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Modo: Corpus Pro

JUICIO ORAL MERCANTIL. LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA SE TENDRÁ POR REALIZADA AL CELEBRARSE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA FINAL DE ÉSTE, AUN CUANDO LAS PARTES NO HUBIERAN COMPARECIDO E, INCLUSO, A PESAR DE QUE NO SE INDIQUE EN EL TEXTO DEL ACTA RELATIVA QUE AQUÉLLA SE TENÍA POR REALIZADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 14/2015. · Registro digital (IUS): 25768
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III , Pág. 2385.

AMPARO DIRECTO 14/2015. 10 DE ABRIL DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO. PONENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. SECRETARIO: JESÚS ANTONIO RENTERÍA CEBALLOS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia recurrida, como los conceptos de violación planteados, en virtud de que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que en el particular se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio debe realizarse de oficio, de acuerdo con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 192 del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente establece:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.-De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito."

Es así, pues las causas de improcedencia, al ser una cuestión de orden público, son de estudio oficioso, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo,(1) en relación con lo establecido por la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, Parte VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985,(sic) de rubro y texto:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.-Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."

La causa de improcedencia advertida se funda en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos."

De lo que se sigue que el juicio de amparo es improcedente respecto de actos que hayan sido consentidos tácitamente, es decir, aquellos que no fueron impugnados dentro del plazo que establece para ese efecto la Ley de Amparo en su artículo 17, que dispone:

"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."

De lo anterior se colige que el plazo para promover el juicio de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que se lleve a cabo la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.

La causa de improcedencia invocada se sustenta en el hecho de que al tolerar el quejoso las consecuencias del acto reclamado, sin impugnarlo dentro del plazo previsto para tal efecto, se entiende que existe conformidad con su contenido, salvo que se trate de alguna de las excepciones ahí previstas, sin que alguna se actualice.

Ahora bien, en el particular, el acto reclamado consiste en una sentencia dictada en un juicio oral mercantil, la cual se notificó a la quejosa el tres de diciembre de dos mil catorce (en términos de lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio),(2) notificación que surtió efectos el cuatro siguiente, de conformidad con el artículo 1075 del mismo código, y al resultar inhábiles los días seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno y veinticinco siguientes, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo en vigor, por haber sido sábados y domingos, excepto el veinticinco; el plazo de quince días, previsto por su numeral 17, transcurrió del cinco al veintiséis de diciembre de dos mil catorce, en tanto que el escrito relativo se presentó el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, lo cual revela que se interpuso fuera del término establecido por la ley.

No se desconoce que la quejosa afirma en su demanda que fue notificada de la sentencia definitiva reclamada el cinco de diciembre de dos mil catorce, pues lo cierto es que en la continuación de la audiencia del juicio, verificada el tres de diciembre de dos mil catorce, en el juicio mercantil oral **********, y en la que se daría lectura a la sentencia, con la asistencia de las partes, estas últimas no comparecieron, debiendo hacerlo, por lo que en ese momento quedaron notificadas de ese fallo, en los términos del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio; y sin que este tribunal se encuentre facultado para verificar la legalidad de dicha notificación, como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 461 del Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2005791 y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas, que dispone:

"AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente."

El criterio anterior se asume como aplicable porque, efectivamente, existe una notificación por disposición de la ley.

Ciertamente, en la continuación de la audiencia de juicio, verificada el tres de diciembre de dos mil catorce, el respectivo secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con sede en Zapopan, Jalisco, no asentó que se tenía por hecha la notificación a las partes (de la sentencia definitiva, en este caso), tal como sí lo hizo en dos actas anteriores, con las determinaciones ahí adoptadas.

Sin embargo, para evidenciar que esa omisión en el acta de continuación de la audiencia de juicio, no significó la falta de notificación a las partes, de la sentencia dictada en el juicio natural, se estima pertinente acudir a una interpretación gramatical y sistemática de lo dispuesto por el legislador federal, para regular los juicios orales mercantiles, específicamente en los artículos 1390 Bis 2, 1390 Bis 10, 1390 Bis 21, 1390 Bis 22, 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39 del Código de Comercio, que son del tenor siguiente:

"Artículo 1390 Bis 2. En el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración."

"Artículo 1390 Bis 10. En el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales."

"Artículo 1390 Bis 21. Es obligación de las partes asistir a las audiencias del procedimiento, por sí o a través de sus legítimos representantes, que gocen de las facultades a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1069 de este código, además de contar con facultades expresas para conciliar ante el Juez y suscribir, en su caso, el convenio correspondiente."

"Artículo 1390 Bis 22. Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron haber estado."

"De la audiencia del juicio

"Artículo 1390 Bis 38. Abierta la audiencia se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas en el orden que el Juez estime pertinente. Al efecto, contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento; dejando de recibir las que no se encuentren preparadas y haciendo efectivo el apercibimiento realizado al oferente; por lo que la audiencia no se suspenderá ni diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo en aquellos casos expresamente determinados en este título, por caso fortuito o de fuerza mayor.-En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las partes para formular sus alegatos.-Enseguida, se declarara el asunto visto y citará a las partes para la continuación de la audiencia dentro del término de diez días siguientes, en la que se dictará la sentencia correspondiente."

"Artículo 1390 Bis 39. El Juez expondrá oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, por escrito.-En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiere al juzgado persona alguna, se dispensará la lectura de la misma."

De la lectura de estos preceptos, resalta que la notificación personal únicamente está destinada a practicarse, cuando se trata de realizar el emplazamiento a juicio, porque las decisiones posteriores a la admisión de la demanda deben notificarse conforme a las reglas de las notificaciones no personales. Bajo ese lineamiento, se tiene que las partes están obligadas a asistir a las audiencias del procedimiento, sin que se establezca distingo en el sentido de que esa obligación se actualice únicamente respecto de tal o cual audiencia.

Además, las decisiones que se adopten en las mencionadas audiencias se tendrán por notificadas en ese acto, sin necesidad de formalidad alguna, a quienes estén presentes o debieron estarlo.

Considerar lo anterior es de suma importancia porque pone de manifiesto, con lo hasta ahora expuesto, que la razón de ser de que se estableciera que las partes están obligadas a asistir a las audiencias del procedimiento, y que se tendrán por notificadas a las partes que estén presentes o que debieron estarlo, es la congruencia del legislador con los principios que, de entrada, contempló para que rigieran a los juicios orales mercantiles y, particularmente, con los de inmediación, continuidad y concentración.

En ese sentido, no era necesario que el legislador, en el artículo 1390 Bis 39 del Código de Comercio, reiterara que se tendría por hecha la notificación a quienes estuvieran presentes o debieran estarlo (las partes), pues la circunstancia de que en ese precepto no estableciera expresamente que la ausencia de las partes a la audiencia donde el juzgador expone oralmente los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia, y lee únicamente los puntos resolutivos, dejando a disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, no es obstáculo para que se tenga por realizada la notificación y no se traduce en una omisión o laguna.

Así se estima, porque basta la previsión contenida en los artículos 1390 Bis 21 y 1390 Bis 22 del Código de Comercio, para convencerse de que es obligada la asistencia de las partes a la continuación de la audiencia del juicio donde deben leerse los fundamentos de la sentencia y sus resolutivos, y dejarse copia del fallo, por escrito, a su disposición; así como de que la notificación de esa sentencia se tendrá por hecha, hayan o no comparecido las partes, y sin que de algún modo resulte condición que en el acta se exprese con sus letras que la notificación se tiene por realizada aunque no comparezcan las partes, porque el legislador determinó que las resoluciones de las audiencias se tendrían por notificadas en el acto, sin necesidad de formalidad alguna, no sólo a quien estuviera presente, sino a quien debió estarlo.

Así las cosas, si en la parte final de la sentencia definitiva se ordenó "notifíquese", y en la continuación de la audiencia final de juicio, verificada el tres de diciembre de dos mil catorce, se dispensó la lectura de la sentencia, por la inasistencia de las partes; debe entonces darse por entendido que la notificación a estas últimas se verificó en el mismo momento de la diligencia, a pesar de que el personal del órgano jurisdiccional no asentara, en el acta relativa, que se tenía por hecha la notificación, puesto que, como ya se explicó, esa notificación no necesita de alguna formalidad, como lo es en el caso de los juicios de naturaleza diversa, la expresión escrita y medianamente detallada, por parte del servidor público respectivo, de los pormenores de la notificación.

No se desconoce que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben encontrarse plenamente acreditadas para producir su sobreseimiento, porque en función del principio de acceso efectivo a la jurisdicción, la procedencia de dicho juicio debe ser la regla y la improcedencia su excepción.

