AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLO CUANDO NO SE ORDENÓ LA REPOSICIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO, INICIA A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA EFECTUADA A LAS PARTES.
AMPARO DIRECTO 284/2023. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO ACLARATORIO DEL MAGISTRADO RODOLFO MUNGUÍA ROJAS. PONENTE: RODOLFO MUNGUÍA ROJAS. SECRETARIA: ADRIANA VÁZQUEZ GODÍNEZ.
CONSIDERANDO:
III.—ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS PROCESALES.
26. Competencia. Este Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer del asunto conforme a los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, 34 de la Ley de Amparo y 38, fracción I, inciso c), 40 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los diversos primero, fracción XXX, segundo, fracción XXX, punto 1) y tercero, fracción XXX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el Acuerdo General 19/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de octubre del mismo año, relativo a la creación de este órgano jurisdiccional, toda vez que se reclama una sentencia definitiva emitida por la Jueza Quinto de lo Mercantil, Especializada en Oralidad del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, ámbito territorial en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción.
27. Procedencia. El juicio de amparo directo es procedente, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que se reclama una sentencia definitiva que no admite el recurso de apelación, en observancia a lo dispuesto en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio(21) que establece que en contra de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno.
28. Existencia del acto reclamado. La existencia de la sentencia reclamada se acreditó con el informe justificado que rindió la autoridad responsable en el que lo admite, y se corrobora con los autos respectivos que remitió en su apoyo, de conformidad con el artículo 178, fracción III, de la Ley de Amparo.
29. Oportunidad. La demanda de amparo se presentó oportunamente el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, pues el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del once al treinta y uno de dicho mes y año.(22)
30. En este punto se estima oportuno señalar, que no se inadvierte que la sentencia reclamada deriva de un juicio oral mercantil, y que la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 25/2017 (10a.),(23) precisó que la notificación de la sentencia definitiva dictada en la audiencia del juicio oral mercantil se tiene por realizada en ese mismo acto y surte efectos al día siguiente, ello conforme a los artículos 1390 Bis 8, 1390 Bis 10, 1390 Bis 39, 1390 Bis 22 y 1075, todos del Código de Comercio.
31. No obstante, como se precisó en el considerando que antecede, en el caso: i) el nueve de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la continuación de la audiencia de juicio, en donde la Jueza Quinto de lo Mercantil Especializada en Oralidad del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, omitió la explicación de la sentencia y la lectura de los puntos resolutivos, dado que no se encontraban presentes las partes; ii) en esa misma fecha dictó la sentencia relativa, en la que determinó que no quedó probada la acción ejercida por la accionante; iii) inconformes con dicha sentencia, las partes (actora y demandada en el juicio natural), promovieron sendas demandas de amparo directo, y se dictaron las ejecutorias en las que –respectivamente– se concedió el amparo y se sobreseyó el diverso (en razón de que el acto reclamado cesó en sus efectos con motivo de la concesión); y, iv) de ahí que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable dejó insubsistente la sentencia primigenia, dictó la diversa resolución que ahora constituye el acto reclamado.
32. En este orden de ideas, es que al derivar la sentencia aquí reclamada del cumplimiento a una sentencia de amparo, en la que, no se ordenó la reposición de la audiencia de juicio a que se refieren los artículos 1390 Bis 38 y 1390 Bis 39 del Código de Comercio,(24) sino que en la ejecutoria de la concesión, únicamente se conminó a la responsable al dictado de una nueva resolución –en la que se purgaran los vicios de forma advertidos en la misma sentencia–; es que resulta válido concluir que para el cómputo respectivo se atienda a la notificación por lista a la parte quejosa de la sentencia dictada en acatamiento, la cual surte efectos el día hábil siguiente, conforme a las reglas generales del artículo 1075, segundo párrafo, del Código de Comercio.
33. Legitimación. La quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, está legitimada para promover el juicio de amparo directo, de conformidad con lo que disponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, en virtud de que tiene el carácter de demandada en el juicio oral mercantil de donde emana el acto reclamado, y puede hacerlo por conducto de su apoderado **********, pues dicha personalidad le fue reconocida por la autoridad de primera instancia en acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno.(25)
IV.—CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA.
