COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA CLÁUSULA DE SUMISIÓN EXPRESA PREVISTA EN EL CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN ES INAPLICABLE, SI EN EL LUGAR ACORDADO POR LAS PARTES NO EXISTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA RESOLVER LA CONTIENDA.
AMPARO DIRECTO 304/2022. FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO. 2 DE MARZO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DOMINGO ROMERO MORALES. SECRETARIO: ALEJANDRO MORALES OLIVARES.
Mexicali, Baja California, acuerdo del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria por videoconferencia, de dos de marzo de dos mil veintitrés.
Vistos, para resolver, el amparo directo civil 304/2022; y
R E S U L T A N D O
PRIMERO. **********, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo directo. Reclamó la resolución dictada el siete de octubre de dos mil veintidós por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el juicio oral mercantil **********.
SEGUNDO. Dicho asunto se turnó a este tribunal. Así, por acuerdo de Presidencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós se admitió la demanda; lo que originó la formación del expediente 304/2022. No se reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna, ya que al declarase incompetente el juez responsable, no ordenó el emplazamiento al demandado.
TERCERO. Por acuerdo de Presidencia de nueve de diciembre de dos mil veintidós se ordenó turnar el asunto al magistrado Domingo Romero Morales para formular el proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Este tribunal es legalmente competente para conocer del presente asunto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal; 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De igual forma, conforme al Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Norma relativa a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados, y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.
Además, en términos del Acuerdo General 31/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tal acuerdo establece la creación del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito y la distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito.
También, conforme al Acuerdo General 29/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Disposición que prevé la nueva competencia que tendrán los seis Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali.
En atención a que la demanda de amparo fue promovida contra una resolución que puso fin a un juicio oral mercantil radicado ante un juzgado con sede en el ámbito territorial en que este órgano revisor ejerce jurisdicción. Esto, ya que el juez responsable se declaró incompetente para conocer del asunto y dejó a salvo los derechos del promovente, sin declinar su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional. Resolución contra la cual no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 1390 Bis, párrafo segundo, del Código de Comercio(1).
En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad."(2)
SEGUNDO. La existencia de la resolución reclamada se acreditó con los autos originales del juicio oral mercantil ********** que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, los cuales tienen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su arábigo 2°.
TERCERO. Es oportuna la promoción del amparo directo, como se observa a continuación:
Ver cuadro
CUARTO. No será necesario transcribir la resolución reclamada ni los conceptos de violación formulados por la quejosa, toda vez que no existe disposición legal que obligue a ello. No obstante, en la presente ejecutoria se tomarán en cuenta las consideraciones que rigen el acto de autoridad y la demanda de amparo. Así, se respetan los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."(7)
QUINTO. Para una mejor comprensión del asunto, se estima oportuno destacar los siguientes antecedentes.
I. El apoderado legal de **********, ejerció la acción de pago y demandó a ********** por diversos montos adeudados, con motivo del incumplimiento a un contrato de apertura de crédito refaccionario.
II. La demanda le correspondió al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, quien la radicó con el juicio oral mercantil **********. Así, por proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del juicio, al atender a la sumisión expresa que hicieron las partes en una de las cláusulas del documento base de la acción; por la cual se sometieron expresamente a los tribunales en San Luis Río Colorado, Sonora.
El anterior pronunciamiento es el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales.
Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, este tribunal advierte que la parte quejosa expone que se contravino lo dispuesto por los artículos 1092, 1093 y 1104 del Código de Comercio.
Lo anterior, afirma el impetrante, toda vez que la cláusula trigésima tercera del contrato base de la acción, no puede tener el alcance de que sólo los Jueces de San Luis Río Colorado, Sonora, deban conocer del asunto, ni mucho menos que se haya renunciado al fuero federal. En dicha cláusula de sumisión expresa las partes omitieron señalar el fuero de los tribunales que conocerían del asunto; por lo que debe quedar a salvo el derecho de éstas para acudir, a su elección, al tribunal del fueron común o federal. Máxime, que en dicha cláusula tampoco se incluyó la renuncia a un fuero específico, como lo es el fuero federal.
Por tanto, estima competente al Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana. Esto, en relación a que los tribunales con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, no son competentes para conocer de los juicios orales mercantiles correspondientes al Distrito Judicial de ésta, pues se eligió la vía ejecutiva mercantil oral prevista en el artículo 1055 Bis del Código de Comercio.
Además, señala que conforme a lo establecido en los Acuerdos Generales 1/97 y 1/2013 del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, se advierte que se decretó la iniciación de la vigencia, en el Estado de Sonora, de las disposiciones relativas al "juicio oral mercantil" regulado y sancionado en el Código de Comercio y creó los Juzgados Orales Mercantiles en las ciudades de Hermosillo y Cajeme, precisando que el órgano jurisdiccional que tiene residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, también tiene jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial del Tercer Circuito, en el que se encuentra el Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, hasta en tanto se establezcan los Juzgados Orales Mercantiles, o Sala de juicio oral en los distritos judiciales.
Examinados de manera conjunta, este tribunal estima fundados los anteriores conceptos de violación.
Se explica. En el acto reclamado, el juez responsable desechó la demanda intentada en la vía ejecutiva mercantil oral, por considerar que carecía de competencia legal en razón de territorio. Esto, al estimar que en la cláusula de sumisión expresa contenida en el contrato base de la acción, los contratantes se sujetaron a los tribunales competentes con sede en San Luis Río Colorado, Sonora.
Argumentos que este órgano colegiado considera vulneran el derecho fundamental de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para justificar lo anterior, debe destacarse que del contenido de los artículos 78, 1090, 1092, 1093, 1104 y 1120 del Código de Comercio,(8) se advierte, en lo que aquí interesa, que toda demanda debe promoverse ante juez competente, que es aquél a quien las partes se sometieron expresa o tácitamente.
Así también, la competencia territorial en materia mercantil es prorrogable; esto es así, porque las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar, a través del pacto de sumisión, consistente en la manifestación expresa para que los tribunales de un determinado lugar sean competentes para conocer de un litigio futuro o presente.
De no configurarse el pacto de sumisión expresa, será competente, el juzgador que elija el demandante, en atención a las reglas establecidas en el artículo 1104 del Código de Comercio. Esto es:
1. Sea cual fuere la naturaleza del juicio (excepto cuando existe sumisión expresa), tendrán preferencia a cualquier otro juez, el del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago.
2. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, en caso de consignarse varios lugares para el pago, el que radique en cualquiera de los lugares señalados.
3. El del domicilio del demandado, y si éste tuviere varios domicilios, el Juez competente quedará a elección del actor.
Se cita como apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 41/97 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI EN LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN NO EXISTE SUMISIÓN EXPRESA Y SE SEÑALAN VARIOS LUGARES PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL JUEZ DE UNO DE ELLOS, POR EL QUE HAYA OPTADO EL TENEDOR AL PLANTEAR LA DEMANDA. Si de los títulos de crédito fundatorios de la acción no se establece que los demandados hubieren renunciado clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, no se satisfacen los requisitos del artículo 1093 del Código de Comercio, pero si en los mismos documentos aparecen señalados varios lugares para el pago, a elección del tenedor, para determinar a qué juzgador corresponde conocer del mencionado juicio ejecutivo mercantil, debe sujetarse el conflicto competencial a las reglas establecidas en el artículo 1104, fracción II, del Código de Comercio, que dispone que cualquiera que sea la naturaleza del juicio, será preferido a cualquier otro Juez el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, así como los artículos 77, segundo párrafo y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que, en su orden, establecen que si la letra de cambio tuviere varios domicilios para ser exigible su pago, el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de ellos, y que son aplicables al pagaré, en lo conducente, el artículo 77, párrafo final y otros; por consiguiente, si el tenedor del pagaré presentó su demanda ante el Juez Civil del Distrito Federal, uno de los lugares señalados en los títulos de crédito para exigir al demandado el cumplimiento de la obligación consignada en él, dicho juzgador es el competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil."(9)
Así como la jurisprudencia 1a./J. 5/2005, de la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI LOS PAGARÉS BASE DE LA ACCIÓN CONTIENEN LA LEYENDA "EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN LA QUE SE REQUIERA" PARA SEÑALAR EL LUGAR EN QUE SE EXIGIRÁ EL PAGO, AQUÉLLA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DONDE SE SUSCRIBIÓ EL DOCUMENTO. De la interpretación de los artículos 1104 del Código de Comercio y 77, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se concluye que si un título de crédito contiene la leyenda "en esta ciudad o en cualquier otra en la que se requiera", con la intención de designar el lugar en el que se hará exigible su pago, será competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil el Juez del lugar donde se suscribió el documento. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la ley permite la designación de diversos lugares para el cobro de un pagaré, quedando el tenedor facultado para exigirlo en cualquiera de los señalados en el título de crédito, también lo es que estos lugares deben quedar identificados, precisados y definidos para considerar que realmente existe la expresión de la voluntad de las partes respecto a dónde deberá pagarse aquél, lo que da certeza jurídica a ambas partes, especialmente al deudor, quien será requerido en uno de esos precisos lugares, máxime que la ley establece a favor del suscriptor que ante la omisión del lugar para el requerimiento, éste se realizará en el domicilio del deudor, y si tuviera varios, en cualquiera de ellos, a elección del tenedor del documento, disposición que beneficia a quien suscribe un pagaré en el que no se designó lugar para su cobro, pues no obstante tal omisión, tendrá la certeza de que será en el lugar territorial de su domicilio en donde, en su caso, se demandará el cobro vía jurisdiccional; además, también resulta de gran trascendencia para determinar si el Juez ante quien se presente la demanda es o no competente territorialmente para conocer de ella. En este tenor, cuando se utiliza la mencionada leyenda debe estimarse que sólo hay un lugar indicado de manera clara, precisa e identificable, que es la ciudad en la que se suscribió el documento, por lo que la segunda frase de ‘en cualquier otra’, se tendrá como no puesta por resultar vaga y confusa."(10)
En tal contexto, a fin de fincar la competencia por razón de territorio, se debe considerar en primer término si existe un pacto de sumisión expresa y, además, si el mismo resulta aplicable al caso en concreto.
Por consiguiente, como lo alega la quejosa, la cláusula de sumisión expresa que pactaron las partes en el contrato base de la acción,(11) en la cual se someten expresamente a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales competentes con sede en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, es inaplicable al caso estudio.
Lo anterior, ya que los juzgados civiles que operan con sede en esa ciudad, no son competentes para conocer de los juicios mercantiles ejecutivos orales, como el que se intentó ante la aquí responsable. En ese sentido, la referida sumisión no podía operar en el caso sujeto a revisión, puesto que, de insistirse en que debe promoverse en aquella ciudad, la consecuencia sería que aquellos tribunales declararan su incompetencia y remitieran el asunto al Juzgado Primero Oral Mercantil en Hermosillo, Sonora.
En efecto, el Acuerdo General 1/2013 del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora, estableció lo siguiente:
"PRIMERO. A partir del día primero de julio de dos mil trece, iniciará la vigencia, en el Estado de Sonora, de las disposiciones relativas al "juicio oral mercantil" regulado y sancionado en el Código de Comercio.
SEGUNDO. Se crea el Juzgado Primero Oral de lo Mercantil, con residencia en el Distrito Judicial de Hermosillo, tendrá su domicilio ubicado en Paseo Rio Sonora Norte número 72, Plaza del Río, colonia Proyecto Río Sonora, código postal 83270, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
El Juzgado Primero Oral de lo Mercantil, con residencia en el Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, además de la jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial del mismo nombre, tendrá jurisdicción y competencia para conocer de las demandas de juicio oral mercantil correspondientes al Primer y Tercer Circuito Judicial, respectivamente, hasta en tanto se establezcan los Juzgados Orales Mercantiles, o Salas de Juicio Oral en los Distritos Judiciales que conforman dichos circuitos, conforme a la suficiencia presupuestal."
Por su parte, del Acuerdo General 1/97 del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora, se determinó el número, división territorial en Circuitos y Distrito y Especialización por Materia de los Tribunales Regionales de Circuito y Juzgados de Primera Instancia, se aprecia lo siguiente:
"PRIMERO. El número y lo distritos Judiciales que comprende cada uno de los Circuitos en que se dividen el territorio del Estado son los siguientes:
[...]
Tercer Circuito, que comprende los Distritos Judiciales de Aguaprieta, Altar, Cananea, Magdalena, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado."
De los Acuerdos Generales del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora, antes citados, se aprecia que el Juzgado Primero Oral de lo Mercantil, con residencia en el Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, es el competente para conocer de las demandas de juicio oral mercantil correspondientes al Tercer Circuito Judicial, dentro del cual se encuentra el distrito judicial de San Luis Río Colorado, Sonora. Esto, hasta en tanto se establezcan los Juzgados Orales Mercantiles o Salas de Juicio Oral en el referido distrito judicial.
Situación que prevalece en la actualidad, pues constituye un hecho notorio(12) para los integrantes del Pleno de este tribunal, que en el distrito judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, no existen Juzgados Orales Mercantiles.
En ese sentido, es evidente que al obligarse a la aquí quejosa a presentar la demanda ejecutiva mercantil oral en los tribunales con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, derivaría también en incompetencia, pues para su tramitación, tendría que remitirse a Hermosillo, Sonora.
Al respecto, resulta importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) que, conforme al contenido de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa.
Extremos que, en el caso, no podrían ocurrir, de presentarse la demanda ejecutiva mercantil oral en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora; ya que por cuestión de competencia, tendría que remitirse al Tribunal competente de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa:
"COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia."(13)
De ahí que, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los tribunales competentes con sede en San Luis Río Colorado, Sonora, lo cierto es que al no existir en ese partido judicial juzgados competentes para resolver la litis en la vía elegida por la quejosa, esa regla no puede aplicarse.
Al margen de lo anterior, tal como se aprecia de la cláusula trigésima tercera del contrato base de la acción, no hubo una renuncia a la competencia concurrente de los tribunales federales, ni una designación expresa y clara de someterse a los tribunales del fuero común. Las partes pactaron someterse a la competencia de los tribunales competentes con sede en San Luis Río Colorado, Sonora. Expresión que se refiere a un sometimiento de territorio, no de fuero local o federal, pues para que así fuera, debía haberse señalado expresamente el fuero del tribunal a cuya competencia se sometían.
Además, si bien es cierto que en la parte final de la cláusula en mención se dice que se renuncia de manera expresa e irrevocable al fuero que por cualquier razón pudiera corresponderle, lo cierto es que esa redacción es ambigua, puesto que, como ya se dijo, no se especificó que el asunto debía ser ventilado exclusivamente en órganos del fuero local.
En esas condiciones, resultan competentes tanto los tribunales del fuero federal como los del local, ya que ambos tienen jurisdicción en ese territorio. Por tanto, la competencia, en ese sentido, se decide por la elección del actor al instaurar su demanda ante los juzgados federales.
Apoya a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 17/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"JURISDICCIÓN CONCURRENTE. SI EN EL CONTRATO MERCANTIL LAS PARTES NO ESPECIFICAN EL FUERO DEL TRIBUNAL A CUYA COMPETENCIA SE SOMETEN, DEBE QUEDAR A SALVO SU DERECHO PARA ACUDIR A LA POTESTAD JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL O LOCAL DE SU ELECCIÓN. Del artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que las controversias del orden mercantil suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales en las que sólo se afecten intereses particulares, la jurisdicción es concurrente y, por tanto, pueden conocer del juicio tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común, a elección del actor. Por otra parte, de los artículos 1092 y 1093, del Código de Comercio, se advierte que en los asuntos de carácter mercantil será competente el Juez a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente (cláusula de sumisión expresa) y que hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede. Ahora bien, cuando en un contrato mercantil se establece que las partes pactan someterse a la competencia de los tribunales de la ciudad en la que se celebró, pero omiten señalar el fuero de dichos tribunales, en tal caso se alude a una cuestión de competencia territorial que no delimita el carácter de la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, aun cuando en el lugar donde se celebró el acuerdo de voluntades sólo resida el Juez del orden común, ya que si no se señaló el fuero del tribunal a cuya competencia se someten resultan igualmente competentes los del fuero federal que los del local, pues ambos tienen jurisdicción en ese territorio. Por tanto, si en un contrato mercantil sólo se dice que las partes se someten a la jurisdicción del Juez de determinado lugar sin especificar su fuero, debe quedar a salvo el derecho del actor para acudir al tribunal federal o local de su elección."(14)
En tal virtud, le asiste la razón a la quejosa al sostener que, en el caso sujeto a estudio, sí existe una salvedad al pacto de sumisión expresa que hace procedente el juicio ejecutivo mercantil oral en los términos y ante la autoridad propuesta.
Esto, pues conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte en el punto cuarto, fracción XV, que la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el Municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el Municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, la tramitación del juicio ante la responsable favorece al derecho de acceso a la justicia de las partes, toda vez que no se verán obligadas a trasladarse a un lugar que no corresponde al de su residencia habitual, evitán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32967-de1f9d27/competencia-para-conocer-del-juicio-oral-mercantil-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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