Sin embargo, en el caso particular, es la propia ley la que contempla, sin una interpretación adicional a la gramatical y sistemática, que la notificación de la sentencia en los juicios orales mercantiles se tendrá por realizada al celebrarse la continuación de la audiencia final del juicio, aun cuando las partes no hubieran comparecido e, incluso, a pesar de que no se indicara en el texto del acta relativa, que esa notificación se tenía por realizada.

No es impedimento a lo expuesto con anterioridad, que por acuerdo de presidencia de veinte de enero de dos mil quince, se haya admitido la presente demanda de amparo, en virtud de que los acuerdos de presidencia de los Tribunales Colegiados de Circuito que admiten demandas de amparo o recursos, aun cuando no sean objeto de reclamación, no causan estado, ya que los mismos son determinaciones de mero trámite; además, siempre existe la posibilidad de que el Pleno del tribunal vuelva a examinar si fueron o no admitidos conforme a la ley.

Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 670, visible en el Tomo VI, página 450 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:

"AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO, POR SER DETERMINACIONES DE TRÁMITE.-Los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, por lo que, si se admite un recurso, que conforme a la ley no debía admitirse, por ser improcedente, el tribunal no está obligado a respetar ese acuerdo si del estudio del medio de defensa y de las constancias de autos se advierte que, es contrario a la ley o a la jurisprudencia."

Por otra parte, se tiene que en el desahogo de la vista que se ordenó dar a la quejosa, con las razones expuestas con antelación, en principio, contenidas en el dictamen con el que se ordenó notificarla; en escrito que dicha parte, por conducto de su apoderado legal, presentó el veintitrés de marzo de dos mil quince, expuso lo siguiente:

