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Modo: Corpus Pro

CRÉDITO REFACCIONARIO CELEBRADO CON UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA. POR REGLA GENERAL SON CONTRATOS DE ADHESIÓN QUE DEBEN SER ANALIZADOS A LA LUZ DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7413/2023. · Registro digital (IUS): 33379
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.163.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7413/2023. 14 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ Y SECRETARIA: ROCÍO MONTSERRAT FERNÁNDEZ NUNGARAY.

ÍNDICE TEMÁTICO

**********(en adelante la Financiera), celebró un contrato de apertura de crédito refaccionario con **********(quejoso recurrente).

La institución financiera instó la vía ejecutiva mercantil e hizo valer acción cambiaria directa en contra del quejoso recurrente, de quien reclamó el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito refaccionario, el pago de una cantidad de dinero por concepto de suerte principal y el pago de intereses correspondientes. En primera instancia, la jueza civil resolvió conforme al principio de estricto derecho, consideró que no se estaba ante un contrato de adhesión -como lo planteaba el demandado- y lo condenó al pago de las prestaciones reclamadas.

Inconforme, el demandado promovió juicio de amparo el cual se negó por el Tribunal Colegiado.

La sentencia de amparo es recurrida por **********, parte acreditada en el contrato de crédito refaccionario, demandada y quejosa en el juicio de amparo.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7413/2023, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el juicio de amparo directo **********.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el recurso de revisión reúne los requisitos de procedencia, y de ser así, verificar si el Tribunal Colegiado omitió, injustificadamente, analizar un contrato de crédito refaccionario, desde la perspectiva de protección de las personas consumidoras, en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE(1)

1. Hechos. El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, **********(en adelante la Financiera), celebró con **********un contrato de apertura de crédito refaccionario por la cantidad de hasta ********** –de los cuales solamente dispuso de $**********–, la cual se otorgó para la adquisición de un camión con redilas, tipo abarrotera y seguro automotriz.

2. El reconocimiento de firma y ratificación de contenido del contrato ante la Notaria Pública se realizó el nueve de marzo de dos mil dieciséis y su registro ante la Dirección del Registro Público y de Comercio del Estado de Chiapas, el diecisiete siguiente. Asimismo, se estableció como plazo de vencimiento de contrato el día quince de julio de dos mil diecinueve y se pactó que el pago se haría en cuatro parcialidades y/o amortizaciones.

3. Las partes estipularon que los intereses ordinarios se causarían a partir de las fechas en que se dispersaran la o las ministraciones y se calcularían diariamente sobre el saldo insoluto del crédito a razón de la tasa de interés pactada al 11% anual en cada pagaré de disposición, haciéndose exigibles en las fechas establecidas para el pago por ese concepto. Por su parte, se pactaron intereses moratorios sobre el importe de las amortizaciones vencidas y no pagadas del crédito, desde el día inmediato siguiente a su vencimiento y hasta el día en que quedaran completamente cubiertas, mismos que se calcularían a partir de multiplicar la tasa de interés ordinario por 1.5, es decir, a razón de una tasa moratoria de 16.5% anual.

4. Al respecto, debido a que **********incumplió con el pago de la segunda amortización que correspondía al catorce de julio de dos mil diecisiete, la Financiera promovió el juicio que a continuación se relata.(2)

5. Juicio ejecutivo mercantil. **********, Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, antes **********, por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas, instaron la vía ejecutiva mercantil e hicieron valer acción cambiaria directa en contra de **********, de quien reclamaron el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito refaccionario número ********** de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis; el pago de $********** por concepto de suerte principal; el pago de **********, por concepto de intereses ordinarios vencidos; el pago de $********** por concepto de intereses moratorios, más el pago de gastos y costas.

6. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, cuya titular lo registró con el número de expediente ********** y ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado.

7. **********dio contestación a la demanda y planteó como defensas y excepciones, las de improcedencia de la vía, contrato no cumplido, falta de legitimación activa ad causam y ad procesum, falta de acción y derecho, nulidad o inhabilidad del título, defensa SINE ACTIONE AGIS. Asimismo, manifestó que el contrato base de la acción es un contrato de adhesión que se rige por diversos principios en favor de la persona deudora acreditada y que su lectura e interpretación debe ser siempre tendiente a proteger a las personas consumidoras.

8. Acto reclamado. El veintisiete de octubre de dos mil veintidós la jueza civil dictó sentencia en la que declaró procedente la vía ejecutiva mercantil, condenó al demandado al vencimiento anticipado del contrato así como al pago de $********** por concepto de suerte principal; el pago de ********** por concepto de intereses ordinarios vencidos;(3) el pago de $********** por concepto de intereses moratorios, más el pago de gastos y costas.

9. Juicio de amparo directo. Inconforme con la resolución anterior, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el cual la admitió y registró con el número de expediente **********.

10. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los previstos en los artículos 5, 14, 16, 17 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y planteó los siguientes conceptos de violación:

a) En su primer concepto de violación en esencia alegó que para la procedencia de los juicios ejecutivos mercantiles se exige que los créditos o las prestaciones reclamadas sean ciertas, líquidas y exigibles y no permiten la exigencia de derechos controvertibles o sujetos a condición. Al respecto, adujo que desde la contestación de demanda hizo valer la improcedencia del juicio, dado que se hizo depender del incumplimiento de cualquier otro crédito. Ello, pues entre sus prestaciones la parte actora reclamó el cumplimiento de obligaciones, derivadas de cualquier crédito que se mantuviera con la financiera, no así del título en que se basó la acción ejecutiva de origen. Destacó que la argumentación que hizo en este sentido no tuvo respuesta por parte de la jueza de origen.

b) En su segundo concepto de violación en esencia planteó que la sentencia reclamada vulneró los principios de congruencia y exhaustividad previstas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque consideró que la jueza civil no se pronunció sobre la argumentación que hizo en torno a que i) la financiera actora carece de legitimación; ii) el contrato de crédito no cumplía con los requisitos de forma y de fondo que exige la Ley Orgánica de la **********; y iii) el juicio ejecutivo mercantil no podía ser procedente, dado que no servía para declarar o definir hechos dudosos o controvertidos.

c) En su tercer concepto de violación desarrolló una línea argumentativa tendiente a destacar los argumentos planteados y omitidos por la autoridad responsable. Al respecto, hizo valer lo siguiente:

• Falta de personalidad del representante de la institución financiera;

• Que según se advierte de la demanda de origen, la parte actora también basó su acción en un denominado pagaré de disposición, documento ajeno a la configuración del título ejecutivo y contrario a la naturaleza del juicio;

• Que la cláusula de vencimiento anticipado se dictó en contravención del artículo 1797 del Código Civil Federal, dado que dejó el cumplimiento del contrato a la financiera actora, lo que generaba un desequilibrio contractual a favor de dicha institución y un efecto obligacional extraído fuera de contrato; destacando que la CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA del contrato le permitía rescindir anticipadamente el contrato. Adujo que se trata de una cláusula abusiva prohibida por el artículo 56 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

• Que el contrato de crédito se otorgó sin la autorización del artículo 9 de la Ley Orgánica de la **********, pues ello no constaba en el contrato.

• Que el contrato de crédito es un contrato de adhesión, razón por la cual se regía por diversos principios de protección a favor de la parte deudora. Que en función de este régimen, debió aplicar el régimen de protección que otorga el artículo 28 constitucional y de la prohibición de cláusulas abusivas, de conformidad con los artículos 48 Bis 5 de la Ley de Instituciones de Crédito; 56 Bis y 57 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros; 3, fracción V, 11 y 11 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

• Que se violaba el derecho a la información pues a la deudora se le debió dar a conocer el alcance y las consecuencias de las obligaciones contraídas, así como evitar estipulaciones confusas. Que no se dio asistencia técnica ni capacitación para contratar, ni se dio información acerca de los alcances del contrato que generara la posibilidad real de conocer qué estaban contratando.

