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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2012. · Registro digital (IUS): 23711
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Pág. 1159.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2012. CINCO VOTOS; MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES VOTARON CON SALVEDADES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo.(2)

TERCERO. A continuación, conviene relatar los antecedentes de los asuntos que dieron origen a los criterios en posible contienda y transcribir, en lo conducente, las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.

1. En un juicio de amparo se reclamó, entre otros actos, la emisión de una boleta de infracción por parte de un oficial de tránsito adscrito a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, así como el apoderamiento y retención de una licencia de conducir.

El Juez de Distrito negó la suspensión provisional en contra de los citados actos reclamados, argumentando que, de conceder la medida cautelar, se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo.

En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, en términos de la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo.

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, a quien correspondió conocer del recurso de queja, lo registró con el número ********** y, en sesión de veintitrés de febrero de dos mil doce, resolvió lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados los agravios que hace valer el recurrente, como se demuestra a continuación: Cabe destacar que no es materia de estudio en la presente queja la parte conducente del acuerdo impugnado, en la que el Juez de Distrito negó por la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la ejecución de la boleta de infracción con número de folio **********, toda vez que no fue materia de impugnación. Ahora bien, lo que sí es materia de la queja es la parte relativa del acuerdo recurrido de dieciséis de febrero de dos mil doce, en la que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado consideró que no había lugar a conceder la medida cautelar solicitada, en relación con el acto reclamado, consistente en la indebida retención de la licencia de conducir número **********, a nombre del quejoso, porque se trataba de acto consumado, contra el cual resultaba improcedente conceder la suspensión, dado que equivaldría a darle efectos restitutorios, lo que era propio de la sentencia definitiva que se pronunciara en el juicio de amparo. Manifiesta el inconforme, en su único concepto de agravio, que el acuerdo impugnado le causa perjuicio, al negarle la suspensión provisional solicitada del acto reclamado antes precisado, en cuanto a la ilegal retención de su licencia de conducir, ya que es inexacto que se trate de acto consumado, pues su ejecución trascendió al futuro y tiene lugar por todo el tiempo en que esté impedido de usarla, afectando, con ello, su derecho a conducir; por lo tanto, era procedente la suspensión provisional solicitada. Es infundado el anterior motivo de inconformidad, que se analiza estrictamente a la luz del agravio que plantea la recurrente, por no proceder en estos casos la suplencia de la queja, al no estarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, por tratarse de materia administrativa, en donde su estudio debe hacerse de estricto derecho. En efecto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es preservar la materia del juicio, hasta su finalización, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, pues, tratándose de la medida cautelar provisional, el acto reclamado queda en suspensión, mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, de manera que se traduce en el mantenimiento del estado que guardan las cosas al momento de que se decreta, surtiendo efectos de una verdadera paralización del acto reclamado, con la correlativa obligación de las autoridades de mantener las cosas en el estado en que éstas se encuentran al decretarse la medida cautelar. Luego entonces, para conceder la suspensión provisional, el juzgador de amparo, sin perjuicio de analizar el cumplimiento de los extremos previstos por el mencionado artículo 124 de la ley de la materia, debe atender, como bien lo hizo en este caso el Juez de Distrito, los datos y elementos que se adviertan de la demanda de amparo que, en lo particular, se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado destacado la indebida retención de su licencia de conducir y, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: ‘... El día diez de febrero de dos mil doce, alrededor de las 12:35 horas, cuando me encontraba manejando el vehículo Volkswagen Jetta modelo 2011 (aunque en la boleta de infracción reclamada se asentó erróneamente que era modelo 2000), con placas de circulación **********, tuve un pequeño impacto con otro automotor, generándose daños insignificantes, tan es así que no se causó ninguna clase de lesiones, por lo que al llamar a las compañías de seguro correspondientes, los implicados en el evento de tránsito llegamos a un acuerdo. No obstante, se apersonó al lugar de los hechos el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Oficial **********, quien de manera infundada, inmotivada y por demás improcedente, me levantó la boleta de infracción reclamada, apoderándose injustificadamente de mi licencia de conducir ...’. En ese contexto, si de las manifestaciones expuestas por el quejoso, así como de las documentales anexas a la demanda, se advierte que el diez de febrero de dos mil doce, un oficial de tránsito le retuvo su licencia de conducir con motivo de haber intervenido en un hecho de tránsito, es evidente que tal acto reclamado había sido ejecutado a la fecha de la promoción del juicio de garantías, por tanto, el Juez constitucional procedió con legalidad, al negar la suspensión provisional en contra de la retención de la aludida licencia, dado que, efectivamente, se trata de un acto consumado, teniendo en cuenta que la suspensión tiene por objeto evitar la ejecución de ciertos actos y que sólo puede suspenderse lo que aún no sucede y, en el caso, la retención reclamada ya está ejecutada. De ahí que se desestime el motivo de inconformidad expuesto por el recurrente. Por su aplicación al caso, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación y texto se citan a continuación: ‘Quinta Época. Registro: 917546. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, jurisprudencia SCJN. Materia(s): Común, tesis 12, página 13. «ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.»’ (se transcribe). Similar criterio emitió este tribunal en sesión de veintinueve de diciembre de dos mil once, al resolver la queja **********. No se desconoce la tesis invocada por el recurrente, cuyo rubro reza: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. SU OTORGAMIENTO PARA QUE SE DEVUELVA LA LICENCIA DE CONDUCIR RETENIDA AL QUEJOSO POR INFRINGIR LAS NORMAS EN MATERIA DE TRÁNSITO, NO IMPLICA DARLE EFECTOS RESTITUTORIOS A DICHA MEDIDA CAUTELAR, PUES LA DESPOSESIÓN DEL MENCIONADO DOCUMENTO NO ES UN ACTO CONSUMADO.’, pues se trata de un criterio aislado de un Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que no comparte este tribunal, su observancia no es obligatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; contrario a lo que acontece con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada con antelación, cuyo acatamiento sí es obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el diverso artículo 192 de la ley en comento. Consecuentemente, ante lo infundado del agravio, debe prevalecer en sus términos el acuerdo emitido en el auto recurrido ..."

2. En un juicio de amparo se reclamó, entre otros actos, la emisión de una boleta de infracción y la retención de una motocicleta por parte del director general de Seguridad Pública y Tránsito, del director de Tránsito y de un agente de tránsito adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, todos del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo.

El Juez de Distrito negó la suspensión del acto reclamado, consistente en la retención de la motocicleta, al estimar que era un acto consumado respecto del cual era improcedente conceder la medida cautelar, porque equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia de amparo.

En contra de esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, en términos de la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo.

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, a quien correspondió conocer del recurso de queja, lo registró con el número ********** y, en sesión de veintinueve de diciembre de dos mil once, resolvió lo siguiente:

"CUARTO. Son infundados en parte e inoperantes en otra los agravios que hace valer el recurrente, como se demuestra a continuación: Cabe destacar que no es materia de estudio en la presente queja la parte conducente del acuerdo impugnado, en la que el Juez de Distrito negó por la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación y publicación de la Ley de Tránsito del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, concretamente los artículos 51, 75, 185 y 202 de dicho reglamento; así como del acto consistente en el cobro de la multa por pago de infracción cometida, como se hace constar en el recibo oficial **********, toda vez que no fue materia de impugnación. Así, tampoco es materia de estudio la parte del acuerdo impugnado en la que el Juez Federal concedió la suspensión provisional respecto de la aplicación de los preceptos que se reflejan en la boleta de infracción **********, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, hasta en tanto se resolviera en definitiva el incidente de suspensión, es decir, para que las responsables se abstuviera de ejecutar los actos reclamados que pudieran afectar la esfera jurídica de la quejosa. Ahora bien, lo que sí es materia de la queja es la parte relativa del acuerdo recurrido de veintitrés de diciembre de dos mil once, en la que el Juez Quinto de Distrito en el Estado consideró que no había lugar a conceder la medida cautelar solicitada, con relación a los actos reclamados consistente en la detención de la motocicleta Activia 100 mx, año 2006, con número de motor ********** y número de serie **********, placas **********, porque se trataba de actos consumados, contra los cuales resultaba improcedente conceder la suspensión, dado que equivaldría a darle efectos restitutorios, lo que era propio de la sentencia definitiva que se pronunciara en el juicio de amparo. Manifiesta el inconforme, en el primer y segundo conceptos de agravios, que se estudian en su conjunto, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, por su estrecha relación, que el acuerdo impugnado le causa perjuicio, al negarle la suspensión provisional solicitada de los actos reclamados, no por cuanto se refiere a la discusión, aprobación y publicación del reglamento de tránsito ni respecto a la multa reclamada, porque ésta fue pagada, sino en cuanto a la ilegal detención de la motocicleta descrita en la demanda, ya que es inexacto que se trate de actos consumados, toda vez que por acto consumado se entiende aquel que ya produjo todos los efectos y consecuencias, y la detención de la motocicleta tiene un efecto o consecuencia en su agravio, ordenado por varias autoridades responsables que trasciende al futuro por el tiempo que la quejosa se encuentra impedida para su uso, por lo que debe proceder la suspensión, ya que se está violando directamente la Constitución Federal en su perjuicio. Que procede la suspensión, al reunirse los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque no se sigue en perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino por el contrario, le causa agravio a la quejosa, porque la motocicleta se encuentra en un corralón con otros vehículos, donde no se le tiene el mínimo cuidado. Es infundado el anterior motivo de inconformidad, que se analiza estrictamente a la luz del agravio que plantea la recurrente, por no proceder en estos casos la suplencia de la queja, al no estarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, por tratarse de materia administrativa, en donde su estudio debe hacerse de estricto derecho. En efecto, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, el objeto de la suspensión es preservar la materia del juicio, hasta su finalización, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, pues, tratándose de la medida cautelar provisional, el acto reclamado queda en suspensión, mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, de manera que se traduce en el mantenimiento del estado que guardan las cosas al momento de que se decreta, surtiendo efectos de una verdadera paralización del acto reclamado, con la correlativa obligación de las autoridades de mantener las cosas en el estado en que éstas se encuentran al decretarse la medida cautelar. Luego entonces, para conceder la suspensión provisional, el juzgador de amparo, sin perjuicio de analizar el cumplimiento de los extremos previstos por el mencionado artículo 124 de la ley de la materia, debe atender, como bien lo hizo en este caso el Juez de Distrito, los datos y elementos que se adviertan de la demanda de amparo que, en lo particular, se desprende que la quejosa señaló, entre otros, como acto reclamado, la detención de la motocicleta descrita en la propia demanda y, como antecedentes, manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ‘... Hechos ... Primero. Le digo a usted H. Juez que en fecha 23 de septiembre del año 2011 por la tarde el C. ********** se dirigía en la motocicleta a realizar un cobro a un cliente de la hoy quejosa. Segundo. Sin razón ni motivo fue detenido por quien, al parecer, era agente de tránsito el cual le pidió injustificadamente y de manera intimidante los documentos de la moto, estando por supuesto ********** a bordo de la motocicleta, sin razón ni motivo, inclusive, ignorando los argumentos que ********** le daba al agente de tránsito de que la moto no era de él, sino de la empresa para la cual labora, hoy quejosa **********. Tercero. Por tanto, como representante legal de la hoy quejosa acudí a la dirección de tránsito municipal a recuperar la moto ilegalmente detenida y me indicaron que para el efecto tendría que primero calificarme la boleta de infracción, siendo ésta calculada en ********** pero aun sin ser debidamente informada del porqué debía pagar o con fundamento en qué ley o artículo el día 19 de diciembre del año 2011 cobraron a mi representada recargos y actualizaciones llegando así a la cantidad de ********** pago realizado en la misma dirección de tránsito en el área de cajas como se acredita con el recibo oficial no. ********** de fecha 19 de diciembre del año 2011, momento en que se aplican en perjuicio de mi representada las consecuencias del acto de autoridad ...’. En ese contexto, si de las manifestaciones expuestas por la quejosa, así como de las documentales anexas a la demanda, se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil once, un oficial de tránsito le quitó la motocicleta alegada de su propiedad a **********, es evidente que tal acto reclamado había sido ejecutado a la fecha de la promoción del juicio de garantías, por tanto, el Juez constitucional procedió con legalidad, al negar la suspensión provisional en contra de la detención de la aludida motocicleta, dado que, efectivamente, se trata de un acto consumado, teniendo en cuenta que la suspensión tiene por objeto evitar la ejecución de ciertos actos, y que sólo puede suspenderse lo que aún no sucede y, en el caso, la detención reclamada ya está ejecutada, por lo que no puede, por ningún motivo, otorgarse la suspensión, para el efecto de que se le devuelva, porque la legalidad de la detención no es materia del incidente de suspensión, habida cuenta que ello significaría darle efectos restitutorios, esto es, se prejuzgaría y no se conservaría la materia del amparo. De ahí que se desestime el motivo de inconformidad expuesto por la recurrente. Cabe citar, por similitud en el caso, la tesis de jurisprudencia IV.3o. J/21, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, marzo de 1996. Materia(s): común. Novena Época, página 686, del rubro y texto: ‘ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN. IMPROCEDENTE.’ (se transcribe). Ahora bien, respecto a lo manifestado por la impugnante, en el sentido de que el acto reclamado es violatorio de la Constitución Federal por privarla de un bien sin que se funde y motive el acto, ello es inoperante, porque son cuestiones ajenas al incidente de suspensión, toda vez que están dirigidos a combatir la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual es materia del juicio principal, es decir, del juicio de amparo, mas no en el incidente de suspensión. Consecuentemente, ante lo infundado e inoperante de los agravios, debe prevalecer en sus términos el acuerdo emitido en el auto recurrido ..."

3. En un juicio de amparo se reclamó el reporte sobre infracción contenido en una boleta de tránsito y la desposesión de una licencia de conducir, que se hizo constar en el reporte citado, por parte de un agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santiago, Estado de Nuevo León.

El Juez de Distrito negó la suspensión provisional que solicitó la parte quejosa para el efecto de que cesara la privación de la licencia de conducir, bajo el argumento de que, de conceder la suspensión, se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo.

En contra de esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de queja, que se registró en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito con el número **********. Al resolver el citado medio de impugnación, el aludido órgano colegiado determinó lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios expresados por el recurrente resultan fundados, como lo constatan las siguientes premisas argumentativas: En el auto recurrido, específicamente en la segunda parte que es combatida, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León negó al quejoso la suspensión provisional solicitada para el efecto de que cese la privación de la licencia de conducir que le desposeyeran al quejoso ********** y las responsables la pongan de inmediato a su disposición en el local del propio juzgado (retenida con motivo de la infracción levantada, al sorprenderlo conduciendo en exceso de velocidad); ello, en virtud de que, de concederse la suspensión, se darían efectos restitutorios propios de la sentencia que se pronuncie en el fondo del amparo. En el primero de sus agravios, el recurrente sostiene que es contrario a derecho el razonamiento del Juez de Distrito referente a que la medida suspensional no puede tener efectos restitutorios. Que necesita su licencia de conducir, porque si espera a que el juicio principal concluya, se habrán causado daños al quejoso pues, al no contar con el referido documento no puede demostrar que tiene derecho a conducir. Que el acto reclamado es uno de los actos en que no existe una pluralidad de acciones con unidad de intención, sino que se efectúan en un solo acto, cuyos efectos se prolongan en el tiempo e impiden la continuación del goce de la licencia retenida, sin necesidad de que la actuación se repita una y otra vez. Que es inexacto que, en contra de una privación de un documento ejecutada, no puede otorgarse la suspensión para que se libere el derecho restringido. Que nada impide que, ante un acto de autoridad que se prolonga en el tiempo, pueda el Juez de Distrito analizar los elementos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva, en atención al artículo 107, fracción X, constitucional. Que aun destruyendo el estado de privación de la licencia, no tendrá efectos restitutorios, propiamente dichos, porque el tiempo que haya permanecido sin la licencia ya no puede restituirse. Que si bien el acto reclamado se ejecuta en un solo momento, sus efectos materiales se prolongan en el tiempo, razón por la cual no debe considerarse consumado. En el segundo de sus agravios, expresa el recurrente que el juzgador refiere que no puede conceder la suspensión solicitada, ya que con dicha medida no se deben dar derechos que no se tengan, sino únicamente proteger aquellos con los que ya se cuenta. Agrega que el derecho de portar la licencia de conducir no es un derecho que pretenda ganarse con la medida cautelar, sino una obligación que imponen todos los reglamentos de tránsito que conoce. Pues bien, el estudio de los citados agravios se realizará de manera conjunta por encontrarse íntimamente relacionados. El marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, está previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 124 de la Ley de Amparo. De los preceptos citados destaca que el estudio que debe realizarse, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto, que constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar un derecho, cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal exigencia constitucional, los tribunales de amparo, al resolver sobre la suspensión, deben verificar la existencia del derecho, cuya preservación pretende obtener la parte quejosa, a través de la suspensión del acto reclamado, ya que, siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de garantías pues, de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada, en términos del artículo 107, fracción X, constitucional, conlleva, inclusive, a verificar si la prerrogativa, cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión, se encuentra inserta en el patrimonio jurídico de la parte quejosa. Ahora bien, cuando se pide la suspensión de los actos reclamados, con la pretensión de ejercer o llevar a cabo una actividad reglamentada, debe acreditarse tener un derecho preconstituido. Es decir, para la obtención de la suspensión provisional, es necesario que el impetrante demuestre que está legitimado para realizar la actividad reglamentada que pretende pues, como se ha dicho, esa medida cautelar no es constitutiva de derechos, sino que sólo tiende a preservar los que ya existen. Al efecto, resulta conveniente ponderar los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, de modo que sea posible realizar