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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 192/2018. · Registro digital (IUS): 28583
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-04-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Pág. 654.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 192/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JORGE ARRIAGA CHAN TEMBLADOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en atención a que el presente expediente versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre un criterio de un Tribunal Colegiado Auxiliar y un criterio de un Tribunal Colegiado de distinto Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

Es aplicable, por las razones que informan, la tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR."(2)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, el cual es uno de los órganos entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, quien conoció del expediente auxiliar 334/2018 (originalmente se radicó bajo el juicio de amparo 105/2018, del índice Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito), del cual se advierten los antecedentes siguientes:

Juicio oral mercantil. José de Jesús González Gutiérrez demandó de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, las prestaciones siguientes: a) se declare que la institución bancaria incurrió en la indebida autorización de sustracción de recursos económicos, b) la restitución por parte de la institución bancaria al actor del importe que asciende a la cantidad de $********** (**********), c) restituir las utilidades civiles que se deriven de la cantidad reclamada, d) una indemnización por daños y perjuicios; y, e) el pago de los gastos y costas que se originen por el juicio.

Del asunto conoció la Juez Sexto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes, la cual, previo requerimiento, registró la demanda bajo el número de expediente **********, misma que admitió a trámite ordenando correr traslado y emplazamiento a la parte demandada.

Excepción de incompetencia por territorio. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, la Juez del conocimiento tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda en la que opuso la excepción de incompetencia por territorio, por lo que remitió los autos a la superioridad para resolver la incompetencia planteada.

Así, el doce de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, en el expediente oral mercantil **********, declaró fundada la incompetencia opuesta, puesto que la Juez Sexto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes carecía de competencia para conocer del asunto, de conformidad a la cláusula sexagésima quinta del contrato de prestación de servicios en línea celebrado entre las partes.

Juicio de amparo. Inconforme con lo anterior, José de Jesús González Gutiérrez promovió juicio de amparo indirecto.

De la demanda correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, bajo el expediente 451/2017-2; sin embargo, por sentencia interlocutoria de quince de enero de dos mil dieciocho, se declaró incompetente.

En atención a lo anterior, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito asumió la competencia declinada y registró la demanda de amparo bajo el número de expediente 105/2018; sin embargo, el asunto fue remitido para su resolución al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, quien lo registró bajo el expediente 334/2018.

Tal expediente fue resuelto por sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el sentido de conceder el amparo para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado, y se dictara otro en el que se declarara que son competentes para conocer del juicio de origen los órganos jurisdiccionales de la ciudad de Aguascalientes, por lo que el Juez Sexto de lo Mercantil de ese Estado, sí era competente para conocer y dirimir la controversia planteada.

Dicha determinación la sustentó, en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción, en los razonamientos siguientes:

En primer lugar, reseñó el argumento del quejoso calificado como fundado, lo cual vale la pena referir.

En ese sentido, señala que el quejoso hizo valer que el acto reclamado es ilegal, porque la autoridad responsable consideró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la institución financiera, con base en que en la cláusula sexagésima quinta del contrato de prestación de servicios en línea celebrado entre las partes, se estableció que para la interpretación, cumplimiento y ejecución de dicho contrato y de los servicios adicionales contratados, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

En contra de ello, el quejoso hizo valer que, de conformidad con lo establecido en los artículos 1093 y 1104 del Código de Comercio, sí resultaban competentes las autoridades jurisdiccionales del Estado de Aguascalientes, toda vez que tanto el actor, como la sucursal bancaria donde aperturó su cuenta tienen su domicilio en ese Estado; aunado a que, al contar la parte demandada con diversas sucursales en varias entidades federativas, entonces posee una pluralidad de domicilios.

Tales argumentos resultaron fundados, con base en las siguientes consideraciones:

Para apoyar su determinación, trajo a colación el contenido del capítulo VIII del Código de Comercio, el cual regula las competencias.

De las reglas de competencia en materia mercantil que contemplan los preceptos transcritos obtuvo que, por regla general, es competente el Juez ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente.

En cuanto a la sumisión expresa, se señaló que, para que ocurra, los interesados deben renunciar al fuero que les concede la ley y, para el caso de controversia, señalar como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones o de la ubicación de la cosa. De existir pluralidad de jurisdicciones, será el actor quien elija el tribunal competente.

En cuanto a la sumisión tácita señaló que ocurre bajo distintas hipótesis: a) el demandante contesta la reconvención; b) el demandado contesta o reconviene al actor; c) el demandado no opone excepción de incompetencia; d) si la promueve pero desiste; e) el tercero opositor u otro que vaya a juicio mediante algún incidente; y, f) el tercero que sea parte, tampoco oponga alguna cuestión de competencia.

Asimismo, de los preceptos extrajo que cuando no exista ninguna de las sumisiones explicadas, la competencia se regula atendiendo a los supuestos siguientes: a) el lugar designado por el demandado para requerirle del pago; b) el lugar designado en el contrato para cumplir con la obligación; y, c) el domicilio del demandado, si éste tuviera varios domicilios, será en el lugar que elija el actor.

Después, refirió que la demandada es una persona moral con actividades financieras que cuenta con presencia en todo el territorio nacional, siendo que el Código de Comercio no contempla una norma que regule expresamente la cuestión relativa al domicilio de las instituciones financieras, a pesar de que es un hecho notorio que éstas cuentan con diversas sucursales a lo largo del país, en ese sentido, el Tribunal Colegiado recurrió supletoriamente al contenido del artículo 33 del Código Civil Federal.

Del citado precepto desprendió que las personas morales si bien tienen su domicilio establecido en el lugar donde se encuentre instaurada su administración, cuando éstas cuenten con sucursales localizables en lugares diferentes al de la matriz, debe considerarse que tienen su domicilio para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan, en el lugar donde se encuentren establecidas o ubicadas.

Precisado lo anterior, el tribunal prosiguió a analizar las constancias que obraban en autos, de ellas advirtió la existencia de la carátula del convenio mediante el cual el quejoso en un primer momento aperturó la cuenta bancaria **********, en la sucursal **********, de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Plaza Aguascalientes, mismo del que desprendió la celebración del contrato múltiple de servicios bancarios y financieros de persona física, el catorce de octubre de dos mil trece, así como que el diecisiete de octubre siguiente, en la misma sucursal bancaria de la tercero interesada, se realizó la contratación de los servicios en línea prestados por la institución financiera, con la finalidad de que el cuentahabiente pudiera acceder y hacer uso de los servicios de banca por Internet, y las medidas de seguridad tendientes a lograr la debida utilización de los medios electrónicos se llevó a cabo por las partes.

Para apoyar lo anterior, se insertaron imágenes, con base en las cuales concluyó que la demandada tiene sucursales y, por ende, domicilio, en la Ciudad de Aguascalientes, por lo que el quejoso en la sucursal ********** suscribió diversos contratos con la demandada, entre los cuales se encuentra el de banca por Internet; entonces, para cumplir con la obligación que se le atribuye, debe asumirse que tiene en esa ciudad su domicilio y, en consecuencia, serán competentes para conocer y resolver la controversia planteada por los órganos jurisdiccionales de dicho lugar.

Para abundar en lo anterior, apuntó que es un hecho notorio –y probado con los contratos– que la demandada sí tiene su domicilio en la Ciudad de Aguascalientes, para el objeto del cumplimiento de las prestaciones reclamadas.

Todo lo anterior fue apoyado en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio y el artículo 33 del Código Civil Federal, a efecto de privilegiar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva; aunado a que el pacto de competencia se encuentra contenido en un formato que la propia institución bancaria emitió, en el cual incorporó dicha cláusula de manera previa y sin tomar en cuenta la voluntad o parecer de las personas que tienen la necesidad de contratar sus servicios financieros, donde la única participación de los usuarios se limita a signar o estampar su firma en el espacio en blanco designado para tal efecto.

En adición, trajo a colación lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 7/2011.

Con todo ello, calificó sustancialmente fundado el argumento del quejoso, respecto a que el Juez competente para conocer de la acción personal intentada, es el de la Ciudad de Aguascalientes, por tanto, consideró que el acto reclamado fue contrario al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, dado que, al emitirlo, la autoridad responsable, inobservó en perjuicio del impetrante lo previsto en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

Ello, toda vez que con independencia de que el quejoso firmó el "Contrato de prestación de servicios ********** en línea", el cual contiene la cláusula sexagésima, en la que se establece que las partes señalan que para efectos de la interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato y de los servicios adicionales contratados, se someterían a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), renunciando expresamente al fuero de cualquier domicilio que tengan o lleguen a tener; la autoridad responsable, al momento de emitir el acto impugnado, estaba obligada a resolver con observancia y respeto al derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva.

Consideró que la autoridad responsable debió atender a que la demandada, a diferencia del actor, es una persona moral que, acorde a la prestación de los servicios que ofrece y otorga, cuenta con diversas sucursales a lo largo del territorio nacional, evidenciando que posee una infraestructura tanto económica, humana, de gestión y representación o asesoría, lo que le posibilita afrontar cualquier controversia legal en diversas ciudades del país.

Sin que lo anterior implicara un trato jurisdiccional desigual a las partes o en perjuicio de la demandada, toda vez que, al emplazársele a juicio en el domicilio que tiene en la ciudad donde se entabló la controversia, se garantizó su derecho de audiencia.

II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien conoció del amparo directo 460/2017, del que se desprenden los antecedentes siguientes:

Juicio oral mercantil. Francisco Escobar Castro demandó de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, entre otras prestaciones, la cancelación de un contrato de crédito y la devolución de la cantidad de $********** (**********).

Incompetencia. La demanda fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, misma que quedó registrada bajo el número **********; sin embargo, mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez del conocimiento se declaró incompetente para conocer del asunto por razón de territorio, puesto que en la cláusula cuadragésima primera del contrato de tarjeta de crédito, celebrado entre las partes, se estipuló que, en caso de controversia, las partes se someterían a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México.

Juicio de amparo. Inconforme con lo anterior, Francisco Escobar Castro promovió juicio de amparo directo.

De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, pero por auto de seis de enero de dos mil diecisiete, se declaró incompetente, por lo que se ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, a fin de que se turnara al Juzgado Federal que correspondiera.

En atención a lo anterior, tocó conocer del asunto al Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien aceptó la competencia planteada. Una vez sustanciado el juicio, dictó sentencia el quince de febrero de dos mil diecisiete, en la que determinó negar el amparo solicitado.

Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, bajo el número 109/2017, mismo que fue resuelto el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, al considerar que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, por lo que ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito, para que a su vez lo turnara al mencionado Tribunal Colegiado.

Pues bien, el Tribunal Colegiado se avocó al conocimiento del asunto en la vía directa, registrándolo con el número 460/2017, y fue resuelto por sentencia de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el sentido de negar el amparo.

Dicha determinación la sustentó, en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción, en los razonamientos siguientes:

En primer lugar, refirió que el quejoso en su demanda de amparo hizo valer que el acto reclamado transgrede su derecho humano de tutela judicial efectiva, por haberse aplicado indebidamente los artículos 1093 y 1104 del Código de Comercio, puesto que el contrato de tarjeta de crédito fue celebrado en la Ciudad de México, pero que es un hecho notorio que ese tipo de contratos constituyen machotes que se manejan en toda la República, pues lo cierto es que fue firmado en la sucursal de la persona moral demandada ubicado en la colonia **********, en **********, Nuevo León.

Asimismo, el quejoso señaló que no se ofreció como prueba el referido contrato, por lo que desconoce de dónde dedujo la Juez responsable que el contrato se celebró en la señalada ciudad.

Lo anterior fue calificado de inoperante, por una parte, e infundado, por otra.

Resultó inoperante lo argumentado en torno a que el contrato era un machote, puesto que fueron simples manifestaciones sin sustento ni fundamento, ya que el quejoso no ofreció prueba alguna a fin de acreditar lo aseverado, esto es, que el contrato no se firmó en la Ciudad de México.

Además, contrario a lo argumentado, de las constancias que obran en el juicio de origen se advirtió que el propio actor exhibió como prueba copia certificada por el subdelegado estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, del expediente **********, integrado con motivo de la reclamación presentada por aquél en contra de la institución bancaria, documentales entre las que se encuentra el contrato de tarjeta de crédito, en cuya cláusula cuadragésima primera denominada "Jurisdicción y competencia", se estableció:

"... Cuadragésima primera. Jurisdicción y competencia. Asimismo para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato. ‘Las partes’ se someten a la jurisdicción y competencia de las leyes de los tribunales de la ciudad donde se celebró el presente contrato, o a los tribunales con sede en la Ciudad de México Distrito Federal, a elección de la parte actora, renunciando a cualquier fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros las pudiera corresponder.

"El presente contrato, datos y referencias consignadas en la carátula y solicitud constituyen la expresión de la voluntad de ‘las partes’ y firman el presente documento, el 8 de 4 de 2014, en la ciudad de Ciudad de México."

De ello se siguió que no es verdad que ignore de qué documento pudo advertir el Juez de origen que el acuerdo de voluntades se celebró en la Ciudad de México y no en el lugar que refirió el quejoso, pues ese dato se desprende de la cláusula antes transcrita; de ahí lo infundado.

Por otro lado, en cuanto a lo argumentado por el quejoso en el sentido de que suponiendo que efectivamente haya sometimiento a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, tal cláusula resultaría inconvencional, porque el tener que promover la demanda en aquel lugar le causaría gastos que quizá no pueda recuperar, lo que implicaría desventaja frente a la institución bancaria demandada, de modo que la jurisdicción podría prorrogarse.

