SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE IMPUGNEN OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, COMO LA FALTA DE RECOLECCIÓN DE BASURA O LA DE NO VERIFICAR SI ALGUNA PERSONA ESTÁ CONTAMINANDO EL ENTORNO, PROCEDE OTORGAR ESA MEDIDA CAUTELAR SI SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DEL DERECHO AFECTADO CON AQUÉLLAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, SIN QUE ELLO CONSTITUYA UN DERECHO EN FAVOR DEL QUEJOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, HUGO GÓMEZ ÁVILA, MARCOS GARCÍA JOSÉ, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. AUSENTE: JAIME C. RAMOS CARREÓN. PONENTE: HUGO GÓMEZ ÁVILA. SECRETARIO: AURELIO MÉNDEZ ECHEAGARAY.
Zapopan, Jalisco, Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.
VISTO los autos, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, denunciaron la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por dicho órgano, al resolver la revisión incidental **********; y el diverso por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia, al fallar el recurso de queja **********.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. En auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis con el número 25/2017. Como posible punto de contradicción se indicó:
"... radica en determinar, si procede o no, la suspensión contra omisiones de la autoridad responsable de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de diversas normas ambientales que conlleve una afectación a los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano."
En dicho auto se tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión incidental ***********, por el Primer Tribunal Colegiado contendiente y solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado, que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en el recurso de queja *********. A los dos órganos disidentes se les requirió para que informaran si estaba vigente el criterio que sustentaron, si el criterio estaba superado o abandonado, y de ser así, indicaran la causa, así como que señalaran si estaban pendientes de causar ejecutoria sus resoluciones materia de este asunto.
Por acuerdo de presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio **********, suscrito por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja **********, de su índice. Asimismo, se tuvo a ese órgano de amparo y al Primer Tribunal Colegiado haciendo del conocimiento del Pleno que los criterios sustentados en sus asuntos se encontraban vigentes.
Por auto de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, el presidente de este Pleno tuvo por recibido el oficio **********, de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informaba que en los últimos seis meses no se advertía la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en el Alto Tribunal que guardara relación con la temática planteada.
No obstante lo anterior, de la revisión realizada al Sistema de Seguimiento de Expedientes en la página de Intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que los días veintisiete de febrero y dos de abril, ambas de dos mil dieciocho, fueron recibidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las contradicciones de tesis 85/2018 y 122/2018, respectivamente.
Cabe destacar que la contradicción de tesis 122/2018, fue declarada inexistente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho; mientras que la diversa 85/2018, del índice de la citada Primera Sala, actualmente se encuentra pendiente de resolución.
En proveído de doce de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó turnar los autos de esta contradicción de tesis al Magistrado Hugo Gómez Ávila, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
Una vez elaborado el proyecto, se listó el asunto para su estudio y resolución en sesión de veinticinco de junio de dos mil dieciocho; no obstante, los integrantes del Pleno determinaron, por unanimidad de votos, retirarlo, para su reelaboración.
CONSIDERANDO:
I. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
II. La contradicción de tesis se denunció por parte legitima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que forma parte de esta contradicción de tesis.
III. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el recurso de revisión incidental **********, sostuvo que los actos reclamados constituían omisiones atribuidas a las autoridades responsables de actuar conforme a sus facultades legales, lo cual implica una abstención que carece de efectos positivos susceptibles de paralizarse, pues consisten en omisiones por parte de las autoridades señaladas como responsables, de inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la tercero interesada a diversas normas ambientales, por lo que la transgresión de derechos humanos por esas abstenciones de las autoridades señaladas como responsables sólo puede ser materia del juicio de amparo en cuanto al fondo y no de la medida cautelar, pues ésta no permite constituir derechos a los quejosos, porque ello está reservado a la cuestión litigiosa de fondo en el amparo y, para evidenciar lo anterior, al efecto se transcribe el contenido del considerando V de dicha ejecutoria, que dice:
"V. Los agravios son ineficaces.
"En la audiencia incidental de donde emana la resolución recurrida, el Juez Federal mencionó que: ‘... no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de requerir copias certificadas de la averiguación previa **********, en razón de lo que pretende demostrar con esas documentales son los actos reclamados omisivos, los cuales no se encuentran en contradicción ...’
"El Juez de Distrito, en la determinación impugnada, estimó que las autoridades que residen fuera de la zona conurbada de Guadalajara no han sido notificadas, por lo que señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental.
"Posteriormente, el a quo consideró que la Delegación Jalisco y la Subdelegación de Inspección Industrial, ambas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, están debidamente notificadas, empero que, no obstante ello, no rindieron sus respectivos informes previos; por ende, el juzgador concluye que se presumen ciertos los actos que se les atribuyen.
"En relación con los actos reclamados referidos en el párrafo postrero, el resolutor dijo que la suspensión pretendida sólo puede recaer en actos positivos; que los negativos se traducen en una conducta de no hacer de la autoridad, los cuales se clasifican en tres, a saber: abstenciones, negativas simples, y actos prohibitivos; que los combatidos son abstenciones, en específico, la falta de inspección y de vigilancia a la empresa tercero interesada; y que, dada su naturaleza, no admiten la medida cautelar solicitada, pues de concederse ‘... y constreñir a la autoridad a actuar, amén de que son cuestiones que deben resolverse en el juicio principal como de fondo; ...’. Por eso, negó la suspensión definitiva solicitada.
"Finalmente, en relación con la medida precautoria pedida en la suspensión para efecto de los actos reclamados (‘... la inmediata clausura de la planta industrial de la tercero interesada, ...’), el Juez de Distrito estimó que no procede otorgarla, porque se tratarían temas que sólo deben ser analizados en la sentencia que se dicte en el juicio principal; aunado a que corresponde a las autoridades administrativas ordenar la clausura y no al Juez Federal.
"Frente a las anteriores consideraciones, el recurrente aduce que:
"- Aun cuando los referidos actos reclamados son negativos, éstos sí son susceptibles de suspenderse, en virtud de que tienen efectos positivos, los cuales se materializan momento a momento, al contaminar, la tercera, el medio ambiente con su planta industrial;
"- Los actos combatidos no son simples omisiones, toda vez que, al ‘no sancionar’ dichas acciones contaminantes, se ‘concretizan materialmente en el medio ambiente’;
"- El a quo no analizó la averiguación previa ofrecida como medio de convicción e incorrectamente decidió no solicitar la remisión de esa averiguación, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, dado que con ella se demuestran los efectos positivos de los actos negativos reclamados, o sea, se evidencia la contaminación al suelo y agua producida por la tercera interesada y la omisión de las responsables. Además, el inconforme solicita que este Tribunal Colegiado requiera por la remisión de dicha averiguación previa o en su defecto ordene al Juez Federal que la recabe; y,
"- El juzgador no consideró que conforme al contenido del precepto 147 de la nueva Ley de Amparo, es posible, al resolver sobre la suspensión solicitada, restablecer al quejoso en el goce de sus derechos violados mientras se dicta la sentencia en definitiva, principio que conforma la excepción a la regla genérica consistente en que la suspensión del acto reclamado no debe tener efectos restitutorios, ya que la actual legislación de la materia autoriza la concesión de la medida cautelar en los casos en que, de no concederse, el amparo quedaría sin materia, pues se consumarían irreparablemente las violaciones aducidas por el quejoso.
"Los agravios sintetizados son ineficaces.
"En primer lugar, debe decirse que no asiste razón al recurrente en cuanto a que se trata de actos negativos con efectos positivos, ya que el a quo de forma correcta determinó que se trata de actos negativos que constituyen abstenciones; es decir, el Juez Federal no negó la medida cautelar atendiendo a la simple naturaleza negativa de los actos, sino que dijo que se trataba de meras abstenciones, omisiones, las cuales, precisó ‘... carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto no existe materia para conceder la suspensión; ...’ (foja 86 del toca de revisión)
"Ahora bien, precisado lo anterior, es conveniente mencionar cuál es la técnica que debe seguirse para determinar la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo.
"En cuanto al marco normativo vigente, los numerales 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: ‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social ...’ (el subrayado fue incluido por este órgano colegiado); y ‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.—La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’
"De dichos arábigos se desprende que para el estudio de la suspensión de los actos reclamados en el juicio constitucional, debe tomarse en consideración, en su orden, lo siguiente:
"1) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos;
"2) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales); y,
"3) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 128 de la nueva Ley de Amparo (requisitos legales).
"Al respecto se comparte, la tesis X.1o.12 K (número de registro «digital»: 203881), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, página seiscientos nueve, que dice: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, MANERA DE REALIZARSE EL ESTUDIO DE LA.—Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse; por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados, los efectos y consecuencias combatidas (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo, (requisitos legales); y d). Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisito de efectividad).’
"Elementos, los mencionados, que conforman la técnica de estudio de la suspensión en el juicio de derechos fundamentales.
