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Modo: Corpus Pro

AMPARO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL. INICIO DEL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. · Registro digital (IUS): 25421
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-01-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Pág. 1008.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, INDALFER INFANTE GONZALES, VIRGILIO SOLORIO CAMPOS Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. DISIDENTES: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, LUIS GILBERTO VARGAS CHÁVEZ, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal, a cuatro de noviembre de dos mil catorce.

VISTO, para resolver, el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificado al rubro, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia de contradicción de tesis. El Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante escrito de catorce de mayo de dos mil catorce, dirigido al Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en lo sucesivo el Pleno Civil, denunció la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por el tribunal que preside, en adelante Tercer Tribunal, en la resolución emitida en el juicio de amparo directo 675/2013, y el asumido por el Octavo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, que en lo sucesivo se identificará como Octavo Tribunal, en el recurso de reclamación 15/2013-III.

SEGUNDO. Trámite de la denuncia. El día dieciséis del mismo mes, el presidente del Pleno Civil, que en este documento se mencionará como el presidente, admitió a trámite la denuncia y ordenó notificar la radicación.

De conformidad con la normatividad aplicable, el asunto se turnó al Magistrado Leonel Castillo González, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse formulado por un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. La cuestión sobre la que versa la denuncia de contradicción de tesis, consiste en determinar a partir de cuándo debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo en contra de la sentencia dictada en el juicio oral mercantil.

CUARTO. Posición de los tribunales.

I. Tercer Tribunal (DC. 675/2013)

Criterio. Cuando en un juicio oral mercantil se ordena la notificación de la sentencia por lista, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo comienza desde el día siguiente al en que surte efectos dicha notificación, y no a partir del día siguiente al dictado del fallo en la audiencia oral.

Razones

"SEGUNDO. El amparo fue promovido en tiempo, toda vez que la sentencia reclamada fue notificada por lista el cuatro de septiembre de dos mil trece, surtió efectos el cinco del mismo mes y año, por lo que el plazo para la presentación de la demanda de garantías transcurrió del seis al veintisiete de septiembre de dos mil trece ...

"No pasa inadvertido que se está ante un juicio oral mercantil, cuya sentencia se emitió el tres de septiembre de dos mil trece, y que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1390 Bis 22 del Código de Comercio, las resoluciones judiciales dictadas en las audiencias de juicios orales se tendrán por notificadas en ese mismo acto; sin embargo, al haberse ordenado la notificación por lista de dicha sentencia, deberá estarse a dicha notificación para efectos de realizar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo.

"Se invoca en apoyo la tesis del mismo órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de reclamación RR. 9/2013 cuyos datos de publicación se encuentran pendientes, misma que es del contenido siguiente:

"‘DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO DE SU PRESENTACIÓN. TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DERIVADAS DE UN JUICIO ORAL MERCANTIL. DEBE HACERSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA DEL ACTO RECLAMADO, SI ASÍ SE ORDENÓ. Si bien el artículo 1390 Bis-22 señala que las resoluciones judiciales emitidas en la audiencia de un juicio oral mercantil se tendrán por notificadas en ese mismo acto sin mayor formalidad; lo cierto es también que debe tomarse en consideración lo establecido en el diverso 1390 Bis-10 que estipula, claramente, que todas las determinaciones con salvedad del emplazamiento se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales, esto es, por lista. En consecuencia, si la sentencia dictada en un juicio oral mercantil ordena que se realice la notificación de lo determinado por lista, en términos de los artículos 1390 Bis-8, 1390 Bis-10 y 1075 del Código de Comercio debe partirse de la referida notificación para realizar el cómputo del plazo legal para promover la demanda de garantías dado que es deber del Juzgador suplir la obscuridad o insuficiencia de las disposiciones del Código de Comercio, mediante la aplicación de los principios que establece la Constitución Federal sobre el proceso y la función jurisdiccional, así como con los principios generales del derecho y con los principios fundamentales contenidos en ese ordenamiento, de manera que se puedan observar las formalidades de un proceso justo y razonable. Así, al armonizar el principio pro personae con la garantía de los particulares al acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia en el que se tome en consideración el mayor beneficio para las partes, el juzgador deberá considerar que las determinaciones dictadas en un juicio oral mercantil en donde se ordene la notificación por lista de la sentencia, deberá estarse a la aludida notificación por lista, la cual surtirá sus efectos al día siguiente al en que se practique, pues sólo así, el gobernado contará con un día más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de su demanda de amparo.’."

