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Modo: Corpus Pro

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PARA EL RETIRO. SUS OBLIGACIONES COMO PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN CELEBRADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS QUE ESTIPULEN UN DERECHO DE COBRO DE LOS CRÉDITOS A CARGO DE CUALQUIER CUENTA DISTINTA A LA QUE SE CONTRATA ORIGINALMENTE. DEBE DECLARARSE SU NULIDAD PUES CONFIGURA UN PACTO COMISORIO EN CONTRATOS DE CRÉDITO. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN. SON ESTIPULACIONES QUE CAUSAN UN DESEQUILIBRIO DE DERECHOS U OBLIGACIONES EN PERJUICIO DEL USUARIO O CONSUMIDOR. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. COMPRENDE TAMBIÉN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A UNA VIDA DIGNA. IMPLICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTATALES DE PROMOVERLO, RESPETARLO, PROTEGERLO Y GARANTIZARLO, INCLUSO CUANDO SE TRATA DE SERVICIOS BRINDADOS POR ACTORES PRIVADOS. DERECHO A RECIBIR UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN. FORMA PARTE DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. DERECHO DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA A ACCEDER A LA SEGURIDAD SOCIAL. CONLLEVA EL DERECHO A TOMAR DECISIONES SOBRE SU PENSIÓN JUBILATORIA. DERECHO DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA A CONTAR CON UN MÍNIMO VITAL. AMERITA UNA PROTECCIÓN ESTATAL ESPECIAL PARA IDENTIFICAR Y SUBSANAR POSIBLES CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. PENSIÓN JUBILATORIA O DE CESANTÍA POR EDAD AVANZADA. AMERITA LA MISMA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE EL SALARIO. PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS APLICABLE A LAS PERSONAS MAYORES. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. LAS ADMINISTRADORAS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1875/2022. · Registro digital (IUS): 31789
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo II, Pág.1347.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1875/2022. 29 DE MARZO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El presente asunto tiene origen en el juicio oral mercantil en el que ********** ********** ********** ********** demandó de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la disposición indebida de los recursos depositados a su cuenta "Suma Pensiones". El Juez mercantil determinó absolver a la parte demandada porque estimó que había actuado conforme al contrato de una diversa cuenta de crédito. El actor promovió juicio de amparo directo en contra de esta sentencia, en el que alegó que la disposición de su fondo de retiro fue un acto no consentido y contrario a su derecho al salario y a una vida digna. El Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado, pues estimó que el acto no configuró una afectación a este derecho en términos del artículo 123 constitucional. En contra de esta determinación, el quejoso interpuso el recurso de revisión materia de estudio.

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SUMARIO

Mediante la vía oral mercantil, ********** ********** ********** ********** demandó de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la disposición indebida de los recursos depositados a su cuenta "Suma Pensiones". El Juez mercantil determinó absolver a la parte demandada porque estimó que había actuado conforme al contrato de una diversa cuenta de crédito. El actor promovió juicio de amparo directo en contra de esta sentencia, en el que alegó que la disposición de su fondo de retiro fue un acto no consentido y contrario a su derecho al salario y a una vida digna. El Tribunal Colegiado negó el amparo solicitado, pues estimó que el acto no configuró una afectación a este derecho en términos del artículo 123 constitucional. En contra de esta determinación, el quejoso interpuso el recurso de revisión materia de estudio.

CUESTIONARIO

A la luz del derecho humano a contar con un mínimo vital, ¿cuál es el contenido del derecho a la seguridad social y qué obligaciones impone a la actuación estatal? De acuerdo con el sistema de seguridad social y de ahorro para el retiro previstos en el ordenamiento jurídico, ¿cuáles son los derechos y garantías de los beneficiarios de una pensión por cesantía en edad avanzada? ¿Resulta acorde la interpretación del Tribunal Colegiado relativa a que la disposición bancaria de los recursos de una cuenta dedicada al pago de una pensión jubilatoria no configura una violación al derecho al salario contenido en el artículo 123 de la Constitución Federal?