34. En la sentencia reclamada, la responsable declaró que **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, probó parcialmente su acción, por lo que condenó a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pagar a favor de aquélla, la cantidad de ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente a la factura **********, por concepto de suerte principal, absolviéndola del resto de las facturas reclamadas, y sin hacer especial condena en costas.
35. Para arribar a esa conclusión, en lo que interesa, consideró:
–Estudio de la acción ejercitada–
- La autoridad responsable señaló que la parte actora afirmó que la demandada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, mantenía un adeudo para con ella, por la cantidad de ********** (********** pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que se encontraba amparada en las facturas que exhibió como documentos fundatorios de la acción y que no fueron cubiertas, mismas que dijo, derivaron del incumplimiento a un contrato consensual de prestación de servicios profesionales que tienen celebrado desde el dos mil dieciséis, mediante el cual la parte actora revisa el control y calidad de piezas automotoras a la demandada.
- Que la demandada, al dar contestación, negó tener adeudo alguno con la actora; que por lo que respecta al último de los servicios reclamados, el mismo no fue recibido, oponiendo en especial la excepción de prescripción.
- La responsable destacó –en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo directo civil A.D.C. 391/2022– que la figura jurídica de la prescripción está expresamente regulada en el Código de Comercio; y que por tanto, el Código Civil Federal no resultaba aplicable de manera supletoria a la codificación mercantil, porque esta última contiene normas específicas que regulan la prescripción de las acciones en materia mercantil.
- Que además, la actora demandó una acción de pago de pesos sustentándose en la emisión de facturas y que el propio Código de Comercio, en el artículo 1047, establece un término de prescripción, que es un término general de diez años, por lo que al no ser el caso, de aquellos que cuentan con término especial de prescripción, debía considerarse el término general de diez años, contexto en el cual la acción ejercitada, no se encontraba prescrita, pues no habían transcurrido diez años a partir de la emisión de las facturas base de la acción.
- A continuación, la responsable procedió con el estudio de la acción, advirtiendo que la demandada, en su escrito de contestación, reconoció haber recibido los servicios que se amparan en las facturas **********, **********3, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, que en conjunto amparan la cantidad de ********** (********** pesos 60/100 moneda nacional); no obstante, manifestó que no tenía adeudo alguno respecto de las mismas, pues fueron pagadas.
- Que respecto de la factura **********, que ampara la cantidad de ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), manifestó que nunca se recibieron dichos servicios, ya que incluso no existía la correspondiente orden de compra o servicio.
- Destacó la responsable que para poder establecer la existencia de alguna obligación a cargo de la demandada, primeramente debía quedar probada la existencia de los servicios que amparaban las facturas, en el caso concreto, los amparados en la factura **********, puesto que las demás facturas fueron aceptadas por la demandada.
- (Carga de la prueba) Que la factura ********** en comento fue objetada por la parte demandada, argumentando que "en ningún momento la autorizó ni recibió los servicios"; que sin embargo, su simple objeción no resultaba ser bastante para restarle valor probatorio al documento, porque al ser de los que reúnen todas las características del Código Fiscal, generaban convicción para acreditar la relación comercial y en ese sentido, era a la parte demandada a quien le correspondía desvirtuar el contenido, en específico, si dijo que no recibió los servicios o no la autorizó, debió demostrarlo, pues dicho documento fue recibido en su contabilidad y si no fue un cargo que le incumbiera, fiscalmente debió existir el rechazo correspondiente, sin que existiera constancia de ello.
- Apoyó lo anterior, en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con registro digital: 2026357, de rubro: "FACTURAS ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO BASTA SU SIMPLE OBJECIÓN PARA DESCONOCER LA RELACIÓN COMERCIAL O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE AMPARAN, DADO QUE SE TRATA DE DOCUMENTOS CON VALOR PROBATORIO ESPECIAL QUE, AL CONTENER INSERTOS REQUISITOS DE FORMA Y FONDO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, GENERAN CONVICCIÓN AL RESPECTO (INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 89/2011)."
- Que en consecuencia, no se encontraba demostrada la objeción, y por ende, las facturas base de la acción adquirían pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1296 del Código de Comercio, con lo que se tuvo por demostrada: a) la relación comercial demandada, y b) la prestación de los servicios que las mismas amparaban.
- Que la parte demandada señaló que no tenía adeudo alguno, pues realizó el pago de las obligaciones que contrajo con la actora, por la cantidad de ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), que es lo que se acordó verbalmente entre las partes para finiquitar el adeudo.
- Que para tales efectos, la demandada ofreció como pruebas de su parte:
i. Las documentales consistentes en los correos electrónicos que obraban de la foja doscientos treinta y cuatro a la doscientos cuarenta y uno de los autos, mismos que merecían pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1296 del Código de Comercio, toda vez que no fueron objetados, y de los que se desprendió que se trataba de correos que se enviaron entre ********** y **********, en los cuales se hacía referencia a una cotización y que la misma se respetaba siempre y cuando, ********** pagara la cantidad de ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), que le adeudaba a **********, correos que fueron enviados en diciembre del dos mil diecinueve;
ii. Que también ofreció la documental en vía de informe a cargo de **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, que obraba a fojas doscientos noventa y tres y doscientos noventa y cuatro de los autos de ese juicio, del que se desprendía que el veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizó un pago por la cantidad de ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), a favor de **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, documento al que le concedió pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 1297 del Código de Comercio, por no haber sido objetado;
iii. Que también se ofreció la prueba confesional a cargo de la parte actora, en la cual se tuvieron por ciertos los hechos afirmados por la demandada, toda vez que la actora no compareció a la audiencia, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 1290 bis 41, fracción III, del Código de Comercio.
- Que con lo anterior quedaba probado que en diciembre de dos mil diecinueve, el adeudo que tenía la demandada, lo era por ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional); que en forma verbal convinieron que se cubrieran únicamente ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), y que los mismos fueron cubiertos el veintitrés de diciembre del mismo año.
- Que de las facturas fundatorias de la acción, se advertía que una era de fecha dos de marzo del dos mil veinte y es la que obraba a foja sesenta y cinco de los autos del juicio de origen, por la cantidad de ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional).
- Que en ese contexto, toda vez que dicha factura era de fecha posterior a la realización del pago que refirió la demandada, no podía concluirse que dentro del pago que se hizo, se incluyera el valor de esa factura, además de que no existía congruencia en ello, pues la factura era de una cantidad mayor al pago.
- Que por lo tanto, si bien había quedado demostrado que la factura correspondiente a diciembre del dos mil diecinueve y anteriores, habían quedado pagadas, misma razón no aplicaba para la factura que se expidió el dos de marzo del dos mil diecinueve, sin que de esa factura existiera prueba de que se pagó.
- Por lo que concluía que sólo quedaba demostrado el adeudo correspondiente a la factura **********, por la cantidad de ********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), por lo que resultaba procedente condenar a la demandada al pago de la misma a favor de la actora.
- Finalmente señaló, que de conformidad con lo expuesto por el artículo 1084 del Código de Comercio, no se hacía especial condena en costas, toda vez que del sumario no se advertía que la parte demandada se hubiera conducido con temeridad o mala fe, por lo que cada una de las partes debería absorber sus propios gastos y costas.
V.—Estudio de los conceptos de violación.
36. Por razón de método, el estudio de los conceptos de violación, se hará en forma conjunta.
37. Argumentos que controvierten la omisión en el estudio de la confesión ficta a cargo de la parte actora, aquí tercera interesada, para tener por acreditada la excepción de pago respecto de la factura con folio ********** (primer concepto de violación). Señala la quejosa que la responsable transgredió al resolver los artículos 14 constitucional y 1077 del Código de Comercio, en cuanto se establece que las sentencia deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, la contestación y las pretensiones deducidas en el juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, lo que en el caso no aconteció.