II. Octavo Tribunal (RR. 15/2013-III)

Criterio. El plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, transcurre a partir del día siguiente al de la celebración de la audiencia oral en que se dictó el fallo en el juicio.

Razones

"CUARTO. Estudio del motivo de disenso.

"Es fundado el único agravio donde la recurrente (tercera interesada en el juicio de amparo directo 485/2013-II), sostiene en lo medular que el auto recurrido infringió los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, por admitir la demanda de garantías, no obstante haberse presentado extemporáneamente, en virtud de que el término para su interposición debió computarse a partir de la audiencia del juicio oral que fue el doce de junio de dos mil trece, ya que la sentencia que constituye el acto reclamado se emitió en dicha audiencia, y conforme al numeral 1390 Bis 22 del Código de Comercio, las resoluciones dictadas en las audiencias del juicio oral, se tendrán por notificadas el mismo día de su celebración.

"Lo anterior es fundado por lo siguiente:

"Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, que estima violados la recurrente, establecen:

"‘Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"‘I. Cuando se reclamen una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días.

"‘II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años.

"‘III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados.

"‘IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.’

"‘Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente saber del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en que se computará a partir del día de su entrada en vigor.’ (lo subrayado es de este Tribunal Colegiado)

"Conforme a dichos numerales el plazo para la presentación de una demanda de garantías, intentada contra una sentencia definitiva dictada en un proceso civil (lato sensu), es de quince días computados a partir del siguiente al que haya surtido efectos la notificación del acto, según la ley que lo rija, o a partir del siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado.

"Por su parte, los artículos 1390 Bis 22, aplicable a los juicios orales, como en el caso que se analiza, y 1075, ambos del Código de Comercio, disponen:

"‘Artículo 1390 Bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado.’ (lo subrayado es de este Tribunal Colegiado)

"‘Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento.

"‘Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el Periódico Oficial del Estado o del Distrito Federal.

"‘Cuando se trata de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el Juez, según las dificultades de las comunicaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundado debidamente su determinación en ese sentido.’

"De los preceptos transcritos, se advierte que las resoluciones dictadas en las audiencias de los juicios orales mercantiles (como es el caso), se tendrán por notificadas desde el mismo acto de su celebración, sin formalidad alguna, a quienes debieron estar presentes.

"Luego, si el quejoso en el juicio de amparo directo 485/2013-II (del cual deriva el presente recurso de reclamación), fue demandado en el juicio oral y no justificó su inasistencia a la audiencia, es inconcuso que a partir de la celebración de la misma, se le debió tener por notificado de la resolución ahí dictada por disposición expresa del artículo citado, por tanto, si esa notificación surtió efectos al día siguiente de su realización, conforme al numeral 1075 del Código de Comercio, esto es el trece de junio de dos mil trece, el término de los quince días para la promoción del amparo directo, comenzó a contar a partir del viernes catorce de junio, y feneció el jueves 4 de julio, descontándose los (sic) 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de junio, por ser sábados y domingos respectivamente. De manera que si el libelo de amparo se presentó hasta el lunes ocho de julio, es obvio que su presentación es extemporánea. De ahí lo fundado del agravio planteado.

"En esas circunstancias, al ser fundado el motivo de inconformidad, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de reclamación."

QUINTO. Existencia de la contradicción de tesis.

Este Pleno Civil considera que existe una contradicción sustancial entre los criterios objeto de la denuncia, en atención a lo siguiente:

a) Los dos toman como punto de partida para la sustanciación de sus posiciones, el contenido del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio.

b) Uno lo aplica en su literalidad y en forma aislada, para sostener que el plazo de quince días, para promover el juicio de amparo, debe comenzar al día siguiente al de la celebración de la audiencia del juicio oral, en la que se dictó la sentencia reclamada, sin contemplar ninguna posibilidad de que pueda presentarse otra hipótesis ante la concurrencia de diferentes situaciones fácticas, que puedan conducir a tomar un día distinto como punto de inicio del plazo indicado.

