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Modo: Corpus Pro

JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA, INICIA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2016. · Registro digital (IUS): 27172
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-16
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Pág. 513.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 165/2016. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE FEBRERO DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

III. Competencia

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. Esto, dado que la contradicción de criterios se plantea respecto al momento a partir del cual inicia el cómputo para la promoción de un juicio de amparo directo, en contra de la sentencia definitiva dictada en la audiencia de un juicio oral mercantil, cuya temática deriva de la materia civil.

6. En el caso, la contradicción de criterios se presenta entre un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito, sobre lo cual se afirma la competencia de esta Sala para su resolución, pues se parte del criterio emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis es generar seguridad jurídica, al terminar con la incertidumbre generada por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción.(1) Es en ese sentido que debe interpretarse el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de este tribunal(2) que, en materia de contradicciones de tesis, establece que son del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las contradicciones de tesis sustentadas entre los Plenos de Circuito y/o los Tribunales Colegiados de un diverso Circuito.

7. En consecuencia, con la finalidad de atender el propósito y objetivo fundamental que persigue el procedimiento de contradicción de tesis, consistente en dotar de mayor seguridad jurídica al sistema jurídico nacional, esta Primera Sala estima que deben ser interpretados de manera extensiva y teleológica los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013; en el sentido de que es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre el criterio de un Pleno de Circuito respecto del criterio de un Tribunal Colegiado de distinto Circuito.(3)

IV. Legitimación

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haber sido formulada por el Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos (sic) 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

V. Existencia de la contradicción

9. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(4) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan (sic) una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

10. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Así, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los órganos contendientes, entonces, es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente, con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

11. Sirve de apoyo, en cuanto al criterio que informa, el razonamiento sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.".(5) Esta jurisprudencia se encuentra encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

12. Por otro lado, cabe señalar que, aun cuando uno de los criterios contendientes no constituye jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(6)

13. En atención a lo anterior y previo al análisis de los requisitos que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para identificar cuándo se está ante una contradicción de tesis, es necesario conocer los argumentos que sustentan las posturas contendientes.

14. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió el juicio de amparo directo **********,(7) con los siguientes antecedentes y características:

a) ********** (en adelante actor), en ejercicio de la vía oral mercantil, demandó de ********** (en adelante demandado), el pago de cierto numerario por diversos conceptos, consistentes en capital inicial, amortizaciones vencidas, intereses ordinarios, comisión por administración, comisión por cobertura, seguros, intereses moratorios vencidos, más los que se siguieran generando, así como la declaración judicial del vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, la terminación del diverso contrato de cobertura anexo al contrato base de la acción y el pago de gastos y costas.

b) El Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, admitió la demanda, emplazó al demandado y, en la audiencia preliminar -etapa de depuración del procedimiento-, de siete de abril de dos mil quince, ordenó archivar el asunto, porque consideró fundada la excepción de falta de requisitos y condiciones sujetas a la acción intentada.

c) Inconforme, la parte actora promovió un primer juicio de amparo. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito concedió la protección de la Justicia Federal para que se dejara sin efectos la resolución impugnada y se prescindiera de actualizar la excepción de falta de requisitos y condiciones sujetas a la acción opuesta por el demandado.

d) En cumplimiento, la Juez natural celebró la audiencia preliminar, con la comparecencia de las partes, desarrollándose las diversas etapas, consistentes en la depuración del procedimiento, la fase de conciliación, la fijación de los hechos no controvertidos y la fijación de acuerdos probatorios, calificando en esta última etapa, la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, señalando fecha y hora para la audiencia de juicio. Una vez celebrada ésta, se desahogaron las pruebas y se señaló fecha para la continuación de la audiencia de juicio, a la que se citó a las partes para el dictado de la sentencia, la cual se llevó a cabo el uno de septiembre de dos mil quince, en sentido favorable de la parte actora, por lo que se condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones.

e) Inconforme, ********** promovió amparo directo. El Tribunal Colegiado dictó resolución el tres de diciembre de dos mil quince, en la que concedió la protección constitucional, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se emitiera otra, en la que se considerara que para la procedencia de la acción era necesario que la parte actora acreditara haber notificado, previamente a la instauración del juicio de origen, la cesión de derechos al demandado, en forma judicial o ante dos testigos o ante notario público; además, considerara que el documento que exhibió la actora no fue suficiente para demostrar dichos actos, y que valorara nuevamente el material probatorio y, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera.

f) En cumplimiento a este juicio de amparo, la Juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó una nueva sentencia, el diecisiete de diciembre de dos mil quince, en la que declaró que el juicio oral mercantil no procedía; absolvió al demandado del pago de las prestaciones reclamadas; condenó a la institución bancaria al pago de los gastos y costas; dejó a salvo los derechos de esta última para que los hiciera valer en la vía y forma que correspondiera; y, ordenó notificar esta determinación a las partes.

g) Al no estar de acuerdo con la determinación anterior, ********** promovió un segundo juicio de amparo. El Tribunal Colegiado, en el expediente **********, dictó resolución en sesión pública de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en la que determinó sobreseer en el juicio, porque advirtió la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, esto es, el juicio de amparo se promovió de manera extemporánea, bajo las siguientes consideraciones:

h) Luego de justificar la existencia de las causas de improcedencia y explicar algunas notas distintivas del juicio oral mercantil, destacando los principios de oralidad, publicidad e inmediación, la obligación de las partes a asistir a las audiencias, y la notificación en este tipo de juicios orales, abordó el caso concreto, sobre lo cual, sostuvo:

i) El acuerdo en el que se señaló la fecha para la celebración de la continuación de la audiencia y dictado de la sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se publicó por lista electrónica del juzgado responsable el quince de diciembre de dos mil quince, señalándose como fecha de audiencia el diecisiete siguiente. La quejosa quedó notificada conforme a las reglas para las notificaciones no personales (al no tratarse del emplazamiento a juicio) de la nueva citación para la continuación de la audiencia del juicio, en la que se dictó sentencia y a la que tenía obligación de acudir por disposición de ley.

j) En consecuencia, la sentencia definitiva quedó notificada a la quejosa y, por tanto, surtió todos los efectos legales correspondientes el diecisiete de diciembre de dos mil quince, en la audiencia de continuación a juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 Bis 22 y 1390 Bis 39 del Código de Comercio. Audiencia en la que, por no comparecer las partes, se dispensó a la juzgadora de exponer oralmente y en forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el dictado de la sentencia impugnada, pero sí quedó a disposición de las partes copia de la sentencia dictada en el procedimiento natural, la cual obra glosada en el contradictorio de origen.

k) Lo anterior, no obstante que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 39 del Código de Comercio, es intrascendente que se precise en la audiencia de ley que queda a disposición de las partes copia de la sentencia dictada en dicho juicio, dado que ello no constituye un mandato de ley, que se erige como un derecho de las partes para ejercerlo en el momento que estimen oportuno.

l) Se cumplió con la obligación que el legislador impuso al Juez de comunicar a las partes el contenido de la sentencia; esto bajo la premisa de que es obligación de las partes estar presentes en las audiencias del procedimiento.

m) En atención a esas argumentaciones, el Tribunal Colegiado consideró que el plazo para presentar la demanda de amparo debía comenzar el día siguiente al en que la parte quejosa quedó notificada para todos los efectos legales del acto reclamado, esto es, al día siguiente de aquel en que se llevó a cabo la continuación de la audiencia.

n) Lo anterior, en la medida de que considera que el artículo 1075, segundo párrafo, del Código de Comercio, no resulta aplicable al caso concreto, puesto que alude necesariamente para el cómputo de los términos judiciales, a la existencia del emplazamiento o notificación personal y a las demás, se refiere al Boletín Judicial, Gaceta o Periódico Oficial, lista de estrados, edictos, correo o telégrafo. Por ello, dicho precepto, al no incluir a la notificación en las audiencias del juicio, no resulta aplicable al caso concreto.

o) Así, la quejosa fue notificada del fallo definitivo el diecisiete de diciembre de dos mil quince, para todos los efectos legales correspondientes, sin formalidad alguna, por lo que el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de diciembre de dos mil quince al veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Luego, si la demanda se presentó ante la responsable, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, no cabe duda que su presentación se hizo fuera del plazo legal de quince días para presentar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

p) Es innecesario acudir a alguna otra forma de conocimiento del acto o notificación, precisamente al quedar incólume aquélla, en razón de cumplir con la finalidad establecida por el legislador federal, con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil once, por la que se introdujo el juicio oral mercantil, concretamente, con el propósito de celeridad y, sobre todo, porque es acorde con el principio de inmediación, rector de dicho juicio.

q) No es obstáculo el criterio sustentado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 7/2014, en el que se establece que cuando se actualiza la regla general de que la sentencia definitiva se notificó a las partes en la continuación de la audiencia del juicio -con las formalidades requeridas- se debe tomar como inicio del plazo para promover el juicio de amparo, el día siguiente al en que surta efectos la notificación tenida por hecha en la audiencia y, en el caso de excepción -cuando no cumpla las formalidades-, el día siguiente al del surtimiento de efectos de la diversa notificación practicada o del día en que el quejoso tuvo conocimiento del fallo reclamado.

r) Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, tal criterio no es vinculante, porque pertenece a otro Circuito y, además, porque no lo comparte en su totalidad.

s) No es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", porque parte de la base de que no se notificó una sentencia y que el quejoso solicitó copia de ella, lo que, en el caso, no sucedió, porque la parte quejosa quedó notificada en la forma especial que regula el proceso oral mercantil y, conforme a ello, el lapso de impugnación de esa resolución mediante el juicio de amparo directo, conforme a la ley del acto, inició al día siguiente, tal como ya quedó precisado. Máxime que el citado criterio no es aplicable al caso, porque cuando fue emitido aún no existían los juicios orales mercantiles y su regulación especial, y el Máximo Tribunal no contempló las características especiales descritas, de esa clase de juicios, entre las que destaca que la notificación de la sentencia dictada en la continuación de la audiencia de ley surte totalmente los efectos conducentes en ese propio acto, dado que no requiere diversa formalidad.

t) En este sentido, el Tribunal Colegiado determinó sobreseer en el juicio de amparo, dado que la presentación de la demanda resultó fuera del plazo legal de quince días, previsto por el artículo 17, primer párrafo, de la ley de la materia.

u) De esta resolución derivaron las siguientes tesis aisladas:

"JUICIOS ORALES MERCANTILES. EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y ORALIDAD. Los juicios orales mercantiles previstos en el Código de Comercio se rigen, entre otros, por los principios de inmediación, publicidad y oralidad, cuyo propósito persigue otorgar celeridad, transparencia y eficacia a las resoluciones que las instrumentan y resuelven. En ellos, conforme a los artículos 1390 Bis 10 y 1390 Bis 22 del citado código, (i) se notifica personalmente únicamente el emplazamiento, mientras que, (ii) las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto. Tal distinción revela el tratamiento diferenciado entre la producción de efectos en las notificaciones sujetas a la praxis oral y escrita, respectivamente, pues las resoluciones adoptadas en las audiencias orales, adquieren eficacia inmediata sin mayor formalidad o requerimiento de práctica judicial, lo cual constituye un rasgo propio y característico de la transversalidad con que opera la oralidad, en cuyo caso, a diferencia de los procesos escritos, su validez no requiere de instituciones que aseguren el agotamiento o desarrollo de diligencias tendentes a procurar que la decisión judicial sea conocida por sus destinatarios, pues la publicidad e inmediación con la que actúa el juzgador presupone que él las dicta y da a conocer."(8)

"JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PROPIO JUEZ A LAS PARTES QUE SE ENCONTRARON PRESENTES EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, SURTE EFECTOS EN ESE MISMO ACTO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1390 BIS 10 Y 1390 BIS 22 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De conformidad con el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, las resoluciones pronunciadas en las audiencias de juicio oral mercantil se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna. Dicha regla se corrobora con la excepción prevista en el diverso 1390 Bis 10, cuyo contenido expresamente reserva la práctica de notificaciones personales al emplazamiento, lo cual revela, además, que se excluyen y están claramente diferenciadas en cuanto a sus reglas y producción de efectos. Por ende, atento a la naturaleza y principios troncales de oralidad, publicidad e inmediación que los rigen, las audiencias orales se erigen como un vehículo de comunicación y expresión que, en sí mismas y a diferencia de las notificaciones personales, no requieren intermediación de funcionario alguno diverso al propio Juez que las preside y dicta, por lo cual, para efectos del cómputo del plazo para promover el juicio de amparo debe considerarse que la notificación de la sentencia o resolución dictada por el propio Juez a las partes que se encontraron presentes en la audiencia respectiva, o que debieron haberlo estado, al ser oportunamente convocadas a ella, surte efectos en ese mismo acto, al no requerirse formalidad alguna."

15. Por su parte, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito resolvió la contradicción de tesis 7/2014, entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y Octavo, en Materia Civil del Primer Circuito,(9) cuyos antecedentes son los siguientes:

a) Las posturas contendientes fueron:

a.1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo DC. **********, determinó el criterio consistente en que cuando en un juicio oral mercantil se ordena la notificación de la sentencia por lista, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo comienza desde el día siguiente al en que surte efectos dicha notificación y no a partir del día siguiente al dictado del fallo en la audiencia oral de un juicio mercantil. Apoyando su postura, en la tesis emitida por el mismo órgano jurisdiccional, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DERIVADAS DE UN JUICIO ORAL MERCANTIL, DEBE HACERSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACTO RECLAMADO SI ASÍ SE ORDENÓ."

a.2. Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del recurso de reclamación **********, resolvió que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, transcurre a partir del día siguiente al de la celebración de la audiencia oral en que se dictó el fallo en el juicio.

b) El Pleno de Circuito consideró que de los criterios anteriores existe una contradicción sustancial entre ambos tribunales, ya que los dos tomaron como punto de partida para la sustanciación de sus posiciones, el contenido del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio; las posiciones contrapuestas entre los Tribunales Colegiados radican en que el Octavo Tribunal considera que todos los casos, sin excepción, se deben resolver con apego a la literalidad del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio y el Tercer Tribunal, que de los artículos 1075, 1390 Bis 8 y 1390 Bis 10 del mismo código, se desprende un caso de excepción, cuando el Juez de la causa ordena notificar por lista la sentencia reclamada a las partes.

c) Agregó que no pasaba inadvertido que el Octavo Tribunal no se pronunció expresamente para rechazar la posibilidad de excepciones a la regla literal que aplicó; sin embargo, lo hizo implícitamente, dado que en el expediente natural, al pie de la sentencia reclamada, se hizo constar por el funcionario notificador, que se llevó a cabo una notificación del fallo, por medio de publicación en el Boletín Judicial, y que esta actuación surtió efectos el día diecisiete de junio de dos mil trece, no obstante lo anterior, el tribunal de amparo no hizo consideración al respecto, lo que debe entenderse en el sentido de que no le concedió ningún efecto jurídico para determinar el inicio del plazo para la promoción del juicio constitucional.

d) El criterio que debe prevalecer es aquel que conjuga y armoniza las dos posiciones discrepantes.

e) Por regla general, debe tomarse como punto de partida lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, relativo a que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna, a quienes estén presentes o debieron estarlo, siempre y cuando el Juez haya cumplido con las obligaciones impuestas por el artículo 1390 Bis 39 del Código de Comercio, de comunicar a las partes el contenido de la sentencia, mediante una exposición breve de sus fundamentos de hecho y de derecho, la lectura de los puntos resolutivos y puesto a su disposición sendas copias escritas de la resolución.

f) Existe una excepción a esa regla, cuando en la continuación de la audiencia del juicio no se comunique a las partes el contenido de la sentencia, en los términos establecidos legalmente.

g) Con las formalidades indicadas en los artículos 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39, se integra en realidad la notificación de la sentencia que se da por hecha en el artículo 1390 Bis 22. Ciertamente, el legislador impuso al Juez la obligación de comunicar a las partes el contenido de la sentencia en forma inmediata y directa, mediante una exposición verbal sucinta de los fundamentos y los motivos empleados para sustentarla, la lectura de los puntos resolutivos y la puesta a disposición de los contendientes de sendas copias por escrito del fallo en su integridad. Esto es así, porque con el cumplimiento de las formalidades indicadas en el apartado anterior, se da satisfacción óptima a la finalidad perseguida con la notificación, consistente en que los destinatarios conozcan en su integridad la decisión, al habérseles narrado su contenido esencial, leído los puntos resolutivos y puesto a su disposición copia por escrito del fallo, y aun cuando no resulte posible hacerlo en esos términos, con quienes no acudieron a la audiencia, el propósito de la notificación se cumple, en la mayor medida posible, al dejar una copia escrita en la sede del juzgado, que podrán recoger cuando quieran, dentro del horario de labores.

h) En esas consideraciones radica la explicación racional del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, particularmente en cuanto a la sentencia, respecto a dar por hecha la notificación. Esto es, el precepto está fincado sobre la premisa de que en la continuación de la audiencia del juicio, ya se comunicó con certeza el contenido del fallo dictado y con esto se cumplió satisfactoriamente la formalidad de facilitar su defensa a las partes, con lo cual, se hace innecesario acudir a alguna otra forma de notificación, de las previstas en lo general por el código, que sólo llevarían a una reiteración.

i) Si las formalidades destacadas del artículo 1390 Bis 39 no son satisfechas o no lo son en su integridad, esa omisión deja sin base a la previsión del artículo 1390 Bis 22, al despojarlo del presupuesto que lo justifica y constituye su razón de ser, porque la falta de tal comunicación por el Juez impide constituir la garantía de que las partes conozcan la resolución correspondiente y queden así en plena aptitud de formular alguna impugnación o asumir las consecuencias, con lo cual, se actualiza el principio general de derecho referente a que si cesa la razón de la ley, cesa la propia ley, expresado en la antigua expresión latina cesante ratione legis, cessat lex ipsa, que conduce a que no se deba tener por hecha una notificación que no se hizo y esto llevará a recurrir a otra forma para llevarla a cabo.

j) El capítulo primero del título especial sobre los juicios orales mercantiles da a entender que los preceptos que contiene son aplicables a cualquier parte del procedimiento en que sean necesarios o útiles. El artículo 1390 Bis 8 contiene un sistema inmediato de supletoriedad, para lo no previsto en el título especial, mediante la remisión a las reglas generales del mismo código. Por su parte, el artículo 1390 Bis 10 da dos bases para las notificaciones en los juicios orales. La primera, en el sentido de que sólo se notificará personalmente el emplazamiento y, la segunda, que las demás actuaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales.

k) La reunión de los elementos desarrollados lleva al conocimiento de que, cuando no se cumplan total o parcialmente las formalidades contempladas en el artículo 1390 Bis 39, no se puede actualizar el mandamiento del artículo 1390 Bis 22 y, por tanto, la notificación de la sentencia deberá hacerse por alguna de las formas no personales previstas en las reglas generales consignadas en el código, como la notificación por lista mediante publicación en alguna edición periódica contemplada por la ley aplicable, y esto traerá como consecuencia, que el plazo para presentar la demanda de amparo deba comenzar al día siguiente de que surta efectos tal notificación, o cuando se dé alguno de los otros supuestos del artículo 18 de la Ley de Amparo, lo que ocurra primero.

l) Esta decisión del Pleno de Circuito dio origen a la siguiente tesis de jurisprudencia:

"AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL. INICIO DEL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN. Conforme a la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1390 bis 8, 1390 bis 10, 1390 bis 22, y 1390 bis 39 del Código de Comercio, en relación con el artículo 309, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento, para determinar el inicio del plazo para promover el juicio de amparo contra la sentenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27172-cd95ce58/juicio-oral-mercantil-el-computo-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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