• Asimismo, se adujo que el pacto por concepto de intereses ordinarios, moratorios y la pena convencional era inequitativo e inexigible, pues dichas tasas, de conformidad con las cláusulas OCTAVA y DÉCIMA se conocerían hasta que se suscribiera un pagaré de disposición, además de establecer que los intereses se pagarían en conjunto con el capital. Que la tasa de interés moratorio se alejaba de entenderse como una reparación del daño o como una manera de sufragar los perjuicios razonablemente derivados del impago de la afectación patrimonial, generaba desproporción a la deudora y carecía de razonabilidad.

• Que la estipulación de intereses moratorios en el sentido de multiplicar la cláusula de interés ordinaria -desconocida al tiempo de contratación- por 1.5 veces, sin especificar cantidades precisas y justificar correspondencia de la misma, violaba el derecho a la información.

• Que la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA le impedía al acreditado mejorar su condición financiera o salir del problema, pues le impedía contratar otros créditos, otorgar préstamos o garantías, enajenar activos, etc. Esto es, llevar a cabo acciones adecuadas y eficaces que le permitieran a la parte quejosa proponer remedios a su situación.

• La financiera actora no cumple con el objeto de fomento a la producción, dado que los créditos que otorga son asfixiantes para el que los solicita.

d) Que por todas las razones expuestas, el contrato resultaba contrario al artículo 28 constitucional; evidenció las respuestas dadas por la jueza responsable y concluyó que el acto reclamado careció de congruencia y exhaustividad, no por la omisión de atender puntualmente a lo planteado sino por la falta de comprensión del asunto y la falta de comprensión de lo planteado. Respecto a dichos temas, sostuvo:

• Sobre la improcedencia de la vía. Precisó que lo realmente alegado era que el contrato que constituye el título de crédito no cumplió con los requisitos y las formalidades exigidas por la legislación orgánica de la financiera, dado que no contaba con la autorización previa del Consejo, ni la opinión del Comité de Crédito en contravención de los artículos 77 y 78 del Código de Comercio.

• Sobre la falta de personalidad y de legitimación: Sostuvo que lo realmente alegado fue la falta de autorización que también requiere la legislación orgánica de la financiera actora.

• Excepción de nulidad del contrato: Puntualizó que lo efectivamente alegado consistió en verificar si con el contrato se incumplieron diversas disposiciones legales que lo tornaban nulo o que generaran afectación a la vía ejecutiva.

e) Adujo que en oposición a lo que resolvió la jueza, el contrato de crédito sí es un contrato de adhesión, en términos del artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que se refuerza con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Financiera, en relación con los diversos artículos 56 y 57 que establecen la prohibición de cláusulas abusivas. Estos contratos de adhesión se distinguen porque las partes tienen la posibilidad de establecer, modificar o proponer los términos de sus cláusulas de modo que el usuario financiero o consumidor, no quede en una situación de limitarse a aceptar o rechazar, pues debe haber contenidos que reflejen el ejercicio de su autonomía de la voluntad en la negociación. Además de que no tenía la carga de acreditar que se trataba de este tipo de contratos, pues de su literalidad se advierte la desventaja para el usuario financiero.

f) Así, sostuvo que si bien la institución financiera presta servicios a toda la población, ello lo hace con formatos preestablecidos generalizados lo que implica únicamente descargar los datos del usuario, pero lo correcto sería que utilizara dichas formas contractuales diferenciados en función de cada persona. Argumentó que la financiera actora era quien tuvo que demostrar que el contrato fue negociado individualmente y no al usuario de servicio demostrar que tan solo se adhirió a la voluntad de la financiera.

g) Respecto a lo alegado sobre la cláusula de vencimiento anticipado, adujo que su ilegalidad se sustentó en que la redacción de "incumpla con cualquiera de las obligaciones contraídas" generaba obscuridad dado que no se identificaba con toda precisión a cuál se refería la actora en su demanda, además de que esas facultades tan abiertas generaban desequilibrio contractual.

h) Ante la omisión de la jueza de abordar las cuestiones efectivamente planteadas, solicitó la revisión oficiosa de los derechos humanos.