c) El otro parece admitir implícitamente, como regla general, la literalidad del precepto citado, pero estima que éste no es aplicable a los casos en que el Juez responsable ordenó la notificación por lista, en los cuales el plazo para la presentación de la demanda de amparo debe comenzar el día siguiente al del surtimiento de efectos de dicha notificación, e invoca como fundamento los artículos 1075, 1390 Bis 8 y 1390 Bis 10 del Código de Comercio.

d) Esto es, las posiciones contrapuestas entre los Tribunales Colegiados de Circuito citados en la denuncia de contradicción de tesis, radican en que el Octavo Tribunal considera que todos los casos, sin excepción, se deben resolver con apego a la literalidad del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, y el Tercer Tribunal, que de los artículos 1075, 1390 Bis 8, 1390 Bis 10 del mismo cuerpo normativo, se desprende un caso de excepción, cuando el Juez de la causa ordena notificar por lista la sentencia reclamada a las partes.

e) Este Pleno Civil no pasa inadvertido que el Octavo Tribunal, en el dictado de su sentencia, no se pronunció expresamente para rechazar la posibilidad de excepciones a la regla literal que aplicó; sin embargo, se considera que sí lo hizo implícitamente, dado que en el expediente natural, al pie de la sentencia reclamada, se hace constar por el funcionario notificador, que se llevó a cabo una notificación del fallo, por medio de publicación en el Boletín Judicial, y que esta actuación surtió efectos el día diecisiete de junio de dos mil trece, y no obstante lo anterior, el tribunal de amparo no hizo consideración al respecto, lo que a juicio de este Pleno Civil, debe entenderse en el sentido de que no le concedió ningún efecto jurídico para determinar el inicio del plazo para la promoción del juicio constitucional.

f) Empero, aunque no sea ésta la actitud del Octavo Tribunal, sería suficiente la probabilidad objetiva de que lo fuera, para justificar el pronunciamiento sobre el fondo de esta denuncia de contradicción de tesis, a fin de dar a los justiciables la certeza y la seguridad pretendida por la ley, con el establecimiento del procedimiento para la tramitación y resolución de las contradicciones de tesis entre diversos tribunales, a fin de que los litigantes conozcan de antemano el criterio que se aplicará, sin depender esto del tribunal que conozca de cada asunto.

SEXTO. Criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En concepto de este Pleno Civil, debe prevalecer, como jurisprudencia obligatoria, un criterio que conjuga y armoniza las dos posiciones discrepantes, en los siguientes términos:

Por regla general, debe tomarse como punto de partida lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, relativo a que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto sin necesidad de formalidad alguna, a quienes estén presentes o debieron estarlo, siempre y cuando el Juez haya cumplido con las obligaciones impuestas por el artículo 1390 Bis 39 del Código de Comercio, de comunicar a las partes el contenido de la sentencia, mediante una exposición breve de sus fundamentos de hecho y de derecho, la lectura de los puntos resolutivos y puesto a su disposición sendas copias escritas de la resolución.

Como una excepción a la regla, cuando en la continuación de la audiencia del juicio no se comunique a las partes el contenido de la sentencia, en los términos establecidos legalmente.

Esta tesis encuentra su justificación en los argumentos que se exponen enseguida:

En los sistemas jurídicos occidentales, todos los enunciados jurídicos contienen una o más reglas, destinadas a su aplicación por los operadores jurídicos, que comprenden, en principio, todas las situaciones fácticas en las que se actualicen los supuestos o elementos contemplados en su texto.

No obstante, la propia legislación puede excluir de la regla algunas situaciones originalmente comprendidas en ella, con lo cual la primera se erige en la regla general, y los supuestos excluidos constituyen reglas de excepción.

Las excepciones pueden preverse en el mismo enunciado jurídico que establezca la regla general, en un enunciado distinto, encontrarse inmersas en varios preceptos, o derivarse de los principios rectores de la institución o de los valores protegidos, que habrán de descubrirse o construirse mediante la hermenéutica, con la exigencia invariable de una sustentación argumental susceptible de producir la más amplia convicción posible entre las personas versadas en la temática y los justiciables en general.

El juicio oral mercantil está regulado directamente en un título especial del Código de Comercio, compuesto por cuatro capítulos, de los cuales el primero y el cuarto se dividen en secciones y los otros dos no.