Lo anterior fue calificado como infundado. Ello, porque el artículo 1093 del Código de Comercio establece que los interesados pueden renunciar al fuero que la ley les concede, y señalar como tribunales competentes los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa, lo cual aconteció en el caso.

En consecuencia, atendiendo al contenido del artículo 78 del Código de Comercio, debía estarse de manera literal al clausulado del contrato, en el que las partes manifestaron su voluntad de someterse a la jurisdicción de los tribunales donde se celebró, esto es, en la Ciudad de México.

Ello es así, porque a través de la celebración de ese acuerdo de voluntades las partes contrajeron mutuamente los derechos y obligaciones que en él se contienen; de manera que están sujetas a lo ahí pactado.

Apunta que, en otro argumento el quejoso aduce que la Juez responsable omitió aplicar el principio pro persona, con lo que se hizo nugatorio su derecho a un recurso sencillo y práctico previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esas manifestaciones resultaron inatendibles, puesto que, para atender la solicitud de la aplicación del principio pro persona, el peticionario del amparo debió cumplir con los requisitos mínimos establecidos para tal efecto, lo que en el caso no sucedió.

Por último, resolvió que en cuanto a los criterios invocados, la mera cita de éstos en nada le beneficia, porque al margen de que algunos de ellos no resultan obligatorios para este tribunal, al haber sumisión expresa, es indudable que la controversia debe dirimirse ante los tribunales establecidos en el contrato.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo con base en argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión; asimismo, deberá existir una discrepancia entre dichos ejercicios interpretativos, pues lo que determina la existencia de una contradicción es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central y, por último, dicha discrepancia deberá dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Así lo determinó la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(3)

Asimismo, el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado que una contradicción de tesis es existente independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. De conformidad con la tesis jurisprudencial, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)

De acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación.

En otras palabras, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:(5)

1. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

En atención a dichos criterios, esta Primera Sala considera que en el caso sí se actualiza la contradicción de tesis, como se explicará a continuación:

Los dos primeros requisitos se cumplen, en tanto que en ambos casos los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de analizar cuál era la autoridad jurisdiccional competente para conocer de asuntos tramitados en la vía oral mercantil, en los que los interesados renunciaron al fuero que la ley contempla, con motivo de la estipulación de una cláusula de sumisión expresa en el contrato fundatorio de la acción; siendo que los Tribunales Colegiados llegaron a conclusiones disímiles, en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, concluyó que con independencia de que las partes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa al momento de suscribir el contrato fundatorio de la acción, que los sujetaba a la jurisdicción de los tribunales del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, lo cierto era que esa determinación no era razonable ni proporcional a la naturaleza de las partes en litigio, por lo que, a fin de privilegiar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, el asunto podía tramitarse en la jurisdicción elegida por el actor, pues basta que la institución bancaria tenga su domicilio en el lugar seleccionado por el acreedor y que en ese lugar se haya celebrado el contrato de prestación de servicios; mientras que, por el otro lado, el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito arribó a la conclusión contraria, pues estimó que los interesados renunciaron expresamente al que la ley les concedió, por lo que debía estarse de manera literal al clausulado del contrato en donde las partes manifestaron su voluntad de someterse a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, conoció de un asunto en la que el contrato fundatorio de la acción era un contrato múltiple de servicios bancarios y financieros de persona física, con la institución financiera denominada Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, del que derivó la cuenta bancaria número **********, celebrado en la sucursal **********, y respecto del cual, posteriormente, realizó la contratación de los servicios en línea prestados por la misma institución financiera, con la finalidad de que el cuentahabiente pudiera acceder y hacer uso de los servicios de banca por Internet, así como las medidas de seguridad tendientes a lograr la debida utilización de los medios electrónicos.

Posteriormente, luego de indicar las reglas de competencia en materia mercantil, dicho Colegiado estimó que la parte demandada **********, era una persona moral con actividades financieras que cuenta con presencia en todo el territorio nacional, por lo que para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan, debía considerarse que su domicilio lo constituía el lugar donde se encuentren establecidas o ubicadas sus sucursales, las cuales podrían estar localizadas en lugares diferentes al de la matriz; lo anterior, puesto que para efectos del domicilio de las instituciones financieras era necesario remitirse supletoriamente al artículo 33 del Código Civil Federal, de aplicació

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28583-6529ab35/competencia-por-sumision-expresa-la-regla-establecida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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