COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDOS CONTRA LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN DE UN ASEGURADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS PERSONALES CONTRATADOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, OCTAVO Y VIGÉSIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO ITURBE RIVAS, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTES: MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: ROSA GONZÁLEZ VALDÉS. SECRETARIO: OMAR SÁNCHEZ GAVITO GODOY.
Ciudad de México. Resolución del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de catorce de junio de dos mil veintidós.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis PC01.I.A.18/2021.C, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Octavo y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Por oficio de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Octavo y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 5/2021, 8/2021 y 16/2020, respectivamente.
SEGUNDO.—Trámite. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; la cual quedó registrada con el número de expediente PC01.I.A.18/2021.C.
Asimismo, solicitó a la presidencia de los Tribunales Primero, Octavo y Vigésimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión del archivo digital que contuviere las ejecutorias dictadas en los asuntos que dieron origen a los criterios contendientes para la debida integración del expediente; de igual forma, les requirió que informaran si el criterio que sustentaron continuaba vigente o, en su caso, que comunicaran la causa para tenerlo por abandonado.
Por acuerdos de cinco y seis de julio de dos mil veintiuno, los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados Primero y Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenaron remitir a la presidencia del Pleno en la materia y jurisdicción citadas, la versión digitalizada de las ejecutorias dictadas en los conflictos competenciales 5/2021 y 8/2021, de sus respectivos índices, e informaron que los criterios ahí sustentados se encontraban vigentes.
Por oficio DGCCST/X/256/08/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó al Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito que a través del diverso SGA/GVP/355/2021, de cinco del propio mes y año, la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal informó que de la revisión a su base de datos, advirtió que no se encuentra radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guarde relación con: "DETERMINAR A QUÉ JUEZ CORRESPONDE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN DE UN JUBILADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS PERSONALES CONTRATADOS CON DIVERSAS INSTITUCIONES FINANCIERAS."
Por otra parte, mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó remitir a la presidencia del Pleno en las materia y jurisdicción citadas, la versión digitalizada de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 16/2020, de su índice, e informó que el criterio ahí sustentado se encuentra vigente.
TERCERO.—Turno. Por auto de cinco de abril de dos mil veintidós, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Quárter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada; y, 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó el expediente virtual a la Magistrada Rosa González Valdés, integrante del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones, y con la circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (que determina, en lo que interesa, que los Plenos de Circuito continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta tanto entren en funciones los Plenos Regionales), al haberse planteado una probable contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito Judicial.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, (sic) fracción III,(2) de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.—Objeto de la denuncia. Para identificar claramente cuál es la materia o punto específico de la contradicción denunciada en este asunto, y con base en ello evaluar su existencia, se estima conveniente transcribir la parte conducente de la denuncia respectiva:
"El punto sobre el cual versa la contradicción de criterios consiste en dilucidar cuál Juzgado de Distrito es competente por materia (laboral o administrativa) para conocer de una demanda de amparo indirecto en la que se reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social la autorización de descuentos personales que contrataron los quejosos con diversas instituciones financieras ..."
CUARTO.—Criterios contendientes. Previo a determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es conveniente citar los elementos fácticos y jurídicos que dieron lugar a las decisiones que son materia de la denuncia.
I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCA 5/2021:
********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguiente:
"AUTORIDAD RESPONSABLE:
"Instituto Mexicano del Seguro Social.
"ACTO RECLAMADO:
"La autorización y descuento a mi nómina de cantidades ilegales, por superar el porcentaje legal, así como la autorización y descuento de sumas superiores a mi capacidad de crédito; conductas efectuadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el pago de créditos personales contraídos por el suscrito con el tercero interesado."
De la demanda en cita correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró con el expediente 1123/2020, y mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto por razón de materia y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Materia Civil en turno, en la Ciudad de México.
El Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México registró la demanda con el expediente 690/2020, y mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno rechazó la competencia declinada.
Ante ello, mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México insistió en declinar la competencia y remitió los autos para la resolución del conflicto competencial suscitado, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo admitió y registró con el expediente CCA 5/2021.
Seguido el trámite correspondiente, en sesión de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el citado órgano colegiado emitió resolución en los siguientes términos:
"SEGUNDO.—Con el propósito de resolver qué órgano debe conocer de la demanda de amparo, es conveniente tener presente el contenido de la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, que establece:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.’
"De acuerdo con el criterio transcrito, tratándose de un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender a la naturaleza de la acción, sin que se tome en cuenta la relación jurídica que vincule a las partes en conflicto, pues ese aspecto es propio del análisis que se realice en la sentencia por el juzgador.