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1875/2022, interpuesto por ********** ********** ********** ********** en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 624/2021, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el diecisiete de febrero de dos mil veintidós.

I. ANTECEDENTES(1)

1. Juicio oral mercantil ********/2021. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, ********** ********** ********** ********** demandó en la vía oral mercantil de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las siguientes prestaciones:

a) El pago de $********** (********** **/100 M.N.) más los intereses generados desde el trece de marzo de dos mil veinte a la fecha del cumplimiento.

b) El pago de daños y perjuicios ocasionados por la disposición indebida de la cantidad anterior.

c) El pago de los intereses correspondientes por los daños y perjuicios.

d) El pago de gastos y costas que se originen del juicio.

2. La demanda fue del conocimiento del Juez Tercero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que lo registró con el número **********/2021. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez dictó sentencia definitiva, en la que determinó:

• La procedencia de la vía oral mercantil intentada.

• Que la parte actora no acreditó la acción intentada y que la parte demandada justificó sus excepciones.

• Absolver a la parte demandada de todas las prestaciones reclamadas.

• No hacer especial condena por gastos y costas.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

3. Juicio de amparo directo. Inconforme con la sentencia anterior, ********** ********** ********** ********** promovió un juicio de amparo directo, mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. En contra de la autoridad y por el acto que se precisan a continuación:

Autoridad responsable:

• Juez Tercero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Acto reclamado:

• La sentencia definitiva del juicio oral mercantil **********/2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno y su ejecución.

4. Por razón de turno, la demanda fue del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que fue admitida a trámite mediante auto de presidencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, con el número 624/2021. En sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo solicitado.

5. Recurso de revisión. ********** ********** ********** ********** interpuso recurso de revisión en contra de la negativa de amparo, a través de escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

6. Recepción y trámite del recurso de revisión. En acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite el expediente con el registro de amparo directo en revisión 1875/2022. Solicitó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado y ordenó su turno a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la resolución del asunto. Asimismo, la presidenta de esta Primera Sala ordenó su avocamiento el dos de junio de dos mil veintidós.

III. PRESUPUESTOS PROCESALES

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión,(2) mismo que fue interpuesto de manera oportuna y por parte legitimada,(3) al haber sido presentado por la parte quejosa.

IV. ESTUDIO

8. Para estar en aptitud de determinar la procedencia y el posible estudio del asunto, es menester realizar un recuento de las cuestiones necesarias para resolver.

• En el concepto de violación primero, sostuvo que la sentencia careció de la debida fundamentación y motivación, pues el Juez responsable le otorgó un valor pleno al contrato de apertura de crédito como parte toral de la defensa, pues en las documentales no se precisa la fecha, el lugar ni los nombres de los contratantes, por lo que no permiten identificar quiénes son las partes que se obligan en dicho instrumento.

• De las documentales del contrato de apertura de crédito no se aprecia que hubiera dado su autorización para que la demandada dispusiera libremente de los recursos de otras cuentas abiertas a su nombre y menos de la cuenta abierta para recibir sus pagos de pensión por jubilación. De ahí que la falta de consentimiento como elemento esencial del contrato lo vuelve inexistente, por lo que el Juez no contaba con el instrumento idóneo para asegurar su voluntad de la disposición de sus recursos, lo que lo deja en estado de indefensión.

• Por otro lado, el quejoso señaló que la sentencia resultó incongruente con la litis planteada y con las constancias que obran en el expediente, pues determinó la procedencia del adeudo aludido por el banco demandado, sin que éste haya sido reclamado por vía de reconvención, cuando debía avocarse a la legalidad del contrato del que supuestamente emanó el consentimiento para la disposición de los recursos que le fueron depositados por cesantía en edad avanzada.

