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Modo: Corpus Pro

COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. SI CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITE UNA NUEVA SENTENCIA QUE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LA DE PRIMERA INSTANCIA, SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 64/2018. · Registro digital (IUS): 28377
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-03-01
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Pág. 2633.

AMPARO EN REVISIÓN 64/2018. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. PONENTE: NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. SECRETARIO: FERNANDO ARAGÓN GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Los agravios formulados por la quejosa son fundados.

La delimitación de alcances de la expresión "el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva", previsto en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, pertenece a un criterio objetivo de fijación de costas, regido por el sistema de la compensación en indemnización obligatoria, pues se obliga por ley a pagar costas, a título de indemnización, a quien injustamente obligó a otro a comparecer a juicio en la segunda instancia.

El sistema de costas procesales que se regula en el Código de Comercio busca ante todo evitar que las personas acudan a juicios o recursos innecesarios.

La expresión de "el que fuere condenado" debe entenderse como "el que fuere sentenciado", es decir, en esa acepción deben quedar incluidas no únicamente las sentencias que condenan, sino también las que absuelven, o no son definitorias.

La expresión "dos sentencias conformes de toda conformidad", debe entenderse como dos sentencias iguales en su parte resolutiva, en las que el fallo primario subsista en sus términos y no sufra ninguna variación ni modificación en relación con el que se emita en segunda instancia.

Para la procedencia de la condena en costas en términos de ese precepto legal, no es necesario que exista una parte vencedora y una vencida, en el sentido de que la vencedora haya obtenido todo lo que pretendió, pues aun en el caso de que en la sentencia de primera instancia se haya condenado sólo respecto de algunas prestaciones, se actualiza la hipótesis normativa cuando dicha sentencia es confirmada en sus términos en segunda instancia.

El juzgador se encuentra facultado para condenar, oficiosamente, a la parte sentenciada, sin que sea necesario, por consiguiente, que exista petición alguna de la parte vencedora o no vencida, ni la existencia de alguna declaración efectuada sobre la condena o absolución en costas en el fallo de primer grado.

Cuando tanto el actor como el demandado obtienen en primera instancia sentencia parcialmente favorable y al apelarla ambos se confirma en sus términos, cada uno debe soportar las que haya originado, pues acorde con el sistema de compensación e indemnización de carácter objetivo y obligatorio previsto en el citado código, la condena al pago de costas obedece al propósito de restituir a quien injustificadamente sea llevado a un tribunal de los gastos necesarios que erogue a causa del procedimiento.

Además, la expresión relativa a "dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva", debe entenderse como dos sentencias iguales en su parte resolutiva, en las que el fallo primario subsista en sus términos y no sufra ninguna variación ni modificación en relación con el que se emita en segunda instancia.

El criterio de plena identidad o igualdad se identifica como el núcleo de la expresión "dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva", lo que implica que cualquier modificación –por mínima que sea–, que en apelación sufra la sentencia de primera instancia, en su parte resolutiva, ello tendría por consecuencia destruir la condición de estar frente a una sentencia conforme de toda conformidad para los efectos de lo señalado en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio.

La razón por la que se condena en costas en términos de la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, es que el apelante obliga a su contraparte a acudir a segunda instancia de manera injustificada, esto es, cuando resulta infructuoso el haber litigado en esa instancia porque el resultado objetivo de haberla instaurado fue el de que la sentencia de primer grado permaneció inalterada; lo que no acontece cuando cambia el sentido de ésta, aunque sea mínimamente, en tanto que en ese supuesto la comparecencia a segunda instancia deviene objetivamente justificada, sin importar cuán mínima sea la modificación que sufra en segunda instancia una sentencia, en su parte resolutiva ello es suficiente para justificar la intervención judicial y, por tanto, para eliminar el supuesto de que deban pagarse costas judiciales.

Se está ante dos sentencias conformes de toda conformidad, cuando éstas son iguales o idénticas en sus resolutivos, lo que no implica llegar al extremo de arribar a la idea de que los resolutivos sean exactamente iguales, incluso, gramaticalmente o al nivel de puntos y comas, pero sí que exista identidad en lo ya fallado en primera instancia, esto es, que se esté ante una sentencia de segunda instancia que confirme lo fallado en la primera instancia.

Tal criterio es armónico con la idea de justificación de la intervención judicial, pues obviamente, en los casos en que la sentencia de apelación revoque o modifique lo primeramente fallado, es posible asumir que una de las partes tuvo que activar esa segunda instancia como medio necesario para reclamar un punto de justicia e, incluso, ello es igualmente aplicable en aquellos casos en que una vez activada la segunda instancia, el órgano jurisdiccional que conoce de la misma, decide oficiosamente modificar o revocar la sentencia de primera instancia, pues ello es suficiente para justificar que fue necesario activar la apelación o recurso respectivo.

No se trata, entonces, de dos sentencias ideológicamente iguales sólo en lo sustancial, y en las que se permitan pequeños ajustes o alteraciones en los hechos o en el derecho, sino de dos sentencias que si bien no son literalmente idénticas, sí tengan identidad de hechos y de derecho en su parte resolutiva, esto es, se trata básicamente de una sentencia de primera instancia dictada en un sentido, y de otra diversa, dictada en segunda instancia, que la confirme.

Aun en el supuesto de que la sentencia dictada en segunda instancia revocara o modificara la sentencia dictada en primera instancia, derivado de un error judicial menor de naturaleza aritmética, gramatical u otra por parte del Juez apelado, ello bastaría para justificar la intervención judicial de alzada pues, finalmente, una de las partes tuvo que recurrir al medio de impugnación para la corrección o aclaración de dicho error y ello rompe el ciclo de dos sentencias conformes de toda conformidad.

Ello puede parecer no equitativo en todos los casos, pues puede ocurrir que por menores diferencias entre una sentencia y otra, una parte llevada injustamente a juicio o a un recurso pierda el derecho a ser indemnizada en sus gastos procesales; sin embargo, cuando menos no queda lugar a duda de que la intención del legislador fue, precisamente, esa la de que el criterio objetivo de condena a costas previsto en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, se active única y exclusivamente en los casos en que existan dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, y de que la interpretación de ello está reglada por un criterio de identidad de fundamentos de hecho y de derecho, y no de ideología general aceptando diferencias no sustanciales.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 117/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:

"Décima Época

"Registro digital: 2015692

"Instancia: Primera Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 49, Tomo I, diciembre de 2017 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas»

"Materia: civil

"Tesis: 1a./J. 117/2017 (10a.)

"Página: 284

"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL PREVER COMO CONDICIÓN PARA LA CONDENA A SU PAGO ‘QUE FUERE CONDENADO POR DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD’, IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE QUE AMBOS FALLOS PRESENTEN IDENTIDAD EN SU PARTE RESOLUTIVA. El precepto citado establece que el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva siempre será condenado en costas abarcando la condena ambas instancias, lo que implica la obligación de que ambos fallos presenten identidad en su parte resolutiva, esto es, que el fallo de segunda instancia confirme el de primera, pues ante cualquier motivo de modificación o revocación del primero, no puede colmarse dicha condición de identidad, lo que es acorde con la intención de esa medida legislativa, que busca condenar en costas al apelante que obligue a su contraparte a acudir a la segunda instancia de manera injustificada, esto es, por ser infructuoso el litigio de esa instancia al quedar en los mismos términos la sentencia de primer grado, pero si se cambia el sentido de ésta –en su parte resolutiva–, aunque sea mínimamente, se justifica haber exigido la intervención judicial de alzada, pues ésta fue necesaria para corregir o enmendar algún error de hecho o de derecho en que se incurrió en la primera instancia."

Las costas constituyen los gastos procesales que pueden ser reclamados de la parte vencida o sentenciada cuando existe una resolución judicial que así lo declare.

La fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio dispone:

"Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

"Siempre serán condenados:

"...

"IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias, y..."

La condena en costas, prevista por la norma jurídica transcrita, tiene por objeto resarcir a la parte que obtuvo, de las erogaciones que se vio obligada a realizar al acudir ante los tribunales en defensa de sus derechos, es decir, condenar al vencido o sentenciado al pago de costas cuando hay dos sentencias conformes de toda conformidad, para resarcir los gastos efectuados por su contraria, quien se vio obligada a acudir a instancias judiciales, con el objeto de que se le reconociera un derecho que así se hizo.

Para que surjan dos sentencias conformes de toda conformidad, son distintos los casos en los que se puede actualizar tal hipótesis, entre otros, los siguientes:

Ver casos en que se actualizan dos sentencias conformes de toda conformidad

Existen otros supuestos en los que se actualiza la hipótesis de dos sentencias conformes de toda conformidad, pero en todos ellos, lo fundamental es que exista identidad entre el fallo de primera y el de segunda instancia para que al vencido o sentenciado se le deba condenar al pago de costas.

Tal hipótesis versa sobre el sistema de la compensación o indemnización, que responde al propósito de restituir a quien injustificadamente ha sido llevado a un tribunal de las erogaciones, gastos y pagos en que hubiera incurrido por razones del procedimiento.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 55/2013, en sesión de veintiuno de mayo de dos mil catorce, consideró que en todos los casos en los que la conformidad de las sentencias de primera y de segunda instancias derive de la concesión de un amparo, queda por definición excluida la aplicación de la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México pues, en esos supuestos, el recurso intentado no fue, en principio, injustificado ni infructuoso, en el entendido de que, cuando se presenta el supuesto normativo previsto en la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la condena en costas deberá decretarse, tal como lo dispone la ley, sin que sea válido que el juzgador ejerza su prudente arbitrio para concluir cuál de las partes pudo haberse conducido con temeridad o mala fe; pero si no se diera la hipótesis aludida, es incuestionable que el juzgador se encuentra facultado para valorar prudentemente ese comportamiento procesal de las partes a fin de condenar a la que hubiese procedido con dolo, mala fe o temeridad, no olvidando, además, que ese prudente discernimiento de que gozan en nuestro país las autoridades judiciales servirá para valorizar si los gastos erogados fueron o no los estrictamente necesarios para el debido desarrollo del proceso.

De esa ejecutoria surgió la tesis aislada invocada por la autoridad responsable y por la Juez de amparo del contenido siguiente:

"Décima Época

"Registro digital: 2008087

"Instancia: Primera Sala

"Tipo de tesis: aislada

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas»

"Materias: común y civil

"Tesis: 1a. CDXLI/2014 (10a.)

"Página: 219

"COSTAS. NO HA LUGAR A SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 140, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LA CONFORMIDAD ENTRE LOS FALLOS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS DERIVA DEL CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 140, fracción IV, del código adjetivo civil para el Distrito Federal prevé la condena en costas cuando se dictan dos sentencias conformes de toda conformidad; sin embargo, este supuesto no debe tenerse por actualizado cuando, al resolver un recurso ordinario, el fallo de segundo grado modifica o revoca la decisión de primera instancia y es por virtud de la concesión de un amparo o de algún otro medio de defensa extraordinario, que el tribunal de alzada se ve constreñido a dictar un nuevo fallo para confirmar la decisión impugnada y, en consecuencia, ello da lugar a que exista identidad entre ambas sentencias. Al respecto, se parte de la base de que la confirmación en sus términos de la sentencia de primera instancia permite presumir, en principio, que el recurso intentado fue injustificado, infructuoso y que demoró o entorpeció la ejecución de la sentencia recurrida, no siendo válido que el juzgador ejerza su prudente arbitrio para concluir cuál de las partes pudo haberse conducido con temeridad o mala fe, ante la taxatividad del precepto; sin embargo, en los casos en los que la conformidad de las sentencias de primera y segunda instancias deriva de la concesión de un amparo queda, por definición, excluida la aplicación de la fracción IV del aludido artículo 140 del código sustantivo; esto, al margen de que el órgano jurisdiccional pueda tener por actualizada alguna otra hipótesis de las enunciadas en ése o en otro precepto legal aplicable al caso concreto."

Sin embargo, la tesis aislada transcrita no constituye jurisprudencia y no es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Aunque es una práctica judicial general que el criterio del Alto Tribunal de la República resulte orientador para resolver un caso análogo, no es obligatorio atenderlo y mientras no exista jurisprudencia, sí existe la facultad para el órgano jurisdiccional de precisar si se acoge al criterio referido, o bien, debe externar las razones por las cuales se aparta del precedente o tesis aislada, sin que esto último menoscabe la facultad del Supremo Tribunal de establecer la jurisprudencia que rija en su momento, con posterioridad, cuando el criterio del tribunal de menor jerarquía entre en contradicción con otro de igual jerarquía.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente:

"Décima Época

"Registro digital: 2016525

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 53, Tomo I, abril de 2018, página 847, y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de abril de 2018 a las 10:10 horas

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 32/2018 (10a.)

"TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable."

También es aplicable al caso, en ese sentido, la jurisprudencia 2a./J. 195/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido:

"Décima Época

"Registro digital: 2013380

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 38, Tomo I, enero de 2017 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de enero de 2017 a las 10:07 horas»

"Materia: común

"Tesis: 2a./J. 195/2016 (10a.)

"Página: 778

"TESIS AISLADAS. LAS EMITIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN CARÁCTER ORIENTADOR, NO GENERAN DERECHOS NI SON SUSCEPTIBLES DEL EJERCICIO DE IRRETROACTIVIDAD. Del análisis integral y sistemático de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215, 217, 218, primer párrafo, 222 al 226 y 228 de la Ley de Amparo, se desprende que de manera expresa se concede carácter obligatorio a la jurisprudencia, particularidad que no comparte con las tesis aisladas que se generan en los fallos de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación. Atento a lo anterior, los criterios que aún no integran jurisprudencia no pueden invocarse como un derecho adquirido por las partes y, por tanto, sujeto al principio de no aplicación retroactiva en su perjuicio. Congruente con ello, a falta de jurisprudencia definida sobre un tema determinado y cuando exista un criterio aislado o precedente aplicable para la solución de un caso concreto, debido al carácter orientador que esta Superioridad les ha conferido y el principio de seguridad jurídica, es dable mas no obligatorio que los órganos jerárquicamente inferiores lo atiendan en sus resoluciones, mediante la cita de las consideraciones que las soportan y, en su caso, de la tesis correspondiente y de existir más de uno, puede el juzgador utilizar el que según su albedrío resulte correcto como parte del ejercicio común de su función jurisdiccional."

Recapitulando, es claro que conforme al criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede la condena en costas con fundamento en la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, cuando la conformidad de las sentencias de primera y segunda instancias surge con motivo de la concesión de un amparo.

Esa tesis aislada se funda en que en el acto materia del amparo el tribunal de segundo grado llegó a estimar que el recurrente había demostrado sus inconformidades y ello dio lugar a rectificar la decisión de primer grado que la autoridad de alzada estimó inexacta, por lo que, en principio, no fue injustificado ni infructuoso el medio de impugnación hecho valer, pues no fue inútil dado que, incluso, se llegó a obtener una parte o la totalidad de lo pedido; de ahí que sin considerar si la conducta desarrollada por las partes fue dolosa o temeraria, si hubo mala fe o si no la hubo, concluyó que el criterio objetivo impuesto por el legislador no se actualiza en los casos en que se presenta la situación que se ha descrito, porque la descripción objetiva, en los términos que ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se verifica en sus términos.

El criterio contenido en la tesis aislada consiste en que en todos los casos en los que la conformidad de las sentencias de primera y de segunda instancias derive de la concesión de un amparo, queda por definición excluida la aplicación de la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Esa disposición legal es de idéntico contenido al previsto en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio.

Sin embargo, como lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución correspondiente a la sesión de once de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, ejerciendo su arbitrio judicial, debe dar solución al problema identificado, pues la divergencia de criterios, en todo caso, puede ser conocida por la superioridad por las vías legales correspondientes.

Por tanto, este Tribunal Colegiado en uso del arbitrio judicial, respetuosamente, considera que hay razones para apartarse del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no forma jurisprudencia al momento de resolver.

Una primera razón es que el sentido literal de la norma, no distingue expresamente sobre el origen de la resolución de la cual derive el resultado de la coincidencia de las resoluciones y tampoco prevé expresa o tácitamente que la coincidencia en la parte resolutiva entre la de primera y segunda instancias deba provenir del criterio inicial de las autoridades responsables en su jurisdicción ordinaria, desde la primera resolución.

De manera que del texto legal deriva como norma que procede la condena en costas cuando existan dos sentencias conformes de toda conformidad, sin tener en cuenta la condena en costas; y no queda excluido el caso en que la coincidencia sea por el resultado del criterio de una ejecutoria de amparo.

En cambio, la necesidad de agotar una instancia extraordinaria como el juicio de amparo hasta en las dos instancias en la vía indirecta, para llegar a corregir la ilegalidad del acto de la autoridad que motivó que en su inicio no se surtiera la coincidencia de las dos sentencias en la parte resolutiva y, dado que en el amparo no hay condena en costas, queda más evidente la justificación de que haya condena en costas para quien interpuso la apelación y que por una resolución al final declarada ilegal en el amparo, inicialmente quedó fuera del supuesto legal para ser condenado.

El hecho de que inicialmente no se haya dado la coincidencia y que no se surta el supuesto de dos sentencias conformes de toda conformidad dependerá de una resolución que en la instancia de amparo es declarada inconstitucional.

De modo que lo cierto es que si la resolución de segunda instancia varía por el efecto protector, aunque en un primer momento no había dos sentencias conformes, al darse el cumplimiento al efecto protector se produce el resultado de que las dos sentencias coincidan en su parte resolutiva y debe proceder la condena en costas, porque es indudable que por medio del amparo se tutela el derecho fundamental de legalidad que al resultar transgredido motiva su restitución.

En realidad, lo que ocurre es que se está en el supuesto de que la autoridad en una primera sentencia no aplicó debidamente la norma aplicable al caso, dejó de aplicar la que regía a esté, o aplicó una norma que no es aplicable al caso, o bien, omitió valorar alguna prueba que cambiaría el sentido, o no la valoró debidamente o dejó de estudiar un agravio fundamental; todo lo cual lleva al supuesto de que en realidad la Sala, desde su primer resolución, debió confirmar en sus términos la sentencia de primera instancia y, al no hacerlo, obligó al afectado por esa resolución que a la postre resultó inconstitucional, a promover el amparo.

De ahí que exentar del pago de costas cuando la sentencia es motivada por un efecto protector del amparo, aunque dé como resultado jurídico que exista un vencido o condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad, implica que el vencedor no puede tener derecho a las costas en un caso en que si la Sala, desde su primera resolución, hubiera cumplido con el derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, habría confirmado la sentencia apelada en sus términos y condenado al pago de costas en ambas instancias.

Es decir, la existencia de una sentencia de segunda instancia que viola el derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica de una de las partes, quien acude al juicio de amparo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión y ésta le es otorgada para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y, en restitución de los derechos fundamentales violados al quejoso, emite una nueva sentencia en la que confirma en todos sus términos la sentencia de primera instancia, no debe ser factor para considerar que la confirmación en sus términos de la sentencia de primera instancia no haga patente el hecho de que el recurso intentado fue injustificado, infructuoso y que demoró o entorpeció la ejecución de la sentencia recurrida en apelación.

Cuando un acto de autoridad se califica de ilegal por haber violado el derecho fundamental de legalidad previsto por el artículo 14 constitucional o de seguridad jurídica, debida fundamentación y motivación consagrado en el artículo 16 constitucional, en detrimento de la parte quejosa, el efecto restitutorio obliga a la Sala a acatar esa garantía y resolver, como debió hacerlo desde un inicio, por lo que, como consecuencia del efecto protector, el apelante que inicialmente obtuvo un beneficio, logró tal situación por una sentencia que al final es declarada ilegal en el amparo; por lo que el apelante por el efecto del amparo resulta vencido y sentenciado por dos sentencias conformes de toda conformidad.

La sentencia dictada en segunda instancia ilegal y violatoria de derechos fundamentales queda anulada cuando en la ejecutoria de amparo así se establece, y los efectos de la sentencia protectora no son más que aquellos que se emiten con el propósito de restituir al solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos, por lo que la autoridad responsable que se ve constreñida a emitir un nuevo fallo, en el que confirma la sentencia de primera instancia, no debe dejar de condenar en costas al apelante que haya sido condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad.

Por tanto, aun cuando en principio la apelante haya obtenido resolución favorable y hasta ese momento el recurso no fue infructuoso; lo cierto es que si con motivo de una ejecutoria de amparo la autoridad responsable se ve obligada a emitir una nueva sentencia que confirma en todas sus partes la de primera instancia, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, puesto que la sentencia emitida, naturalmente en un primer momento, fue ilegal y violatoria de derechos fundamentales, por lo que no puede servir como base para absolver al apelante que al final sí se coloca en la situación de vencido o sentenciado por dos sentencias conformes de toda conformidad, lo que surte, en sentido literal, la hipótesis de condena en costas en favor de la parte que se vio obligada a acudir a la segunda instancia e, incluso, a promover el juicio de amparo y en la vía indirecta, en su caso, al recurso de revisión, para lograr que se dicte una sentencia respetuosa de la garantía (sic) de legalidad, y que con el efecto protector obliga a la Sala o, en su caso, al Juez a resolver como debió hacerlo desde el primer momento.

La otra razón para apartarse del criterio en análisis es que con la condena en costas por dos sentencias conformes de toda conformidad se cumple cabalmente con la finalidad de las costas que es resarcir al vencedor de los gastos en que tuvo que incurrir para lograr el reconocimiento de su derecho; por lo que se le indemniza de esos gastos, porque el tiempo transcurrido es irreparable.

En el caso, la sentencia que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 832/2017-II, que dio origen a este recurso de revisión, fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 544/2016-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

En ese juicio de amparo indirecto se analizó la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el toca 373/2011/16, por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que revocó la resolución interlocutoria emitida por el Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el dos de marzo de dos mil dieciséis, que decretó procedente el incidente de prescripción para ejecutar la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 1059/2010, para ahora resolver que no había sido procedente el incidente aludido y ordenó continuar con el trámite de ejecución de sentencia definitiva.

Los efectos para lo que se concedió el amparo a la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 544/2016-I, fueron para que la Sala responsable realizara lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el toca de apelación 373/2011/16, derivada del incidente de pre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28377-62d5204b/costas-en-materia-mercantil-si-con-motivo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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