JUICIOS ORALES MERCANTILES. EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y ORALIDAD. JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PROPIO JUEZ A LAS PARTES QUE SE ENCONTRARON PRESENTES EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, SURTE EFECTOS EN ESE MISMO ACTO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1390 BIS 10 Y 1390 BIS 22 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
JUICIOS ORALES MERCANTILES. EFECTOS DE LAS NOTIFICACIONES A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y ORALIDAD.
JUICIOS ORALES MERCANTILES. PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DEBE CONSIDERARSE QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PROPIO JUEZ A LAS PARTES QUE SE ENCONTRARON PRESENTES EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, SURTE EFECTOS EN ESE MISMO ACTO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1390 BIS 10 Y 1390 BIS 22 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
AMPARO DIRECTO 76/2016. 21 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIRZA ESTELA BE HERRERA. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIA: GRACIELA BONILLA GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Sobreseimiento en el juicio de amparo.
Se estima innecesario examinar la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, debido a que este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el presente juicio de amparo.
Antes de explicar las razones por las cuales se arriba a la conclusión anterior, debe señalarse que la improcedencia es una institución jurídica procesal en la que al actualizarse ciertas circunstancias previstas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo o, incluso, la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se ve impedido para analizar y resolver el fondo del asunto, en tanto que el sobreseimiento constituye una figura procesal mediante la cual se deja sin curso el procedimiento y, por ende, queda sin resolverse la cuestión constitucional planteada.
Al respecto, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(24) reconoce que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas.
Es así, que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, que si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado.
De la misma manera, se ha pronunciado el Alto Tribunal, al considerar que el artículo 17 constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia.(25)
En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.
Por ende, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en el sentido de que atendiendo al objeto del juicio de derechos fundamentales, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad del órgano constitucional para examinar el fondo del asunto lo cual, como ya se precisó, no lesiona el derecho de acceso a la tutela judicial y seguridad jurídica.
Es ilustrativa a lo anterior, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes:(26)
"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.-El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano."
Expuesto lo anterior, se tiene que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17, primer párrafo y 18 de ésta establecen lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos."
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. ..."
"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."
Conforme a los primeros dos numerales, se prevé que el amparo es improcedente contra los actos que no sean reclamados dentro del plazo genérico de quince días, previsto en su primer párrafo o, en su caso, dentro de los plazos especiales establecidos en sus diversas fracciones, esto es, de treinta días cuando se impugnen normas generales autoaplicativas o el procedimiento de extradición; ocho años cuando sea contra sentencias definitivas condenatorias que imponga pena privativa de libertad; y de siete años en caso de actos que tengan, o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.
Igualmente, el último numeral contempla que dichos plazos deben computarse indistintamente a partir de cualquiera de los siguientes momentos:
a) El día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que lo rija;
b) El día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o,
c) El día siguiente en que se haya ostentado sabedor del acto.
De modo que, cuando se impugne una sentencia o laudo que concluya de forma definitiva algún juicio, se deberá presentar la demanda de amparo en el plazo general de quince días a partir de cuando surta efectos la notificación conforme a la ley que rija el acto reclamado, al día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento del mismo o al día siguiente en el que se haya ostentado sabedor.
En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista al artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, primer párrafo y 18 de la ley de la materia, pues la persona moral quejosa consintió tácitamente el acto reclamado porque no ejerció oportunamente la acción de amparo.
Efectivamente, la quejosa **********, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso **********, promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil quince, dictada por la Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en el expediente del juicio oral mercantil **********.
Por tanto, al no ser el acto reclamado una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, un acto privativo de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, sino un fallo que concluyó con un juicio oral mercantil, no se encuentra regido por algún plazo especial para la presentación de la demanda, pues deriva de ese juicio, de modo que le es aplicable el plazo genérico de quince días previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo.
Con la finalidad de explicar el porqué se estima que en el caso a estudio, la persona moral quejosa no ejerció oportunamente la acción de amparo y, por tanto, consintió el acto reclamado, cabe traer a cuenta algunas notas distintivas en torno al juicio oral mercantil génesis del acto reclamado.
i. Principios rectores del juicio oral mercantil.