"Efectivamente y como lo señalan los señores Magistrados, conforme a los artículos 1390 Bis 10, 1390 Bis 21 y 1390 Bis 22 del Código de Comercio en vigor, en el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento, así como que es obligación de las partes asistir a las audiencias por sí o a través de sus legítimos representantes y que las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes o debieron estarlo, también es verdad que en el preciso caso a estudio, se está ante una situación sui géneris que, desde luego, amerita un tratamiento igual de casuístico, y me refiero a lo siguiente: Tal como se colige de las actuaciones que integran el juicio de origen y como, incluso, se menciona en el propio dictamen de mérito, en el preciso caso a estudio ninguna de las partes compareció a la continuación de la audiencia del juicio, ante lo cual, se dispensó la lectura de la sentencia definitiva ahí emitida.-En ese sentido, si bien es verdad que, como se establece en el dictamen, las decisiones adoptadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese acto, sin necesidad de formalidad alguna, a quienes estén presentes o debieron estarlo, tenemos que en el preciso caso a estudio, la decisión adoptada en la continuación de la audiencia del juicio, fue justamente la de dispensar la lectura de la sentencia, es decir, que esto último es la única determinación que se tomó y que debe entenderse por notificada en el acto, mas no así la sentencia misma, por haberse dispensado su lectura, y entonces, no puede tenerse por notificada en el acto dicha resolución puesto que no se leyó. Caso distinto sería si, verbigracia, hubiese asistido una de las partes y, en consecuencia, la responsable hubiese dado lectura al fallo que puso fin al juicio, pues en semejante hipótesis, por ese solo hecho, desde luego, se hubiera tenido también por notificado al inasistente, empero, al no haber comparecido ninguno de los interesados y al haberse dejado de proceder conforme a la primera parte del artículo 1390 Bis 39, ciertamente se genera una situación especial, cuenta habida que, entonces, no puede tenerse por notificada una sentencia que ni siquiera ha sido leída, puesto que ni aun en ausencia de las partes se dio a conocer, pues una clara intelección acerca de los dispositivos invocados en el dictamen, en forma conjunta, permite concluir que, efectivamente, sólo el emplazamiento será notificado personalmente, y el resto de las determinaciones se notificarán conforme a las reglas de las notificaciones no personales, pero ello obviamente en el entendido de que se realicen (aun bajo las reglas de las no personales) esas ulteriores notificaciones, lo que en el caso no ocurrió, insisto, al no haberse procedido en forma alguna a la lectura de dicha sentencia.-Lo anterior, toma aún más relevancia, si consideramos que la continuación para la audiencia del juicio se señaló a las catorce horas del día tres de diciembre del año próximo pasado, en razón de lo cual, tomando en cuenta lo que tarda ordinariamente una audiencia, aun por breve, como en el caso, aunado al horario de labores del juzgado de origen, es natural que ya no pudo haber sido consultado el expediente por las partes, ni menos aún, conocer pormenorizadamente los fundamentos de ese fallo sino, cuando menos, hasta el día siguiente, amén de que ello sería lo correcto, insisto, tomando en cuenta que no se dio lectura a la sentencia en la continuación de la supracitada audiencia.-Así pues, si de conformidad con lo que establece el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio, las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales y, éste sería el caso, la mencionada sentencia debe entenderse notificada hasta el día siguiente a su emisión, que es cuando realmente estuvo a disposición de las partes puesto que, obviamente, el resto del día en que se realizó (y por la hora en que se llevó a cabo) la continuación de la audiencia del juicio, amén de lo que tardó, todavía debió recabarse la firma del Juez y secretario para luego, dar de baja el expediente respectivo, por lo cual, insisto, en justicia, lo legalmente correcto en el preciso caso a estudio, es tener por notificada la sentencia hasta el día siguiente en que estuvo realmente a disposición de las partes, pues razones en contrario, sería partir de premisas meramente rigoristas de proceso, por encima de la justicia y de una verdadera seguridad jurídica.-Lo anterior, además, se justifica considerando que en la práctica, resulta no sólo más cómodo en un sentido personal, sino y sobre todo más útil, acudir al juzgado hasta el día siguiente a aquel en que se dictó la sentencia, para estar en aptitud de fotocopiarla, fotografiarla, escanearla, etcétera, pues de ordinario, y más aún en el preciso caso por la hora indicada para la una y otra vez citada audiencia, ya no es posible hacerlo al tener que recabarse la firma del Juez y secretario, foliar las hojas y finalmente dar de baja el expediente para que pueda ser consultado por los interesados y, por otro lado, es lógico que la mera lectura (tan rápido como se hace en las audiencias) de la sentencia final (lo que ni siquiera ocurrió en el caso), tampoco puede implicar el conocimiento pleno y absoluto de los fundamentos y bases en que se sustenta el acto reclamado, merced a lo transitorio de ese acto, por lo cual, insisto, lo común es acudir hasta el día siguiente para notificarse en forma real acerca de dicha definitiva y, por tanto, siguiendo las reglas en torno a las notificaciones no personales, al igual que sucede con el resto de los proveídos dictados por las autoridades judiciales, debe entenderse notificada la sentencia al día siguiente de su emisión, como cualquier otro auto y como sucede todo el tiempo, porque es entonces que realmente está a disposición de las partes y desde temprano, incluso, para imponerse de ella y conocer con exactitud los fundamentos y razones que la conforman.-En ese sentido, no sería tratar de calificar la legalidad de la susodicha notificación lo que pudiera prestarse a discusión sino, más bien, partir de bases realmente objetivas (como las aquí propuestas) para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, puesto que no existe una verdadera constancia acerca de la notificación, y la responsable no asentó que se tenía por hecha la relativa a la sentencia porque sencillamente no se hizo, al dejar de darle lectura y, por otra parte, dicho fallo tampoco es una resolución que se haya pronunciado en esa audiencia (términos del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio), como para tenerse por notificada en ese mismo acto pues, naturalmente, se emitió antes de la misma y es ahí en donde se daría a conocer a las partes, pero no se leyó, de ahí que, insisto, la única resolución que debe entenderse así notificada, es aquella en el sentido de dispensar la lectura de la sentencia, pero no el contenido de esta última, ya que no lo ordena así ni se colige del artículo 1390 Bis 22 del Código de Comercio, y razonar en contrario implica dejar sin defensa a mi representada, puesto que con base en una mera ficción jurídica se le estaría vetando el derecho constitucional de acudir al juicio de amparo, por todo lo cual y ante una prueba real y objetiva acerca de que mi representada se enteró del contenido de la sentencia reclamada en la propia fecha en que se dispensó su lectura, deberá tenerse por interpuesta en forma oportuna la demanda de amparo, dado que el espíritu que inspiró la redacción del artículo 17 de la Ley de Amparo, está orientado en torno a un real, completo e indiscutible conocimiento del acto reclamado, y no a meros tecnicismos procesales que redundan en injusticia, siendo aplicables por analogía al caso, los siguientes criterios que me permito transcribir enseguida: ‘Novena Época. Registro digital 163172. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, tesis P./J. 115/2010, página 5.-DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.-Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.-Contradicción de tesis 57/2008-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de junio de 2010. Mayoría de siete votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de Garc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25768-a8c6e368/juicio-oral-mercantil-la-notificacion-de-la-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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