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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE USUCAPIÓN EJERCITADA POR EL COMPRADOR EN CONTRA DEL VENDEDOR (TITULAR REGISTRAL). SU PROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2009. · Registro digital (IUS): 22801
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter civil, de su exclusiva competencia.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues, en el caso, un Ministro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo suya la posible contradicción de tesis denunciada por el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Federal, lo que configura el estudio de la presente denuncia de contradicción, pues formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. En primer término, debe establecerse si en el caso, efectivamente, existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

En tales condiciones, de conformidad con el criterio referido del Pleno de este Alto Tribunal, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. XLVI/2009, emitida por el Tribunal Pleno, cuyos rubro y texto son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."

Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:

1) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo 243/2007, en sesión de catorce de junio de dos mil siete, en el que determinó, en esencia y por lo que a esta contradicción se refiere, lo siguiente:

"QUINTO. ... En primer lugar, se analizarán los argumentos expresados contra la desestimación de la acción de prescripción adquisitiva y, una vez hecho lo anterior, se emprenderá el estudio de los alegatos expresados en contra de la declaración de procedencia de la acción de rescisión de contrato de compraventa. I. Acción de prescripción adquisitiva. Sobre la citada acción, algunos argumentos expresados por los quejosos son infundados, pero otros son parcialmente fundados, por ser inexactas algunas consideraciones de la Sala; pero a pesar de esto último, existen diversas razones por las cuales se debe negar el amparo, como se verá a continuación. Antes de entrar al estudio de los planteamientos realizados por los peticionarios, es pertinente dejar asentado que los puntos torales sobre los cuales versa la acción de usucapión, son determinar: a) Si los compradores pueden usucapir un inmueble, cuando ya les fue transmitido el dominio por los propietarios legítimos (demandados). b) Si a partir de que los adquirentes del inmueble controvertido entraron a poseerlo (primero de mayo de mil novecientos noventa y seis), en calidad de dueños, empezó a correr el término de la prescripción, ya que en el caso a estudio, para acreditar el elemento consistente en poseer el inmueble en calidad de propietarios, los reconventores allegaron un contrato privado, en el cual se fijó el precio del bien raíz en parcialidades, las que se cubrieron de mayo de mil novecientos noventa y seis a agosto de dos mil cinco, empero, se dejaron de liquidar a partir de septiembre siguiente, esto es, nueve meses antes de la promoción de la contrademanda de prescripción positiva. Sobre tales aspectos, los quejosos alegan que, de manera ininterrumpida por más de cinco años (mayo de mil novecientos noventa y seis a mayo de dos mil uno), han poseído el inmueble en controversia, cuyo lapso, según los quejosos, es idóneo para la procedencia de la usucapión. Es infundado el motivo de desacuerdo. En efecto, la usucapión es la adquisición del dominio u otro derecho real posible, por la posesión continua del mismo, durante el tiempo y con las condiciones que fija la ley. De modo pues, que el comprador, durante ese tiempo y con esas condiciones, aparece, figura, actúa o viene comportándose como titular del derecho de que se trata (si es de propiedad, como dueño de la cosa que sea; si es del usufructo, como si fuese usufructuario de la misma). Y ese derecho que realmente no le pertenecía se convierte en suyo, en virtud de haber vivido en él como si le correspondiese. Por la usucapión, el estado de hecho que se prolonga en el tiempo, se convierte en estado de derecho. Así, al cabo de determinado tiempo, con los requisitos que exigen los artículos 1151 y 1152 del Código Civil, el comprador se convierte en titular de ciertos derechos, quien, aunque no le pertenezcan, los ostenta como suyos, sin contradicción del interesado, es decir, con la usucapión es precisa la posesión del que adquirirá el derecho. Como se ve de lo anterior, el comprador que intenta en juicio la acción de usucapión, es con el objeto de que al poseer el inmueble reclamado, con los requisitos y características reguladas en los citados preceptos legales, se le convierta en propietario, esto es, adquirente de tal derecho; lo cual significa que si al demandante de tal acción, se le transmitió la propiedad a través de un contrato de compraventa, por sus legítimos propietarios, no será procedente dicha acción, en virtud de que el propietario no puede prescribir contra sí mismo, es decir, no puede adquirir la propiedad de un inmueble cuando ya la tiene. Luego entonces, si en el caso a estudio, desde que celebraron el contrato de compraventa de primero de mayo de mil novecientos noventa y seis, a los compradores se les transmitió la propiedad del bien inmueble en litigio por sus legítimos propietarios (los demandados en la reconvención), es inconcuso que aquéllos no podían adquirir por prescripción adquisitiva el consabido inmueble, esencialmente, porque la usucapión es para el poseedor que no tiene la propiedad y, en el caso, los reconventores sí la tuvieron desde la celebración de tal pacto; con independencia de que tal derecho de propiedad les fue quitado con posterioridad, por la sentencia reclamada a través de la cual se confirmó la declaración de rescisión de tal contrato, siendo una de sus consecuencias el de privar de efectos a dicha compraventa. Por tanto, al no poder el propietario de un inmueble, prescribir contra sí mismo, es incuestionable que, en la especie, la usucapión no es procedente, con independencia de que los quejosos hayan cumplido con los requisitos y características regulados en los artículos 1151 y 1152 del Código Civil. No obstante lo anterior, lo que sí pudieron prescribir los reconventores es la obligación de pago que se pactó en el referido contrato de compraventa por el transcurso del tiempo, con la consecuencia de liberar al sujeto pasivo de la obligación de pago del precio del inmueble pactada en parcialidades, ya que el título fundatorio de la acción de usucapión fue suscrito entre éstos, en su calidad de compradores, y los demandados, en su calidad de vendedores, es decir, a las partes en el juicio las unía una relación contractual. Al margen de lo anterior, aun cuando los compradores hubieran demostrado poseer el inmueble en conflicto, por virtud de algún título traslativo de dominio celebrado con personas no propietarias legítimas del inmueble reclamado, es decir, que no se les hubiera transmitido la propiedad por los dueños legítimos, de todas maneras no tendrían razón, por virtud de que el término de la prescripción adquisitiva no pudo comenzar a correr o generarse dentro del periodo comprendido del primero de mayo de mil novecientos noventa y seis, fecha en que los compradores entraron a poseer el bien inmueble en litigio, hasta la fecha en que se liquidó la última parcialidad (agosto de dos mil cinco), sino que, a juicio de este órgano jurisdiccional, en todo caso empezaría a generarse a partir del día siguiente en que se dejaron de liquidar las parcialidades del inmueble enajenado, es decir, a partir de septiembre de dos mil cinco, ya que dentro de ese lapso de tiempo no hubo abandono de derechos de las partes contratantes, pues estuvieron cumpliendo con sus obligaciones, las vendedoras en entregar la posesión del inmueble, recibir el pago de las parcialidades y respetar la posesión de los compradores, y éstos, en liquidar las parcialidades hasta agosto de dos mil cinco. Lo anterior, según quedará explicado en líneas subsecuentes. La palabra prescripción deriva del término latino ‘prescribiere’, que significa adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo, en las condiciones previstas por la ley (Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, página 1660). La citada figura jurídica tiene su origen en el derecho civil, y conforme a lo dispuesto por los artículos 1135 y 1136 del Código Civil para el Distrito Federal, se define como el medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones por el simple transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley, haciendo la distinción el segundo de los preceptos señalados, entre la adquisición de bienes, en virtud de la posesión llamada prescripción positiva, y la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, lo que se denomina prescripción negativa. Tratándose de la prescripción negativa o de acciones, es un medio para librarse de obligaciones mediante el curso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, que tiene como razón de ser la presunción del abandono o renuncia del derecho que el acreedor podría hacer valer, compeliendo al deudor al cumplimiento de la obligación recíproca. Debido a que las acciones son potestativas, el acreedor puede decidir si las ejerce o no, pero si elige esta última opción, se entiende que no desea hacer valer su derecho a accionar contra el deudor, y esa actitud releva a este último del cumplimiento de la obligación que contrajo. Esto es, la prescripción radica en una presunción de que el acreedor no tuvo el deseo (una inactividad total) de reclamar al deudor el cumplimiento de las obligaciones que éste estaba obligado a cubrir. El objeto o finalidad de la figura de la prescripción, es la de ajustar al derecho a una relación jurídica de intereses, cuando de hecho ya existe, la cual surge ante la indiferencia del sujeto activo de la relación, al no hacer valer el derecho subjetivo que le asiste durante el tiempo marcado por la ley, perdiendo la facultad para ejercerlo, otorgando de ese modo certidumbre a esa relación. El interés del Estado, al crear la figura de la prescripción de las acciones, es que el derecho de ejercerlas contra un deudor no sea perpetuo, lo que garantiza la seguridad jurídica de los gobernados, mismos que están en aptitud de conocer hasta qué momento pueden hacer valer los derechos que tienen y también hasta cuándo están sujetos a que se les demande el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído. En este sentido, como ya se dijo, la prescripción es una institución de orden público, porque es un mecanismo a través del cual el Estado impide que los gobernados afecten intereses fundamentales de la sociedad (en el caso, la seguridad jurídica) y no puede dejarse al arbitrio de los particulares. La evolución legislativa de la figura de la prescripción revela que, si bien, por una parte, la legislación ha querido sancionar el abandono o desinterés en el ejercicio de un derecho, también ha procurado describir, en lo posible, los casos en que no cabe suponer desinterés, indiferencia o abandono de un derecho por parte de su titular. Esto último cobra sentido, si se considera que la voluntad legislativa no es premiar o incentivar el incumplimiento de las obligaciones o el apoderamiento de bienes ajenos, sino cuando sea claro que el titular de esos derechos ningún interés guarde en conservarlos. De modo que cuando existan actos o circunstancias que hagan suponer que el titular o poseedor de esos derechos conserva interés en mantenerlos, deben estimarse interrumpidos o que no empiezan a correr los términos para la procedencia de la prescripción. Así, en el caso a estudio el legislador, en el artículo 1167 del Código Civil para el Distrito Federal, estableció algunos supuestos en los cuales la prescripción no puede comenzar ni correr. El citado precepto establece lo siguiente: (se transcribe). Si bien una interpretación exegética

el precepto antes transcrito, pudiera ofrecer duda respecto de si el hecho de que las partes de un contrato de compraventa han estado cumpliendo de manera constante y voluntaria con sus obligaciones, en el caso, los compradores liquidaron las parcialidades del precio del inmueble desde que lo adquirieron (primero de mayo de mil novecientos noventa y seis), hasta el mes de agosto de dos mil cinco, y las vendedoras en no molestar la posesión de aquéllos y recibir las citadas mensualidades, lo cierto es que una interpretación teleológica e integral de los artículos 1167, 1135 y 1136 del Código Civil para el Distrito Federal, lleva a la conclusión de que tales actos positivos de las partes contratantes sí impiden que corra el plazo de la prescripción, ya que a través de los citados actos se demuestra que sí hubo actividad de las partes contratantes, en el cumplimiento de sus obligaciones, esto es, que no hubo abandono o indiferencia en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de compraventa, pues de opinar lo contrario, como ocurre en la especie, se llegaría al extremo injusto de premiar o incentivar el incumplimiento de las obligaciones o el apoderamiento de bienes, cuando el adquirente de un inmueble se obligó a pagar el precio de éste en parcialidades por más de cinco años, pero llegada esa temporalidad, a los pocos meses de demandar la usucapión, atentando con ello al principio de conservación de los contratos y, además, de dejarse al arbitrio del comprador el cumplimiento del contrato de compraventa. En ese orden de ideas, contrariamente a lo afirmado por los quejosos, la propia conducta observada por éstos en la ejecución del contrato de compraventa, revela que los compradores estuvieron cumpliendo con el pago de las parcialidades desde la celebración del contrato de compraventa, hasta agosto de dos mil cinco, y por lo que ve a los enajenantes, estuvieron recibiendo tales mensualidades, lo cual produce que durante ese lapso de tiempo no pudo comenzar ni correr el término de la prescripción, pues como ya quedó asentado con anterioridad, tales actos acreditan la actividad de las partes del contrato fundatorio de la acción, para que no se extinga el derecho de las vendedoras de reclamar la rescisión o cumplimiento de tal pacto y, por ende, para que no pueda empezar a transcurrir el plazo de la prescripción adquisitiva. De ahí que existan conductas positivas, no sólo de los compradores, consistentes en liquidar los abonos del inmueble, dentro del periodo de tiempo a partir de la celebración del contrato, hasta el mes de agosto de dos mil cinco -fecha en que se liquidó y recibió la última parcialidad-, sino también de los enajenantes, recibir las parcialidades; es decir, no existió un abandono del derecho de las vendedoras, de exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los compradores. Luego entonces, aun cuando las actoras en la reconvención demostraron poseer el inmueble en litigio de buena fe, desde la celebración del contrato de compraventa hasta el mes en que se dejaron de cubrir las parcialidades -agosto de dos mil cinco- y, además, que lo hubieran estado poseyendo en forma pacífica, continua y pública, dentro del citado periodo, de todas maneras serían insuficientes esas circunstancias para tener por demostrada la acción de prescripción adquisitiva, ya que el término de cinco años no correría durante ese lapso de tiempo, si se atiende a que no existió, por parte de los enajenantes, alguna inercia o abandono total de sus derechos de propiedad, en relación a tal contrato, pues estuvieron recibiendo el pago del precio de la venta durante el citado lapso de tiempo; conducta que provoca que el citado término no pueda operar durante el citado lapso de tiempo. Tan no existió por parte de lo enajenantes un abandono total de sus derechos derivados del inmueble en litigio, que el dos de marzo de dos mil cinco promovieron juicio ordinario civil número 190/2005, contra ********** y **********, en demanda de, entre otras prestaciones, la rescisión del contrato de compraventa privado de primero de mayo de mil novecientos noventa y seis y, como prestación accesoria, la desocupación y entrega del bien raíz controvertido. En abundamiento, debe dejarse precisado que no podía correr el término de la prescripción adquisitiva en perjuicio de los enajenantes, por virtud de que si los compradores estuvieron liquidando las parcialidades del inmueble durante el periodo de mayo de mil novecientos noventa y seis a agosto de dos mil cinco (lapso en que los reconvencionistas dicen es idóneo para la usucapión), es incuestionable que durante ese cierto lapso de tiempo, los vendedores no podrían demandar la rescisión o restitución del inmueble a los compradores; por tanto, no puede considerarse alguna inercia de los vendedores durante el citado periodo. No obstante lo anterior, aun cuando el lapso de tiempo en que los compradores estuvieron pagando las parcialidades del inmueble (primero de mayo de mil novecientos noventa y seis a agosto de dos mil cinco) fuera idóneo para la procedencia de la usucapión, de todas maneras no tendrían razón los quejosos, por virtud de que al estar demostrado el cumplimiento parcial de las mensualidades del precio del inmueble durante el citado periodo de tiempo, tal circunstancia provocaría la interrupción del término de la prescripción, pues al liquidar los compradores el pago de cada una de las parcialidades, reconocieron las obligaciones contraídas frente a los demandados en la contrademanda, actualizándose con ello el supuesto de interrupción regulado en la fracción III del artículo 1168 del Código Civil, que establece lo siguiente: (se transcribe). A continuación, se analizarán los diversos argumentos que los quejosos formulan contra la declaración de improcedencia de la usucapión, los cuales, como ya se dijo con anterioridad, si bien algunos son parcialmente fundados, también lo es que resultan inoperantes para otorgar la protección de la Justicia Federal, pues como ya ha quedado asentado en líneas anteriores, durante el lapso de tiempo en que dicen los quejosos operó la prescripción positiva, a juicio de este órgano jurisdiccional no pudo transcurrir. En el primer concepto de violación los quejosos alegan que, contrariamente a lo afirmado por la Sala responsable, la cuestión de pago del precio, para los efectos de la usucapión, resulta intrascendente, esencialmente porque los artículos 1151 y 1152 del Código Civil, no establecen como requisito para la procedencia de tal acción, la acreditación del precio del inmueble. Es ineficaz el citado argumento. Lo anterior es así, ya que la Sala responsable, al estudiar la acción de usucapión, no estimó como uno de sus elementos el pago total del precio fijado en el referido contrato traslativo de dominio, sino lo considerado por la ad quem fue, por una parte, que el contrato de compraventa privado fundatorio de la acción reconvencional, resultaba eficaz para demostrar el primer elemento de tal acción, consistente en poseer el inmueble en calidad de dueño y, por la otra, que la conducta observada por los compradores durante el cumplimiento del contrato de compraventa, al estar pagando el precio pactado y a los pocos meses de ello demandar la prescripción del inmueble, sí era motivo para considerar la posesión de mala fe. En el propio motivo de desacuerdo, los peticionarios alegan que la ad quem dejó de atender las tesis de los rubros: ‘PRESCRIPCIÓN POSITIVA. PROCEDENCIA DE LA EJERCITADA POR EL COMPRADOR EN CONTRA DEL VENDEDOR.’, ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ES UN MEDIO APTO PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN CONCEPTO DE DUEÑO, AUN CUANDO SE ENCUENTRE PENDIENTE DE SATISFACER EL PAGO RESPECTIVO.’, ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. HECHOS SUSCEPTIBLES DE GENERAR LA POSESIÓN APTA PARA LA.’ y ‘PRESCRIPCIÓN. ES SUFICIENTE COMPROBAR LA EXISTENCIA DE UN ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO PARA ACREDITAR LA POSESIÓN EN CONCEPTO DE PROPIETARIO, ELEMENTO NECESARIO PARA DEMOSTRAR EL HABER ADQUIRIDO POR PRESCRIPCIÓN.’, ya que a su juicio, con el contrato de compraventa en abonos, se demostró el primer elemento de la acción de usucapión, consistente en poseer el inmueble en calidad de dueño. Es infundado el motivo de desacuerdo. Lo anterior es así, ya que de la lectura de la sentencia reclamada, se advierte que la Sala atendió a los citados criterios, al considerar la demostración del primer elemento de la acción de prescripción adquisitiva, con el contrato de compraventa en parcialidades, aun cuando éstas no hubieran estado cubiertas en forma total. Tampoco la Sala responsable dejó de aplicar en perjuicio de los quejosos, la tesis de jurisprudencia 200/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ‘PRESCRIPCIÓN POSITIVA. SI LA ACCIÓN SE EJERCE CON BASE EN LA POSESIÓN DE BUENA FE, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZAR DE OFICIO LA POSESIÓN DE MALA FE.’ (se transcribe). Tal criterio va dirigido a proteger los intereses del demandado en la usucapión, prohibiendo al juzgador cambiar de manera oficiosa la calidad de la posesión alegada para concluir que es procedente la acción. En el caso a estudio, la Sala responsable abordó la calidad de la posesión, y si bien concluyó que ésta se ejerce de mala fe; en cambio, determinó que la acción era improcedente. De ahí que no exista infracción alguna. Siguen alegando los quejosos, en relación al aspecto de la posesión de buena fe, que la Sala responsable fue más allá de lo pedido por las actoras reconvencionistas, al considerar que su posesión es de mala fe, cuando en la demanda de prescripción adquisitiva adujeron detentar una posesión de buena fe sobre el inmueble en conflicto. Es ineficaz el motivo de desacuerdo. Lo anterior se considera de esa forma, en virtud de que de la lectura de la sentencia reclamada, se advierte la no variación de la litis planteada en la contrademanda, pues si en ésta se afirmó por los reconvencionistas estar poseyendo el inmueble en litigio de buena fe, la ad quem tenía que analizar esa cuestión, a lo cual arribó después de estudiar y valorar el cúmulo de pruebas, que la posesión ejercida no era de buena fe, sino de mala fe. Esa forma de concluir de la Sala no es ilegal, si se atiende a que al no estar probada la posesión de buena fe, la consecuencia era considerar a la posesión detentada por las actoras reconvencionistas como de mala fe, pues la posesión para los efectos de la usucapión puede ser de buena o mala fe. En el propio primer concepto de violación, los quejosos refieren que la Sala responsable debió declarar procedente la acción de prescripción a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22801-1621a175/accion-de-usucapion-ejercitada-por-el-comprador-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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