"Además, debe agregarse que esos elementos fueron destacados en términos sustancialmente idénticos a los antes precisados, en las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 116/2012, en la que analizó la Ley de Amparo abrogada, ejecutoria que se encuentra publicada a partir de la página mil ciento cincuenta y nueve del Libro X, Tomo Dos, julio de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que, en lo conducente, es del siguiente tenor: ‘QUINTO.—Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—La suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar los actos reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado.—El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual, el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.—Los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados. ... Conforme al marco constitucional y legal anteriormente expuesto, se desprende que, para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, deben verificarse diversos elementos.—En principio, es necesario verificar si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, dado que no existiría materia sobre la cual decretar dicha medida.—Para verificar la certeza de los actos reclamados, tratándose de la suspensión provisional, se deberá atender a las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realiza el quejoso; en cambio, tratándose de la suspensión definitiva, deberán tomarse en cuenta los informes previos que rindan las autoridades responsables o, en su caso, la omisión en que incurran, así como las pruebas que ofrezcan las partes.—Posteriormente, es necesario verificar que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados y declarativos, entre otros.—Finalmente, para conceder la suspensión de los actos reclamados, debe verificarse que se encuentren satisfechos los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, paralelamente, al analizar este último requisito, cuando la naturaleza del acto lo permita, es necesario realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social y, finalmente, verificar que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.—De acuerdo con lo anterior, para conceder la suspensión de los actos reclamados, el Juez de Distrito debe tomar en cuenta, sucesivamente, los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado sea cierto.—b) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de ser suspendido.—c) Que la suspensión la solicite el agraviado.—d) Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, caso en el cual, se podrá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita.—e) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado ...’ (el realce fue añadido por este órgano colegiado)
"De la mencionada ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 59/2012 (10a.), consultable también en el Semanario «Judicial de la Federación» y su Gaceta referidos, empero, en la página mil ciento ochenta y seis, de rubro y texto: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO. SE PUEDE CONCEDER ANTE EL DESPOSEIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR POR PARTE DE LA AUTORIDAD, PORQUE NO ES UN ACTO CONSUMADO. El desposeimiento de una licencia de conducir llevada a cabo por una autoridad antes de promover juicio de amparo no es un acto consumado para efectos de la suspensión, ya que sus consecuencias se prolongan durante el tiempo que el documento no se regrese al quejoso; por tanto, cuando se solicite la medida cautelar para que la autoridad devuelva el documento en cuestión, es factible decretarla sin que ello implique darle efectos restitutorios, al no dejar insubsistente el acto reclamado sino mantener viva la materia del juicio, a fin de que sea la ejecutoria de amparo la que, en su caso, permita a la autoridad responsable ejecutar el acto en sus términos o restituir al agraviado en el goce de sus derechos. En todo caso, la concesión estará sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público –en cuyo caso se podrá realizar un análisis de la apariencia del buen derecho–, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado; lo que el órgano que conozca de la suspensión deberá analizar en cada caso, atendiendo a los motivos y fundamentos del acto reclamado.’
"De lo hasta aquí expuesto es incuestionable que, conforme al vigente marco normativo citado y como lo precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conceder la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, deben verificarse diversos elementos, entre ellos, la existencia de los mismos, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder la medida cautelar, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión.
"Ahora bien, en el caso, los actos reclamados constituyen omisiones que se atribuyen a las autoridades responsables de actuar conforme a sus facultades legales, lo cual implica una abstención que carece de efectos positivos susceptibles de paralizarse (independientemente de lo que se desprenda de la averiguación previa que indica el recurrente), pues, como se expuso, consisten en omisiones por parte de las autoridades señaladas como responsables, de inspeccionar y vigilar el cumplimiento por parte de la tercero interesada a diversas normas ambientales.
"Así, contrario a lo que pretende la recurrente, la transgresión de derechos humanos por esas abstenciones de las autoridades señaladas como responsables sólo puede ser materia del juicio de amparo en cuanto al fondo y no de la medida cautelar, que tiene la limitante de servir para preservar derechos de que los quejosos ya gozan, y no permite constituir a su favor ningún otro, porque, se insiste, ello está reservado a la cuestión litigiosa de fondo en el amparo.
"Es oportuno mencionar, en relación con el argumento del recurrente, en el sentido de que la contaminación al medio ambiente está acreditada con una averiguación previa (prueba que el a quo no quiso recabar conforme a lo ordenado por el 121 de la Ley de Amparo), ello, en todo caso, también corresponde al problema de fondo de los actos reclamados, lo cual deberá dilucidarse en la sentencia definitiva que se dicte en su oportunidad y, por ello, no procede actuar conforme a lo solicitado que se recaben las constancias pertinentes.
"Además, el recurrente se limita a afirmar que con la averiguación previa se demuestran lo efectos positivos de los actos reclamados (la contaminación que produce la tercera interesada al medio ambiente), sin sustentar ni explicar el porqué de sus aseveraciones; máxime que tales actos, de existir, son materia de análisis en cuanto a fondo, esto es, para evidenciar si al existir la contaminación que afirma la quejosa, conlleva calificar la inconstitucionalidad del no actuar de las autoridades responsables en sus facultades de inspección, verificación y sanción por incumplimiento a las normas ambientales.
"Sirve de apoyo la jurisprudencia número 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta y uno del Tomo XVI, de diciembre de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.—El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.’
"En correlación con lo anterior, también es pertinente mencionar que con dicha prueba (la averiguación previa), el quejoso pretende acreditar la existencia de los actos reclamados [abstenciones de inspeccionar y verificar la planta industrial de la tercero interesada]; empero, como ya se precisó, se trata de actos omisivos, que representan una abstención de las autoridades responsables, contra la que no es procedente la suspensión en los términos y para los efectos pretendidos por el impetrante.
"Se insiste, al tratarse los actos reclamados de omisiones que no tienen efectos positivos susceptibles de paralizarse, contrario al dicho de la recurrente, no procede concederse esa medida cautelar, ya que cuando la autoridad responsable se abstiene de hacer algo, la suspensión no puede tener el efecto de ordenarle que actúe, pues con ello se estaría otorgando a dicha medida precautoria efectos restitutorios propios del fondo del amparo.
"Al respecto se comparte, por la información que ministra, la tesis aislada clave I.6o.T.3 K (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, en el Libro XXV, Tomo Tres, de octubre de dos mil trece, página mil novecientos doce, que dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS.—Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.’
"Resulta necesario señalar que las tesis aisladas que invoca el inconforme, como sustento de sus alegaciones, provenientes de diversos tribunales homólogos, de rubros: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS.’, ‘ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN.’, ‘ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RECIBIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, RESPECTO DEL CUAL PROCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.’ y ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE CONCEDERSE CONTRA ACTOS DE NATURALEZA NEGATIVA, CUANDO INDIRECTAMENTE TIENEN UN EFECTO POSITIVO QUE REPERCUTE EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO.’, no resultan aplicables, dado que en el caso no se reclaman propiamente actos negativos, es decir, que contengan una decisión en sentido negativo por parte de la autoridad, sino una abstención, un no hacer de la autoridad.
"Por otro lado, no es cierto que el Juez de Distrito haya soslayado el contenido del artículo 147 de la nueva Ley de Amparo, numeral que dispone que, de ser jurídica y materialmente posible, deberá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce de sus derechos violados mientras se dicta la sentencia en definitiva, es decir, ese arábigo prevé el principio que conforma la excepción a la regla genérica consistente en que la suspensión del acto reclamado no debe tener efectos restitutorios, ya que autoriza la concesión de la medida cautelar en los casos en que de no otorgarse, el amparo quedaría sin materia, pues se consumarían irreparablemente las violaciones aducidas por el quejoso. Sin embargo, en el caso, esa hipótesis de excepción no se actualiza, pues de no concederse, en este caso la suspensión solicitada, no acabaría con la materia del amparo ni se consumarían irreparablemente los actos reclamados, que consisten, repítese, en las omisiones que se atribuyen a las responsables de inspeccionar, vigilar y, en su caso, sancionar a la empresa tercero interesada.
"En efecto, la decisión del juzgador en el sentido de negar la medida cautelar no consuma irreparablemente el acto reclamado, en virtud de que las omisiones reclamadas continúan materializándose al traducirse en un no hacer de las responsables y, en caso de obtener una sentencia favorable, no hay violación que restituir, pues, se reitera, esa omisión permanece intacta hasta en tanto las responsable actúen en sentido contrario, es decir, vigilen, inspeccionen o, en su caso, sancionen.
"De ahí que las tesis que se citan, en apoyo de estas alegaciones, de rubros: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DISCRECIONALIDAD DE LOS JUEC
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28278-abff87fb/suspension-en-amparo-indirecto-cuando-se-impugnen-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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