SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32-B, FRACCIONES V, IX Y X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, ASÍ COMO DE LAS NORMAS GENERALES QUE LAS DESARROLLAN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, ya que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
7. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que se trata de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y fue formulada por el jefe del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, parte recurrente en los asuntos que motivaron esta contradicción de tesis.
8. Sin que sea obstáculo que la denuncia fue firmada por el administrador central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; ya que lo hizo expresamente en representación del jefe del Servicio de Administración Tributaria en su carácter de autoridad responsable,(1) quien como ya se vio fue parte recurrente en los asuntos que motivaron esta contradicción de tesis.
9. Además quien signa el escrito de denuncia, cuenta con facultades para representar a dicha autoridad responsable en cuestiones relativas al juicio de amparo, como es la presente contradicción de tesis derivada de la resolución de recursos de revisión, conforme a la Ley de Amparo; y las facultades de aquella autoridad se encuentran previstas en el artículo 20, apartado A, fracción LXII, en relación con el numeral 21, apartado D, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
10. TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
11. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veinte de marzo de dos mil quince, por unanimidad de votos el incidente en revisión 257/2014, determinó lo siguiente:
"SEXTO.-Estudio. El único agravio es inoperante e infundado.-La autoridad recurrente sostiene medularmente que la suspensión definitiva concedida es ilegal, en tanto que: I. La quejosa no acreditó contar con interés suspensional.-II. La quejosa no demostró que con el cumplimiento de una obligación formal en materia fiscal (entrega de la información solicitada), se le cause afectación.-III. La sentencia incidental tiene efectos restitutorios.-IV. Con el otorgamiento de la suspensión definitiva, se contravienen disposiciones de orden público y se afecta el interés social.-Son ineficaces los argumentos relativos a que la quejosa no demostró interés suspensional, porque en concepto de la recurrente no acreditó el daño inminente e irreparable que le ocasionaría la aplicación de las normas reclamadas; y el relativo a que no demostró que con el cumplimiento de una obligación formal en materia fiscal -como es la entrega de la información solicitada-, se le cause afectación (I y II); lo anterior en virtud de que mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil catorce, la Jueza de Distrito tuvo por acreditada la personalidad del representante legal, así como la existencia legal de la quejosa y su objeto social, con las documentales públicas que exhibió.-Debe decirse que la quejosa cuenta con interés suspensional, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15-C, del Código Fiscal de la Federación, es una institución de crédito, que forma parte del sistema financiero de nuestro país, en virtud de que presta servicios de banca múltiple; está sujeta a la Ley de Instituciones de Crédito; y regulada por la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley del Banco de México, en cuanto a su funcionamiento.-La quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, tiene la calidad de tercero en relación con sus cuentahabientes por ser la encargada de custodiar la información que tiene que ver con el Registro Federal de Contribuyentes y otros datos personales. Por otro lado, la facultad que se otorga en el artículo reclamado al Servicio de Administración Tributaria, para obtener dicha información, con motivo de la verificación de su base de datos, constituye a su vez una obligación legal de las entidades financieras; esto es, la información solicitada se encuentra en poder de un tercero relacionado con la relación tributaria, es este caso, la institución quejosa, quien presta diversos servicios financieros a sus cuentahabientes, y que por ley, tiene la obligación de entregar la información a que se refiere el artículo citado.-Es decir, la quejosa tiene el carácter de tercero de la relación tributaria, porque se relaciona con los contribuyentes en virtud de los diversos servicios financieros que presta, y cuenta con información relevante, que tiene que ver, por ejemplo, con el Registro Federal de Contribuyentes. De ahí que sea ineficaz el argumento de la recurrente en el sentido de que no afecta la esfera jurídica de la quejosa, pues si bien, dicha obligación es subyacente a las demás obligaciones sustantivas de la institución bancaria quejosa, incide directamente en sus actividades, es decir, está obligada a remitir cierta información al Servicio de Administración Tributaria.-Además, cuenta con interés suspensional, pues como ya se dijo, mediante oficio ..., de ocho de agosto de dos mil catorce, se advierte que el administrador de Identificación del Contribuyente ‘2’, del Servicio de Administración Tributaria, solicitó a la quejosa, de conformidad con lo dispuesto en las reglas II.2.3.5. y II.2.8.6., de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de julio de dos mil catorce, la primera remesa de hasta dos millones de cuentahabientes, que deberá de incluir información relativa a personas físicas y morales; además, que adjuntó las especificaciones técnicas para la verificación de datos de los cuentahabientes de las Entidades Financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps). El oficio de referencia, se reproduce electrónicamente a continuación: (se inserta imagen).-También es ineficaz el argumento relativo a que la sentencia incidental tiene efectos restitutorios; ya que si bien, la quejosa señaló que reclamó las disposiciones tildadas de inconstitucionales como autoaplicativas y como heteroaplicativas; se concedió la medida cautelar para que por el momento las autoridades responsables no obligaran a la quejosa a llevar a cabo la verificación de las claves del Registro Federal de Contribuyentes de sus cuentahabientes o socios, y para que la quejosa no proporcionara la información solicitada en el oficio ..., de ocho de agosto de dos mil catorce, mientras se resuelve el juicio en lo principal; es decir, sólo tiene por objeto paralizar durante ese tiempo las consecuencias que las normas controvertidas le imponen, lo que evidencia que dicha determinación no tiene por objeto desincorporar en forma definitiva de su esfera jurídica los preceptos reclamados; de ahí que, contrariamente a lo que aduce la recurrente, el proveído impugnado no tiene, en estricto sentido, efectos restitutorios.-Finalmente, resultan infundados los argumentos de la recurrente en el sentido de que con el otorgamiento de la suspensión definitiva, se contraviene el orden público y el interés social.-... Ahora bien, en las disposiciones legales reclamadas, se dispone, en lo que interesa, lo siguiente: Código Fiscal de la Federación.-(transcribe el artículo 32-B, fracciones V, IX y X, del Código Fiscal de la Federación).-Segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el dos mil catorce.-Verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de entidades financieras y Socaps.-(transcribe la regla II.2.3.5.).-De las disposiciones legales antes mencionadas, se obtiene que se trata de disposiciones de orden público y de interés social que están encaminadas a reglamentar aspectos relacionados con las obligaciones de las entidades financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps), consistentes en: i. Verificar que sus cuentahabientes o socios se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.-ii. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria el nombre, denominación social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, con la opción de entregar la CURP en sustitución de dicho registro cuando a la apertura de la cuenta no se hubiere proporcionado; o bien, los datos de género y fecha de nacimiento del cuentahabiente.-Lo anterior, con la finalidad de que las autoridades fiscales comprueben que los datos proporcionados coincidan con los de su base de datos y en caso de que exista discrepancia, se proporcionen los correctos para que en un plazo no mayor a seis meses se realicen las modificaciones pertinentes.-... Ahora bien, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: (se transcribe).-La disposición constitucional prevé la obligación de los gobernados de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, es decir, establece el deber constitucional de aportar al Estado recursos económicos con la finalidad de solventar los gastos que derivan de la actividad pública.-La potestad tributaria estatal encuentra su límite en la propia Constitución, pues la norma que impone al gobernado la obligación de contribuir para el gasto público, vincula a la autoridad estatal a acatar los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y destino al gasto público, así como de generalidad y uniformidad.-Como se advierte, el precepto resguarda un bien jurídico de gran relevancia y trascendencia para la sociedad, pues vela por la oportuna, adecuada y justa recaudación de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento del Estado y la atención y solución de la problemática social, además de que constituye el fundamento de la potestad tributaria.-La preservación del bien jurídico aludido, conduce a considerar como una cuestión particularmente relevante para el interés de la sociedad y el orden público, todas las medidas e instrumentos por virtud de las cuales se recaudan las contribuciones, cuyo objeto es el gasto público, es decir, su finalidad es la obtención de recursos para que el Estado los emplee para la satisfacción de las necesidades de la sociedad.-Ahora bien, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, prevé las facultades de comprobación a través de las cuales las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, a través de los instrumentos que se mencionan enseguida: 1. Requerir a dichos sujetos para que presenten documentación a fin de rectificar errores aritméticos u omisiones en las declaraciones, solicitudes o avisos que presenten.-2. Solicitarles la exhibición de su contabilidad y los datos, documentos o informes relacionados.-3. Practicar visitas domiciliarias a fin de revisar la contabilidad, bienes y mercancías.-4. Revisar los dictámenes de contador público sobre sus estados financieros.-5. Efectuar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en el Registro Federal de Contribuyentes, así como constatar la estancia legal de bienes o mercancías en el país.-6. Practicar avalúos o verificación física de todo tipo de bienes, incluso durante su transporte.-7. Practicar revisiones electrónicas con base en la información que los sujetos obligados les remitan.-Los procedimientos de fiscalización descritos tienen como propósito hacer efectivo el deber contributivo regulado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, en el entendido de que la actividad desplegada por las autoridades tributarias persigue verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y, en su caso, determinar los créditos que procedan por las contribuciones cuyo pago hubieran omitido; de ahí que su ejecución se considere trascendente para el interés social y el orden público.-Ahora bien, el texto actual de las fracciones V, IX y X del artículo 32-B, del Código Fiscal de la Federación, reformado conforme con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil trece, constituye la última modificación en materia de información que las entidades financieras deben otorgar a las autoridades fiscales; a continuación se transcribe nuevamente dicha disposición: (se transcribe).-Por su parte, en el artículo 41-B del Código Fiscal de la Federación, establece lo siguiente: (se transcribe).-En suma, de los preceptos aludidos se obtiene primordialmente que: A. Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los datos proporcionados al Registro Federal de Contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, sin que por ello se considere que las autoridades fiscales inician sus facultades de comprobación.-B. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información para otras autoridades fiscales, estarán facultadas para solicitar a los contribuyentes la información necesaria para la inscripción y actualización de sus datos e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo.-En la exposición de motivos elaborada por el Ejecutivo Federal, en la cual se apoyó preponderantemente la reforma fiscal examinada, se explicó que la regulación de esta atribución obedece a la necesidad de generar celeridad en la obtención de la información necesaria para fines fiscales; y en general, aquella que permita la plena identificación y ubicación de las personas que integrarán el Registro Federal de Contribuyentes, el cual sirve de base para la verificación del cumplimiento de las obligaciones constitucionales a cargo de los contribuyentes.-Lo anterior puede corroborarse con la lectura de las páginas LXXXV, LXXXVI, XCI y XCII, del mencionado documento, el cual obra en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, publicada el ocho de septiembre de dos mil trece, que se reproduce enseguida: (se transcribe).-Como se vio, el espíritu de la reforma al artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, consistió básicamente en identificar y ubicar plenamente a personas que integran el Registro Federal de Contribuyentes a fin de evitar que eludan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo anterior, a partir de mecanismos de simplificación para la incorporación de los contribuyentes de manera sencilla y ágil al Registro Federal de Contribuyentes. Por ello, tanto las personas morales como físicas que abran una cuenta a su nombre en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones, deberán solicitar su inscripción en dicho registro.-De lo hasta aquí expuesto, y en atención a lo que se dispone en el artículo 128 de la Ley de Amparo, puede establecerse que procede conceder la suspensión, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en verificar que sus cuentahabientes o socios se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria el nombre, denominación social, domicilio y clave del Registro Federal de Contribuyentes, con la opción de entregar la CURP en sustitución de dicho registro cuando a la apertura de la cuenta no se hubiere proporcionado, o bien, los datos de género y fecha de nacimiento del cuentahabiente; si bien forman parte de las medidas implementadas a fin identificar y ubicar plenamente a personas que integran el Registro Federal de Contribuyentes para evitar que eludan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la concesión de la medida cautelar no impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación.-Lo anterior, habida cuenta que de la iniciativa antes reproducida, se obtiene que las autoridades fiscales podrán obtener información relacionada con los contribuyentes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también, por medio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien, directamente de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, información contenida en el estado de cuenta del contribuyente para efectos de comprobación.