38. Añade que la responsable resolvió en forma contraria a los principios de exhaustividad y congruencia e igualdad al dictar sentencia, pues únicamente valoró las pruebas ofertadas por la parte actora, dejando de lado los medios de convicción ofertados por la demandada, con los que se acreditaron las excepciones y defensas planteadas. Agrega:
- Que en la audiencia preliminar de juicio le fueron admitidos los medios de convicción siguientes:
- Copia certificada del instrumento notarial ********** (**********), de la notaría pública número cincuenta y seis de las del Estado;
- Impresiones de los correos electrónicos que se enviaron a ********** (en representación de **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable) y diverso personal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable;
- Impresión de transferencia electrónica realizada por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable;
- La confesional a cargo de quien legalmente represente a **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable;
- La ratificación de contenido y firma, respecto de las impresiones de correos electrónicos exhibidos y de la transferencia electrónica referida;
- La documental en vía de informe a cargo de **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, y de **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, respecto de la transferencia electrónica citada;
- La testimonial consistente en el dicho de ********** y **********;
- La inspección judicial y cotejo de documentos respecto de la bandeja de correo electrónico de mailto: ********** y **********;
- La confesional expresa, instrumental de actuaciones y la presuncional.
- Que en lo que interesa, al momento de citar para comparecer al desahogo de la prueba confesional a la parte actora, se le apercibió que en caso de no asistir o no justificar la causa legal de su inasistencia, se tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que pretendían ser demostrados con esa probanza;
- Que en la audiencia preliminar de trece de mayo de dos mil veintidós –a que se refieren los artículos 1390 Bis 10, 1390 Bis 22 y 1390 Bis 32, fracción VI, todos del Código de Comercio– el apoderado de la actora no se presentó, ni justificó la causa legal de su inasistencia, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento, y "se tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos que la demandada pretendía demostrar a través de esa prueba" –afirmación que asevera, se acredita tanto con la propia video grabación de la audiencia referida, como con el contenido impreso de esa actuación–.
- Que lo anterior no fue considerado por la responsable al dictar sentencia, lo que genera que se deje a la quejosa en un estado de indefensión y con una afectación económica, pues de forma injustificada se le impone la obligación de realizar un pago a favor de la aquí tercera interesada, pese a que se tuvo por cierto que **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no brindó los servicios con motivo de los cuales se emitieron las facturas por las que decretó la condena en el juicio de origen.
- Que con dicha confesión ficta, se tuvo por acreditado de forma fehaciente que los servicios que amparaba la factura número ********** no fueron recibidos por su representada y que fue elaborada unilateralmente por la accionante a efecto de obtener un lucro que no le corresponde.
- Agrega, que al tenerse por presuntivamente ciertos los hechos a probar, se debió atender al contenido del escrito de contestación de demanda y a lo señalado al ofrecer ese medio de convicción –cuyo contenido digitaliza–, por lo que la incomparecencia de la parte actora, ahora tercera interesada, demostró en forma contundente: 1) que todos los servicios debían ser autorizados por su representada a través de una orden de compra; 2) que en cuanto a la factura ********** no existe dicha orden de compra; 3) que los servicios a los que hace mención la parte actora en el hecho ocho de su demanda nunca fueron prestados; 4) que la factura de marzo se emitió de manera unilateral y sin autorización de su representada; y, 5) que todos los servicios que se prestaron, fueron pagados por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.
- Que por ello, es que al omitir la responsable valorar adecuadamente dicha probanza (declaración de confesa), se derivó en que considerara que no se acreditaron las excepciones planteadas, cuando lo cierto es que se evidenció: que la factura ********** se elaboró unilateralmente y que los servicios amparados en la misma no se prestaron; de ahí que –afirma– no existe obligación de pago. - Añade la quejosa que no pierde de vista que en la sentencia reclamada, la responsable sí consideró que se declaró confesa a la actora; sin embargo, esa valoración no se hizo de forma congruente con lo planteado en el escrito de contestación de demanda –que transcribe parcialmente–.
- Que ello es así, porque por una parte, señala expresamente que se tuvieron por ciertos los hechos afirmados por la demandada, y posteriormente, de forma incongruente y sin justificación alguna, arguye que como no se comprobó el pago de la factura de marzo del año dos mil veinte, debía entonces, condenarse a su representada al pago de la misma.
- Que así, lo erróneo de esa aseveración es que, de valorar minuciosamente la parte que se pretendía acreditar con la prueba confesional, se habría percatado que los servicios amparados por esa factura nunca se prestaron –pues opuso la excepción de falta de acción y derecho por inexistencia de prestación de servicios–; que la factura fue elaborada unilateralmente e inclusive, ad cautelam, que todos los servicios fueron pagados, por lo que no existía adeudo alguno.
- Que por ende, ante falta de prueba en contrario, debió absolverse a su representada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, como lo dispone el artículo 1390 Bis 41, fracción III, del Código de Comercio.
39. Argumentos que controvierten el alcance valorativo de la factura electrónica con folio ********** (segundo concepto de violación). En diverso apartado, sostiene la parte quejosa que la responsable erróneamente considera en relación a la factura con folio ********** que sí quedó acreditada la prestación del servicio por parte de **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por el simple hecho de que contiene todas las características del Código Fiscal, lo que le generaba convicción para acreditar la relación comercial, lo que es absurdo y carece de sustento. Agrega:
- Que atendiendo al artículo 1296 del Código de Comercio, no podía otorgársele valor probatorio pleno a la factura con número de folio ********** por tratarse de un documento privado que no fue adminiculado ni robustecido con otros medios de prueba, y además, fue objetado en tiempo y forma por la demandada desde el escrito de contestación de demanda y posteriormente en la audiencia preliminar.
- Que por tanto, es absurdo que se pretenda otorgar valor probatorio pleno al mencionado comprobante fiscal digital, por el simple hecho de argumentar que cuenta con todos los requisitos que marca la legislación fiscal, pues eso sólo demuestra que se emitió la factura de forma adecuada, pero de ninguna forma implica que el servicio descrito dentro de la misma se haya brindado, pues como se manifestó desde el escrito de contestación de demanda, el servicio amparado por la factura ********** nunca fue recibido, ni siquiera se exhibió la orden de prestarlo, a diferencia de lo sucedido con el resto de los documentos aportados al juicio.
- Insiste, en que en la audiencia preliminar objetó la factura con folio **********, en el sentido de que a la misma no podía otorgársele valor probatorio al ser un documento privado, además de que la emisión de una factura evidentemente puede ser realizada de manera unilateral por el simple hecho de que se tengan los datos fiscales de la persona a favor de la cual se emite, amén de que para poderla haber emitido, la demandada debió de emitir la orden de compra correspondiente, la cual no se exhibió con la demanda inicial.
- Que por ende, el hecho de que la indicada factura cumpla con todos los requisitos de carácter fiscal, no puede considerarse como único elemento para acreditar una acción en juicio, siendo que la parte actora no fortaleció dicha probanza con diverso medio probatorio.
- Que pensar en forma distinta, sería tan absurdo como por ejemplo, si se tuvieran los datos fiscales de **********, el hombre más rico de México y se emita una factura a su favor por la cantidad de $********** (**********), y aquél deba realizar su pago, pues bastaría con que la documental librada, cumpliera con los requisitos establecidos por la normatividad fiscal, independientemente de que no le hubiera prestado servicio alguno, ni le hubiera enajenado bien alguno, lo cual resulta ilógico, al igual que lo planteado en la sentencia reclamada.
- Que cuando la factura es objetada, como lo fue en el caso, el resultado debió ser que no le fueran aplicables las reglas previstas en los artículos 1391, fracción VII, y 1241 ambos del Código de Comercio, ya que su mera objeción producía que su contenido no fuera suficiente para acreditar la prestación de servicios amparados por la misma, y que se necesitaran de otros elementos para acreditar ese extremo; más aún, cuando al desahogarse la prueba confesional ofertada por la demandada a su cargo, se tuvo por cierto que esos servicios nunca se recibieron y que ese documento se emitió sin autorización de su destinatario.
- Cita la jurisprudencia con registro digital: 161081, de rubro: "FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS."
- Precisa la quejosa que no pasa inadvertido que la responsable al resolver, sí consideró que la actora objetó la multicitada documental; sin embargo, sin señalar la razón de su dicho, ni cuál era el fundamento legal del mismo, arguyó que la simple objeción que se hizo no era suficiente para restar valor probatorio al multicitado documento.
- Agrega –después de transcribir parcialmente la sentencia reclamada–(26) que se afirma que la objeción no era suficiente para restar el valor probatorio a la factura, lo que es erróneo, pues se trata de un documento privado, que al ser objetado requiere ser robustecido más allá de que cumpla o no con los requisitos establecidos por los ordenamientos de carácter fiscal.
- Agrega la peticionaria de amparo que no se planteó "que no fuera un documento auténtico", sino que la factura amparaba servicios que no se brindaron; es decir, adolecía de una "falsedad ideológica".
- Que por ende, en términos de los artículos 1194 y 1390 Bis 45, ambos del Código de Comercio, **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, tenía la carga de acreditar que los servicios se prestaron –lo que no aconteció–, y por el contrario, su representada logró acreditar con diversos medios probatorios –particularmente con la multicitada prueba confesional– que los servicios de la última factura no fueron prestados.
- Que la distribución de cargas probatorias varió una vez que se planteó la objeción, pues dada la naturaleza de la factura (documento privado), debió robustecerse, lo que no sucedió y, por ende, no podía atribuírsele valor probatorio, mucho menos cuando la actora fue declarada confesa de los hechos que pretendían ser demostrados por la demandada.
- Después de reseñar la pruebas admitidas a la parte actora y aquí tercera interesada(27) refiere la quejosa que ninguna acredita que la prestación de servicios de la factura ********** sí se hubiera otorgado.
- Que inclusive las pruebas aportadas por la propia accionante prueban en su contra, pues de éstas se genera una presunción –que no se consideró por la responsable– de que para poder prestarse un servicio y su emitirse una factura a nombre de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, ésta necesariamente e inexcusablemente debía estar respaldada por una orden de compra emitida por su poderdante, lo que en el caso no sucedió.
- Que por ello, se afirma que la responsable no valoró de manera correcta las probanzas desahogadas y de manera injustificada concedió valor probatorio pleno a una factura que fue debidamente objetada en cuanto a su alcance y valor probatorio, y que no fue reforzada con ningún medio de prueba distinto, lo cual era necesario para acreditar que realmente se hubieran prestado los servicios.
- Que el hecho, por tanto, de que se emita una factura con todos y cada uno de los elementos establecidos por las leyes fiscales, únicamente implica la autenticidad del documento para efectos tributarios; sin embargo, esto no demuestra de forma alguna que los servicios que ampara esa factura sí hayan sido brindados.
- Agrega, que por lo anterior, es que no puede imponerse condena alguna a su representada y debe otorgársele el amparo a fin de que se ordene a la responsable emitir otra resolución en la que se declare la absolución a su representada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas; debiendo condenar a la accionante al pago de gastos y costas, por ser notoria la mala fe con que se condujo en el juicio.
40. Los planteamientos que anteceden son en parte infundados y por lo demás inoperantes.
41. Como se advierte, los dos conceptos de violación que se plantean, para evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada, se sustentan en los postulados siguientes:
a. Que la responsable omitió valorar las pruebas ofrecidas por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, para acreditar sus excepciones y defensas.
b. Que con la confesión ficta a cargo del representante legal de **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, se tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos que se pretendían acreditar con su ofrecimiento, a saber: 1) que todos los servicios debían ser autorizados por su representada a través de una orden de compra; 2) que en cuanto a la factura ********** no existe dicha orden de compra; 3) que los servicios a los que hace mención la parte actora en el hecho número ocho de su demanda nunca fueron prestados; 4) que la factura del mes de marzo se emitió de manera unilateral y sin autorización de su representada; y 5) que todos los servicios que se prestaron, fueron pagados po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32228-774902e2/amparo-directo-en-contra-de-la-sentencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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