Conforme a la exposición de motivos de la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once, por la que se introdujo el juicio oral mercantil, se advierte que los principios rectores de éste son los de: oralidad, publicidad, inmediación, igualdad, contradicción, continuidad y concentración.(27)
Los que interesa desarrollar por el caso que nos ocupa, son los tres primeros.
Oralidad. En términos generales, se acepta sin discusión que un juicio oral es aquel en el que la parte esencial de las actuaciones procesales se lleva a cabo dentro de audiencias en presencia de las partes. Es decir, la oralidad se caracteriza por ser un instrumento de comunicación entre partes; entre partes y tribunal; entre terceros y partes; o, entre terceros y tribunal.
Por tanto, puede decirse que la oralidad en el actual sistema procesal mercantil, es una característica preponderante y obligatoria, como se desprende del referido artículo 1390 Bis 2 del Código de Comercio, que establece que la oralidad es un principio del juicio oral mercantil y el diverso numeral 1390 Bis 9 de la misma legislación, según el cual las promociones de las partes deben ser formuladas oralmente durante las audiencias, con excepción de las que se señalan en el artículo 1390 Bis 13, que se refiere a los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de la vista de las contestaciones.
Así pues, por norma general expresa la oralidad en el juicio de trato es el medio preferente de participación procesal que la ley otorga a las partes. Como regla de excepción se establece la forma escrita para los instrumentos procesales con los que se plantea la litis: demanda (principal o reconvencional), contestación de la demanda (principal o reconvencional) y desahogo de las vistas de contestación de demanda (principal o reconvencional).
En ese sentido, la doble mención, como regla y como principio, debe ser entendida como algo distintivo del juicio oral mercantil, que permite, como se adujo, la comunicación entre partes; entre partes y tribunal; entre terceros y partes; o, entre terceros y tribunal ya que, de lo contrario, sería una disposición sin razón de ser.
En conclusión, la oralidad en el juicio oral mercantil es una regla y, además, es un principio. Como regla contiene una disposición obligatoria para las partes para los casos expresamente previstos por la ley; como principio, la oralidad permea a todo el procedimiento y, por ello, es aplicable a todos los supuestos de comunicación que pudieren llegar a generarse dentro de él, de manera que, en los casos que no exista disposición en contrario, debe ser el mecanismo a utilizar, salvo disposición expresa de la ley estableciendo alguno otro.
Publicidad. La publicidad en los procedimientos judiciales puede referirse a dos ámbitos: la información sobre la actuación procesal de las autoridades; y, la información privada de las partes, que constituye la materia de la controversia. Es evidente que no es posible conocer la actuación procesal de las autoridades, sin tener conocimiento de la información privada de las partes.
Debe entenderse como el derecho que tienen las partes y los terceros de presenciar todas las diligencias y, en especial, las relativas a pruebas y determinaciones que se adopten en ellas.
Se estima que en la legislación mercantil se contempla también como regla expresa y principio. La regla expresa está contenida en los artículos 1080 y 1390 Bis 23 del Código de Comercio,(28) y se refiere exclusivamente a las audiencias.
Como regla expresa, la publicidad de las audiencias es imperativa y sólo admitiría excepción si hubiera regla especial en contrario -y no la hay- o si entrara en conflicto con el interés público.(29) En consecuencia, la regla de la publicidad es aplicable en todas las audiencias y a todas las partes.
Inmediación. Al respecto, cabe señalar que, en términos generales, en los procedimientos adversariales los participantes están en contacto el uno con el otro y también lo están en relación con el Juez. Es decir, conforme a dicho principio, los debates, las pruebas y alegatos, deben llevarse a cabo ante el Juez, procurando éste tener durante el proceso el mayor contacto posible con las partes.
