SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO, PUES SE CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS BERNARDINO CARMONA LEÓN, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, GUILLERMO NÚÑEZ LOYO Y MANUEL MUÑOZ BASTIDA. DISIDENTE: MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: GUILLERMO NÚÑEZ LOYO. SECRETARIO: ISAÁC RAMÍREZ SALERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en relación con la fracción II del numeral primero del diverso Acuerdo General 3/2013, ambos aprobados por el Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que ejercen su jurisdicción en el Circuito donde este Pleno tiene competencia.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, debido a que la formula el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en términos de los artículos 226, fracción III, 227, fracción III y 230, fracción III, de la Ley de Amparo; así como del artículo 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los tribunales contendientes.
a) Recurso de queja ********** del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
El recurso de queja ********** fue resuelto en sesión de veintidós de abril de dos mil diecinueve, por mayoría de votos de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el cual se sostuvo, en esencia, lo siguiente:
• En principio se expuso que la quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 283 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, con motivo del primer acto de aplicación; pretendiendo a través de la suspensión provisional, que los efectos y consecuencias subsecuentes de esa norma, anulen el derecho a obtener el cumplimiento de la aludida sentencia y, como consecuencia, los derechos determinados en esta última, al abstenerse la responsable de exigir dicho cumplimiento.
• Asimismo, se dijo que era factible otorgar la medida cautelar a fin de impedir que la norma reclamada produjera, o continuara produciendo en lo subsecuente, efectos que lesionaran la esfera jurídica del quejoso, lo que a su vez acreditaba el interés suspensional de dicho recurrente; empero, tal examen debía realizarse en forma simultánea con la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora.
• En la ejecutoria se precisó que, de un examen preliminar se obtenía que, si bien la figura de la caducidad tenía como fundamento salvaguardar el principio de certeza jurídica; sin embargo, en la ejecutoria se destacó que, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva implicaba y tenía como finalidad última la materialización de la sentencia que se llegara a emitir en un juicio.
• De igual manera se indicó que, el ejercicio de la función jurisdiccional comprende las potestades esenciales siguientes: el conocimiento de la controversia planteada; su dilucidación a través de una sentencia firme; y la obtención plena del cumplimiento de lo decidido; de modo que constituyen ejes inseparables del ejercicio de esa potestad la determinación adoptada en el caso concreto y la facultad para hacer cumplir lo resuelto, mediante el empleo de los mecanismos razonables y necesarios que estime pertinentes el juzgador.
• En ese sentido, se destacó que si el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa establece que ese tribunal está "dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus resoluciones"; de ese modo el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en sus numerales 279 a 284, le otorgan mecanismos para exigir el cumplimiento de las sentencias que emita; por lo que la función jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México no se agota con el dictado de la sentencia, sino que es necesario que el propio tribunal preserve los valores tutelados o el derecho declarado en ella, a fin de obtener la plena ejecución de lo decidido.
• De esa forma, la ejecutoria puntualizó que la sentencia que resuelva que alguna autoridad se apartó del orden legal se entenderá cumplida hasta en tanto se repare ese quebrantamiento, a fin de tener plenamente salvaguardado el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.
• En ese contexto, se indicó que, partiendo de que la tutela judicial efectiva no se agota en el dictado de la sentencia, sino que amerita que los derechos determinados en ésta adquieran plena eficacia a través de su cumplimiento, existe la probabilidad de que, al efectuarse el estudio de fondo, se llegara a considerar que la norma reclamada, al liberar al órgano jurisdiccional de exigir ese cumplimiento, anula esos derechos y, por ende, podría apartarse del orden constitucional. Aunado a lo anterior, se consideró que la norma reclamada, en sí misma, no protegía algún interés social ni regulaba alguna disposición de orden público que impidiera otorgar la medida cautelar; por el contrario, se estimó que constituía una cuestión de orden público y de interés social que las sentencias que emitiera el órgano jurisdiccional de referencia fueran efectivamente cumplidas.