11. Sentencia de amparo. En sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que negó la protección constitucional solicitada, y sobre los conceptos de violación relacionados con la omisión de analizar la controversia a la luz de la protección del régimen de consumidores establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo las consideraciones siguientes:

a) Suplencia de la queja. En principio, precisó que los conceptos de violación se analizarían conforme el principio de estricto derecho, dado que la parte quejosa no encuadraba en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo y que autorizan su actualización en materia mercantil.

b) Argumento relativo a la falta de contestación e incongruencia a la excepción de nulidad del contrato base de la acción. Declaró infundado el planteamiento relativo a que en su contestación de demanda cuestionó que el contrato de crédito no cumplía con los requisitos de forma y fondo que imponen los numerales 1, 6, 7, fracción XII, 9, y 12 de la Ley Orgánica de la **********, toda vez que se había otorgado sin la autorización prevista en el artículo 9 aludido, pues el contrato de crédito era de adhesión y que la sentencia reclamada violaba los principios de congruencia y exhaustividad, porque además la jueza responsable no atendió ni comprendió lo expuesto, dado que lo efectivamente planteado no consistió en si ambas partes celebraron o no el contrato sino, si con dicho acto jurídico se incumplieron diversas disposiciones legales que lo tornaban nulo, o que provocan que la vía ejecutiva esté afectada, tan solo porque ésta no sirve para controvertir derechos dudosos.

c) Concluyó que en oposición a lo alegado, la jueza responsable estudió dicha excepción de forma preferente y determinó que para que un contrato de crédito refaccionario sea válido, debe reunir determinados requisitos o elementos esenciales, como son: el consentimiento de las partes, la licitud en el objeto del contrato y la forma, tal como lo establece el artículo 1795 del Código Civil Federal aplicado supletoriamente al Código de Comercio.

d) Que lo aducido por el quejoso en nada incidía respecto a los elementos fundamentales del contrato de crédito; el cual se perfeccionó por el mero consentimiento de las partes y con la formalidad que en el mismo se pactó. Reconoció que, la responsable sostuvo que para que un contrato de crédito refaccionario sea válido, debe reunir determinados requisitos o elementos esenciales, como son: el consentimiento de las partes, la licitud en el objeto del contrato y la forma, tal como lo establece el artículo 1795 del Código Civil Federal aplicado supletoriamente al Código de Comercio. El Tribunal Colegiado sostuvo que la responsable sí estudió la actualización de dichos requisitos y analizó los documentos base de la acción -a los que otorgó valor probatorio en términos de los artículos 1238, 1241 y 1296 del Código de Comercio. Esto es, analizó el contrato de crédito, los documentos aportados así como la actuación del Notario Público ante la firma de dicho acto jurídico.

e) Por su parte, los argumentos relativos a la excepción de contrato de adhesión los estudió de forma separada, dado que el quejoso los planteó de forma independiente a la de nulidad.

f) Argumentos relacionados con el medio de defensa relativo a que el contrato base de la acción es un contrato de adhesión. El Tribunal Colegiado los declaró inoperantes, pues consideró que con su línea argumentativa no controvirtió las consideraciones a partir de las cuales la jueza responsable declaró improcedente la excepción de contrato de adhesión, por considerar que –para ejercer la vía ejecutiva mercantil–, el actor del juicio acompañó su demanda con el documento base de la acción; esto es, con el contrato de apertura de crédito refaccionario además de haber adjuntado un estado de cuenta certificado, lo que al sostener de la jueza responsable sí constituyó un título ejecutivo que trae aparejada ejecución, conforme los artículos 1391, fracción VII, del Código de Comercio, además por reunir los requisitos de los numerales 291, 323 y 326 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