Todas las disposiciones jurídicas encuentran su explicación y justificación en una razón. Ésta puede saltar a la vista con la simple lectura del propio texto, localizarse mediante la correlación de varios enunciados jurídicos, o encontrarse en la vinculación a la finalidad perseguida o a los valores protegidos por la institución jurídica.

Las notificaciones tienen por objeto comunicar a los destinatarios una determinación judicial, con el objeto de que la conozcan en su integridad y queden en condiciones de impugnarla, si la ley otorga medios para hacerlo, o de tomar las previsiones o provisiones convenientes a sus intereses, de modo que si ese objetivo de conocimiento no se puede conseguir, por situaciones imputables a la autoridad, la pretendida comunicación se desnaturaliza, y esto impide que produzcan sus efectos, por faltar el elemento más esencial.

El capítulo segundo del título especial sobre los juicios orales mercantiles contiene cuatro secciones. La cuarta se titula: De la audiencia del juicio y está compuesta por los artículos 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39. El primero dispone que, una vez agotada la fase de alegatos el asunto se declarará visto, y se citará a las partes para la continuación de la audiencia, dentro del término de los diez días siguientes, en que se dictará la sentencia. El segundo, regula la continuación de la audiencia y obliga al Juez a exponer brevemente, ante los presentes los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la sentencia, a leer los puntos resolutivos y a dejar a disposición de las partes sendas copias escritas del fallo. De estas obligaciones, sólo se dispensan al Juez la exposición y la lectura mencionadas, si no asiste a la audiencia ninguna persona.

Con las formalidades indicadas en el párrafo anterior, se integra en realidad la notificación de la sentencia que se da por hecha en el artículo 1390 Bis 22. Ciertamente, el legislador impuso al Juez la obligación de comunicar a las partes el contenido de la sentencia en forma inmediata y directa, mediante una exposición verbal sucinta de los fundamentos y los motivos empleados para sustentarla, la lectura de los puntos resolutivos, y la puesta a disposición de los contendientes de sendas copias por escrito del fallo en su integridad. Esto es así, porque con el cumplimiento de las formalidades indicadas en el apartado anterior, se da satisfacción óptima a la finalidad perseguida con la notificación, consistente en que los destinatarios conozcan en su integridad la decisión, al habérseles narrado su contenido esencial, leído los puntos resolutivos y puesto a su disposición copia por escrito del fallo, y aun cuando no resulte posible hacerlo en esos términos, con quienes no acudieron a la audiencia, el propósito de la notificación se cumple, en la mayor medida posible, al dejar una copia escrita en la sede del juzgado, que podrán recoger cuando quieran, dentro del horario de labores.

En estas consideraciones radica la explicación racional del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, particularmente en cuanto a la sentencia, respecto a dar por hecha la notificación. Esto es, el precepto está fincado sobre la premisa de que en la continuación de la audiencia del juicio, ya se comunicó con certeza el contenido del fallo dictado, y con esto se cumplió satisfactoriamente la formalidad de facilitar su defensa a las partes, con lo cual se hace innecesario ocurrir a alguna otra forma de notificación, de las previstas en lo general por el código, que sólo llevarían a una reiteración.

Ahora, en seguimiento de esa línea argumentativa, si las formalidades destacadas (del artículo 1390 Bis 39) no son satisfechas o no lo son en su integridad, esa omisión deja sin base a la previsión del artículo 1390 Bis 22, al despojarlo del presupuesto que lo justifica y constituye su razón de ser, porque la falta de tal comunicación por el Juez impide constituir la garantía de que las partes conozcan la resolución correspondiente, y queden así en plena aptitud de formular alguna impugnación o asumir las consecuencias, con lo cual se actualiza el principio general de derecho referente a que si cesa la razón de la ley, cesa la propia ley, expresado en la antigua expresión latina cesante ratione legis, cessat lex ipsa, que conduce a que no se deba tener por hecha una notificación que no se hizo, y esto llevará a recurrir a otra forma para llevarla a cabo.

Por otra parte, el capítulo primero del título especial referido se denomina: "Disposiciones generales", que con la aplicación de los argumentos a rúbrica y sedes materia, da a entender que los preceptos que contiene son aplicables a cualquier parte del procedimiento en que sean necesarios o útiles.