• Asimismo, se puntualizó que el otorgamiento de la suspensión provisional, en forma alguna, implicaba constituir en favor del quejoso un derecho que no tenía antes de la obtención de la suspensión, habida cuenta que, en el caso particular, el derecho fundamental a que se ejecutara la sentencia emitida en el juicio administrativo, obtuvo ese derecho desde el momento en que ésta se emitió; cuyo derecho derivaba precisamente del artículo 17 constitucional. Asimismo, que en caso de negarse la protección constitucional, la autoridad tendría expeditas sus facultades para declarar caduco el procedimiento de cumplimiento de sentencia, pues la suspensión se otorgaba para el efecto de que el órgano jurisdiccional continuara exigiendo el cumplimiento de la sentencia, lo que evidenciaba que con la decisión asumida no se dejara sin materia el juicio de amparo.
b) Recurso de queja ********** y de revisión incidental ********** del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
El recurso de queja ********** fue resuelto en sesión de treinta de abril de dos mil diecinueve y el recurso de revisión incidental ********** el tres de octubre de dos mil diecinueve, ambos por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en los cuales sostuvo, en esencia, lo siguiente:
• Por principio se destacó que la quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 283 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, con motivo del primer acto de aplicación.
• El órgano jurisdiccional precisó que la suspensión de la norma reclamada y su primer acto de aplicación (efectos y consecuencias), inclusive atendiendo a lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Amparo, no puede llegar al extremo de decidir sobre la legalidad, o no, de la resolución que decretó la caducidad del procedimiento administrativo, en su etapa de cumplimiento.
• Además, señaló que permitir el otorgamiento de la medida cautelar, sería tanto como aceptar la ilegalidad de la determinación en la que se decretó la caducidad en la etapa de cumplimiento, pues tácitamente se estaría aceptando que es incorrecta, ya que ello era materia del fondo del juicio de amparo, y no de la resolución en la que se efectuara un pronunciamiento sobre la medida cautelar.
• Se refirió que, otorgar la suspensión sobre una resolución que ha determinado la caducidad de la etapa de cumplimiento, implicaría desnaturalizar dicha institución (caducidad), consintiendo con ello, la indebida y extemporánea ejecución de un acto. En consecuencia se determinó que, si bien la suspensión tenía por objeto conservar la materia del amparo; sin embargo, ello no sucedería en ese supuesto, ya que la ejecución de sentencia cuya caducidad se decretó, podría llevarse a cabo antes de que se dictara sentencia de fondo, e inclusive, el juicio habría quedado sin materia.
• Asimismo, que la declaración de caducidad de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo –teniendo en consideración que, inclusive, carece de ejecución material–, no implicaba un daño irreparable para la quejosa, en tanto que su reparación sería factible si se concedía el amparo y, entonces, podría continuar con el procedimiento de cumplimiento de sentencia, inclusive, sin que existiera peligro en la demora, atendiendo, precisamente, a la naturaleza de los actos reclamados, y los propios antecedentes del asunto.
• Finalmente, que lo anterior no significaba una transgresión al derecho fundamental tutelado por la Constitución y diversos tratados internacionales, pues una interpretación a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, no se traducía en liberar a los gobernados de las cargas que las disposiciones de observancia general les impusiera en cada caso concreto, a efecto de que obtuvieran una decisión favorable del órgano resolutor.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. El propósito para el que fue creada la figura de la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad y certeza jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
Bajo ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(2) se estableció que no es necesario satisfacer los requisitos previstos en la diversa jurisprudencia número P./J. 26/2001, pues dicho precedente se interrumpió con motivo de lo resuelto por el Pleno.
De esa manera, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, ahora debe tomarse en consideración que la divergencia de criterios existe cuando los tribunales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean iguales.
Así, para comprobar la existencia de la contradicción de tesis es indispensable determinar si existe necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en el producto del mismo. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.
b) Que entre los ejercicios interpretativos correspondientes, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación éste (sic) con cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.
Al respecto, se estima satisfecho el primero de ellos, pues (sic) los recursos que dan origen al presente asunto, se resolvieron temas similares con un criterio diverso, esto es, por un lado, se estimó que sí es procedente conceder la suspensión respecto a la determinación que confirma la resolución que estima se había configurado la figura jurídica de la caducidad del procedimiento de cumplimiento de sentencia, y por otro, existen dos criterios en sentido contrario, es decir, que no es procedente la medida cautelar contra el acto en cuestión.
No pasa inadvertido para este Pleno de Circuito, que (sic) uno de los casos que deberá analizarse en la presente contradicción, se emitió un voto particular, lo que trajo como consecuencia que se aprobara por mayoría de votos el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado contendiente; sin embargo, esto no incide en la presente resolución, pues las mismas resultan idóneas (sic) para entablar una contradicción de tesis, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 147/2008.(3)
También se satisface el segundo requisito, ya que ambos Tribunales Colegiados analizaron en las respectivas ejecutorias un mismo tipo de problema jurídico, relativo, en el caso, a dilucidar la procedencia de la suspensión del acto reclamado, respecto de la aplicación del artículo 283 del Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, con motivo de la emisión de la sentencia que confirma su determinación, en la parte que prevé la caducidad del procedimiento de ejecución de sentencias en el juicio contencioso administrativo.