g) El Colegiado precisó que, además de todo lo anterior, la jueza especificó que del contrato se advertía que en la apertura del crédito refaccionario, la financiera actora como acreditante se obligó a poner una suma de dinero a disposición del demandado, quedando obligado éste a invertir en la totalidad del crédito en los conceptos de inversión que constituyeron la garantía natural y a restituir a la financiera las sumas que disponga del crédito otorgado o a cubrir dicha disposición oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagar intereses, prestaciones, gastos y comisiones del documento fundatorio de la acción, por lo que estimó, reúnen los requisitos de los artículos 66 y 68 de la Ley de Instituciones de crédito, así como del precepto 12 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Así, destacó que por esa razón la jueza responsable acotó que el contrato base de la acción cumplió con las formalidades exigidas por la ley de la materia, sin que de la literalidad del documento base de la acción lograra acreditar que se trataba de un contrato de adhesión, como lo estimaba el quejoso, y en esas condiciones, le indicó que no resultaron aplicables los artículos 48 Bis, y 5, de la Ley de Instituciones de Crédito, 56 bis y 57 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y los numerales 3, fracción V y 11 de la Ley de Transparencia y el ordenamiento de servicios Financieros. Asimismo, sostuvo: • Que la responsable analizó debidamente el contrato base de la acción, porque después de lo antes narrado, también señaló que del análisis efectuado no se advertía que el contrato contuviera cláusulas desproporcionadas o abusivas en perjuicio del demandado aquí quejoso; aunado a que, en las convenciones las partes se obligan a como quisieron hacerlo, de conformidad con el precepto 78 de la ley mercantil.

• Que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley, que desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, tal como lo dispone el artículo 1796 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia; que fue por ello que para la procedencia del asunto que analizó, no se hizo necesario que el pagaré suscrito el cuatro de abril de dos mil dieciséis entrara en circulación como lo aducía el quejoso, toda vez que con el mismo únicamente se acredita la disposición del crédito otorgado al hoy demandado, por cuanto el contrato de crédito refaccionario, junto con el estado de cuenta, al ser exhibidos conjuntamente, constituyen título ejecutivo.

• Que el ahora quejoso está obligado a pagar el importe adeudado de la disposición efectuada del crédito otorgado por la financiera, así como, los accesorios que genere, pactados por las partes en litigio; asimismo, que contrario a lo manifestado, la institución financiera accionante está legalmente constituida por las leyes mercantiles en virtud de ser una paraestatal descentralizada de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte del sistema financiero, la cual debe regirse por su propia legislación, como se desprende del artículo 6 de su propia ley orgánica en concordancia con el artículo 4 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; de ahí que, la institución actora esté en su derecho de exigir el pago de la obligación contraída por el deudor y quejoso, tomando en consideración que éste incumplió con su obligación de pago a partir del día siguiente del incumplimiento de la obligación de pago que se contenía en el pagaré, con lo cual se acreditaba la disposición del crédito otorgado, que lo fue el cuatro de abril de dos mil dieciséis, toda vez que no realizó los pagos de conformidad a lo convenido en el contrato basal; quedando un saldo insoluto por $**********; el cual fue el monto que adeuda el aquí quejoso, como se advierte de la certificación contable exhibida en autos; máxime que acreditó cada uno de los elementos exigidos por la ley de la materia para la procedencia de su acción, en relación con el contrato de apertura de crédito refaccionario de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, base de la acción; de ahí que, por esos motivos la jueza consideró improcedente la excepción intentada por la parte actora de contrato de adhesión.

h) El Colegiado concluyó que el quejoso no expuso manifestaciones tendentes a controvertir de forma toral dichas consideraciones medulares, pues el quejoso se limitó a señalar que la A quo estimó que el contrato de crédito no es de adhesión, que ningún juez encontrará un contrato que diga que es de adhesión, aludiendo que la ley mercantil y la codificación civil no aportan una definición de contrato de adhesión, precisando el artículo que los conceptualiza.

i) Asimismo, refirió aspectos relacionados con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Financiera; también señala la Comisión Nacional que está facultada para revisar y ordenar las modificaciones a los contratos de adhesión, a fin de que no lesionen los derechos de los usuarios, y otras actividades que el quejoso plasmó conforme al numeral 11, fracciones XVIII, XXX, XXXI, XXXIII y XXXVII de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, además, alude a los preceptos 56 y 57 de dicha legislación, además refiere que la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) suple las deficiencias de las reclamaciones en beneficio del usuario y en caso de inconformidad hay que ocurrir a dicha comisión y refirió que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, regula el otorgamiento de los créditos, y que debieron existir aspectos que reflejaron el ejercicio de autonomía en la voluntad de negociación de los contratos, previa a su firma; luego argumenta que existió ventaja de una parte sobre la otra y que fue un contrato predispuesto; esto es, un contrato bancario.

