SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR CONDENA AL PAGO DE COSTAS EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y, OFICIOSAMENTE, REDUCE LOS INTERESES POR CONSIDERARLOS USURARIOS.
AMPARO DIRECTO 797/2017. 22 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARCELIA DE LA CRUZ LUGO. PONENTE: ROBERTO RODRÍGUEZ SOTO. SECRETARIO: CARLOS REYES VELÁZQUEZ CANCINO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Resulta en parte infundado, en otra inoperante y, en suplencia de la queja, se advierte una violación manifiesta de la ley con apego en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que amerita la concesión del amparo al quejoso **********.
Del juicio ejecutivo mercantil número **********, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil de esta ciudad, se aprecia que mediante escrito de veinte de junio de dos mil catorce, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su endosatario en procuración demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a **********, como deudor principal y a **********, como aval, el pago de la cantidad de $128,410.85 (ciento veintiocho mil cuatrocientos diez pesos 85/100 moneda nacional), como suerte principal derivada del adeudo contendido en un pagaré, el pago de intereses moratorios y el pago de gastos y costas.
Por escrito presentado ante el juzgado del conocimiento el quince de julio de dos mil catorce, el codemandado **********, contestó la demanda aduciendo que el actor carecía de acción y derecho para reclamar las prestaciones de su demanda, toda vez que era falso que en los documentos fundatorios de la acción se hubiesen pactado intereses moratorios a razón del ocho por ciento. Que no exhibió los treinta y dos pagarés que dice se adeudan, además de que tampoco exhibe el estado de cuenta certificado por contador público a que se refiere el artículo 68 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para la fijación de los supuestos adeudos. (foja veintiséis)
En auto de once de septiembre de dos mil catorce, la Juez instructora declaró precluido el derecho del codemandado **********, para contestar la demanda. (foja treinta y ocho)
Seguido el juicio en sus etapas, la Juez de origen, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la que condenó a los codemandados a pagar las prestaciones reclamadas, al pago de intereses moratorios a razón del dos punto cero cero ocho por ciento mensual, en lugar del ocho por ciento pactado, y al pago de gastos y costas. (foja cuatrocientos setenta y cinco vuelta)
Inconforme con la sentencia **********, promovió en su contra demanda de amparo directo, la que corresponde resolver en esta instancia constitucional.
En su concepto de violación el quejoso señala que la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se siguieron las formalidades del procedimiento, mencionando situaciones procesales falsas. Que su decisión no se fundó de acuerdo a la letra de la ley. Que la sentencia impugnada no está fundada ni motivada por el simple hecho de que invoque artículos del Código de Comercio. Que la responsable señala que le fue declarada desierta la prueba confesional a cargo del actor, dada su falta de interés procesal, y que la excepción de falta de acción y derecho resultó infundada, excepción que hizo consistir en que la actora no exhibió los treinta y dos documentos base de la acción y que no exhibió el estado de cuenta certificado por el contador de la empresa endosante.
Que en la sentencia combatida se viola el principio unitario de valoración de pruebas contenido en el artículo 1298 del Código de Comercio.
Concepto de violación que, en una parte, resulta infundado y, en otra, inoperante.
En efecto, es infundado lo expresado, ya que la Juez instructora sí fundó y motivó su sentencia, al establecer las razones por las que resultaba infundada la excepción opuesta por el demandado citando, a su vez, los artículos aplicables, como son 1104, fracción I, 1103, 1391, 1049, 1408, 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio, y 10, 14, 76, 167, 170 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Por otra parte, es inoperante, en virtud de que con lo expresado en el único concepto de violación, además de ser una repetición de lo manifestado en la contestación de la demanda, no controvierte los razonamientos expuestos por la Juez instructora para dictar la sentencia de condena.
En efecto, en la parte conducente de la sentencia impugnada se señaló:
"Por lo que se procede al estudio del mérito de la excepción que opuso la el demandado demanda (sic) **********, la falta de acción y derecho, que las hace consistir en que la parte actora no exhibió los treinta y dos documentos base de la acción, a que hace referencia en el punto dos del capítulo de prestaciones, y que no exhibió el estado de cuenta certificado por el contador de la empresa endosante.—La excepción de mérito resulta infundada, toda vez que, contrario a lo que aduce el demandado, de la simple lectura que se realiza del escrito de demanda, del capítulo de hechos I y II, la parte actora manifiesta que el treinta y uno de julio de dos mil trece, la demandada suscribió a su favor, un título de crédito de los denominados pagaré, habiéndose obligado a pagar la cantidad de $137,610.88 (ciento treinta y siete mil seiscientos diez pesos 88/100 moneda nacional) mediante treinta y seis pagos parciales y sucesivos, y que el primer pago lo efectuaría el treinta de agosto de dos mil trece, habiendo incumplido los demandados con el pago correspondiente con fecha de vencimiento quince de diciembre de dos mil trece, y habiendo incumplido con dicho pago, se dieron por vencidos anticipadamente el total del adeudo insoluto y por consiguiente se exigió en una sola exhibición, lo anterior de acuerdo a la calendarización de pagos a que se obligaron los demandados en el documento base de la acción; de ahí que lo argumentado por el demandado carece de sustento jurídico, máxime que la actora exhibió un solo documento como base de la acción del denominado pagaré.—Aunado a que resulta inaplicable al caso que nos ocupa, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, respecto de la exhibición del estado de cuenta certificado por el contador, toda vez que dicho dispositivo legal es aplicable a la instituciones de crédito.—Por lo que la excepción de falta de acción y derecho hecha valer por el demandado **********, se declara infundada, en virtud de que como quedó asentado con antelación, el demandado **********, no aportó al sumario ningún medio de convicción tendiente a acreditar que la parte actora no haya exhibido los treinta y dos pagarés, además que en el presente negocio el documento base de la acción es únicamente un pagaré y no los treinta y dos documentos que menciona dicho demandado." (fojas cuatrocientos setenta y cuatro y vuelta)
Razonamientos que, como se señaló, no son controvertidos por el quejoso, ya que se limita a establecer, como lo hizo en la contestación de la demanda, que fundó su excepción de falta de acción y derecho, en que la parte actora no exhibió los treinta y dos documentos base de la acción, así como tampoco presentó el estado de cuenta certificado por el contador, pero sin impugnar lo expuesto por la Juez instructora, en el sentido de que en el juicio ejecutivo mercantil, la parte actora únicamente presentó un documento base de la acción y no los treinta y dos aducidos por el demandado, así como que tampoco presentó medios de convicción para demostrar que la parte actora omitió presentar los treinta y dos documentos. Además, en relación con la exhibición del estado de cuenta certificado por el contador, señaló la Juez, que no resultaba aplicable el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, puesto que tal obligación sólo era impuesta a las instituciones de crédito.
Por último, este tribunal federal advierte de oficio, que contra el quejoso ha habido una violación evidente de la ley, que afecta los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo, en términos del artículo 79, fracción VI, de la propia ley.
El artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo señala:
"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"...
"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada."
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 120/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 663, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas», de título, subtítulo y texto:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
También es aplicable al caso la tesis aislada 1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1417, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas», de título, subtítulo y texto:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea Parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase ‘lo haya dejado sin defensa’ no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una ‘violación manifiesta de la ley’ es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa."
La Juez instructora, en la parte relativa del considerando cuarto de la sentencia impugnada señaló:
"...debiendo reducirse el monto del pago de intereses del documento base de la acción en un 24.1% anual, porcentaje que dividido en doce meses da como resultado 2.008% mensual, calculados a partir de la fecha de vencimiento del documento base de la acción, lo anterior tomando en consideración que el interés pactado resulta usurario, debiendo analizarse dicha cuestión de oficio por cualquier autoridad en el ámbito de su competencia, advirtiéndose el abuso, en contravención a la prohibición emanada del artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en observancia al control judicial que debe hacerse de oficio. ..." (foja cuatrocientos setenta y cuatro vuelta)
Asimismo, en el resolutivo quinto asentó:
"QUINTO.—Se condena a la parte demandada a cubrir los gastos y costas de la instancia, según lo dispuesto por la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio."
Ahora bien, en suplencia de la queja deficiente, este tribunal, como se dijo, advierte la violación evidente de la ley, que afecta los derechos fundamentales del quejoso.
Lo anterior en virtud de que, como quedó asentado, la Juez natural, y después confirmado por la autoridad responsable, aparte de reducir el porcentaje de los intereses, condenó al demandado indebidamente al pago de las costas originadas en el juicio de origen, según ella, conforme a lo dispuesto por el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, cuando ello es indebido, según interpretación jurisprudencial que al respecto ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En efecto, el precitado numeral, dice:
"Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.
"Siempre serán condenados:
"...
"III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente."
Luego, para efectos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, se tiene que condenado es la persona, ya sea actor o demandado, que de manera total resultó derrotada, esto es, a la que de ninguna manera le resulta benéfica la sentencia; en tanto que, cuando el juzgador otorga parcialmente la razón al actor y al demandado, debe entenderse que se obtuvo una condena parcial, ya que la sentencia favoreció a ambos en una parte relativa, con motivo de que se absolvió de alguna prestación reclamada, o de parte de lo reclamado, en su caso, no obstante la imposición de pagar una obligación, ésta se concede por una cantidad menor a la solicitada.
Por tanto, si en el caso, la Juez responsable, de oficio, redujo los intereses moratorios pactados, por considerar que la tasa para su cálculo era usuraria, ello tuvo como consecuencia que la condena fuera parcial, ya que si bien se condenó al pago de los intereses, ello fue en un monto menor al reclamado, ya que la pretensión de la actora, en cuanto a las cantidades exigidas, sólo procedió parcialmente, lo que implica que la sentencia favoreció parcialmente al codemandado, aquí quejoso.
En consecuencia, debe concluirse que la reducción oficiosa de la tasa de interés moratorio, por ser usuraria, implicó una condena parcial, y el hecho de que no haya obtenido los montos reclamados, evidencia que no puede considerarse una condena total para efectos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, en virtud de que la codemandada de mérito, fue favorecida parcialmente con dicha reducción.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 438/2016, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 73/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 283, registro digital: 2015691, de título, subtítulo y texto:
"COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO. Del precepto citado, se advierte que siempre se condenará en costas al que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término ‘condenado en juicio’ alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la expresión ‘no obtiene sentencia favorable’ se refiere a la derrota o condena total, es decir, absoluta. En ese sentido, cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte actora se beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente en los mismos términos en que fueron planteadas en la demanda, procede la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues se está ante una condena total. Ahora bien, cuando en la sentencia respectiva el Juez, de manera oficiosa, reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones accesorias reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el Juez, en ejercicio del control convencional ex officio, reduce el pago de los intereses moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme al precepto legal citado, toda vez que la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los montos que reclamó y al no tener que pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por concepto de intereses, sin que sea relevante que comparezca a juicio o no el demandado, pues aun si éste no contestó la demanda, debe entenderse que la actuación del juzgador constituye una oposición oficiosa a las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo es aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues es posible que se den condiciones que activen la procedencia en términos de una diversa fracción del propio precepto, de su primer párrafo, o del artículo 1082 del citado ordenamiento, quedando al prudente arbitrio del juzgador determinar lo procedente."
No se desatiende que el criterio jurisprudencial antes invocado, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013; y la sentencia reclamada se emitió el dieciocho de agosto de ese mismo año, es decir, antes de que cobrara vigencia dicho criterio; sin embargo, de ningún modo implica que ahora se aplique retroactivamente en perjuicio de la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil de origen, tomando en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000, de rubro: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", sostuvo que la jurisprudencia sólo interpreta la ley y estudia los aspectos que el legislador no precisó, esto es, integra o complementa a la norma en relación con sus alcances, que sin estar contemplados claramente en ésta, se producen en una determinada situación, sin que dicha conformación constituya una norma jurídica de carácter general, sino la determinación del verdadero sentido obligatorio de la ley, que no se modifica por el hecho de desentrañar su contenido con precisión y certeza; criterio que no ha sido superado a la fecha.
Asimismo, debe decirse que la jurisprudencia tiene el carácter de norma general, y que constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento, no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho. Así, de los artículos 94, párrafo décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215 a 224 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino sólo establece el verdadero alcance de una previamente existente.
Por otra parte, una vez que una tesis de jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria, los órganos jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan cuestionar su contenido o proceso de integración, pues ello es propio del órgano que emitió el criterio vinculante. De ese modo, se concluye que para generar la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia anterior de vigencia y de la cual derive el derecho adquirido, de manera previa a la aplicación de la nueva, sin que pueda admitirse que el hecho de afectar simples expectativas de derecho se traduzca en perjuicio para el justiciable; de ahí que la aplicación de la nueva jurisprudencia que obliga, puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante la vigencia de la norma que se pretende aplicar, o no exista una interpretación contraria a la aplicada que tuviera anterior vigencia.
Así, acorde con la jerarquía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas constitucionales "originales", como creadoras y conformadoras del sistema jurídico, por un lado, determinan el significado de las demás y, por otro, tienen la capacidad de regular y modificar de manera permanente o temporal, actos o situaciones jurídicas que ocurrieron previamente a su entrada en vigor, por disposición expresa, ya sea en su texto o en los artículos transitorios; en tanto que sus "reformas" pueden operar sobre hechos o situaciones ocurridas hacia el pasado, no sólo por disposición expresa del órgano reformador sino, incluso, por interpretación, de modo que su operatividad temporal no solamente es especial, sino que depende de diversas circunstancias, con independencia de que puede atribuir efectos retroactivos a sus normas de manera explícita, o bien, implícita, a través de la jurisprudencia, en el caso de normas que amplíen la esfera de derechos de los particulares, sin que ello se traduzca en una transgresión al principio de irretroactividad de la ley.
Es aplicable al caso la jurisprudencia por reiteración P./J. 123/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.—Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan."
También es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 145/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta ‘conformación o integración judicial’ no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional."
También resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.IV.L. J/3 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en la página 2094, Libro 30, mayo de 2016, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas», de título, subtítulo y texto:
"JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Ampar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27866-849e007c/suplencia-de-la-queja-deficiente-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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