Lo anterior, por cuestiones didácticas, se ilustra de la siguiente forma:
Ver tabla comparativa
Finalmente, por lo que hace al tercer requisito, éste también se encuentra colmado, ya que, a partir de lo anterior, es posible concluir que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, puede dar lugar a la formulación de la siguiente pregunta:
¿Es procedente otorgar la medida cautelar contra la resolución que confirma el auto que decretó la caducidad del procedimiento de cumplimiento de sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México?
QUINTO.—Estudio. Pues bien, para estar en condición de resolver la interrogante planteada, en principio, es necesario retomar algunas referencias en torno a la naturaleza de la caducidad y sus consecuencias procesales, para posteriormente analizar la resolución materia de la contradicción, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Amparo, aplicables a la suspensión del acto reclamado, por constituir la materia a resolver.
De la caducidad
La caducidad(4) constituye una forma de terminación del proceso derivada de la inactividad procesal de las partes; institución de orden público que encuentra su origen en los numerales 16 y 17 constitucionales, que tutelan los principios de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia, según los cuales, los actos que integran el procedimiento judicial tanto a cargo de las partes como del órgano jurisdiccional, deben estar sujetos a los plazos y términos que establece la ley, por lo que no pueden prolongarse indefinidamente, correspondiendo a dichas partes satisfacer las cargas procesales para dar impulso efectivo al proceso, a efecto de que éste llegue a su término y cumpla su finalidad.
Las notas distintivas de la caducidad, son las siguientes:
• Es un modo de extinción de la relación procesal, que se produce después de cierto periodo de tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales; tiene su principal fundamento en la presunta voluntad de las partes, que por el abandono en que han dejado el juicio, por un determinado periodo de tiempo, hacen presumir su tácito acuerdo en la renuncia de éste.
• Se aplica en virtud de que, si las partes dejan de actuar durante cierto tiempo en el proceso, es precisamente porque han perdido interés en éste; por lo que la caducidad resulta ser de interés público, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que no haya, de manera indefinida, juicios pendientes de resolver.
• Tiene su fundamento en la presunción de abandono de la instancia por parte de los litigantes, quienes en atención al principio dispositivo, tienen la obligación de impulsar el procedimiento.
Sobre tal premisa, destaca que la caducidad no implica la pérdida del derecho del gobernado para volver a ejercitarlo, siempre y cuando lo haga en el tiempo que señala la ley, pues la figura en cuestión es extintiva del proceso y sus consecuencias sólo impactan al mismo,(5) pero no así a las acciones o derechos deducidos y reconocidos en juicio, entendidos como los derechos sustantivos hechos valer y reconocidos por parte de un órgano jurisdiccional.
Así, establecido en qué consiste la figura de la caducidad; así como sus consecuencias; y, el hecho de que su actualización extingue la instancia pero no la acción; es necesario asomarse a los requisitos de procedencia de la suspensión a petición de parte, con el objeto de determinar si es procedente concederla respecto de la resolución que confirma la actualización de dicha figura, en la etapa de cumplimiento y ejecución de sentencias, conforme a lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Suspensión del acto reclamado
A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquel que (sic) aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social."
En dicha reforma, se ordena al órgano jurisdiccional de amparo realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, a efectos de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado.
Al respecto, la Ley de Amparo, al regular lo relativo a la suspensión del acto reclamado, establece que promovida ésta, el órgano jurisdiccional deberá realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social para resolver si concede o niega la suspensión provisional y, en el primer caso, fijar los requisitos y efectos de la medida (artículo 138, fracción I).
En los casos en que proceda la suspensión a petición de parte (artículo 128) o en la que se aduce un interés legítimo (artículo 131) si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Con la posibilidad de revocar la suspensión provisional si surgen elementos que modifiquen la valoración sobre la afectación al interés social y el orden público, previa vista al quejoso (artículo 139).
De igual forma, al resolver sobre la suspensión definitiva, de considerarse procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para hacer conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos (primer párrafo del artículo 147).
Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (segundo párrafo del artículo 147).
En relación con lo anterior, la mencionada reforma elevó los principios de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora a rango constitucional, como elementos a considerar para conceder la medida de suspensión a fin de que cumpla cabalmente su finalidad protectora, al mismo tiempo que ordena ponderarla con los posibles perjuicios al interés social, para evitar abusos en el ejercicio de la acción de amparo.(6)
Por tanto, se admite que la suspensión del acto reclamado participa de la naturaleza de las medidas cautelares,(7) cuya esencia es la de servir de instrumento práctico de eficacia del derecho alegado, entre tanto sigue su curso el proceso ordinario y se dicta la sentencia en que se resuelva con certeza y en forma definitiva sobre tales derechos, para evitar los perjuicios que pudieran derivar del tiempo necesario en el seguimiento del juicio.
Junto con la cognición y la ejecución, las medidas cautelares representan una tercera finalidad del proceso, consistente en la prevención de los daños del litigio.
En ese sentido, la medida cautelar participa de los efectos de la sentencia definitiva del proceso, específicamente de los efectos prácticos, en cuanto permite mantener al afectado en el goce del derecho que aparentemente le asiste mientras se resuelve el juicio, pero corresponde sólo a la sentencia determinar en definitiva sobre los derechos alegados y, en su caso, dejar sin efectos los actos jurídicos.
Por eso, los presupuestos de las medidas cautelares son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto (fumus boni iuris), así como en la amenaza de que, por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora). Y las notas distintivas de tales medidas son la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: la resolución definitiva, en que se determine con certeza sobre el derecho alegado.
Así, este Pleno concluye que la medida cautelar en el juicio de amparo, tiene como objeto por una parte, mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección; así como, evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y, sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho.
De acuerdo con lo anterior, puede apreciarse que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, en virtud de ella, el quejoso siga gozando de la garantía que pretendía arrebatarle el acto violatorio mientras se resuelve el juicio de amparo.
En la inteligencia de que no solamente puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada).
Lo anterior, bajo el entendido de que la suspensión no podría llevar a constituir derechos que el quejoso no tenía antes de solicitar la medida cautelar, pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar.(8)
Esto, a reserva de que al dictarse la sentencia se consolide tal protección por estimar que efectivamente le asiste el derecho advertido en el examen preliminar del asunto que se hizo al conceder la medida, o bien, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado en razón de haber encontrado que al quejoso no le asiste el derecho alegado.
Elementos que se encuentran establecidos en la Ley de Amparo, tanto en lo relativo a mantener las cosas en el estado en que se encuentran, por ejemplo, en los supuestos de los actos reclamados para los cuales debe concederse de oficio la medida cautelar debido a que la consumación de esos actos haría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho, al tratarse de actos que importan el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales; también cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (artículo 126). O los casos de extradición, y cuando se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado (artículo 127).
De igual manera, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible (segundo párrafo del artículo 147).
Concedida la medida, se ordena al Juez fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para hacer conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos (primer párrafo del artículo 147). Así como tomar las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva en el juicio de amparo (tercer párrafo del artículo 147).
En el caso de amparo contra leyes, la suspensión tiene por efecto impedir los efectos y las consecuencias de la norma impugnada, así como las del acto de aplicación, en su caso (artículo 148).
Además, cuando por disposición expresa de la ley un particular tiene o debe tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, con motivo de la suspensión la autoridad responsable le ordenará la paralización inmediata de la ejecución, efectos o consecuencias del acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional (artículo 149).
Asimismo, la ley determina que la suspensión no debe impedir la continuación de los juicios, ni de los procedimientos de remate, hasta antes de que se dicte sentencia firme, o se ordene la escrituración y entrega del bien, respectivamente, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso (artículos 150 y 151).
Caso específico en la contradicción de tesis
Indicados los elementos necesarios para resolver la materia de la presente contradicción, el Pleno en Materia Administrativa de este Circuito estima que no es procedente otorgar la medida cautelar respecto de la resolución que confirma la caducidad del procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia en un juicio contencioso administrativo tramitado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, conforme a lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, pues de hacerlo se transgredirían disposiciones de orden público, de conformidad con las consideraciones siguientes.
En el caso, los tribunales contendientes se pronunciaron respecto de la viabilidad o no, de suspender con efectos restitutorios provisionales, una resolución de segunda instancia, en la que se confirmó un acuerdo emitido en la fase de cumplimiento y ejecución de sentencia por el titular de la Sala instructora, que decretó la caducidad de dicha etapa del procedimiento, en términos de lo previsto en el numeral 283 del Código de Procedimientos Adminis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29685-10d10fcf/suspension-es-improcedente-concederla-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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