-Esto es, el efecto de la suspensión, se traduce en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa el deber de proporcionar a la información solicitada en el oficio ..., de ocho de agosto de dos mil catorce, es decir, la primer remesa de hasta dos millones de cuentahabientes, la cual debe incluir información relativa a personas físicas y morales, en tanto se decide el juicio de amparo en lo principal, empero, no significa que la autoridad hacendaria esté imposibilitada para solicitarla a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ya que ello puede realizarlo a través de cualquiera de los procedimientos de fiscalización, o bien, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también, por medio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o directamente de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, e incluso, directamente al contribuyente obligado.-Luego, resulta claro que la concesión de la suspensión contra la aplicación y ejecución del artículo 32-B, fracciones V, IX y X, del Código Fiscal de la Federación, consistente en la facultad denominada ‘verificación de la clave en el RFC de cuentahabientes o socios de entidades financieras y Socaps’, no impide que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales ni que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación, ya que para ello se pueden emplear otros procedimientos ordinarios de fiscalización, de lo que se sigue que no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés que tiene la sociedad en que los gobernados cumplan con el deber constitucional de contribuir al gasto público.-No acceder a lo anterior, implicaría que, ante una eventual concesión de amparo, no sería posible materializar sus efectos, particularmente por lo que se refiere a la información solicitada, dado que, de entregarse, dicha circunstancia no podría revertirse.-Apoya la anterior determinación, por analogía, el criterio contenido en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).’ (se transcribe).-En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los agravios, se impone en la materia, confirmar la resolución recurrida, y conceder la suspensión definitiva, en los términos precisados por la Jueza de Distrito, hasta en tanto se resuelva el juicio principal. ..."
12. CUARTO.-Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. Al fallar por unanimidad de votos en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, el incidente en revisión 54/2015, sustentó lo siguiente:
"QUINTO.-Análisis de los agravios expresados por las autoridades recurrentes.-1. Que el Juez de Distrito, al conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados al jefe del Servicio de Administración Tributaria, contravino lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, porque si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder al quejoso la referida medida cautelar, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad y dar efectos restitutorios propios de la sentencia que se dicte en el juicio, ya que al otorgarse la suspensión en el caso, se permite a la solicitante de la misma, el incumplimiento de obligaciones formales a que se encuentra sujeta, como lo es obtener los datos de sus cuentahabientes y verificar su registro en el Registro Federal de Contribuyentes, debiendo esta cuestión ser objeto de estudio y pronunciamiento en la sentencia que resuelva el fondo del asunto y no en la interlocutoria que se emite en el incidente de suspensión.-2. Que en la reclamada regla II.2.3.5 se establece el procedimiento a través del cual las entidades financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) deben cumplir con obligaciones formales que fueron establecidas, en especial con las previstas en las fracciones V y IX del artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, a fin de evitar prácticas indebidas de algunos contribuyentes que han utilizado las figuras del crédito o préstamo para evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo; es por ello que de suspenderse la aplicación del ordenamiento reclamado, se infringirían disposiciones de orden público, relativas al cumplimiento de las obligaciones formales a las que se encuentra sujeta la quejosa, y se vulneraría el interés social, pues las autoridades hacendarias no estarían en posibilidad de ejercer sus atribuciones tendientes a verificar el correcto u oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los cuentahabientes de dichas entidades y sociedades, es decir, de permitirse a la peticionaria de amparo no sujetarse a las disposiciones vigentes en materia tributaria, relacionadas con la obtención de datos de sus cuentahabientes y verificación del Registro Federal de Contribuyentes, se estaría afectando a la sociedad, habida cuenta que el incumplimiento de obligaciones fiscales e indebidas prácticas por parte de algunos contribuyentes, significan un menoscabo a la recaudación pública.-3. Que de la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, se advierte que la obligación establecida para las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de validar con el Servicio de Administración Tributaria que sus cuentahabientes se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, se implementó a fin de evitar la práctica indebida de algunos contribuyentes tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.-4. Que la obtención por parte de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos de la información a que se refiere el artículo 32-B, fracciones V, IX y X del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla II.2.3.5 de la Segunda Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, como son el nombre, denominación o razón social, nacionalidad, residencia, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, clave del Registro Federal de Contribuyentes o su número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero y, en su caso, clave única de registro de población de sus cuentahabientes, no implica per se un ejercicio de las facultades de comprobación, sino en todo caso, al imponerse la referida obligación a cargo de las mencionadas entidades financieras, ello permite que las autoridades fiscales puedan detectar a aquellos contribuyentes que tratan de eludir sus obligaciones fiscales, lo cual será verificado a través de las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación; luego, las obligaciones de los contribuyentes establecidas en los actos reclamados, sin duda alguna constituyen un elemento necesario para que las autoridades fiscales cuenten con toda la información necesaria que permita el desarrollo de facultades de comprobación que auxilien al Estado en sus funciones de vigilancia y recaudación de recursos necesarios para sufragar las necesidades colectivas.-El agravio aquí sintetizado, resulta sustancialmente fundado, por los motivos que a continuación se exponen.-El artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones V, IX y X, establece: (se transcribe).-Al respecto, se estima pertinente puntualizar que a través del decreto combatido en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión, génesis de la interlocutoria recurrida, se reformó la fracción V y se adicionaron las fracciones IX y X, del citado artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación.-Por otra parte, la reclamada regla II.2.3.5 contenida en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de julio de dos mil catorce, establece la forma en que las instituciones financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) deberán verificar que sus cuentahabientes o socios estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes; importando destacar en relación con la referida regla, que parte integrante de la misma son las especificaciones técnicas para la verificación de datos de los cuentahabientes de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps), las cuales detallan el procedimiento de verificación.-Ahora bien, del análisis realizado a las consideraciones que sustentan la resolución impugnada por esta vía, concretamente a aquéllas en que se apoyó el juzgador federal para conceder la suspensión definitiva ‘respecto al acto reclamado consistente en los efectos y consecuencias de las disposiciones normativas tildadas de inconstitucionales, esto es, que la parte quejosa proporcione la información solicitada en el oficio ..., en cumplimiento a lo establecido por el artículo 32-B, fracciones V, IX y X, del Código Fiscal de la Federación, así como la regla II.2.3.5, consistente en la primera remesa de hasta dos millones de sus cuentahabientes ...’. (foja 201 del cuaderno incidental), se advierte que los argumentos esgrimidos para justificar la concesión de la medida cautelar son: a) Que si bien la sociedad está interesada en que las entidades financieras cumplan con las obligaciones que establecen las autoridades, para lo cual es necesario que acaten la normatividad que les resulte aplicable, en el caso son mayores los daños que se ocasionarían a la quejosa si se le niega la suspensión solicitada.-b) Que de negarse la medida cautelar, la quejosa se encontraría obligada a otorgar a las autoridades responsables la información que le fue requerida y ello generaría un daño de difícil reparación, no únicamente a la impetrante del amparo, sino también a los terceros de quienes se requiere dicha información, pues de concederse la protección constitucional, ya no se les podría restituir en cuanto a la información proporcionada.-c) Que la concesión de la medida suspensional no ocasiona perjuicio al interés social, ni contraviene disposiciones de orden público, pues con ella no se impide a las autoridades responsables ejercer sus facultades de comprobación en relación con cada uno de los cuentahabientes que pertenezcan a la sociedad quejosa.-Las razones dadas por el Juez de Distrito para declarar procedente el otorgamiento de la medida cautelar instada por la peticionaria de amparo, ameritan el análisis siguiente:.-... Los actos reclamados en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en el que se dictó la interlocutoria recurrida son,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25995-92003bd6/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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