La inmediación puede ser interpretada, entonces, como una forma de instrumentar la legalidad, para facilitar no sólo la percepción intelectual y objetiva del Juez, sino también la observación que el juzgador haga de los sujetos en el conflicto, a fin de proporcionarle más elementos de juicio, sobre todo para el conocimiento de las partes en el desahogo de las audiencias y de las determinaciones que en éstas se adopten.
Por tanto, la inmediación como principio exige la eliminación de la intermediación. En consecuencia, en la aplicación de este principio la ley debe ser interpretada para lograr que las relaciones interpersonales que se desarrollan en el proceso se lleven a cabo sin mediaciones. De suerte que las partes queden informadas del desahogo de las audiencias, así como de las determinaciones que en ellas se emitan.
En consecuencia, este principio debe ser entendido en forma amplia como criterio interpretativo cuyo objeto es eliminar las mediaciones que pudieren darse dentro del proceso, del debate o de la controversia, para que el Juez actúe como un observador de primera línea sobre la controversia que las partes tienen, procurando éste tener durante el proceso el mayor contacto posible con las partes y éstas a su vez con aquél.
ii. Audiencias.
Obligación de las partes de asistir a las audiencias. Otro aspecto que impone destacar en el presente asunto, es la obligación de las partes de asistir a las audiencias y la consecuencia de su incumplimiento, en razón de la carga que en ese sentido el legislador les impuso.
En efecto, en términos del artículo 1390 Bis 21 del Código de Comercio(30) se desprende que es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento, por sí o a través de sus legítimos representantes, que gocen de las facultades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 de este código,(31) además de contar con facultades expresas para conciliar ante el Juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente.
Lo cual se entiende, en razón de que desde el comienzo del juicio oral mercantil y su respectivo emplazamiento, las partes quedan enteradas que se encuentran sujetas a las disposiciones procesales previstas en el Código de Comercio, en las que se le exigirán determinadas conductas y que, incluso, dichas cargas les serán reclamadas sólo a ellas, bajo apercibimiento de ser sancionadas en caso de no cumplirlas, pues sólo así se garantiza la celeridad que exige el procedimiento oral mercantil.
Un ejemplo palpable es la disposición contenida en el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio,(32) por cuanto establece que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado.
iii. Sentencias.
Como ya se expuso, en razón de los principios rectores del juicio oral mercantil destacados, la legislación de la materia establece que en las audiencias en que las partes están compelidas asistir, los operarios judiciales están facultados a emitir las determinaciones que correspondan, estén o no presentes las partes.
Así pues, en el artículo 1390 Bis 38 del Código de Comercio se indica que abierta la audiencia del juicio oral, desahogadas las pruebas y formulados los alegatos, se declara el asunto visto y citará a las partes para la continuación de la audiencia dentro del plazo de diez días siguientes, en la que se dictará la sentencia correspondiente.
Particularmente, el diverso cardinal 1390 Bis 39 de la legislación en cita,(33) instituye la mecánica en el dictado de las sentencias, para lo cual establece que el juzgador expondrá oralmente y de forma breve los fundamentos de hecho y de derecho para motivar su sentencia, quien leerá únicamente los puntos resolutivos; además, precisa que quedará dispensado de la lectura en caso de que en la fecha y hora fijada para la audiencia no asistiere al juzgado persona alguna.
De igual modo, también señala que quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie por escrito.
Cabe destacar que a consideración de este Tribunal Colegiado de Circuito, el que el artículo 1390 Bis 39, en comento, refiera que quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, por escrito, no debe interpretarse en el sentido de que necesariamente dicha obligación deba decirse y, por tanto, asentarse en la audiencia de ley.
Ello, porque al constituir un mandato de ley, es evidente que se erige como un derecho para las partes de ejercerlo cuando lo estimen pertinente.