En este capítulo se encuentran los artículos 1390 Bis 8 y 1390 Bis 10, bajo el siguiente tenor:

"Artículo 1390 Bis 8. En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente título."

"Artículo 1390 Bis 10. En el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales."

El primero de estos preceptos, contiene un sistema inmediato de supletoriedad, para lo no previsto en el título especial, mediante la remisión a las reglas generales del mismo código.

El segundo enunciado da dos bases para las notificaciones en los juicios orales. La primera, en el sentido de que sólo se notificará personalmente el emplazamiento, y la segunda, que las demás actuaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales.

La reunión de los elementos desarrollados lleva al conocimiento de que, cuando no se cumplan total o parcialmente las formalidades contempladas en el artículo 1390 Bis 39 ya comentadas, no se puede actualizar el mandamiento del artículo 1390 Bis 22 y, por tanto, la notificación de la sentencia deberá hacerse por alguna de las formas no personales previstas en las reglas generales consignadas en el código, como la notificación por lista mediante publicación en alguna edición periódica contemplada por la ley aplicable, y esto traerá como consecuencia, que el plazo para presentar la demanda de amparo deba comenzar al día siguiente de que surta efectos tal notificación, o cuando se dé alguno de los otros supuestos del artículo 18 de la Ley de Amparo, lo que ocurra primero.

SÉPTIMO.-Como consecuencia de las consideraciones anteriores, el rubro y texto de la tesis de jurisprudencia que emite este Pleno Civil, deben quedar en los siguientes términos:

Conforme a la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1390 bis 8, 1390 bis 10, 1390 bis 22, y 1390 bis 39 del Código de Comercio, en relación con el artículo 309, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento, para determinar el inicio del plazo para promover el juicio de amparo contra la sentencia definitiva dictada en un juicio oral mercantil, existe una regla general y se advierte una excepción. La primera surge de la correlación entre los artículos 1390 bis 39 y 1390 bis 22, donde el primero obliga al Juez a que, en la continuación de la audiencia del juicio, comunique a las partes la sentencia pronunciada, mediante breve exposición verbal de los fundamentos de hecho y de derecho que la motivaron, la lectura de los puntos resolutivos, y la puesta a disposición de sendas copias de la resolución por escrito, con lo cual realmente se hace la notificación a los contendientes, y esta actuación se erige en presupuesto necesario y razón de ser del segundo texto legal, donde se parte de que la comunicación referida fue realizada, como requisito sine qua non para tener por hecha la notificación, sin necesidad de reiterarla en otra forma. La excepción se da cuando no se satisfagan las formalidades referidas o se cumplan deficientemente, ya que si se omite la comunicación debida de la sentencia, que es presupuesto y razón de ser del artículo 1390 bis 22, el Juez queda obligado a acudir a otra clase de notificación no personal. En esas condiciones, cuando se presenta la regla general, el tribunal de amparo debe tomar como inicio del plazo para promover el juicio de amparo el día siguiente al en que surta efectos la notificación tenida por hecha en la audiencia, y en el caso de excepción, el día siguiente al del surtimiento de efectos de la diversa notificación practicada o del día en que el quejoso tuvo conocimiento del fallo reclamado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria.

SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Pleno de Circuito, en términos del último considerando de esta resolución.

TERCERO.-Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y por vía electrónica a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en favor del proyecto original modificado, por mayoría de nueve votos de los Magistrados: Luz Delfina Abitia Gutiérrez, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Ma. del Refugio González Tamayo, María Concepción Alonso Flores, J. Jesús Pérez Grimaldi, Indalfer Infante Gonzales, Virgilio Solorio Campos y Carlos Arellano Hobelsberger; los Magistrados: Leonel Castillo González (ponente), Luis Gilberto Vargas Chávez, Víctor Francisco Mota Cienfuegos y Gonzalo Arredondo Jiménez votaron por el proyecto original, en sus términos, y el Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González votó en contra totalmente de dicho proyecto.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace constar que en el presente documento no existen datos susceptibles de suprimirse, coincidiendo en todo su contenido con el original que se tuvo a la vista.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25421-d3af87d3/amparo-contra-la-sentencia-definitiva-del-juicio-oral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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