establecido en el diverso numeral 163 de la propia ley punitiva, es un ilícito que sólo puede perseguirse por querella de la parte ofendida.
"En ese tenor, la Sala procedió conforme a derecho, porque las reglas que se debían atender en el caso particular, eran las previstas en el primer párrafo del artículo 79 del código punitivo de la materia, en cuanto dispone que tratándose de delitos perseguibles por querella(como acontece con el delito de administración fraudulenta), comenzará a computarse a partir del día en que quienes puedan formular la queja o el acto equivalente tenga conocimiento del ilícito, y no, las establecidas en el segundo párrafo del propio numeral en cuanto establecen que si llenado el requisito inicial de la querella o del acto equivalente, ya se hubiese ejercido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio, como erróneamente lo alega el quejoso.
"Así es, el invocado precepto legal, en su primer párrafo, establece que la acción penal que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta circunstancia; mientras que su segundo párrafo señala una remisión normativa en el sentido de que para los delitos perseguibles mediante querella, también operarán las reglas de la prescripción previstas para los perseguibles de oficio, siempre y cuando se satisfagan dos requisitos:
"a) que se haya presentado la querella, y
"b) que la autoridad persecutora haya deducido la acción penal ante el órgano jurisdiccional respectivo.
"Luego entonces, tomando en cuenta las citadas disposiciones legales, se tiene que tratándose de delitos perseguibles por querella, sólo son aplicables las reglas generales de la prescripción de la acción penal para los delitos que se persiguen de oficio si se interrumpió el plazo para la prescripción y, mediando querella, se consignó la averiguación previa, lo cual no aconteció en la especie, porque como bien lo señaló la Sala responsable, de las constancias de autos se desprende que, la fecha límite para interrumpir la prescripción de la acción penal para perseguir el delito de administración fraudulenta mediante su ejercicio, conforme a lo expresado por el agraviado en su querella, fue el veintiocho de agosto del año dos mil nueve, por lo que toda vez que el agente del Ministerio Público consignó la averiguación previa, ante el Juez penal, a quien se le solicitó la incoación del proceso penal, hasta el día tres de diciembre de dos mil nueve; ello revelaba que lo hizo un año con tres meses y cinco días después de que el ofendido tuvo conocimiento del delito cometido en su contra, resultando incuestionable que la acción penal del delito en estudio prescribió, ya que no se interrumpió dentro del plazo del año que establece el numeral 79, párrafo primero, del Código Penal del Estado, dado que el ejercicio de la acción penal, se hizo fuera de dicho plazo, por haber transcurrido un año con tres meses y cinco días, ante lo cual, no le podían ser aplicables las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio (artículos 81 y 82 del Código Penal estatal).
"Cabe aplicar la jurisprudencia 1a./J. 54/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia penal, Novena Época, página 348 y en el IUS 2012 con el registro digital: 166877, bajo el rubro y texto:
"‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA, SÓLO SON APLICABLES LAS REGLAS GENERALES PREVISTAS PARA LOS QUE SE PERSIGUEN DE OFICIO SI SE INTERRUMPIÓ EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN Y, MEDIANDO QUERELLA, SE CONSIGNÓ LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).-El primer párrafo del artículo 124 del Código Penal para el Estado de Oaxaca señala que la acción penal que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta circunstancia; mientras que su segundo párrafo establece una remisión normativa en el sentido de que para los delitos perseguibles mediante querella, también operarán las reglas de la prescripción previstas para los perseguibles de oficio, siempre y cuando se satisfagan dos requisitos: 1. que se haya presentado la querella, y 2. que la autoridad persecutora haya deducido la acción penal ante el órgano jurisdiccional respectivo. Por tanto, atento a los artículos 124, 127 y 128 del citado Código, tratándose de delitos perseguibles por querella, sólo son aplicables las reglas generales de la prescripción de la acción penal para los delitos que se persiguen de oficio si se interrumpió el plazo para la prescripción y, mediando querella, se consignó la averiguación previa.’
"Sin que sea dable considerar lo que hace valer la quejosa en el sentido de que la jurisprudencia transcrita, que también invocó la responsable para apoyar su determinación, sea inaplicable, pues el artículo 124 del Código Penal del Estado de Oaxaca, que se analiza en dicho criterio jurisprudencial es de texto muy similar al 79 del código punitivo de la materia del Estado de Quintana Roo.
"Por tanto, es inexacto, lo aducido por el quejoso, en el sentido de que la Sala responsable actuó con ilegalidad porque no tomó en cuenta lo previsto por los artículos 81 y 82 del Código Penal del Estado (como que el Ministerio Público practicó diversas diligencias que son idóneas para interrumpir la prescripción, por ello, resulta intrascendente que se haya consignado la averiguación transcurrido, un año, tres meses y cinco días), porque contrario a lo que alega, este órgano colegiado advierte que el tribunal de alzada resolvió conforme a derecho, en virtud de que acorde a los preceptos invocados en párrafos precedentes, para computar el término para la prescripción en los delitos perseguibles por querella, se debe comenzar a partir de que el agraviado o el ofendido tiene conocimiento del ilícito, como bien lo señaló en la sentencia impugnada.
"Es así, puesto que el concepto al que se discute (prescripción), se refiere a que una vez que se han hecho del conocimiento de la representación social hechos posiblemente constitutivos de delito, la acción penal se ve menguada con motivo del simple transcurso del tiempo.
"Entonces, es dable concluir, que en el asunto que aquí se ventila como bien lo resolvió la responsable es aplicable el artículo 79 del Código Penal del Estado, por lo que al haber prescrito el derecho del ofendido, el acto reclamado no irroga perjuicio en las garantías constitucionales de la quejosa, lo que conlleva a negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados."
2. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito
"Quinto.-Análisis de los agravios
"1. Omisión de analizar constancias que integran el expediente de origen
"En el segundo concepto de agravio, la sociedad inconforme reclama que la autoridad responsable omitió valorar las constancias que integran el expediente de origen para determinar que con ella se actualizaba el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
"Es infundado el agravio expuesto.
"Se afirma lo anterior, ya que la autoridad responsable determinó que operó la prescripción de la acción penal, por lo que no era posible analizar los presupuestos de ésta, como lo son la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, de ahí que correctamente la Jueza de Distrito haya avalado tal abstención.
"En efecto, el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, establece que la prescripción extingue la acción penal y las sanciones, así como que es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.
"Al respecto de esta figura jurídica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al resolver la contradicción de tesis 476/2012 que la prescripción constituye la adquisición o pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. Sin embargo, en materia penal, el propio Alto Tribunal ha considerado que la ‘prescripción de la acción penal’ supone una inactividad del Ministerio Público con relación al derecho de investigación/persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. Esto es, representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo del Estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, relativa a la investigación de la comisión de hechos tildados de delictivos y persecución de los autores de los mismos.
"Asimismo, señaló que la prescripción se actualiza respecto de la ‘acción penal’ así como de las ‘sanciones penales’; la primera, relativa a la facultad del Estado para ejercer la pretensión punitiva; y la segunda, concerniente a la potestad del Estado para ejecutar las penas y/o medidas de seguridad.
"Por otra parte, consideró que el fundamento del instituto jurídico de la prescripción, radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio Estado; pues es inadmisible que un gobernado permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos. De ahí que si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado, ello implica la pérdida para el Estado de su ius puniendi a consecuencia de la ineficacia de su acción persecutora; lo que se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido y/o de la correspondiente pena impuesta.
"Así, precisó la Corte que la prescripción de la acción penal, más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, ante su inactividad o deficiente actividad; se reitera, porque la potestad sancionadora del Estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez.
"Por otra parte, señaló el Alto Tribunal que el Estado es el representante de la sociedad organizada, por tanto, le corresponde velar por el orden y paz sociales; de esta forma, igualmente le corresponde reprimir todo lo que vulnere dicho orden. Por tanto, cuando se comete un hecho delictuoso, surge para el Estado el derecho de perseguirlo y de reclamar la aplicación de la ley. De ahí que la acción penal sea el derecho que tiene el Estado y que ejerce a través del Ministerio Público, a fin de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso.
"Luego, consideró la Primera Sala, a fin de que el Ministerio Público -se reitera, como órgano delegado del Estado- pueda ejercer la acción penal, primeramente debe investigar el hecho, respecto del cual, eventualmente solicitará ante el órgano judicial la aplicación de la ley; dicha actividad la realiza mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de tipo probable de quien en él participa. A dicha etapa procedimental se le denomina ‘averiguación previa’, cuya inherente finalidad es la preparación del ejercicio de la acción penal, misma que finaliza con la correspondiente ‘consignación’ ante la autoridad jurisdiccional. Por ende, resulta lógico que esta última actividad ministerial (consignación), sea susceptible de ‘interrumpir’ el cómputo de la prescripción de la acción penal.
"Así, concluyó el Alto Tribunal, en la fase de preparación del ejercicio de la acción penal (averiguación previa), la prescripción se configura por no ejercerse la acción penal dentro del plazo establecido por la ley y, por tanto, lógicamente que el cómputo del mismo es susceptible de interrumpirse con la figura de la consignación ante la autoridad penal de instancia. Esto es así, ya que es hasta la consignación cuando inicia el ejercicio de la acción penal y, en todo caso, será a partir del dictado de la orden de aprehensión o comparecencia cuando nuevamente inicie el cómputo para la actualización de dicha figura extintiva de la acción penal.
"Las anteriores consideraciones y otras, dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 15/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O DE COMPARECENCIA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA, SIN EMBARGO, SI SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN, EL TIEMPO QUE ÉSTA SUBSISTA DEBERÁ DESCONTARSE DEL NECESARIO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y PUEBLA).’
"Conforme a las anteriores consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de Nación, la prescripción de la acción penal implica la pérdida para el Estado de su ius puniendi a consecuencia de la ineficacia de su acción persecutora, es decir, fenece la facultad del Estado para iniciar ante los órganos jurisdiccionales un juicio en contra de una persona en el que se determine la existencia de un delito y la responsabilidad de ésta en su comisión.
"Por tanto, si la acción penal se sustenta en la acreditación de un delito, así como de la probable responsabilidad de una persona en su comisión, es inconcuso que al establecerse la prescripción de dicha acción, no es posible analizar si ésta prosperó, ya que al actualizarse la figura en análisis, se extingue la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido.
"En ese tenor, es de concluirse que la declaración de prescripción de la acción penal por sí misma, hace improcedente el estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pues como ya se dijo, el Estado ha perdido la facultad de demostrarlo ante un órgano jurisdiccional.
"Luego, fue correcto que la Jueza de Distrito no hiciera pronunciamiento alguno en relación con el estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pues si la Sala responsable determinó confirmar la actualización de la prescripción de la acción penal, es inconcuso que por ninguna circunstancia podía analizar esos temas, de ahí lo infundado del agravio.
"2. Término de la prescripción de la acción penal respecto de delitos perseguibles por querella
"En diversas partes de sus agravios, el recurrente afirma que la figura de la prescripción de la acción penal se prevé en los artículos 77, fracción I, 78 y 79 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, los cuales establecen que el término de un año para presentar denuncia tomando en consideración desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho ilícito; mientras que, para ejercer la acción penal el término será la media aritmética de la penalidad del delito, pero nunca me
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26151-7d88ea6e/prescripcion-de-la-accion-penal-tratandose-de-delitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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