un cálculo de probabilidades y anticipar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Para el otorgamiento de la medida cautelar, con fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, debe tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, es decir, el derecho que se presume violado. Resulta atinente al caso citar la jurisprudencia número P./J. 15/96, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VI del Apéndice 1917-2000, Novena Época, página 374, la cual es del rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). Al efecto, cabe precisar el contenido de los artículos 28, 30, 33 y 34 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León que, a la letra, disponen: (se transcriben). De los citados preceptos se obtiene que la licencia de conducir es un acto administrativo, cuya acreditación es necesaria para demostrar la legitimación del quejoso para estar en posibilidad de realizar la actividad que pretende, por lo tanto, cabe concluir que el quejoso, al traer consigo su licencia de conducir significa que ha cumplido con los requisitos exigidos por el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo cual, el derecho a portar la licencia de manejo es un derecho preconstituido, demostrando así que sólo trata de preservar un derecho que ya tiene y no de constituir uno nuevo. Pues bien, en virtud de que los hechos que dieron lugar al acto reclamado sucedieron en el kilómetro **********, de la carretera nacional del Municipio de Santiago, Nuevo León, según consta de la boleta de infracción levantada por el agente de tránsito **********, del citado Municipio, es preciso anotar el contenido de los artículos 28, 61, 62, 128 y 129 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio de Santiago, Nuevo León que, a la letra, disponen: (se transcriben). Del contenido de los preceptos transcritos se obtiene que el exceso de velocidad es una de las prohibiciones contenidas en el capítulo duodécimo del Reglamento de Tránsito y Transporte de Santiago, Nuevo León, específicamente en su numeral 61. Ante la comisión de dicha prohibición, la fracción V del artículo 129 del reglamento en cita dispone que la sanción correspondiente consiste en multa, para lo cual se indica un tabulador que contiene el tipo de infracción, el artículo y fracción relativos, así como la sanción que a cada caso corresponda. De tal manera que en la fracción II del numeral 129 del propio reglamento, se expresan los supuestos en los cuales se sanciona la comisión de alguna falta o violación al ordenamiento, con la suspensión de la licencia de conducir, dentro de los cuales no se encuentra el exceso de velocidad. Ahora bien, precisado lo anterior, cabe señalar que, en el caso en concreto, en la boleta de infracción número **********, levantada el día tres de marzo de dos mil siete, el agente de tránsito, identificado con el número **********, de nombre **********, hizo constar en el propio documento que el conductor ********** cometió la infracción de exceso de los límites de velocidad, conforme al artículo 62 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio de Santiago, Nuevo León, en el kilómetro ********** de la carretera nacional, y retuvo el documento consistente en la licencia número **********. Por tanto, es dable concluir que, presuntivamente, la autoridad responsable actuó al margen de la ley pues, independientemente de que no fundó y motivó un acto como se verá, sancionó el exceso de velocidad del ahora recurrente, con la retención de la licencia de conducir, siendo que, en la especie, procede la imposición de una multa. En efecto, al realizar un asomo al escrito de garantías, se advierte que en el concepto de violación marcado como quinto, el quejoso reclama una ausencia de fundamentación y motivación. Por tanto, sin que con lo precisado en líneas anteriores se esté prejuzgando sobre la certeza del derecho violado, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ello corresponde al Juez de Distrito, al resolver la sentencia de amparo, en base a un procedimiento más amplio y con mayor información, que el que se realiza en la especie, a efecto de determinar la concesión o no de la suspensión provisional, es dable concluir que la prohibición de manejar en exceso de velocidad se estipula en el artículo 61 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Municipio de Santiago, Nuevo León y, en el caso, el agente responsable hizo constar en la boleta de infracción que la misma derivaba del artículo 62. Por otro lado, a fin de determinar si en el caso en concreto procede o no la suspensión provisional conviene distinguir entre los actos de tracto sucesivo y los actos consumados. Pues bien, en los actos de tracto sucesivo existe una pluralidad de acciones dirigidas a un solo fin, se precisa la realización de acciones periódicas por parte de la autoridad, a fin de que en el transcurso del tiempo el acto siga produciendo efectos. Es, precisamente, la necesaria reiteración de los actos de la autoridad lo que conlleva a que la medida cautelar solicitada en contra de un acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23711-8f50e1c3/suspension-en-amparo-se-puede-conceder-ante-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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