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Modo: Corpus Pro

MEJORA REGULATORIA. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA SE ABSTENGA DE DICTAR LA RESOLUCIÓN O EL DICTAMEN FINAL EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2013. · Registro digital (IUS): 25121
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-07-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 549.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR; CARLOS RONZÓN SEVILLA Y HOMERO FERNANDO REED ORNELAS NO CONVINIERON EN LAS CONSIDERACIONES. PONENTE: HOMERO FERNANDO REED ORNELAS. SECRETARIO: ANÍBAL JESÚS GARCÍA COTONIETO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el anexo del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como con el punto primero, fracción I, punto segundo, fracción I, numeral 1, punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) toda vez que se formuló por el presidente de la República, quien fue parte en los asuntos materia de la presente contradicción.

TERCERO. Precisado lo anterior, resulta conveniente tener en consideración los criterios materia de la presente contradicción.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintinueve de noviembre de dos mil once, al resolver el recurso de queja QA. XI-124/2011, interpuesto por Televisora Peninsular, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil once, en los autos del cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1625/2011 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -en el que se negó la suspensión provisional solicitada-, determinó lo siguiente:

"SÉPTIMO. Previamente al estudio de los agravios invocados, es menester realizar algunas precisiones.

"1) En la demanda de amparo, la quejosa señaló como actos reclamados, los siguientes:

"a) El proceso legislativo del artículo 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"b) Su primer acto de aplicación consistente en el oficio número COFEME/112896 de 15 de noviembre de 2011, emitido por el coordinador general de Manifestación de Impacto Regulatorio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

"2) En capítulo especial de dicha demanda se solicitó la suspensión de los siguientes actos:

"‘Solicito a su Señoría que a fin de conservar la materia del presente juicio de amparo y con fundamento en lo dispuesto por los artículos (sic) 138 de la Ley de Amparo, y sin suspender el procedimiento seguido ante Cofemer con número de expediente 10/0538/220911, conceda a la quejosa la suspensión provisional y, en su oportunidad definitiva, con el único fin de que la autoridad responsable no dicte resolución o dictamen final alguno en el expediente 10/0538/220911 de la Cofemer hasta que no se resuelva en definitiva el juicio de garantías en que se actúa.’

"3) El Juez de Distrito negó la suspensión provisional solicitada, por las siguientes razones:

"a) La quejosa sólo pidió la suspensión respecto del acto consistente en que la autoridad no dicte resolución o dictamen final alguno en el expediente 10/0538/220911 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, hasta que no se resuelva en definitiva el juicio de amparo.

"b) El acto reclamado no puede tener los efectos sobre los que se solicita la suspensión provisional, pues se combate el primer acto de aplicación del artículo 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al emitir el oficio COFEME/112896 de 15 de noviembre de 2011.

"c) Por ello, ‘resulta cuestionable que no existe una clara concatenación entre el acto reclamado y aquel cuya suspensión pide, de manera tal que si se solicita la suspensión de un acto que no es reclamado en esta instancia, ni tampoco forma parte de sus consecuencias, la suspensión es improcedente’.

"d) Es decir, se solicita la suspensión respecto de un acto que no fue reclamado.

"e) En cuanto al efecto de la suspensión solicitada de que la autoridad no dicte resolución o dictamen final alguno en el expediente 10/0538/220911 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, hasta que se resuelva el juicio de amparo; no se colma el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que ese acto es parte de un procedimiento administrativo que debe entenderse en su totalidad, es decir, desde su inicio, hasta su conclusión con el dictado de la resolución que conforme a derecho corresponda.

"f) En ese caso, de concederse la suspensión se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues equivaldría a paralizar un procedimiento administrativo, lo que contraria al artículo 138 de la Ley de Amparo.

"g) Además, la paralización de tal procedimiento al no permitir continuar con su secuela procesal, estaría vedando a la autoridad responsable el ejercicio de las facultades legales que le han sido conferidas para que cumpla su función pública.

"4) En esencia, la recurrente arguye lo siguiente:

"a) Es incongruente el acuerdo recurrido ya que al negar la suspensión provisional, señala que:

"• El acto por el cual se solicita no fue reclamado en la demanda de amparo.

"• Si se hubiera reclamado el procedimiento del que deriva el oficio reclamado, tampoco sería procedente otorgar la medida cautelar por no cumplir el requisito de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se puede paralizar un procedimiento, ya que además de no preverlo el numeral 128 (sic) de la misma ley, se contravendrían normas de orden público y se afectaría el interés social.

"b) No debió dudarse o negar la existencia de un procedimiento administrativo, toda vez que de él deriva el oficio que se reclama como primer acto de aplicación del artículo 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"c) Es errónea la premisa de que se solicitó la suspensión de dicho procedimiento, dado que el acto que se pretende sea suspendido es el dictado de la resolución o dictamen final, hasta que se resuelva el juicio de amparo, lo cual no resulta contrario al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo y además está previsto en el diverso 138 de esa ley.

"OCTAVO. Son sustancialmente fundados los agravios que esgrime la recurrente suplidos en su deficiencia y atendiendo a la causa de pedir, conforme a la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal, que dice:

"‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe)

"Ahora, de las constancias remitidas en vía de informe por el Juez de Distrito del conocimiento, se advierte que la quejosa solicitó que a fin de conservar la materia del juicio de garantías con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo y sin suspender el procedimiento seguido ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) con número de expediente 10/0538/220911, conceda la suspensión únicamente para que la autoridad responsable no dicte resolución o dictamen final alguno en dicho expediente hasta que no se resuelva en definitiva el juicio de amparo.

"Por su parte, como se apuntó en páginas precedentes el a quo negó la suspensión provisional por considerar que la enjuiciante no señaló como acto reclamado procedimiento alguno, por tanto, no puede resolver sobre tal medida cautelar en relación a un acto no reclamado.

"Al respecto, es menester precisar que en el capítulo específico de ‘antecedentes’ de la demanda de amparo, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, textualmente lo siguiente:

"‘1) Mi mandante es titular de la concesión para usar comercialmente el canal 9 (186-192 MHz), con distintivo XHTP-TV, con clave 68-VIII-30-TV, que opera en Mérida, Yucatán, y poblaciones contenidas dentro de la zona de cobertura en el territorio nacional, cuyo último refrendo se otorgó el 21 se septiembre de 2004 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Se agrega al presente escrito como anexo 3 copia certificada del título de concesión respectivo.

"‘2) El 22 de septiembre de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió a Cofemer el anteproyecto denominado ‘Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y establece la política para la transición para la Televisión Digital Terrestre en México, publicada en el Diario Oficial (sic) el 2 de julio de 2004’, así como su respectiva manifestación de impacto regulatorio, esto con el efecto de iniciar el proceso de mejora regulatoria previsto en el título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"‘3) El mismo 22 de septiembre del año en curso, se inició el procedimiento con número de expediente 10/0538/220911 ante la Cofemer.

"‘4) El 20 de octubre de 2011 la hoy quejosa presentó ante la Cofemer, dentro del expediente número 10/0538/220911, un escrito por virtud del cual solicitó a dicha autoridad responsable (i) requiera a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que designe un experto que revise la manifestación de impacto regulatorio presentada en el expediente 10/0538/220911; y, (ii) tenga a mi representada designando a un experto que revise la referida manifestación de impacto regulatorio y entregue sus conclusiones y comentarios en términos de las disposiciones legales aplicables, dentro del expediente 10/0538/220911, tramitado ante la autoridad responsable. Se agrega a la presente demanda copia del escrito de 20 de octubre de 2011 como anexo 4.

"‘5) El día 17 de noviembre del año en curso, mi mandante fue notificada del oficio número COFEME/11/2896, en virtud del cual la autoridad responsable Cofemer da contestación a la solicitud de 20 de octubre de 2011 y aplica por primera ocasión en perjuicio de la hoy quejosa el artículo 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.’

"De los antecedentes que narra la quejosa en su demanda de amparo se advierte que señaló que ‘el 22 de septiembre del 2011, se inició el procedimiento con número de expediente 10/0538/220911 ante la Cofemer’ y que dentro de ese expediente la hoy recurrente presentó el escrito referido en el inciso 4) anterior, al que recayó como respuesta el oficio citado en el inciso 5), que se reclama como primer acto de aplicación de la norma impugnada y que dice:

"‘Of. No. COFEME/11/2896

"‘Asunto: Respuesta a escrito de particulares sobre expediente 10/0538/220911.

"‘Lic. Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado

"‘Representante legal de

"‘Televisora Peninsular, S.A. de C.V.

"‘Presente

"‘Me refiero su escrito, recibido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 20 de octubre del presente, en el cual se realizan dos peticiones referentes al anteproyecto denominado acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, publicada en el Diario Oficial de 2 de julio de 2004, con número de expediente 10/0538/220911.

"‘Se toma nota de los comentarios planteados en el escrito, y al respecto se señala que el artículo 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) a la letra refiere:

"‘(se transcribe)

"‘Con base en lo citado, se concluye lo siguiente:

"‘1) Para que la Comefer solicite la designación de un experto se deben cumplir los supuestos siguientes:

"‘a. Que se agote el procedimiento de solicitar «ampliaciones o correcciones a que haya lugar».

"‘b. Que una vez agotado el procedimiento anterior, la manifestación de impacto regulatorio (MIR) siga siendo no satisfactoria, a juicio de esta comisión.

"‘2) Asimismo, cabe aclarar que una vez agotados los supuestos anteriores, la designación del experto estará a cargo de la dependencia u organismo y sólo deberá ser aprobado por esta comisión, de conformidad con el artículo anteriormente citado.

"‘No obstante, en el caso que se analiza, no se cumple ninguno de los supuestos para que esta comisión solicite la designación de un experto.

"‘En efecto, para que esto hubiera sido posible, sería necesario que la Cofemer hubiera solicitado «ampliaciones o correcciones» a la MIR y que, a pesar de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a dicha solicitud, las deficiencias hubieran persistido. Sólo en este caso la comisión habría estado en posibilidad de solicitar la designación de un experto.

"‘En el caso que nos ocupa, la Comefer consideró que la MIR fue satisfactoria en términos de lo expresado en el acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el manual de la manifestación de impacto regulatorio, por lo que no realizó ninguna solicitud de «ampliaciones o correcciones» a la MIR y, en consecuencia, no fue necesaria la intervención de un experto. Por ello, al no cumplirse el primer supuesto mencionado, no es dable conceder lo solicitado en el petitorio primero de su escrito en el sentido de designar a un experto para que revise la MIR referida.

"‘Por otra parte, tampoco es posible tenerle por designado a un experto, para que revise la MIR en virtud de que:

"‘a) La MIR que presentó la SCT fue satisfactoria, a juicio de la Cofemer; y,

"‘b) La designación del experto habría correspondido, de manera exclusiva, a la SCT en el supuesto de que esta comisión hubiera considerado precisa su intervención.

"‘Lo anterior, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69-E y 69-G de la LFPA; artículos 7, fracción IV y 9, fracciones XXIV y XXV, del Reglamento Interior de la Comisión de Mejora Regulatoria; así como el artículo primero, fracción IV, del acuerdo por el que se delegan las facultades del titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los servidores públicos que se indican.

"‘Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

"‘Atentamente

"‘El coordinador general (Rúbrica)

"‘Mtro. Juan Manuel Almazán Pérez.’

"En ese tenor, es claro que la quejosa sí puede solicitar la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva a fin de que sin paralizar el procedimiento iniciado con número de expediente 10/0538/220911 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), se impida que se dicte la resolución o dictamen final en dicho procedimiento, pues la existencia de tal procedimiento se acredita con el oficio que reclama en cuya parte superior de la primera foja, se apunta que se emitió dentro de éste, lo que se corrobora de la anterior transcripción.

"Cabe resaltar que el hecho de que el procedimiento de mérito no se encuentre señalado como acto reclamado en el capítulo especial que se contiene al efecto en la demanda de garantías, ello no implica de forma alguna que se deba tener como tal, habida cuenta que la demanda es un todo integral, es decir, debe ser analizada en su integridad, tal y como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia que a la letra dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’ (se transcribe)

"En consecuencia, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito del conocimiento, la quejosa sí reclamó el citado procedimiento, por tanto, lo procedente es resolver sobre la suspensión solicitada, para lo cual debe analizarse si se cumplen los requisitos para su otorgamiento.

"Al efecto, se estima conveniente insertar el artículo 124 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: (se transcribe)

"El artículo 124 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben reunir los actos reclamados para el otorgamiento de la suspensión, debiendo procurar siempre que el juicio de garantías no quede sin materia.

"Ahora bien, en cuanto a lo resuelto por el a quo en el sentido de que contra el procedimiento reclamado es improcedente conceder la suspensión por no colmarse el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, es decir, que de otorgarse la medida suspensional se estarían contraviniendo disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, es menester señalar que resulta igualmente fundado el agravio que formula en su contra la recurrente, como se explica a continuación:

"En efecto, la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo prevé dos supuestos a saber: que no se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio al ‘interés social’ o se contravienen disposiciones de ‘orden público’, conceptos que de acuerdo con los criterios establecidos por los Tribunales Federales y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde al Juez de Distrito examinar en cada asunto en concreto, si se cumplen o no tales requisitos.

"Al respecto, de manera ilustrativa, por analogía, en lo conducente y por su sentido, se cita la siguiente jurisprudencia por contradicción:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe)

"Como lo precisa la jurisprudencia preinserta, respecto a los conceptos de ‘orden público’ e ‘interés social’, no existen definiciones exactas y ni siquiera aproximadas de lo que debe entenderse por tales conceptos, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para orientar a los juzgadores en cómo han de aplicar cada uno tales conceptos, se ha establecido una abundante doctrina jurisprudencial, de la que sólo se citan algunas tesis de manera ilustrativa.

"‘INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.’ (se transcribe)

"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS «INTERÉS SOCIAL» Y «ORDEN PÚBLICO», PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN.’ (se transcribe)

"‘SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribe)

"En ese orden de ideas, es claro que el acto contra el que se pide la suspensión, es decir, que sin paralizar el procedimiento se impida a las autoridades responsables dictar la resolución o dictamen final del procedimiento hasta que concluya el juicio de amparo, no puede constituir contravención a disposiciones de orden público y ni perjuicio al interés social, en virtud de lo contrariamente resuelto por el Juez de Distrito del conocimiento, con su otorgamiento no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes y tampoco se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, lo que significa que no existe privación o daño a la colectividad con la medida cautelar que se conceda.

"Aunado a lo anterior, y en virtud del acto contra el que se solicita la suspensión, se estima necesario transcribir el artículo 138 de la Ley de Amparo, que prevé: (se transcribe)

"En efecto, en el supuesto que se reclame un procedimiento, el primer párrafo del numeral 138 de la ley en consulta, dispone que de ser procedente la suspensión deberá otorgarse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él, lo que implica que no está prohibido conceder la medida cautelar tratándose como en el caso, de un procedimiento administrativo.

"Sobre el tema, resulta ilustrativa por analogía, en lo conducente y por su sentido, la siguiente tesis aislada:

"‘PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CASO EN QUE PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’ (se transcribe)

"Es menester agregar, que precisamente el artículo 124 de la Ley de Amparo además de establecer los requisitos para otorgar la suspensión de los actos reclamados, sujeta al Juez de Distrito a tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, razón ésta que es en la que se apoya la quejosa recurrente para solicitar la medida cautelar, ya que de negar ésta, se atentaría contra la naturaleza jurídica de la suspensión, que es precisamente mantener viva la materia del juicio, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

"Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en las tesis aislada y de jurisprudencia que enseguida se insertan con su rubro, texto y datos de publicación:

"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SU FINALIDAD ES LA DE PRESERVAR LOS DERECHOS O INTERESES SUBJETIVOS DEL QUEJOSO.’ (se transcribe)

"‘SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA.’ (se transcribe)

"Cabe agregar, que en su demanda de garantías, la propia quejosa precisó que el dictado de resolución o dictamen final en el procedimiento administrativo que reclama podría dejar sin materia el juicio de amparo, ya que la irreparabilidad del daño ocasionado se materializa precisamente con el dictado de dicha resolución.

"Más aún, ocurre que el Juez de Distrito tiene amplia autoridad, al conceder la suspensión, para fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y para tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de acuerdo con lo previsto por el párrafo final del artículo 124 de la Ley del Amparo, por lo que en la especie, el a quo estuvo en aptitud de que al conceder la medida cautelar hubiera establecido las condiciones y medidas que hubiere estimado pertinentes, como prevé la siguiente tesis:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AL CONCEDERLA, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA FACULTAD DE FIJAR LAS CONDICIONES Y MEDIDAS PARA CONSERVAR LA MATERIA DEL AMPARO.’ (se transcribe)

"En virtud de los razonamientos y fundamentos vertidos en este considerando y ante lo fundado de los agravios analizados, se impone declarar fundado el presente recurso de queja.

"Asimismo, se revoca el acuerdo recurrido y se concede la suspensional provisional solicitada por Horacio Paredes Vázquez autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, por la empresa quejosa Televisora Peninsular, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que sin suspender el procedimiento seguido ante Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) con número de expediente 10/0538/220911, la autoridad responsable se abstenga de dictar resolución o dictamen final alguno en dicho expediente hasta que no se resuelva en definitiva el juicio de amparo indirecto 1625/2011-V, del índice del Décimo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

"Dicha medida suspensional queda condicionada a que los actos de que se trata no se hayan consumado, supuesto en el cual no surtirá efectos la misma.

"Es menester puntualizar, que la suspensión provisional no se concede respecto de otros actos que sean violatorios de diversas normas legales, o de actos realizados con posterioridad a la demanda que dio origen al cuaderno incidental y que constituyan cuestiones no planteadas en la misma.

"Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 95, fracción XI y 99 de la Ley de Amparo, se resuelve:

"ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja.

"Notifíquese; con testimonio de esta resolución al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente."

Por su parte, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RA. 392/2012, interpuesto por el presidente de la República en contra de la resolución que concedió la suspensión definitiva, dictada en el cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo 1364/2012, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, determinó lo siguiente:

"TERCERO. La autoridad recurrente expresó como agravios, en síntesis, lo siguiente:

"Que la Juez de Distrito incurrió en incongruencia y falta de exhaustividad, ya que la intención de la parte quejosa no es que se admita alguna prueba que haya ofrecido, sino que la autoridad administrativa haga uso de sus facultades discrecionales, con motivo de la petición que le formuló para que se allegara de la opinión de un tercero, por lo que la a quo debió analizar si lo realizado ante la autoridad administrativa era concomitante con el efecto para el cual se solicitó la suspensión definitiva, pues la petición en ese sentido por parte del particular es insuficiente cuando no existe relación entre la conducta que éste ha desplegado ante la autoridad y lo esperado con la suspensión, en la inteligencia que su expectativa no fue la de ofrecer una prueba, sino que la autoridad administrativa ejerciera una atribución no vinculante con los gobernados.

"Por consiguiente, afirma la recurrente que si bien la Comisión Federal de Mejora Regulatoria reconoció que emitió el oficio reclamado, ello no demuestra por sí la causa por la que se solicita la suspensión, pues todo argumento de la quejosa tiene como punto de apoyo una supuesta aplicación del artículo 69-I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante una negativa en que dice incurrió la autoridad administrativa, lo que es inexistente, ya que la misma promovente reconoce que lo realmente sucedido es que la citada comisión se abstuvo de ejercer una atribución unilateral, pero en ningún momento emitió una decisión de negarle la admisión de alguna prueba ofrecida, por lo que no existe acto de aplicación alguno de la norma en los términos que indica.

"Por tanto, apunta, que ante un contexto inexistente y plenamente desasociado, no pueden suspenderse las atribuciones que legalmente han conferido al Ejecutivo Federal, pues ello condiciona e impide ejercer sus facultades constitucionales.

"También señala la recurrente, que se desvanece la postura de la Juez de Distrito, al indicar que el artículo 124 de la Ley de Amparo no contempla al procedimiento de mejora regulatoria como de aquellos cuya suspensión esté prohibida, ya que tal disposición no es limitativa, sino enunciativa, al referir diversas hipótesis en que se causan perjuicios al interés social y se afecta el orden público, siendo que lo que el legislador pretendió con la numeración que hizo, fue ejemplificar el postulado contenido en la primera parte de la fracción II del referido artículo 124, pero no acotar los casos en que el Juez de Distrito debe valorar la transgresión al interés social, pues además advirtió que, por regla general, ese procedimiento no es susceptible de suspenderse.

"Que para dar claridad a lo que trata de explicar, la naturaleza del acto reclamado se dividirá en tres aspectos, un primer aspecto, su naturaleza pública; posteriormente sí se transgrede el interés social y el orden público al suspenderlo y, por último, su naturaleza en cuanto a su alcance con el particular no amerita su paralización. Que en cuanto al primer punto, dada la naturaleza de los actos administrativos, no es necesario que tengan el carácter de firmes para que se puedan ejecutar, por lo que si la realidad indica que la quejosa no ofreció prueba alguna a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, sino lo que le solicitó fue hacer uso de sus facultades, su sola determinación de que no es necesaria la opinión de un tercero es suficiente para considerar que el oficio reclamado conlleva una presunción de legalidad oponible al particular a efecto de continuar con el trámite de mejora regulatoria en cuanto al decreto que le fue sometido a estudio a la comisión, por tanto, no es viable suspender dicho procedimiento, en tanto que no existe disposición que permita condicionar o impedir que la administración pública ingrese un beneficio a la población, por tanto, la naturaleza pública de la mejora regulatoria conlleva un procedimiento ágil, porque su decisión final impactará sobre toda la sociedad, y no sobre un solo sector, de ahí lo incorrecto que la Juez de Distrito determinara paralizar un procedimiento cuya intención es proveer un beneficio colectivo, ya que con ello desconoce a priori la validez que al acto administrativo atribuye la ley.

"En cuanto al aspecto de contravención a disposiciones de orden público e interés social, indica la recurrente que la política de mejora regulatoria tiene dos vías, el análisis del flujo regulatorio, parte en la que la nueva regulación es sometida a un proceso de mejora regulatoria donde se promueve la consulta pública, donde los interesados pueden emitir sus opiniones, y durante el cual los reguladores deben garantizar que el impacto de la regulación, en términos de beneficios y costos, es positiva desde un punto de vista social, debiendo acompañarse las regulaciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25121-1d2f6629/mejora-regulatoria-no-procede-conceder-la-suspension-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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