"De ahí que para determinar la materia a que corresponde el acto reclamado se debe examinar únicamente su naturaleza, para lo cual se pueden tomar en cuenta las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoye la pretensión del demandante.
"Como se informó, el quejoso reclama la autorización y descuento, vía nómina, a su pensión por jubilación de cantidades superiores al porcentaje legal (30 %) y a su capacidad de pago, para cubrir préstamos que contrajo con las empresas financieras previamente citadas.
"El artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social establece, en lo que importa destacar, que los pensionados podrán optar por solicitar préstamos con cualquiera de las entidades financieras a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros que tengan celebrado un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social debiendo otorgar su consentimiento expreso para que dicho instituto le descuente de su pensión los importes relativos al pago del préstamo y los entregue a la entidad financiera.
"Asimismo, dispone que el organismo descentralizado únicamente podrá celebrar los convenios cuando se estipule que el descuento mensual derivado de una o más transacciones, considerando otros descuentos que en términos de las disposiciones jurídicas resulten procedentes, en ningún caso excederá del treinta por ciento del monto de la pensión mensual, ni implique que su cuantía se reduzca a una cantidad inferior a la pensión garantizada establecida en la ley, y que el plazo para el pago del préstamo no exceda de sesenta meses.
"Como se advierte, el derecho de obtener un préstamo con cargo a la pensión es una de las prerrogativas que tienen las personas que, al haber estado inscritas y haber cotizado al régimen obligatorio del seguro social, accedieron a las prestaciones que corren a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Respecto de la naturaleza de tales prerrogativas el Alto Tribunal ha establecido que, derivado de que éstas se otorgan en función de una relación laboral, todo trámite administrativo que apunte a preservarlas quedará inmerso en el derecho del trabajo, por lo que en caso de que los trabajadores o beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación previamente otorgada, serán competentes para conocer del juicio de amparo y de los recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
"El criterio en comento se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 657, que establece:
"‘SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458 con el rubro: «SEGURO SOCIAL LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.» sostuvo que al tener las cuotas de seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.’
"La propia Segunda Sala ha establecido que cuando los beneficiarios de una pensión de viudez u orfandad a cargo del citado organismo descentralizado pretendan combatir la resolución que la suspende o modifica, pueden interponer el recurso de inconformidad, o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero si estiman que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de respetar el principio de definitividad, y promueven juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo.
"Dichas consideraciones se encuentran reflejadas en la tesis aislada 2a. XVII/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 707, de rubro y texto siguientes:
"‘PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. Cuando los beneficiarios de un trabajador pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión por viudez u orfandad previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social, o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el artículo 295 del mismo ordenamiento. Ahora bien, si por estimar que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de agotar el principio de definitividad, el afectado por la modificación de esos beneficios, realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve el juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los beneficiarios de un trabajador asegurado, por riesgo de trabajo, invalidez o muerte.’
"Si en los criterios transcritos el Alto Tribunal ha sostenido que, cuando los trabajadores o sus beneficiarios impugnen actos relacionados con la extinción o modificación de las prestaciones que derivan del régimen obligatorio del seguro social, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las controversias son los especializados en materia de trabajo, por mayoría de razón también lo son para resolver los conflictos que surjan del otorgamiento y pago de una pensión relacionada con los seguros que integran ese régimen. "Así se sostiene porque, si bien no se refieren al caso específico en que un pensionado se inconforma con un acto relacionado con el correcto pago de la pensión, resultan orientadores para establecer que éste es de índole laboral, al estar relacionado con las prestaciones que la Ley del Seguro Social le otorga al asegurado que queda privado de trabajos remunerados, entre las que se encuentra el derecho de solicitar préstamos con cargo a dicho beneficio de seguridad social.
"Lo anterior se robustece con lo dispuesto por el artículo 295 de la legislación en cita, que establece la procedencia de esa vía cuando se susciten controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, en los siguientes términos:
"‘Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa.’
"Por tanto, como la litis en el juicio de amparo consistirá en determinar si al efectuar los descuentos a la pensión del quejoso por los préstamos personales que contrató con diversas instituciones financieras, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha observado lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, es evidente que corresponde conocer de la controversia a un Juez de Distrito especializado en materia laboral.
"En mérito de las relatadas consideraciones y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, lo procedente es fincar la competencia para conocer del juicio constitucional al Juez de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, en turno, por lo que se ordena la remisión de los autos a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito (sic) dicha materia y circunscripción para los conducentes efectos.
