COMPETENCIA. ANTE UNA DEMANDA PRESENTADA POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON BASE EN UNA CLÁUSULA DE SUMISIÓN EXPRESA, CONTENIDA EN UN CONTRATO DE ADHESIÓN, LOS TRIBUNALES ESTÁN FACULTADOS PARA INHIBIRSE DE SU CONOCIMIENTO DESDE EL PRIMER PROVEÍDO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 151/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIO: BENJAMÍN CIPRIÁN HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 151/2024, entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Quinto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar, en caso de ser procedente su análisis, determinar si tratándose de juicios orales mercantiles, al actualizarse el supuesto previsto en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro >, el juzgador de origen, acorde con la diversa jurisprudencia 1a./J. 30/2024 (11a.), puede, desde el primer proveído, inhibirse de conocer del asunto por razón de territorio.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante oficio 684 de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho Tribunal Colegiado al resolver los juicio de amparo directo ********* ********* ******** * ********, en contra del sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los amparos directos ******** *********.
4. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; ordenó su registro con el consecutivo 151/2024; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados, así como la de aquéllos de los que éstos hayan derivado; también, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en este asunto.
5. Mediante oficio 2690/2024 de seis de junio de dos mil veinticuatro, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, comunicó que es vigente el criterio que sostuvo al resolver los amparos directos ********* ********* ******** * ********, así como que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
6. A Través del proveído de veinte de junio del año en curso, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dio noticia que se encuentran vigentes los criterios que sostuvo al dictar sentencia en los amparos directos ******** * ********, así como que puso las actuaciones respectivas a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
7. Por oficio DGCCST/X/558/06/2024, de catorce de junio de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
8. Mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
9. El expediente se listó el trece de agosto del año en curso y en sesión de veintiuno de noviembre siguiente, quedó aplazado para el estudio de las observaciones formuladas por las magistradas integrantes de este Pleno Regional.
II. COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materias Civil y Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y 1, fracción II, número 2, y 2, del Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que trata de una denuncia de contradicción de criterios entre el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado, en contra del criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, que se encuentran dentro de la región y materia de jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por parte legitimada, esto es, por los Magistrados del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo ********.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
13. A) Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
14. Antecedentes relativos al amparo directo ********.
15. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, la persona moral quejosa por conducto de su apoderado legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acuerdo de desechamiento de un juicio ordinario mercantil, dictado el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México; al considerar su incompetencia legal por territorio e inhibirse del conocimiento del caso.
16. De la demanda correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que por auto de trece de marzo de dos mil veinticuatro, la presidencia del órgano jurisdiccional la admitió a trámite y formó el expediente ********, de su índice.
17. Seguido el juicio, en sesión de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Circuito, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; las consideraciones esenciales en que se apoyó para dictar la sentencia antes descrita, fueron las siguientes:
• Precisó que el documento base de la acción, se trata de un contrato bancario de adhesión de apertura de crédito, por lo que no opera la sumisión tácita expresada por las partes en la cláusula trigésima quinta al momento de la firma.
• En apoyo a su razonamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito citó las consideraciones de la ejecutoria correspondiente a la contradicción de criterios 192/2018, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la que precisó, en esencia que:
- El Alto Tribunal analizó cuál es la autoridad judicial a la que le corresponde conocer los juicios orales mercantiles, para el caso de la sumisión expresa prevista en el artículo 1093 del Código de Comercio.
- Indicó, que de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable con motivo de la voluntad de las partes, esto es, la sumisión expresa; pero en caso de que implique un impedimento o denegación de acceso a la justicia, específicamente, ante un contrato de adhesión en el que se somete a la parte acreditada a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, no cobra aplicación la sumisión expresa.
• La ejecutoria citada por el Tribunal Colegiado de Circuito, dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de rubro >
• Bajo ese contexto, estimó que al existir jurisprudencia aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, no resulta válida la sumisión expresa para prorrogar la competencia territorial del juez de la causa.
• Precisó que por ser el documento base de la acción un contrato de adhesión, la parte que adquirió el crédito bancario no estaba en posibilidad de negociar, por lo que le fue impuesta la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, lo que implica una necesidad de traslado con el detrimento económico consecuente que puede traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para la parte demandada; además de que el prestador del servicio tiene presencia tanto en el lugar en que se promovió la controversia como en aquél en que se contrajeron las obligaciones.
• Añadió, que el juzgador de origen estaba en aptitud de inhibirse del conocimiento del asunto en el primer auto, en aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 16/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro >
• Razonó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fue aplicada de manera retroactiva, ya que la tesis de XXII.2o.A.C. J/2 C (11a.) de rubro >, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, no resulta obligatoria para el juez natural por residir en un circuito distinto, ni para el propio Tribunal Colegiado de Circuito; además, la fecha en que se celebró el contrato de adhesión, fue posterior a la fecha de publicación de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisada en primer orden.
• El órgano jurisdiccional estimó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige realizar un análisis para determinar si la parte afectada cuenta o no, con recursos económicos para afrontar un juicio en un lugar distinto del de su residencia.
• Precisó el Tribunal Colegiado de Circuito, que no era aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, la jurisprudencia 1a./J. 30/2024 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es >, en virtud de que dicho criterio se refiere a los casos de sumisión tácita supuesto distinto del de sumisión expresa analizado en el caso, respecto del que no se pronunció el Alto Tribunal.
18. Bajo ese contexto, el Tribunal Colegiado estimó infundados los conceptos de violación y resolvió negar el amparo.
19. Antecedentes relativos al amparo directo ********.
20. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil veinticuatro, la persona moral quejosa por conducto de su apoderado legal demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del proveído de siete de febrero de dos mil veinticuatro, dictado por la Jueza Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, mediante el que desechó una demanda planteada en la vía oral mercantil, por considerar ser incompetente legalmente por razón de territorio e inhibirse en el conocimiento del caso.
21. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, la Presidencia del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, admitió a trámite la demanda y formó el expediente ******** de su índice.
22. Seguido el juicio, el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; las consideraciones esenciales en que se apoyó para dictar la sentencia antes descrita fueron las siguientes:
• Sintetizó las consideraciones en que se apoyó el acto reclamado en los siguientes términos:
- El documento base de la acción, consistió en un contrato de crédito celebrado el veintinueve de mayo de dos mil veintiuno en la entidad federativa de Guanajuato.
- Si bien las partes acordaron la sumisión expresa en términos del artículo 1093 del Código de Comercio, en el caso sujeto a su jurisdicción no era aplicable, porque se pactó mediante la firma de un contrato de adhesión, en aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• En cuanto al fondo, precisó que el documento base de la acción, se trató de un contrato bancario de adhesión de apertura de crédito, por lo que no opera la sumisión tácita expresada por las partes en la cláusula trigésima sexta al momento de la firma.
• En apoyo a su razonamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito citó las consideraciones de la ejecutoria correspondiente a la contradicción de criterios ********, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la que sintetizó esencialmente que:
- El alto Tribunal precisó la autoridad judicial a la cual le corresponde conocer los juicios orales mercantiles, para el caso de la sumisión expresa prevista en el artículo 1093 del Código de Comercio.
- Indicó, que de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable con motivo de la voluntad de las partes, esto es, la sumisión expresa; pero en caso de que implique un impedimento o denegación de acceso a la justicia, específicamente, ante un contrato de adhesión en el que se somete a la parte acreditada a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, no cobra aplicación la sumisión expresa.
• La ejecutoria citada por el Tribunal Colegiado de Circuito, dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de rubro >
• Bajo ese contexto, estimó que al existir jurisprudencia aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, no resulta válida la sumisión expresa para prorrogar la competencia territorial del juez de la causa.
• Precisó que por tratarse el documento base de la acción de un contrato de adhesión, la parte que adquirió el crédito bancario no estaba en posibilidad de negociar, por lo que le fue impuesta la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, lo que implica una necesidad de traslado con el detrimento económico consecuente que puede traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para la parte demandada; además de que el prestador del servicio financiero tiene presencia tanto en el lugar en que se promovió la controversia, como en aquél en que se contrajeron las obligaciones.
• Añadió, que el juzgador de origen estaba en aptitud de inhibirse del conocimiento del asunto en el primer auto, en aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 16/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro >
• Razonó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fue aplicada de manera retroactiva, ya que la tesis de XXII.2o.A.C. J/2 C (11a.) de rubro >, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, no resulta obligatoria para el juez natural por residir en un circuito distinto, ni para el propio Tribunal Colegiado de Circuito; además, la fecha en que se celebró el contrato de adhesión fue posterior a la fecha de publicación de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisada en primer orden.
• El órgano jurisdiccional estimó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige realizar un análisis para determinar si la parte afectada cuenta o no, con recursos económicos para afrontar un juicio en un lugar distinto del de su residencia.
• Precisó el Tribunal Colegiado de Circuito, que no era aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, la jurisprudencia 1a./J. 30/2024 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es > en virtud de que dicho criterio se refiere a los casos de sumisión tácita, supuesto distinto del de sumisión expresa analizado en el caso, respecto del que no se pronunció el Alto Tribunal.
23. Bajo ese contexto, el Tribunal Colegiado estimó infundados los conceptos de violación y resolvió negar el amparo.
24. Antecedentes relativos al amparo directo ********.
25. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinticuatro, la persona quejosa por conducto de su apoderado legal demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del proveído de dieciséis de febrero de dicho año, dictado por la Jueza Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, por que desechó una demanda planteada en la vía oral mercantil, al estimar carecer de competencia legal por razón del territorio, motivo por el que se inhibió en el conocimiento del caso.
26. De la demanda de amparo, correspondió conocer, por razón de turno, al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya presidencia en acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la admitió a trámite y ordenó su registro con el número de juicio de amparo directo ********.
27. Seguido el juicio, el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, el órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; las consideraciones esenciales en que se apoyó para dictar la sentencia antes descrita, fueron las siguientes:
• Transcribió las consideraciones en que se apoyó el acto reclamado, de las que se puede advertir que la Jueza de origen, en esencia, razonó lo siguiente:
- Del análisis del documento base de la acción, se advierte que en la cláusula trigésima sexta las partes pactaron sumisión expresa, por lo que para la interpretación y cumplimiento del contrato, se sometieron a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, empero, el domicilio de la parte demandada se encuentra en Michoacán.
- El contrato de crédito es de adhesión, por lo que la cláusula de sumisión expresa, en realidad fue impuesta al consumidor porque no tuvo oportunidad de estipular el clausulado; por tanto, obligar a la parte demandada a defenderse en un lugar distinto al de su residencia, puede tener como consecuencia que incurra en costos extraordinario para poder tener acceso a la justicia efectiva.
• En cuanto al fondo, precisó que el documento base de la acción, se trató de un contrato bancario de adhesión de apertura de crédito, por lo que no opera la sumisión tácita expresada por las partes en la cláusula trigésima sexta al momento de la firma.
• En apoyo a su razonamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito citó las consideraciones de la ejecutoria correspondiente a la contradicción de criterios 192/2018, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la que sintetizó, en esencia que: - El alto Tribunal precisó la autoridad judicial a la que le corresponde conocer los juicios orales mercantiles, para el caso de la sumisión expresa prevista en el artículo 1093 del Código de Comercio.
- Indicó, que de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable con motivo de la voluntad de las partes, esto es, la sumisión expresa; pero en caso de que implique un impedimento o denegación de acceso a la justicia, específicamente, ante un contrato de adhesión en el que se somete a la parte acreditada a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, no cobra aplicación la sumisión expresa.
• La ejecutoria citada por el Tribunal Colegiado de Circuito, dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de rubro >
• Bajo ese contexto, estimó que al existir jurisprudencia aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, no resulta válida la sumisión expresa para prorrogar la competencia territorial del juez de la causa.
• Precisó que por tratarse el documento base de un contrato de adhesión, la parte que adquirió el crédito bancario no estaba en posibilidad de negociar, por lo que le fue impuesta la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, lo que implica una necesidad de traslado con el detrimento económico consecuente que puede traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para la parte demandada; además de que el prestador del servicio tiene presencia tanto en el lugar en que se promovió la controversia como en aquél en que se contrajeron las obligaciones.
• Añadió, que el juzgador de origen estaba en aptitud de inhibirse del conocimiento del asunto en el primer auto, en aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 16/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro >
• Razonó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue aplicada de manera retroactiva, ya que la tesis de XXII.2o.A.C. J/2 C (11a.) de rubro >, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, no resulta obligatoria para el juez natural por residir en un circuito distinto, ni para el propio Tribunal Colegiado de Circuito; además, la fecha en que se celebró el contrato de adhesión, fue posterior a la fecha de publicación de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisada en primer orden.
• El órgano jurisdiccional estimó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige realizar un análisis para determinar si la parte afectada cuenta o no, con recursos económicos para afrontar un juicio en un lugar distinto del de su residencia.
• Precisó el Tribunal Colegiado de Circuito, que no era aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, la jurisprudencia 1a./J. 30/2024 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es >, en virtud de que dicho criterio se refiere a los casos de sumisión tácita, supuesto distinto del de sumisión expresa analizado en el caso, respecto del que no se pronunció el Alto Tribunal.
28. Bajo ese contexto, el Tribunal Colegiado estimó infundados los conceptos de violación y resolvió negar el amparo.
29. Antecedentes relativos al amparo directo ********.
30. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinticuatro, la persona quejosa por conducto de su apoderado legal demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del proveído de quince de febrero de dos mil veinticuatro, dictado por la Jueza Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, en el que determinó desechar una demandada planteada en el vía oral mercantil, al estimar ser incompetente legalmente por razón de territorio.
31. De la demanda de amparo, correspondió conocer, por razón de turno, al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuya presidencia en acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la admitió y registró con el número de juicio de amparo directo ********.
32. Seguido el juicio en sus etapas, el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, el órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; las consideraciones esenciales en que se apoyó para dictar la sentencia antes descrita, fueron las siguientes:
• Estimó infundado el concepto de violación en que la parte quejosa adujo una falta de motivación y fundamentación del acto reclamado, porque la jueza responsable consideró:
- Si bien las partes acordaron someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, el domicilio de la parte demandada se encuentra en la entidad federativa de Veracruz.
- El contrato de crédito es del tipo de adhesión, por lo que no fue negociado de manera libre entre las partes, sino que la parte demandada fue sometida a las cláusulas, por lo que es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Precisó el Tribunal Colegiado de Circuito que el documento base de la acción, se trató de un contrato bancario de adhesión de apertura de crédito, por lo que no opera la sumisión tácita expresada por las partes en dicho documento.
• En apoyo a su razonamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito, citó las consideraciones de la ejecutoria correspondiente a la contradicción de criterios 192/2018, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la que precisó, en esencia que:
- El alto Tribunal precisó la autoridad judicial a la que le corresponde conocer los juicios orales mercantiles, para el caso de la sumisión expresa prevista en el artículo 1093 del Código de Comercio.
- Indicó, que de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable con motivo de la voluntad de las partes, esto es, la sumisión expresa; pero en caso de que implique un impedimento o denegación de acceso a la justicia, específicamente, ante un contrato de adhesión en el que se somete a la parte acreditada a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, no cobra aplicación la sumisión expresa.
• La ejecutoria citada por el Tribunal Colegiado de Circuito, dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de rubro >.
• Bajo ese contexto, estimó que al existir jurisprudencia aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, no resulta válida la sumisión expresa para prorrogar la competencia territorial del juez de la causa.
• Precisó que por tratarse el documento base de un contrato de adhesión, la parte que adquirió el crédito bancario no estaba en posibilidad de negociar, por lo que le fue impuesta la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual en la cláusula trigésima sexta, lo que implica una necesidad de traslado con el detrimento económico consecuente que puede traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para la parte demandada; además de que el prestador del servicio tiene presencia tanto en el lugar en que se promovió la controversia como en aquél en que se contrajeron las obligaciones.
• Razonó que la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no fue aplicada de manera retroactiva, ya que la fecha en que se celebró el contrato de adhesión, fue posterior a la fecha de publicación de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisada en primer orden.
• El órgano jurisdiccional estimó que la jueza del conocimiento, no estaba obligada a esperar a que la demandada se apersonara en el juicio para oponer la excepción de incompetencia, ya que tiene facultad plena para rechazar la demanda, al estimar aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Precisó el Tribunal Colegiado de Circuito, que no era aplicable en el caso sujeto a su jurisdicción, la jurisprudencia 1a./J. 30/2024 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es >, en virtud de que dicho criterio se refiere a los casos de sumisión tácita; asimismo, del análisis de la ejecutoria correspondiente, no se advierte que alguno de los criterios contendientes, se haya referido al supuesto de sumisión expresa; además, obligar a la demandada a realizar su contestación para oponer la excepción relativa, eliminaría la vigencia y alcance de la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.).
• El desechamiento de la demanda en la vía ordinaria mercantil, no genera indefensión a la parte interesada, en la medida en que tiene a su alcance los medios de defensa correspondientes.
• La afectación al acceso a la justicia del usuario de servicios financieros, debe presumirse a la luz de lo considerado por el Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), sin que esa presunción quede destruida con motivo de que el Poder Judicial de la Federación tenga un sistema electrónico; por lo que también resulta irrelevante si la parte demandada cuenta o no, con recursos económicos para realizar su defensa.
• Añadió, que el juzgador de origen estaba en aptitud de inhibirse del conocimiento del asunto en el primer auto, en aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 16/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro >
• Precisó, en relación con la jurisprudencia XXII.2o.A.C. J/2 C (11a.) de rubro >, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, no resulta obligatoria para el juez natur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33038-c103aec7/competencia-ante-una-demanda-presentada-por-una-institucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. DEBE RESPETARSE CUANDO LAS PARTES QUE CONTRATAN OBLIGACIONES MERCANTILES SE ENCUENTRAN EN UN PLANO DE IGUALDAD Y CONSTA QUE EL CONTRATO PUEDE TENE (I.11o.C.71 C (11a.))
- SUMISIÓN EXPRESA A LA JURISDICCIÓN DE UN TRIBUNAL POR RAZÓN DE SU FUERO. SON APLICABLES LAS REGLAS TERRITORIALES CORRESPONDIENTES A ÉSTE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J (PR.C.CN. J/33 C (11a.))
- INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO EN MATERIA MERCANTIL. EL JUZGADOR NO PUEDE DECRETARLA CUANDO CONSIDERA QUE NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA QUE OPERE LA SUMISIÓN EXPRESA A SU (XXII.2o.A.C. J/2 C (11a.))
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