j) El Colegiado concluyó que el quejoso no desvirtuó las consideraciones torales desarrolladas por la jueza responsable, por lo que tomando en consideración que los motivos de inconformidad no combatían de manera frontal y eficaz las mencionadas consideraciones medulares en que se apoyó la responsable para declarar improcedente la excepción de contrato de adhesión contenidas en el fallo reclamado, las dejó subsistentes y firmes, enfatizando que no operaba la suplencia de la deficiencia de la queja a su favor, por ser un asunto mercantil que se rige por el principio de estricto derecho

12. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión. En su escrito de agravios, en esencia, hace valer lo siguiente:

a) Procedencia. El recurso de revisión es procedente dado que el Tribunal Colegiado desconoció que el contrato de origen es un contrato de adhesión, por lo que omitió diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección de derechos de las personas consumidoras. Tanto la jueza responsable como el Tribunal Colegiado dejaron de aplicar el control de constitucionalidad y convencionalidad desprotegiendo al quejoso recurrente como consumidor y vulnerando el artículo 28 constitucional. El desconocimiento de la tutela constitucional de las personas consumidores generó que el Colegiado resolviera a la luz de los principios de estricto derecho y litis cerrada como si se tratara de un procedimiento típicamente civil o mercantil, pasando por alto que el proceso se basa en un contrato de crédito sujeto al sistema constitucional de protección al consumidor o usuario del servicio financiero. Este desconocimiento genera que se vulnere el derecho de acceso a la justicia del quejoso recurrente, dada la relación contractual diferenciada que debió reconocerse.

b) Aduce que el Tribunal Colegiado resolvió en contravención de la tesis 1a. CCCXIII/2018 (10a.) "DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR. SU ALCANCE SE PROYECTA A TODAS LAS VERTIENTES JURÍDICAS QUE ENMARCAN LAS RELACIONES DE CONSUMO".(4)

c) Por otro lado, sostiene que el recurso también es procedente dado que interpretó la figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo en contravención del artículo 28 constitucional y cuestiona su constitucionalidad porque no incluye como caso de suplencia de la queja aquellos que involucran el derecho de personas consumidoras y porque a partir de su contenido el Colegiado no suplió la deficiencia de la queja y aplicó el principio de estricto derecho, aun cuando se le hizo valer que la litis cerrada no opera en materia de derechos de las personas consumidoras.

d) En su único agravio, en esencia aduce que la protección al consumidor es un derecho humano previsto en el artículo 28 constitucional y su tutela de acceso a la justicia debe ser efectiva; pues su ámbito de protección permea todas las relaciones de consumidores, incluso las tramitadas en vía civil y mercantil. Destaca que el Tribunal Colegiado desconoció que el juicio de origen se sustenta en un contrato de adhesión que debió resolverse a partir de la protección especial que exigen los derechos constitucionales y convencionales de las personas consumidoras.

e) Aduce que la Suprema Corte ya ha reconocido que el contrato bancario es un contrato de adhesión, sujeto a las garantías de protección del artículo 28 constitucional. Invoca la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) de rubro "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA".

f) Destaca que en el amparo directo en revisión 1875/2022 del cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 131/2023 de rubro "CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN. SON ESTIPULACIONES QUE CAUSAN UN DESEQUILIBRIO DE DERECHOS U OBLIGACIONES EN PERJUICIO DEL USUARIO O CONSUMIDOR" la Primera Sala ya reconoció que una cláusula de un contrato de adhesión era abusiva porque generaba cargas desproporcionadas en perjuicio del usuario y a favor del banco.

g) Al respecto, aduce que el Tribunal Colegiado transgredió el artículo 28 constitucional, porque pasó por alto la obligación del Estado de proteger a los consumidores y propiciar el mejor cuidado de sus intereses, así como el 5to constitucional en el que se establece que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto cualquier contrato que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa

h) El sistema de protección constitucional establecido en favor de las personas consumidoras no puede vulnerarse con fundamento en los artí

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33379-f5cedc7f/credito-refaccionario-celebrado-con-una-institucion-financiera-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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