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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE RECLAME LA REGLA 2.4.1. DE LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA GENÉRICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 64/2022. · Registro digital (IUS): 31205
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-01-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo III, Pág.2388.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 64/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE OCTUBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema jurídico por resolver consiste en determinar si corresponde a un Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones o a uno en materia administrativa, conocer del juicio de amparo en el que se reclamen las Reglas Generales de Comercio Exterior para dos mil veinte.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido vía MINTERSCJN el nueve de marzo de dos mil veintidós, registrado con el número de folio 14943-MINTER en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el conflicto competencial 12/2021 y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 39/2021.

2. En la denuncia, el Juez de Distrito señaló que, a su consideración, los criterios ya citados actualizan una contradicción de criterios, pues el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, sostiene que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se reclamen disposiciones de las Reglas Generales de Comercio Exterior para dos mil veinte, así como sus modificaciones, corresponde a un Juzgado de Distrito subespecializado en competencia económica.

3. Mientras que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que resultaba competente para conocer un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 64/2022, la admitió a trámite determinando que la competencia para conocer la contradicción de criterios es de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ordenó turnar los autos a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

5. Asimismo, ordenó que se solicitara a los tribunales contendientes, por conducto del MINTERSCJN, que remitieran, en versión digitalizada, el original o en su caso copia certificada de las ejecutorias, así como de los escritos de agravios y demandas que dieron origen a los asuntos respectivos, además de la versión digitalizada del original del proveído en el que informen si el criterio sustentado en dichos asuntos se encuentra vigente o en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, la versión digitalizada de las ejecutorias en las que se sustente el nuevo criterio.

6. En proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, la Ministra presidenta de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó la remisión del expediente a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

I. Competencia

7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en términos de su artículo transitorio primero, fracción II,(1) en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito que para su resolución se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. Legitimación

8. La contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, órgano jurisdiccional que participó en uno de los conflictos competenciales de los que derivó uno de los criterios contendientes en esta contradicción.

III. Criterios denunciados

9. A fin de determinar si existe la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:

10. I. Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República –conflicto competencial 12/2021–.

11. a. Juicio de amparo. Terminales Portuarias del Pacífico, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como norma general reclamada: "La regla 2.4.1., de la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 2021, así como todos los efectos, consecuencias, cumplimiento y ejecución del acto"; acto que atribuyó al secretario de Hacienda y Crédito Público, al jefe del Servicio de Administración Tributaria, a la Administración General de Aduanas y a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas.

12. b. Incompetencia. Correspondió conocer del juicio de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno ordenó registrarlo bajo el número de expediente 7107/2021 y, previa prevención a la quejosa, el día veintiocho del mismo mes y año, declaró ser legalmente incompetente, por razón de especialización, para conocer de la demanda antes descrita, por lo que ordenó remitir los autos correspondientes al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno.

13. c. Declinatoria de competencia. El asunto fue turnado al Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, órgano jurisdiccional que lo registró bajo el número de expediente 1420/2021 y, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, determinó no aceptar la competencia declinada, por lo que ordenó devolver al juzgado de origen, la demanda y sus anexos.

14. d. Conflicto competencial. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, insistió en declinar su competencia, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, a fin de que dirimiese el conflicto competencial que estimó se configuraba en el asunto.

15. e. Resolución del conflicto competencial. Del asunto indicado correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, órgano colegiado que por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno ordenó la formación del expediente 12/2021, admitió a trámite el conflicto competencial y, seguido en sus trámites, en sesión de tres de febrero de dos mil veintidós, dictó resolución determinando como legalmente competente el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:

• El Tribunal Colegiado sostuvo que la competencia en favor de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se surte en aquellos asuntos que entrañan el análisis de aspectos técnicos de la regulación de las materias de su especialidad, con independencia del derecho que se aduce violado y de la autoridad responsable, debiendo atenderse a la naturaleza del acto reclamado.

• Por consiguiente, señala que, para definir la competencia de un tribunal especializado, resulta imperativo analizar si los actos reclamados guardan o no relación directa o indirecta con las indicadas materias.

• Por lo que hace a la regla 2.4.1., de la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, previo análisis, el tribunal del conocimiento concluyó que la regla reclamada está relacionada con la libre concurrencia y la competencia económica, porque regula las pautas de acuerdo con las cuales se habrán de establecer las reglas de mercado y diversas disposiciones administrativas en torno al despacho de mercancías en territorio nacional, lo cual conlleva un impacto en los agentes económicos que participan en la industria de hidrocarburos, productos petrolíferos, precursores químicos, químicos esenciales y ciertos minerales, lo que puede tener injerencia en los principios de libre competencia y concurrencia que deben prevalecer en el mercado.

• La conclusión que antecede se sustentó en el argumento que de existir empresas a las que se les impida la entrada y salida de territorio nacional de ciertos productos por lugar distinto al autorizado, verán mermada su productividad e incluso, derivado de ello pudieran desaparecer, lo que conllevaría una desigualdad para competir frente a agentes económicos estatales que se ven beneficiados por la regla reclamada e impactar en el tema de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y/o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

• Motivo por el cual, determinó que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo el Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión, y Telecomunicaciones, pues los actos reclamados tienen un impacto en el derecho de la competencia económica.

16. II. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –conflicto competencial 39/2021–.

17. a. Juicio de amparo. Smart Pass, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como responsables a diversas autoridades del Servicio de Administración Tributaria, de quienes reclamó, esencialmente:

a) Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, particularmente el numeral 2.4.1. en su primer párrafo, fracciones I, II y sus incisos a), b) y c); III.

Asimismo, se impugnan todos y cada uno de los artículos que conforman un sistema normativo, y que constituyan una verdadera unidad.

b) Resolución contenida en el oficio G.800.02.00.00.00.21-14788, como primer acto de aplicación del sistema normativo impugnado; oficio notificado a mi representada el día 06 de octubre de 2021, produciendo sus efectos el día 07 de octubre de 2021.

c) Las consecuencias legales que las normas reclamadas produzcan en la esfera de derechos e intereses legítimos de la quejosa.

18. b. Incompetencia. Dicha demanda se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, por razón de materia, de ahí que ordenó su remisión a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno.

19. c. No se acepta la competencia. La demanda de que se trata fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el que por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, determinó no aceptar la competencia declinada, indicando que los actos eran de naturaleza meramente administrativa, por lo que ordenó devolver las constancias respectivas al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

20. d. Conflicto competencial. Derivado de lo anterior, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió con declinar la competencia, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de dirimir el conflicto competencial que estimó se configuraba en el asunto.

21. e. Resolución del conflicto competencial. El Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió conocer del citado asunto, mediante acuerdo de presidencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, lo admitió y lo registró con el número de expediente 39/2021 y, en sesión de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que se consideró que la competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo se surtía en favor del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; lo anterior, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:

• El tribunal basó su premisa en el hecho de que la competencia por materia se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10a.) de esta Segunda Sala, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE."

• En el mismo contexto, explicó que para que se actualice la competencia de un Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se requiere que el acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

• Así, del análisis realizado por el órgano colegiado a los actos reclamados, determinó que el numeral 2.4.1. en su primer párrafo, fracciones I, II y sus incisos a), b) y c), III, de la Séptima Resolución de Modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior para dos mil veinte, establece que las personas morales podrán solicitar la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado o, en su caso, la prórroga de la misma.

• Destacó, además, que el otorgamiento de dicha autorización o prórroga, tratándose de las mercancías consistentes en hidrocarburos, productos petrolíferos, incluso mezclados con otros componentes que no provengan del petróleo o gas natural, petroquímicos y sus especialidades, así como biocombustibles incluyendo los listados en los sectores 12 "alcohol etílico" y 13 "hidrocarburos y combustibles", del apartado A, del anexo 10 y en el anexo 14; y los precursores químicos de fentanilo, metanfetamina, químicos esenciales y minerales ahí descritos, sólo será exclusivo para las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias.

• Por lo que concluyó que, en el caso concreto, no se actualizaba la competencia del Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pues la norma reclamada no tenía por objeto incidir directamente en el funcionamiento del mercado ni guardaba relación alguna con actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica; ni con actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

• Sostuvo, además, que el precepto impugnado tiene por objeto establecer un trámite para las personas interesadas en obtener la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado, o la prórroga a las mismas; los sujetos que pueden solicitarlo y el tipo de mercancías, aunado a que es emitida por el o la titular del Servicio de Administración Tributaria.

• Por lo que para el análisis de los actos reclamados, no resultaba necesario el ejercicio de las competencias técnicas propias de los tribunales especializados, el tribunal del conocimiento consideró que la competencia para conocer y resolver el juicio de amparo se surtía en favor del órgano jurisdiccional en materia administrativa.

IV. Existencia de la contradicción

22. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de criterios radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de criterios deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.

23. De los criterios de esta Suprema Corte de los que se dará noticia, se advierten las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de criterios:

24. En principio, se destaca que no es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.";(2) así como la tesis número P. XLVII/2009, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3) 25. En efecto, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

26. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

27. Asimismo, el Tribunal Pleno ha sostenido que la contradicción de criterios puede configurarse implícitamente siempre y cuando el criterio respectivo pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares de cada caso, esto es, deben existir los elementos suficientes –los cuales no pueden ser accidentales o meramente secundarios– para establecer que en relación con el tema a dilucidar, un órgano colegiado fijó un criterio contrario al otro concerniente a la sustancia de un mismo problema jurídico.

28. Es decir, aun cuando los órganos contendientes no hayan sustentado un criterio expreso sino uno implícito pero indubitable, entendiéndose como tal el que pueda deducirse de manera clara e inobjetable de las circunstancias particulares del caso, a fin de impedir la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales al resolver un mismo tema jurídico, resulta necesaria la sustentación de una tesis jurisprudencial que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o semejantes, pues de estimarse que en ese supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, se seguirían resolviendo de forma diferente, sin justificación legal alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales.

29. Tal criterio quedó plasmado en la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(4)

30. De igual forma, es necesario que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

31. En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

32. Y que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

33. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de criterios planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Sirve de apoyo la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(5)

34. Ahora bien, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, esta Sala advierte que sí existe la contradicción de criterios denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, debido a que examinaron una misma cuestión jurídica, pero arribaron a conclusiones diferenciadas.

35. Ello es así, pues en el caso se advierte que los conflictos competenciales de los que derivan los criterios contendientes, se originaron con motivo de juicios de amparo indirecto en los que esencialmente se señaló como acto reclamado: el numeral 2.4.1. de la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para dos mil veinte,(6) publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil veintiuno, imputado a diversas autoridades pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria.

36. Y, los tribunales contendientes al resolver sendos conflictos competenciales, emitieron criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho. Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República sostuvo, que el contenido y objetivo de la norma general reclamada tiene un impacto en el derecho de la competencia económica, de ahí que la competencia para conocer del amparo indirecto promovido en contra del numeral 2.4.1. de la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para dos mil veinte, se surte a favor de un órgano jurisdiccional especializado en las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

37. Mientras que, por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que para el análisis del precepto impugnado no resulta necesario el ejercicio de las competencias técnicas propias de los tribunales especializados, pues el acto reclamado busca únicamente establecer un trámite para las personas interesadas en obtener la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado, o la prórroga a las mismas, los sujetos que pueden solicitarlo y el tipo de mercancías, por lo que aunado a que es emitida por el jefe o jefa del Servicio de Administración Tributaria, concluyendo que la competencia para conocer del asunto, se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

38. En ese sentido, sobre las premisas anteriores y, atendiendo a la manera en que los tribunales realizaron el análisis correspondiente respecto a la competencia para conocer de un amparo indirecto promovido en contra del numeral 2.4.1. de la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para dos mil veinte, se determina que el punto jurídico a dilucidar es el siguiente: si corresponde conocer a un Juzgado de Distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones o a uno en materia administrativa, del juicio de amparo en el que se reclama el numeral 2.4.1. de la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para dos mil veinte, que prevé el otorgamiento de la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado, o en su caso, la prórroga de la misma.

V. Estudio de fondo

39. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que sostiene esta Segunda Sala, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen.

40. Para abordar la problemática que entraña el presente asunto, en principio, es necesario indicar que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, la cual tiene como ventaja que los juzgadores únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y los encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate.

41. A ese respecto, esta Segunda Sala ha señalado de manera reiterada que la competencia por materia debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios formulados, para lo cual pueden analizarse, entonces, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, prescindiendo,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31205-84062955/competencia-por-materia-para-conocer-de-los-juicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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