• En su segundo concepto de violación, el quejoso señaló que la sentencia vulnera su derecho humano al salario, tutelado por los artículos 5o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 10 y 11 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y en el 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Además, con la determinación alcanzada se omitió hacer una interpretación a la luz del principio pro persona y de los derechos fundamentales en cuestión, como en el Convenio 95 relativo a la Protección del Salario que señala que "no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional", disposición que concuerda con el artículo 5o. de la Constitución Federal que establece que "nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial" y el artículo 123, apartado B, fracción VI, que indica que "sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes", pues conllevarían un resultado distinto en la sentencia que se combate.

• Consideró que su carácter de pensionado lo coloca en una condición de vulnerabilidad frente a la sociedad, de acuerdo con las disposiciones y criterios aplicables al caso en particular, por lo que debe maximizarse la interpretación protectora de su derecho al salario, que a su vez impacta en el goce de otros derechos fundamentales, pues la disposición indebida de los recursos de su pensión jubilatoria altera también sus derechos a la alimentación, a la salud, a la vivienda y a una vida digna. De ahí que también solicitó la suplencia de la queja deficiente.

9. Sentencia de amparo. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró infundados los argumentos de la demanda de amparo y resolvió negar la protección constitucional solicitada, debido a las siguientes consideraciones:

a) Consideró infundados los argumentos relativos a la inexistencia del contrato de apertura de crédito por falta de expresión del consentimiento, ya que estimó que sí contaba con las firmas correspondientes y que el quejoso se había conformado con la leyenda "Declaro que la información proporcionada es correcta, considerando el Art. 112 de la Ley de Instituciones de Crédito que he leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones del contrato impreso, al reverso de esta solicitud."

b) Del contenido del contrato se desprende que el acuerdo de voluntades fue celebrado por una parte por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y por la otra, el solicitante ********** ********** ********** **********. Convalidó además la determinación del Juez mercantil acerca de que la fecha y el lugar de suscripción habían quedado concatenados con un estado de cuenta y que el actor nunca negó u objetó el contenido con relación a la tarjeta de crédito ni del adeudo originado, sólo respecto a la disposición de su pensión, por lo que ya no formaban parte de la controversia.

c) Respecto a que el Juez mercantil varió la litis por valorar la existencia del adeudo de la tarjeta de crédito, considera que la parte demandada lo opuso como excepción conforme con lo establecido en la cláusula 3a. del contrato de apertura de crédito, en la que se estableció lo siguiente: "... Banorte queda autorizado por ‘El Cliente’ a cargar en la cuenta(s) de cheques o de cualquier otro tipo que éste tenga contratada(s) con el primero, cualquiera de los conceptos indicados en el clausulado del presente contrato.", por lo que la sentencia reclamada sí es congruente con las prestaciones que se hicieron valer.

d) Por otro lado, el Tribunal Colegiado consideró infundado el concepto de violación relativo a la vulneración del derecho humano de protección al salario, y la omisión del Juez de realizar una interpretación pro persona en tutela de su derecho a este derecho y a sus percepciones como pensionado del ISSSTE, así como el consecuente impedimento de gozar de otras garantías básicas como alimentación, salud o vivienda digna. Lo anterior ya que no consideró que el acto reclamado soslayara la aplicación del principio pro persona, ni que la disposición del numerario resultara ilegal en términos de lo establecido por la fracción VI del apartado B, del artículo 123 constitucional ni del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el mismo quejoso afirmó que había recibido el primer pago de su pensión, por lo que no se había enajenado, cedido o gravado su derecho a recibir una pensión, ni fue embargada al no existir orden judicial firme, por lo que no podría existir nulidad al respecto.

e) En esta línea, el Tribunal Colegiado estableció que no existía una vulneración al derecho humano de protección al salario contenido en los artículos 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política y, 10 y 11 del Convenio número 95 relativo a la Protección del Salario de la Organización Internacional del Trabajo, ni resulta contrario al artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Señaló que el primero de estos artículos dispone que sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes; mientras que el 51 de la Ley del ISSSTE establece que es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones, así como que las pensiones devengadas o futuras son inembargables, pero en el caso particular no se actualizaba ninguno de estos supuestos.

f) Estimó así, porque no existía controversia respecto a que el quejoso, mediante la suscripción de un acuerdo de adhesión denominado "Suma Pensiones" autorizó la apertura de una cuenta de depósito bancario para que por ese medio se pagara su pensión y otras prestaciones y que el banco demandado dispuso parte del numerario depositado por el adeudo que existía en su tarjeta de crédito; lo cierto es que esto aconteció derivado de lo pactado por las partes en la cláusula tercera del contrato de apertura de crédito, en la que se autorizó cargar en la cuenta de cheques o de otro tipo que tuviera contratada con esa institución bancaria cualquiera de los conceptos indicados en dicho contrato, por lo que no se trata de una enajenación, cesión, gravamen o embargo de la pensión del actor.

g) Sin que asista razón al quejoso en el sentido de que con la disposición del dinero proveniente de su pensión se afecta la posibilidad de disfrutar sus bienes, así como su derecho a la alimentación, vivienda digna o salud, ya que la medida adoptada por el banco derivó de lo pactado por las partes, aunado a que no se restringió el mínimo vital ni se impidió el disfrute de su haber jubilatorio, pues después de la disposición realizada por el banco le quedó un remanente de $14,109.87 (catorce mil ciento nueve pesos 87/100 M.N.), por lo que su pensión no le fue retirada en su totalidad y él mismo adujo que se trataba del primer pago, por lo que los depósitos continuarán.

h) Finalmente, señaló que no resultaban aplicables los criterios relativos al principio pro persona ni tesis relativas a la inembargabilidad de la pensión jubilatoria y del salario, puesto que en el asunto particular no se llevó a cabo ningún embargo sobre la pensión del quejoso; así como tampoco resultaba procedente la suplencia de la queja.

10. Recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, el recurrente expresa esencialmente los agravios siguientes:

a. Le agravia la decisión del Tribunal Colegiado en la que interpretó que con la disposición de los recursos depositados en su cuenta no se enajenó, cedió o gravó el derecho a recibir una pensión o que tampoco existió un embargo, toda vez que no existe una orden judicial que pueda ser anulada. Máxime que en la sentencia no se precisó cuál precepto legal facultó al banco para disponer de los recursos provenientes de su pensión por cesantía en edad avanzada.

b. El análisis de la sentencia fue desacertado respecto del artículo 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política, pues éste establece que "sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes" y al respecto, el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prevé que las pensiones sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos con el instituto. De esta forma, el recurrente estima que la interpretación realizada por el Juez de amparo es errónea y que no justifica de manera alguna la posibilidad de que un particular pueda disponer de los recursos provenientes de la pensión en situaciones distintas a las establecidas en la ley secundaria, en contravención de lo dispuesto en el citado artículo 123 constitucional.

c. Por esta razón, aduce que no existe una razón para considerar que la disposición de los recursos de su pensión fuera apegada a derecho, pues incluso en el supuesto establecido por la ley de ministrar alimentos debe ser ordenado previamente por una orden judicial, lo que es contrario a la supuesta legalidad de la disposición del numerario que concluyó el Juez; lo que además, considera por encima el derecho de la persona moral por una supuesta autorización contenida en un contrato de apertura de crédito.

d. Además, le agravia la determinación porque con la disposición del numerario sí se afectan sus derechos al disfrute de sus bienes, a la alimentación o salud, ya que no podría recuperarse económicamente de la cantidad sustraída ni le será depositado un monto semejante de manera quincenal, pues de acuerdo con el artículo 7 del reglamento correspondiente, el monto máximo de las pensiones no podrá exceder de diez veces el salario mínimo.

e. Finalmente, el recurrente sostiene que en la sentencia omitió pronunciarse respecto de las causas por las que no aplicó ciertos criterios jurisprudenciales ni respecto de la obligatoriedad de analizar el caso particular desde la perspectiva del principio pro persona, obligación que quedó evidenciada desde la demanda de amparo en razón de que el derecho a la protección al salario se encuentra tutelado por la Constitución Política en el artículo 123, apartado B, fracción VI, y los numerales 10 y 11 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.

Hasta aquí las cuestiones necesarias para resolver.

11. Procedencia. De conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando en la sentencia recurrida se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, se establece la interpretación directa de un precepto de la Ley Fundamental o de algún derecho humano de fuente constitucional o internacional, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo. Además, es necesario que el problema de constitucionalidad entrañe fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. 12. Estos requisitos de procedencia han sido interpretados y clarificados en numerosas tesis de jurisprudencia y aisladas de esta Suprema Corte y desarrollados normativamente por el Acuerdo General Plenario Número 9/2015.(4) Conforme a dicho instrumento normativo, se entiende que un asunto entraña fijar un criterio de importancia y trascendencia en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de fijar un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,

b) Cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

13. Finalmente, es importante destacar que el análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de este Tribunal Constitucional, de tal modo que su admisión a trámite no implica la procedencia definitiva del recurso.(5)

14. Esta Primera Sala estima que subsiste una cuestión propiamente constitucional, dado que la parte quejosa impugnó la decisión del Juez natural respecto a la legalidad del consentimiento del contrato de apertura de crédito y la inconstitucionalidad de la determinación, pues la cláusula suscrita vulnera su derecho humano al salario contenido en los artículos 5 y 123 de la Constitución Política y en los diversos 10 y 11 del Convenio Número 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido de que no podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos salvo en los casos previstos en las leyes, en la que se omitió realizar una interpretación pro persona.

15. En su sentencia de amparo, el Tribunal Colegiado estimó que el contrato había sido celebrado conforme a derecho y que la sentencia mercantil resultaba congruente con las prestaciones hechas valer. Por otro lado, consideró infundado que existiera una violación al derecho de protección al salario contenido en los artículos 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política y, 10 y 11 del Convenio Número 95 relativo a la Protección del Salario de la OIT ni una omisión de resolver conforme al principio pro persona, pues la disposición del dinero de la cuenta no fue contrario a los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que no había mediado una orden judicial firme que decretara el embargo de la pensión jubilatoria.

16. El Tribunal Colegiado consideró que el quejoso había autorizado la apertura de una cuenta de depósito bancario para el pago de su pensión, mediante la suscripción de un contrato de adhesión denominado "Suma Pensiones", y que el banco demandado había actuado conforme a lo pactado en el diverso contrato de apertura de crédito –en el que el cuentahabiente autorizaba cargar débitos en cualquier cuenta contratada con la institución bancaria–, por lo que no se trataba de una enajenación, cesión, gravamen o embargo de su pensión.

17. En este sentido, el Tribunal Colegiado consideró que la disposición del dinero realizada por el banco demandado no resultaba en ninguno de los supuestos protegidos por el derecho humano al salario y a la inembargabilidad de la pensión contenidos en los artículo 123 constitucional y 10 del Convenio relativo a la Protección del Salario de la OIT, y que este acto tampoco vulneraba su derecho a la alimentación, vivienda digna o salud, pues había sido realizado conforme a una cláusula contractual.

18. Además, estimó que este acto de disposición tampoco configuraba una restricción al derecho al mínimo vital ni impedía el disfrute del haber jubilatorio del quejoso, porque después del retiro realizado aún quedaba un remanente en la cuenta y que también los depósitos por concepto de pensión iban a continuar. Dadas estas consideraciones, concluyó que no era aplicable el contenido de las tesis relativas a la inembargabilidad de la pensión y el del salario, ni procedía la suplencia de la queja, por lo que determinó negar el amparo solicitado.

19. En contra de la determinación anterior, el recurrente aduce que la interpretación de la sentencia –sobre que la disposición de sus recursos no constituyó un embargo, enajenación o gravamen de su pensión jubilatoria en términos del artículo 123 constitucional– resulta contraria a su derecho al salario, pues el precepto constitucional establece que sólo podrá ser afectado conforme lo dispongan las leyes y el Tribunal Colegiado omitió especificar conforme a qué leyes se permitía la retención, por lo que la conclusión de la sentencia es injustificada y afecta su derecho al disfrute de sus bienes, alimentación y salud.

20. Asimismo, el recurso es de importancia y trascendencia porque permite la determinación de un criterio novedoso relativo a la constitucionalidad de cláusulas contenidas en contratos de adhesión de las entidades financieras en relación con el derecho al salario y al mínimo vital contenidos en el artículo 123 constitucional, y en aras de cumplir con la obligación de brindar un recurso efectivo.

21. Problemática jurídica a resolver.(6) Esta Primera Sala estima que el problema constitucional para resolver radica en la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado acerca de que el consentimiento del deudor en un contrato de adhesión de apertura de crédito resulta válido para afectar su patrimonio, incluido un futuro haber jubilatorio y que este acto no está protegido por el derecho al salario. Esta problemática será analizada en función de las siguientes preguntas:

• A la luz del derecho humano a contar con un mínimo vital, ¿cuál es el contenido del derecho a la seguridad social y qué obligaciones impone a la actuación estatal?

• De acuerdo con el sistema de seguridad social y de ahorro para el retiro previstos en el ordenamiento jurídico, ¿cuáles son los derechos y garantías de los beneficiarios de una pensión por cesantía en edad avanzada?

• ¿Resulta acorde la interpretación del Tribunal Colegiado relativa a que la disposición bancaria de los recursos de una cuenta dedicada al pago de una pensión jubilatoria no configura una violación al derecho al salario contenido en el artículo 123 de la Constitución Federal?

22. Primeramente, este análisis parte de la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia en la que ha reconocido el derecho a contar con un mínimo vital como un parámetro de condiciones básicas y prestaciones sociales imprescindibles para evitar que las personas se vean afectadas en su dignidad por no contar con las condiciones materiales mínimas(7) para un nivel de vida adecuado.

23. En este sentido, es necesario resaltar que el Tribunal Pleno ha establecido que este derecho debe trascender de las materias tributaria o laboral, pues requiere de medidas estatales positivas y negativas, pues el derecho a una vida digna no se limita a la supervivencia económica sino a la existencia libre que permita el desarrollo de la persona y su participación en la organización política, económica, cultural y social del país,(8) por lo que el respeto al mínimo vital debe permear el estudio de cualquier medida o disposición que tenga un impacto en la capacidad de procuración de recursos de las personas.

24. Asimismo, la reciente incorporación al ordenamiento jurídico de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores(9) ha establecido un parámetro específico de derechos para este grupo y de las obligaciones públicas correlativas para su satisfacción. Este instrumento contiene los principios que deben regir la actuación estatal en las cuestiones que afecten los intereses de las personas mayores, entre los que aquí se destacan como punto de partida del correspondiente parámetro de constitucionalidad:

"Artículo 1.

"El objeto de la convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

"...

"Los Estados Parte sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos."

"Artículo 4.

"...

"c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

"d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. ..."

25. Resulta entonces pertinente el estudio de la primera cuestión:

A la luz del derecho humano a contar con un mínimo vital, ¿cuál es el contenido del derecho a la seguridad social y qué obligaciones impone a la actuación estatal?

26. El derecho a un mínimo vital está comprendido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues busca respetar la dignidad humana a través de proteger los medios básicos para su subsistencia y garantizar una igualdad sustantiva entre los individuos, pues sólo aquellos con sus necesidades mínimas satisfechas cuentan con la libertad para desarrollar su plan de vida y para participar en una sociedad democrática.

27. El Tribunal Pleno señaló que el derecho al mínimo vital trasciende a las materias laboral y fiscal, pues

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31789-49bad500/administradoras-de-fondos-de-ahorro-para-el-retiro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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