Por tanto, si el propio Constituyente Federal previó la dispensa del Juez en la lectura de los puntos resolutivos, cuando no acudan las partes a la audiencia de ley; y también erigió como un mandato de ley el que quede a disposición de las partes en sede judicial copia de la sentencia que se pronuncie, por escrito, por ende, como un derecho para éstas de ejercerlo en el momento procesal que lo estimen conveniente; entonces, no es factible afirmar que siempre y en todos los casos, los operarios judiciales deban, por ejemplo, dar lectura a los puntos resolutivos y precisar en las actas de las audiencias de ley que quedan a disposición de las partes copia de la sentencia por escrito, puesto que, se insiste, no debe interpretarse de ese modo, por las razones apuntadas.
iv. Notificación.
La notificación es el acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en el trámite de un asunto judicial, la cual, es de suma importancia, ya que ninguna resolución puede tener efectos si las partes la desconocen, pues indudablemente nada podrían hacer, ni cumplir. No cabe la menor duda de que no existe otra forma que la notificación de la resolución para tutelar un derecho o para poder ejercerlo.
De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once, por la que se introdujo el juicio oral mercantil, se desprende que el legislador precisó que con la finalidad de mantener los propósitos de celeridad que exige un procedimiento de naturaleza preponderantemente oral, se suprimía la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento, con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto pleno del derecho de audiencia.(34)
Por ello, en el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio,(35) estableció que en el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales.
Asimismo, el legislador federal en el cardinal 1390 Bis 22 de la ley de la materia,(36) determinó que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado.
Al respecto, se estima importante acotar que el legislador al establecer que quedarán notificadas las partes sin necesidad de formalidad alguna, se entiende que, mientras estén citadas a la audiencia en la que se dicte la resolución correspondiente, la notificación que derive de tal diligencia surte totalmente los efectos conducentes en ese propio acto, dado que no requiere diversa formalidad.
De suerte tal que, en la hipótesis en que las determinaciones se dicten en las audiencias en que deban estar las partes, los términos judiciales empiezan a correr al día siguiente.
Lo anterior, en la medida de que este Tribunal Colegiado de Circuito en una nueva reflexión sobre el tema, considera que la regla establecida en el artículo 1075, segundo párrafo, del Código de Comercio,(37) no resulta aplicable a dicho caso, puesto que tal precepto alude, necesariamente, para el cómputo de los términos judiciales, a la existencia del emplazamiento o notificación personal y a las demás, se refiere al boletín judicial, gaceta o periódico oficial, lista de estrados, edictos, correo o telégrafo.
Por tanto, si dicho precepto no incluye a la notificación en las audiencias del juicio, entonces, es inconcuso que no resulta aplicable a esa hipótesis.
Lo anterior puede ejemplificarse en los siguientes mapas conceptuales:
Ver mapas conceptuales
v. Caso concreto.
En la especie, de las constancias que informan el sumario, se observa en el folio 1250 la leyenda de que se publicó por lista electrónica del juzgado responsable, el acuerdo en el que se señaló fecha para la celebración de la continuación de la audiencia de juicio y dictado de la sentencia definitiva en cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en sesión pública ordinaria de tres de diciembre de dos mil quince, en el juicio de amparo ********** por este tribunal, en el que se concedió la protección constitucional a la contraparte de la aquí quejosa, a efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se dictara otra en la que se siguieran los lineamientos precisados en el capítulo de antecedentes de este fallo.
Ello se corrobora con la siguiente imagen de tal notificación:
(se suprime imagen)
En ese sentido, es evidente que la hoy peticionaria del amparo quedó notificada conforme a las reglas para las notificaciones no personales (al no tratarse del emplazamiento a juicio) de la nueva citación para la continuación de la audiencia de juicio y en la que se dictó la sentencia reclamada en cumplimiento al fallo protector, a cuya audiencia tenía obligación de acudir por disposición de la ley.
En consecuencia, la sentencia definitiva reclamada quedó notificada a la quejosa y, por tanto, surte todos los efectos legales correspondientes el diecisiete de diciembre de dos mil quince, esto, en la audiencia de continuación a juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1390 Bis 22 y 1390 Bis 39 del Código de Comercio.
Audiencia en la que por no comparecer las partes, se dispensó a la juzgadora de exponer oralmente y en forma breve, los fundamentos de hecho y derecho que motivaron el dictado de la sentencia impugnada, pero sí quedó a disposición de las partes copia de la sentencia dictada en el procedimiento natural, la cual obra glosada en el contradictorio de origen.(38)
Ello, porque como se adujo con antelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1390 Bis 39 del Código de Comercio, es intrascendente que se precise en la audiencia de ley que quedan a disposición de las partes copia de la sentencia dictada en dicho juicio, dado que ello constituye un mandato de ley, que se erige como un derecho de las partes para ejercerlo en el momento que estimen oportuno.
Así pues, es evidente que la parte quejosa quedó notificada de la sentencia reclamada para todos los efectos legales correspondientes sin necesidad de formalidad alguna, en la data en que tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de continuación de juicio, en términos del referido numeral 1390 Bis 22 del Código de Comercio, en correlación con el diverso numeral 1390 Bis 39 de la misma legislación, tal como se corrobora con las imágenes de la audiencia en comento y de la hoja correspondiente a los resolutivos de la sentencia reclamada que obra glosada en el juicio oral mercantil, las cuales se reproducen enseguida:
(se suprime imagen)
En consecuencia, se cumplió la obligación que el legislador impuso al Juez de comunicar a las partes el contenido de la sentencia, esto bajo la premisa de que es obligación de las partes estar presentes en las audiencias del procedimiento.(39)
Además, como también se adelantó, desde el momento en que las partes conocen de la existencia del juicio oral mercantil, quedan sujetas a las disposiciones procesales previstas en el Código de Comercio, en las que se les exigirán determinadas conductas y que, incluso, dichas cargas serán reclamadas a las partes bajo apercibimiento de ser sancionadas en caso de no cumplir con ellas, pues sólo así se garantiza la celeridad que exige el procedimiento oral mercantil.
Por tanto, si en el caso a estudio la parte quejosa estuvo notificada de la citación para la audiencia de ley, en los términos precitados, entonces, es inconcuso que se dio satisfacción óptima a la finalidad perseguida con la notificación, consistente en que los destinatarios conozcan en su integridad la decisión, aun cuando las partes no acudieron a la audiencia, puesto que el propósito de esa notificación se cumplió con el mandato legal de dejar copia escrita en la sede del juzgado, que podrán recoger cuando lo estimen oportuno.
Bajo ese panorama, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que el plazo para presentar la demanda de amparo debe comenzar al día siguiente al en que la parte quejosa quedó notificada para todos los efectos legales del acto reclamado, esto es, al de la audiencia en comento.
Lo anterior, en la medida de que como también ya se expuso, este Tribunal Colegiado de Circuito, en una nueva reflexión, considera que la regla establecida en el artículo 1075, segundo párrafo, del Código de Comercio, no resulta aplicable al caso concreto, puesto que tal precepto alude necesariamente para el cómputo de los términos judiciales, a la existencia del emplazamiento o notificación personal y a las demás, se refiere al boletín judicial, gaceta o periódic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26477-9736a55d/juicios-orales-mercantiles-efectos-de-las-notificaciones-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA, INICIA EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- JUICIO ORAL MERCANTIL. LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA SE TENDRÁ POR REALIZADA AL CELEBRARSE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA FINAL DE ÉSTE, AUN CUANDO LAS PARTES NO HUBIERAN COMPAR (AMPARO DIRECTO)
- AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ORAL. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 902 Y 917 DEL CÓ (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
- AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO Y, EN SU CASO, SU ACLARACIÓ (I.7o.C.23 C (11a.))
- AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLO CUANDO NO SE ORDENÓ LA (XXX.3o.8 C (11a.))
- JUICIO ORAL MERCANTIL. CUANDO SE DICTE UNA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, SIN LA PRESENCIA DE LAS PARTES, POR NO HABÉRSELES CITADO PREVIAMENTE, EL TÉRMINO (XVII.1o.C.T.21 C (10a.))
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICÓ POR BOLETÍN JURISDICCIONAL LA SENTENCIA RECLAMADA EL MISMO DÍA EN QU (I.22o.A.3 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis