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Modo: Corpus Pro

COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO OBTIENEN EN PRIMERA INSTANCIA SENTENCIA PARCIALMENTE FAVORABLE Y AL APELARLA POR AMBOS SE MODIFICA ÚNICAMENTE POR EL RECURSO DE UNO, AGRAVANDO LA SITUACIÓN DEL OTRO, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1,084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE CADA UNO DEBE SOPORTAR LAS QUE HAYA ORIGINADO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2009. · Registro digital (IUS): 22174
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 290.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 257/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, quien fungió como parte (autoridad responsable) en los juicios de amparo directo del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

Apoya a lo anterior, la tesis aislada de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXII, septiembre de 2005

"Tesis: 1a. LV/2005

"Página: 295

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva.

"Contradicción de tesis 161/2004-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Décimo Sexto Circuito. 6 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz."

TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados contendientes expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.

En ese sentido, cabe destacar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo **********, el dos de julio de dos mil cuatro, sostuvo, en lo conducente, las consideraciones siguientes:

"Por otra parte, son infundados los motivos de inconformidad señalados con los incisos b), c), d) y e). Lo anterior es así, tomando en cuenta el contenido del artículo 1084 del Código de Comercio posterior a las reformas del año de mil novecientos noventa y seis, que establece lo siguiente: (se transcribe). El precepto transcrito ordena que la condenación en costas tendrá lugar a partir de dos presupuestos determinados: 1. Cuando lo determina la ley; y 2. Cuando a juicio del Juez se hubiere procedido con temeridad o mala fe; además expone casuísticamente cada una de las hipótesis en que forzosamente debe existir condena al pago de costas y éstas van precedidas de las palabras: ‘Siempre serán condenados.’. De ahí que el Código de Comercio contempla una condena en costas objetiva, porque la manda la ley, y una subjetiva, que maneja los conceptos de mala fe y temeridad. En efecto, contrario a lo que aduce la quejosa, no existe indebida fundamentación por parte de la autoridad responsable o inexacta aplicación de los numerales que cita en sus motivos de inconformidad; toda vez que del precepto legal transcrito se infiere que la condenación en costas en la segunda instancia opera sólo en los términos fijados en la fracción IV de dicho numeral, pues existe disposición expresa en la fracción III, respecto a que en la segunda se observará lo dispuesto en dicha fracción; y si en ella se prevé que será condenado en costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, es obvio que no se actualiza el supuesto para condenar en gastos y costas al actor que a pesar de que obtuvo parcialmente sentencia favorable en primer término, lo cierto es que la misma no fue modificada sino que en su integridad se revocó en segunda instancia con motivo de que declaró fundado y suficiente el primer agravio hecho valer por la codemandada **********, dejándola totalmente insubsistente, junto con todo lo actuado en el juicio, lo que implica que hubo cambio sustancial que motivó la revocación del fallo recurrido. Esto es así, ya que debe entenderse por dos ‘sentencias conformes de toda conformidad’, como dos sentencias iguales en su parte resolutiva, en las que el fallo de primer grado subsista en sus términos y no sufra ninguna variación ni modificación con relación al que se emita en segunda instancia; sin embargo, según deriva de la anterior relatoría, mediante la sentencia de segunda instancia se dejó insubsistente el fallo de primer grado, de ahí que si existió alguna absolución a favor de las quejosas en dicha sentencia, no puede tomarse como que ello haya sido confirmado en la segunda, al declararse la falta de personalidad del actor para demandar en el juicio ejecutivo mercantil a nombre de **********. Razones por las cuales son infundados los conceptos de violación que hacen valer las quejosas, ya que no se puede hablar de que ideológicamente son iguales las sentencias dictadas en primera instancia y en la segunda, respecto a las demandadas ahora quejosas, ya que en la primera existió una condena en contra de **********, y una absolución a favor de **********, **********, **********, **********, e **********; mientras que del resultado de la apelación derivó la improcedencia del juicio, por no haberse acreditado la personalidad del actor; de ahí que se hace patente la diferencia y el por qué no pueden considerarse dos sentencias conformes de toda conformidad. En apoyo a lo anterior cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis número 29/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que a la letra dice: ‘COSTAS. PROCEDE LA CONDENA DE, EN PRIMERA INSTANCIA CONTRA EL QUE OBTIENE RESULTADO ADVERSO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.’ (se transcribe). Igualmente, la diversa tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo 14, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, misma que establece lo siguiente: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL.’ (se transcribe). Además el diverso criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, tomo 115-120 Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra dice: ‘COSTAS DE AMBAS INSTANCIAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO SE CAUSAN SÓLO PORQUE EL QUE LO INTENTE NO OBTENGA AL FINAL SENTENCIA FAVORABLE.’ (se transcribe)."

El mismo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos ********** y **********, en sesión del veinte de mayo de dos mil nueve, determinó en términos iguales, en lo que interesa, lo siguiente:

"Dicho motivo de inconformidad resulta esencialmente fundado. Ello es así, porque según se advierte de la lectura de la sentencia reclamada, el Magistrado responsable condenó a la quejosa al pago de las costas de la apelación con apoyo en el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio, que establece que será condenado en costas: ‘... el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá ambas instancias.’. Lo anterior, al considerar el tribunal de alzada que la sentencia de primera instancia y la dictada en la segunda, coinciden en el mismo sentido ideológico al condenar a la parte demandada, sin que obste que los agravios de la actora resultaran parcialmente procedentes, porque con ello subsiste la condena en contra de los demandados, en virtud de que los agravios fundados traen como consecuencia una condena mayor a la parte reo, al obtenerse en la alzada que el pago del remanente se haga en proporción al porcentaje del valor de los bienes aportados por los actores, así como se condene al reo al pago de perjuicios, y se modifique el fallo para el efecto de precisar que la condena en gastos y costas de primera instancia son a cargo de la parte demandada. Como sustento de esa condena, la Sala invocó la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO EL DEMANDADO APELANTE OBTIENE PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’, así como la tesis aislada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro: ‘COSTAS. PROCEDE LA CONDENA EN AMBAS INSTANCIAS CONTRA EL DEMANDADO APELANTE, CUANDO POR LA APELACIÓN DE SU CONTRAPARTE, SE MODIFICA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO AGRAVANDO SU SITUACIÓN.’. Ahora bien, tal como lo aduce la quejosa, en el caso no opera el supuesto previsto por el artículo 1084, fracción IV, del Código de Comercio reformado, como se pondrá de manifiesto a continuación. A las costas se les puede definir como los gastos procesales que tienen al proceso como causa inmediata y directa de su producción, y que deben ser pagados por las partes que intervienen en él (Libro: Condena en Costas en el Proceso Civil, autor: Roberto G. Loutayf Ranea, editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, año 2000, primera edición, página 1). Como se puede advertir, son tres los elementos que conforman la definición doctrinaria antes citada, a saber: 1. Gastos procesales que son propiamente todos los desembolsos de carácter económico que puede producir el proceso. 2. Que tienen al proceso como causa inmediata o directa de su producción; es decir, que son los gastos que se originan en la sustanciación del proceso, y que necesariamente han debido efectuarse por exigencia inmediata de la tramitación del litigio. 3. Que deben ser pagados por las partes. De modo que puede concluirse que las costas son todos aquellos gastos que se originan con motivo de la tramitación del litigio, de donde se colige que la institución jurídica de mérito es de carácter procesal y no sustancial, dado que se originan en el proceso sin que tengan relación directa con las pretensiones contenidas en la demanda. El artículo 1084 del Código de Comercio reformado, establece los supuestos en que procede condenar en costas a una de las partes. ‘Artículo 1084.’ (se transcribe). Como puede observarse, para la condenación en costas en materia mercantil se siguen dos criterios esenciales, a saber: a) El sistema subjetivo, conforme al cual sólo debe condenarse al pago de las costas a la parte que se hubiese conducido en el proceso con temeridad y mala fe, en este supuesto se toma en cuenta un dato subjetivo, la conducta reprobable asumida dentro del proceso por alguna de las partes con el deliberado propósito de entorpecer o dilatar el juicio. b) El sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de costas a la parte que haya sido vencida en juicio. El sistema adoptado por el Código de Comercio en materia de costas, combina para justificar la condena, el principio de temeridad relativo a la conducta procesal de las partes y el vencimiento en relación con el sentido de la sentencia, principios que influyen para apreciar que la finalidad de las costas del juicio es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal, de las erogaciones en que haya incurrido por razón del desarrollo del proceso. Establecido lo anterior, debe decirse que el caso no opera el criterio de vencimiento provisto en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, conforme al cual siempre será condenado en costas el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración de costas. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente de contradicción de tesis número 68/96, en sesión de siete de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la ejecutoria respectiva estableció el significado que debe dársele a dicha fracción en los términos siguientes: ‘... En cuanto al significado que debe otorgarse a la parte final del párrafo en la que se menciona «dos sentencias conformes de toda conformidad», ésta debe entenderse como dos sentencias iguales en su parte resolutiva, en las que el fallo primario subsista en sus términos y no sufra ninguna variación ni modificación con relación al que se emita en segunda instancia ...’. De esa ejecutoria de contradicción de tesis, emanó la jurisprudencia número 1a./J. 32/99, publicada en la página 5 del Tomo X, julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: ‘COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUANDO EXISTEN DOS SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFORMIDAD.’ (se transcribe). En esta tesitura, resulta claro que no puede haber dos sentencias conformes de toda conformidad, si en la sentencia de primera instancia se condenó parcialmente al demandado, y en la segunda, con motivo de las apelaciones interpuestas por ambas partes, se modificó la resolución de primera instancia, como sucedió en el presente caso, pues en el resolutivo cuarto del fallo reclamado, la responsable determinó lo siguiente: (se transcribe). De modo que la condena en costas decretada por la responsable respecto de la segunda instancia, resulta incorrecta, porque el supuesto que regula la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, únicamente se configura, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el fallo primario subsista en sus términos y no sufra ninguna variación ni modificación con relación al que se emita en la sentencia de segunda instancia, lo que no ocurrió en el caso. Sin que en el caso sea aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO EL DEMANDADO APELANTE OBTIENE PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’, porque en ella al interpretarse el artículo 114, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se llega a la conclusión de que si el demandado obtiene parcialmente en la sentencia de primera instancia y al interponer el recurso de apelación, se confirma esa decisión, se está en el caso de dos sentencias conformes de toda conformidad; sin embargo, este supuesto no opera en la especie, en el que la sentencia de alzada modificó la de primera instancia. Por otra parte, la tesis aislada emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que invocó la responsable, que se encuentra publicada en la página 2079 del Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto se transcriben enseguida, no obliga a este Tribunal Colegiado, sino que se trata de un criterio que puede o no ser seguido. ‘COSTAS. PROCEDE LA CONDENA EN AMBAS INSTANCIAS CONTRA EL DEMANDADO APELANTE, CUANDO POR LA APELACIÓN DE SU CONTRAPARTE, SE MODIFICA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO AGRAVANDO SU SITUACIÓN.’ (se transcribe). Así las cosas, al no apreciarse dos sentencias conformes de toda conformidad, a fin de determinar a cuál de las partes correspondía el pago de las costas de segunda instancia, es inconcuso que la responsable violó en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ..."

A su vez, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, el veintinueve de marzo de dos mil siete, determinó, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"En un aspecto diferente, resultan infundados los argumentos que expone la quejosa en cuanto a que no era procedente que se le condenara en costas en ambas instancias, porque las partes apelaron y la apelación de la actora agravó la condena impuesta a la demandada, por lo que no puede hablarse de sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, amén de que como las dos partes impugnaron la sentencia primaria, sería injusto que la inconforme pagara las costas de una apelación que le fue necesaria a su contraparte para lograr lo que obtuvo. Para arribar a esa determinación, es menester partir del supuesto jurídico previsto en el artículo 1084 del Código de Comercio, que dispone de manera general que la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Ahora, su fracción IV, prevé que siempre será condenado el que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad de su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En esos casos, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias. De autos se desprende que en sentencia de primera instancia el Juez natural declaró parcialmente acreditada la acción y parcialmente probadas las excepciones y defensas, por lo que condenó a la hoy inconforme al pago de $********** y la absolvió del pago de costas. Dicho fallo fue apelado tanto por la parte actora, hoy tercera perjudicada, como por la demandada, ahora quejosa. La Sala responsable determinó que los agravios expuestos por la demandada eran infundados, en tanto que los de la actora era fundados y suficientes para revocar la resolución apelada, ya que el a quo debió condenar a la enjuiciada también al pago de los cheques reclamados; en esas condiciones, declaró acreditada la acción y no justificadas las excepciones y defensas y condenó a ********** al pago del total de la suerte principal reclamada **********; además, condenó en costas en primera instancia a la enjuiciada, porque estimó que las excepciones y defensas que opuso resultaron improcedentes, pues sí le asistía derecho a la actora para reclamar lo demandado, amén de que no se demostró la existencia del convenio en que sustentó la demandada su defensa y tampoco se justificó que la accionante hubiera reclamado más de aquello a lo que tenía derecho. De lo expuesto se advierte que, en primer lugar, por lo que hace a la apelación interpuesta por la quejosa, dicho recurso resultó infructuoso, al haberse declarado infundados sus agravios. Por otro lado, se advierte que a virtud de los agravios aducidos por la parte tercera perjudicada, el tribunal de alzada revocó los resolutivos del fallo de primer grado, ampliando la condena hecha en primera instancia a la quejosa, ya que la condenó al pago de $********** por concepto de suerte principal reclamada, en vez de confirmar la cantidad de ********** a que la había condenado el Juez primario. Ahora bien, la intención del legislador al establecer la condenación en costas atiende a un principio de seguridad jurídica que opera en contra de quien promueve de mala fe o con acciones o excepciones notoriamente improcedentes, de quien intente dilatar innecesariamente los asuntos o de quien resulte vencido en juicio. Bajo ese supuesto se estima que en el caso, como lo consideró la Sala responsable, sí se actualiza la condena en costas conforme a la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, porque el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (quejosa) fue infructuoso, pues los agravios que esgrimió fueron infundados; de lo que se sigue que dicha parte resultó vencida tanto en la primera como en la segunda instancia por dos resoluciones en las que finalmente se le condenó al pago de las prestaciones que en ellas se indican. No es óbice a lo anterior, que la sentencia de segunda instancia haya revocado la de primer grado y que por ello diga la quejosa que ya no se trata de sentencias conformes de toda conformidad, pues la revocación de la sentencia primaria derivó del análisis que la Sala hizo de los agravios expresados por la hoy tercera perjudicada, los que no beneficiaron en nada la posición de la quejosa, ya que lo que la actora logró con su recurso fue que se aumentara el monto de la condena inicialmente impuesta a la demandada. De lo anterior se concluye que, al no haber sido el recurso de apelación interpuesto por la peticionaria de garantías el que dio lugar a la revocación de la sentencia de primera instancia, sino el que hiciera valer la actora, debe considerarse que sí existen dos sentencias condenatorias conformes de toda conformidad, ya que lo cierto es que en ambas resoluciones existe condena expresa contra la enjuiciada, con la diferencia que en la sentencia de segundo grado se agravó, pero finalmente en una y otra, hubo condena al pago de los documentos exhibidos como base de la acción; de ahí que si el contexto ideológico de los puntos resolutivos de uno y otro fallos coinciden en términos generales en cuanto a la condena de la enjuiciada y no fueron modificados por virtud de la apelación que hizo valer la parte condenada, es inconcuso que en el caso sí se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 1084 del código mercantil, porque sí existen dos sentencias conformes de toda conformidad en las que la parte demandada resultó vencida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.753 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro: ‘COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN AMBAS INSTANCIAS EN CONTRA DEL REO APELANTE, CUANDO SE MODIFICA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO AGRAVANDO SU SITUACIÓN, POR VIRTUD DE LA APELACIÓN DEL ACTOR APELANTE.’ (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, febrero de 1995, página 146), cuyo texto es el siguiente: (se transcribe). Tampoco es obstáculo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘COSTAS.’ (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Cuarta Parte, XV, página 129), cuyo texto es el siguiente: (se transcribe), porque al ser un criterio aislado en principio, no resulta de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y además, al haberse emitido hace varias décadas, este órgano colegiado estima que no se encuentra apegado al principio de vencimiento que actualmente rige la condenación en costas; en cambio, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, que se citó con antelación, sí se ajusta a dicho principio, pues el pago de costas es una sanción procesal para aquella parte que resultó vencida en juicio y tiene como efecto resarcir a quien tuvo que acudir a una instancia judicial para deducir el derecho que le asistía, como sucedió en el caso, en donde la actora inició el juicio ordinario mercantil que nos ocupa para lograr el cobro de los documentos base de la acción ..."

De esa ejecutoria derivó la tesis que a continuación se precisa:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXV, mayo de 2007

"Tesis: I.7o.C.91 C

"Página: 2079

"COSTAS. PROCEDE LA CONDENA EN AMBAS INSTANCIAS CONTRA EL DEMANDADO APELANTE, CUANDO POR LA APELACIÓN DE SU CONTRAPARTE, SE MODIFICA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO AGRAVANDO SU SITUACIÓN. El supuesto previsto en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, relativo a que procede la condena en costas en ambas instancias, cuando existen dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, se actualiza cuando existe en la resolución de primer grado condena contra el demandado que no se modifica por virtud de la apelación que éste haga valer, sino que por el contrario, con el diverso recurso interpuesto por la actora, dicha condena se agrava en segunda instancia. Lo anterior en virtud de que en esos casos, el contexto ideológico de los puntos resolutivos de uno y otro fallos coinciden, en términos generales, en la condena del enjuiciado, lo que implica que respecto del vencimiento de dicha parte sí existan dos sentencias conformes de toda conformidad, que es la condición sine qua non que prevé el precepto citado para la condena respectiva.

"Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Amparo directo 163/2007. Inaica, S.A. de C.V. 29 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretaria: Alicia Ramírez Ricárdez."

CUARTO. Precisado lo anterior, cabe señalar que el hecho de que el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito no haya sido expuesto formalmente como tesis no es obstáculo para que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la contradicción denunciada, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Tampoco lo es la circunstancia de que ninguno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes haya integrado jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

QUINTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.

Para que se configure la contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22174-1daaf7f7/costas-en-materia-mercantil-cuando-tanto-el-actor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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