"Sin que sea obstáculo a la decisión alcanzada que el juzgador en quien se finca competencia no haya intervenido en la contienda competencial, pues lo que define ese aspecto no es la apreciación que los juzgadores participantes hayan tenido sobre la naturaleza del acto reclamado, sino de lo que las normas que lo rigen dispongan al respecto.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia a J. (sic) 61/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 113, que establece:
"‘COMPETENCIA, ATRIBUCIÓN PROCEDENTE DE LA. A UN JUEZ NO CONTENDIENTE. Resulta irrelevante el hecho de que el juzgador en favor de quien se define la competencia no haya intervenido en la contienda competencial, toda vez que el tribunal de competencia no puede encontrarse limitado a los términos de un falso planteamiento competencial y mucho menos a decidir una competencia en favor de alguno de los dos Jueces que teniendo el carácter de contendientes, carecen de ella de acuerdo con las normas que rigen la materia. Adoptar diferente criterio llevaría a absurdos tales como que existiendo un conflicto competencial entre dos juzgadores de determinado fuero, tuviera que decidirse cuál de los dos resulta «competente», aun cuando del análisis del asunto se desprendiera que su conocimiento corresponde a un juzgador de un fuero diferente.’."
II. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial CCA 8/2021:
********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguiente:
"III. La autoridad o autoridades señaladas como responsables: Instituto Mexicano del Seguro Social.
"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: a) Los actos administrativos emitidos y ejecutados por la autoridad responsable, consistentes en la autorización de descuentos vía nómina con cargo a mi pensión, a través de los cuales el Instituto Mexicano del Seguro Social autorizó el pago de créditos personales contraídos por el suscrito con los terceros interesados, por cantidades superiores a mi capacidad de crédito, acto que hasta la actualidad me causa perjuicios de forma mensual.—b) Los actos administrativos emitidos y ejecutados por la autoridad responsable, relativos a los descuentos vía nómina con cargo a mi pensión, que cada mes retiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales superan el porcentaje legal de treinta por ciento del excedente del salario mínimo, para el pago de los créditos personales contraídos por el suscrito con los terceros interesados."
De la demanda en cita correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registró con el expediente 164/2021, y mediante auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto por razón de materia, y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en turno.
El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México registró la demanda con el expediente 252/2021, y mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno rechazó la competencia declinada.
Ante ello, mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México insistió en declinar la competencia y remitió los autos para la resolución del conflicto competencial suscitado, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo admitió y registró con el expediente CCA 8/2021.
Seguido el trámite correspondiente, en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el citado órgano colegiado emitió resolución en los siguientes términos:
"CUARTO.— ...
"Ahora bien, para resolver cuál Juzgado de Distrito debe conocer de la demanda de amparo por razón de la materia, es conveniente destacar el contenido de la jurisprudencia P./J. 83/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, que establece:
"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.’
"De acuerdo con el criterio transcrito, tratándose de un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender a la naturaleza de la acción, sin que se tome en cuenta la relación jurídica que vincule a las partes en conflicto, pues ese aspecto es propio del análisis que se realice en la sentencia por el juzgador.
"De ahí que para determinar la materia a que corresponde el acto reclamado se debe examinar únicamente su naturaleza, para lo cual se pueden tomar en cuenta las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoye la pretensión del demandante.
"Como se informó, el quejoso reclama la autorización y descuento, vía nómina, a su pensión por jubilación de cantidades superiores al porcentaje legal (30 %) y a su capacidad de pago, para cubrir préstamos que contrajo con las empresas financieras previamente citadas.
"Al respecto, el artículo vigésimo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social establece que los pensionados podrán optar por solicitar préstamos con cualquiera de las entidades financieras a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que tengan celebrado un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, debiendo otorgar su consentimiento expreso para que dicho instituto le descuente de su pensión los importes relativos al pago del préstamo y los entregue a la entidad financiera.
"Asimismo, dispone que el organismo descentralizado únicamente podrá celebrar los convenios cuando se estipule que el descuento mensual derivado de una o más transacciones, considerando otros descuentos que en términos de las disposiciones jurídicas resulten procedentes, en ningún caso excederá del treinta por ciento del monto de la pensión mensual, ni implique que su cuantía se reduzca a una cantidad in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30930-3efdb7f6/competencia-por-materia-para-conocer-de-los-juicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS DESCUENTOS QUE REALIZA A LAS PENSIONES CON MOTIVO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS, NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). LOS DESCUENTOS CON MOTIVO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS ESTÁN CUBIERTOS POR LAS NORMAS PRO (VII.2o.T.42 L (11a.))
- COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDOS CONTRA LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN DE UN ASEGURADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S (PC.I.A. J/15 A (11a.))
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS DESCUENTOS QUE REALIZA A LAS PENSIONES CON MOTIVO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS, NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA (2a./J. 77/2023 (11a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN PENSIONADO CONTRA EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES Y LA NEGATIVA A CONCEDERLE UNA PRÓRROGA PARA EL PAGO DE UN (III.7o.A.27 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis