RECONVENCIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ORAL. EL ARTÍCULO 1390 TER 3 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE LA RESTRINGE NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4828/2023. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una institución bancaria promovió juicio ejecutivo mercantil oral en el que demandó de una sociedad mercantil y dos personas físicas, el pago de diversas cantidades por concepto de suerte principal, intereses ordinarios y moratorios con motivo del incumplimiento al contrato de apertura de crédito simple que celebraron.
Uno de los codemandados contestó la demanda, opuso sus excepciones y formuló reconvención en contra de la parte actora, la cual no fue admitida por el titular del juzgado de origen con fundamento en el artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio.
Seguido el juicio en sus trámites, el titular del juzgado de origen dictó sentencia en la que únicamente condenó a la persona física que contestó la demanda (porque la actora desistió de las demás) a pagar, en esencia, la suerte principal e intereses generados.
Inconforme, el demandado promovió juicio de amparo donde alegó que el numeral 1390 Ter 3 del Código de Comercio es inconstitucional por disponer que la reconvención es improcedente en los juicios ejecutivos mercantiles orales; el tribunal colegiado de circuito del conocimiento negó la protección constitucional solicitada.
Contra esa resolución el quejoso interpuso recurso de revisión, donde insistió que la norma es inconstitucional, aunado a que el tribunal colegiado hizo una interpretación inexacta del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4828/2023 interpuesto contra la resolución dictada en sesión ordinaria virtual celebrada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el juicio de amparo directo D.C. **********.
El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el recurso de revisión es procedente y, en su caso, si el artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio es inconstitucional porque vulnera el derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Juicio de origen. El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil oral a **********, ********** y **********, en esencia, el pago de diversas cantidades a título de suerte principal, intereses ordinarios vencidos y no pagados, así como los diferidos y réditos moratorios derivados del incumplimiento al contrato de apertura de crédito simple que celebraron el nueve de septiembre de dos mil veinte.
2. De la demanda conoció el Juez Séptimo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós se admitió a trámite en el expediente ********** y ordenó emplazar a los demandados.
3. A través del escrito presentado el veintinueve de noviembre del mismo año, el demandado ********** contestó la demanda, objetó documentos, opuso sus excepciones y defensas y formuló reconvención en la que demandó a la institución bancaria actora, en esencia, las siguientes prestaciones: la nulidad de las cláusulas PRIMERA, QUINTA y SEXTA particularmente por la comisión por apertura del dos punto cinco por ciento más el impuesto al valor agregado calculada sobre el importe del crédito, así como los intereses ordinarios y moratorios estipulados.
4. En auto de once de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la actora desistiendo de la demanda hecha valer en contra de ********** y de **********, por lo que se continuó el procedimiento únicamente en contra de **********.
5. En la misma fecha, el Juzgado del conocimiento acordó no admitir la reconvención planteada por **********, determinación que fundó en el artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio.
6. Sentencia. Seguido el juicio en sus trámites, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés la titular del órgano jurisdiccional indicado dictó sentencia en la que condenó al demandado **********.(1)
7. Juicio de amparo directo **********. Contra la sentencia indicada ********** promovió juicio de amparo directo, cuyo examen revela que hizo valer a título de conceptos de violación, en esencia, los argumentos siguientes:
• En primer término, destacó que en la demanda de amparo hubo varias violaciones a las leyes del procedimiento que afectaron sus defensas y que trascendieron al resultado del fallo particularmente por la indebida inadmisión de la reconvención. Lo anterior, porque con la reconvención se buscaba la declaración de nulidad de varias de las prestaciones reclamadas por la parte actora, lo que incidió en el monto de las condenas en la resolución definitiva.
En ese sentido, manifestó que el cuerpo colegiado debió calificar que el artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio era inconstitucional al excluir tal figura jurídica bajo la consideración que aquella no era incompatible con los fines del juicio ejecutivo mercantil oral y tal admisión no retrasaría el procedimiento.
Primero.
• La sentencia reclamada viola los artículos 1°, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos particularmente respecto del derecho humano de acceso a la justicia, por la aplicación del numeral 1390 Ter 3 del Código de Comercio, pues la autoridad responsable no admitió a trámite la reconvención planteada dada la naturaleza de la acción ejercitada, además la considera incompatible con el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
• Cuestionó la constitucionalidad de dicho artículo porque no contempla la reconvención como parte del juicio ejecutivo mercantil oral, lo cual le afecta y trasciende al fallo porque la finalidad de ésta fue la declaración de nulidad de diversas prestaciones reclamadas por la parte actora y en consecuencia, la disminución de las cantidades demandadas.
• Consideró que la reconvención no retrasa el procedimiento ni se contrapone con la naturaleza o a los fines del juicio ejecutivo mercantil oral, sino que sólo se determinaría el monto justo de lo reclamado y que tal violación procesal trascendió al fallo pues se impidió nulificar las cláusulas que establecieron intereses ordinarios y moratorios usurarios.
• La autoridad responsable declaró que la tasa pactada para los intereses ordinarios era usuraria y estableció una tasa distinta para calcularlos, por lo que tomó en cuenta una media de las tasas para las instituciones bancarias, en lugar de atender lo regulado por el numeral 363 del Código de Comercio, el cual contiene una fórmula para resolver la problemática que se presenta, es decir, que en lugar de la tasa de interés que resultó de aquellas utilizadas por los bancos debió establecer que el interés para los deudores que se demoren en el pago de sus deudas debía ser del seis por ciento anual.
• Además, el Tribunal Colegiado transgredió el artículo 16 constitucional al no fundar ni motivar por qué utilizó dicha tasa como parámetro, pues al ser un indicador económico que el Banco de México establece para las tarjetas de crédito no pudo servir de base para reducir los intereses usurarios.
• Por tales motivos, insiste en la inconstitucionalidad del artículo impugnado, pues reitera que al no admitir la reconvención planteada en ese tipo de juicios se impide el acceso a la justicia a un recurso efectivo, ya que con dicha actuación se pretendía nulificar las cláusulas señaladas para que se disminuyera el monto de las prestaciones pedidas, lo cual tampoco transgredía la naturaleza del juicio pues tales prestaciones se resolverían en la misma sentencia de la acción principal.
8. Del juicio de amparo referido conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, su presidente lo admitió a trámite con el número de expediente D.C. **********, y, previos trámites de ley, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés negó el amparo solicitado al considerar, en esencia, lo siguiente:
• El Tribunal Colegiado calificó de infundados los conceptos de violación formulados para combatir el artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio, aplicado en la violación procesal consistente en el desechamiento de plano de la reconvención que planteó el impetrante, al estimar que el precepto impugnado no es violatorio de los artículos 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni del 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• El órgano colegiado explicó el marco normativo de los derechos de acceso a la justicia y de acceso a la tutela judicial efectiva, los cuales permiten al gobernado acudir a órganos jurisdiccionales a solicitar que se le administre justicia y se dé contestación a cada uno de los argumentos planteados en la promoción de que se trate, no solo a que se sigan los procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, que el derecho fundamental de acceso e impartición de justicia y su garantía consiste en un complejo entramado que contempla varias obligaciones impuestas al Estado Mexicano y, a su vez, diversos derechos a favor de los gobernados, exigibles a través de la garantía otorgada constitucionalmente.
• Señaló algunas conclusiones de tales prerrogativas, a saber: garantizan el disfrute de derechos relacionados con la impartición de la justicia; el acceso efectivo a la administración de justicia se actualiza cuando se obtiene una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales deben encontrarse justificados constitucionalmente para generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda.
• Ahora, los plazos y los términos se dejan en manos del legislador quien puede limitar esa prerrogativa fundamental, siempre y cuando no establezca obstáculos o presupuestos procesales que no encuentren justificación constitucional.
• Como todos los derechos el acceso efectivo a la justicia no es absoluto por lo que se puede limitar de forma justificada con base en diversos principios y derechos garantizados en la Constitución Federal de la República, atendiendo, a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto constitucional en el que ésta se da.
• Por tales motivos con base en algunos principios constitucionales como el de seguridad jurídica, significa que las partes que acudan a un proceso conozcan los presupuestos procesales o condiciones previstos que se justifiquen constitucionalmente.
• Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,(2) estableció que, por razones de seguridad jurídica, así como para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos de carácter judicial o de cualquiera otra índole.
• De esa forma, los parámetros constitucionales y convencionales analizados permiten al legislador imponer requisitos para el ejercicio de cualquier acción, siempre y cuando éste sea razonable.
• El tribunal colegiado consideró que el artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio que contempla que la reconvención es incompatible con el juicio accionado, no dejó sin defensa a la parte demandada, sino que le dio intervención en una acción que se ejerce a través de una vía privilegiada con base en un título ejecutivo que es prueba preconstituida de un adeudo cierto, líquido y exigible, debiendo favorecerse la pronta resolución del asunto.
• Tal exclusión que contempla el artículo combatido no la imposibilita para hacer valer sus derechos y excepcionarse contra la acción ejercida y contra el título ejecutivo base de la pretensión, pudiendo obtener sentencia favorable.
• La medida legislativa encuentra su justificación y razonabilidad en atención al margen de configuración que tiene el legislador para delimitar los presupuestos procesales, sin que se advierta que pudiera existir alguna medida alternativa que sea igualmente idónea y resulte menos lesiva del derecho fundamental de acceso a la justicia.
• Lo anterior, no conlleva un grado de arbitrariedad, ni implica una violación al derecho de defensa del demandado, ni de la igualdad procesal que debe regir para las partes contendientes, pues la voluntad del legislador fue que no procediera la reconvención en ese tipo de procedimientos; voluntad que es congruente con su naturaleza propia, que tiene por objeto llevar a cabo el cobro de créditos ciertos, líquidos y exigibles, los cuales constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, probanza plena.
• La naturaleza de estos procedimientos tiene el objeto de llevar a cabo derechos reconocidos por actos o en títulos de tal fuerza, que constituyen una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado.
• Considerar lo contario implicaría desvirtuar la naturaleza privilegiada de esa vía, orientada exclusivamente a ejecutar un adeudo líquido, cierto y exigible.
• Por otra parte, calificó de infundados los conceptos de violación relacionados con la tasa utilizada como parámetro para calcular los intereses ordinarios y moratorios y concluyó que el juez responsable aplicó el control de convencionalidad en relación con los réditos reclamados en el procedimiento de origen y determinó que los mismos eran usurarios.
• Afirmó que la tasa que se utilizó para disminuir los intereses considerados usurarios, fue correcta pues este Alto Tribunal ha determinado que para corregir tal situación puede emplear como referente un costo anual total (CAT), como lo es la tasa de interés efectiva promedio ponderada (TEPP), para clientes no totaleros, publicada por el Banco de México la cual, a criterio de dicho Tribunal, es la más idónea, pues el documento base de la acción natural se trata de un contrato de crédito simple en moneda nacional.
• Consideró que aunque el juez si redujo los intereses ordinarios y moratorios, no tenía la obligación de aplicar e interés legal previsto en el artículo 362, primer párrafo, del Código de Comercio, pues sólo en el caso de que las partes no hayan estipulado importe de intereses se estará al tipo legal.
9. Recurso de revisión 4828/2023. Inconforme con esa sentencia, **********,(3) interpuso recurso de revisión a través del cual hizo valer como agravios, en esencia, los argumentos siguientes:
A. Señala que el considerando quinto de la sentencia impugnada le causa agravio al establecer que el numeral 1390 Ter 3 del Código de Comercio es constitucional y al realizar una interpretación directa al artículo 17 de nuestra Carta Magna.
B. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos, al considerar que el artículo impugnado superó el test de proporcionalidad.
C. Dicho órgano jurisdiccional omitió fundar y motivar por qué la jurisprudencia citada 1ª./J. 27/98(4) es aplicable al caso en estudio.
D. Discrepa de los razonamientos sostenidos en la resolución que se combate pues considera que la medida legislativa impuesta es excesiva y arbitraria, porque la diferencia entre un juicio ejecutivo mercantil oral y uno ordinario mercantil, es que en los primeros la ejecución se lleva a cabo antes de iniciar el procedimiento, pues ambos tienen las siguientes etapas, fijación de la litis, el emplazamiento a juicio del demandado y la contestación a la demanda, admisión, desahogo de pruebas y el dictado de la sentencia.
E. Por lo tanto, la naturaleza privada de la vía ejecutiva se la da el documento base de la acción al calificarse como prueba constituida, por lo que la aseveración de que admitir la reconvención cambiaría dicha naturaleza resulta violatorio de sus derechos, pues no advierte que esta admisión impida el desarrollo del juicio en todas sus etapas.
F. Por el contrario, sí afecta que el demandado no pueda incluir dentro del juicio las prestaciones relacionadas con la litis que deberían resolverse de manera conjunta con la sentencia.
G. Esto permitiría al juez entrar al estudio de la nulidad pedida de diversas cláusulas que considerara como usurarias, y se hiciera efectivo el derecho de acceso a la justicia, pues en el caso aunque el juzgador las calificó con ese adjetivo, no aplicó el interés legal contemplado en la legislación adjetiva.
H. Considera que no se desvirtúa la naturaleza privilegiada del juicio ejecutivo mercantil oral, por ser una simple petición de interpretación de derecho no retrasaría el procedimiento, sino que solo reduciría a la tasa legal los intereses ordinarios y moratorios, situación que se resolvería en la sentencia definitiva.
I. Considera que el legislador de manera arbitraria impide el acceso a la justicia lo que es contrario al principio de progresión de los derechos humanos.
J. Además, la ausencia de la exposición de motivos de la reforma el contenido de la jurisprudencia que utilizó 1a./J. 27/98 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgrede el principio de progresividad pues tal criterio se aplicó a la época anterior a la reforma promovida sin que lo justifique.
10. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tres de agosto de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión señalado en el expediente 4828/2023 y lo turnó al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entonces integrante de la Primera Sala.
11. Avocamiento. Por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés el Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto indicado y ordenó remitir los autos a la ponencia correspondiente.
12. Returno. Mediante oficio SGA/MFEN/734/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés se comunicó el cambio de adscripción de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del día diecisiete siguiente; por lo que se determinó, entre otras cuestiones, que conserve todos los asuntos radicados en esa Sala y asignados al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
13. Por consiguiente, en auto del día diecisiete del mes y año referidos, se acordó returnar el amparo directo en revisión 4828/2023, con fundamento en el artículo 24, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala es competente para conocer del recurso tramitado en este expediente con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente;(6) y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno, así como en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado el diez de abril siguiente,(8) debido a que se interpone en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo cuya materia (civil) incide en la especialidad de esta Sala y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno. II. OPORTUNIDAD
15. La sentencia recurrida se notificó a la parte inconforme por medio de lista publicada el nueve de junio de dos mil veintitrés; por tanto, surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el doce del mes y año referidos.
16. En ese sentido, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo(9) para la interposición del recurso de revisión transcurrió del trece al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, descontándose los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, todos de la anualidad referida por ser sábados, domingos e inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo.(10)
17. Ahora bien, si el recurso de revisión se interpuso el veintiséis de junio de dos mil veintitrés es inconcuso que se hizo valer oportunamente.
III. LEGITIMACIÓN
18. Esta Primera Sala considera que ********** cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión relativo, ya que es autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte recurrente.(11)
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
19. Para resolver en relación con la procedencia del recurso de revisión, es necesario destacar que en el juicio de amparo directo dicho medio de impugnación se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(12) así como en el Punto Primero del Acuerdo General 9/2015(13) emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
20. Luego, de la interpretación de dichos preceptos jurídicos se advierte que las resoluciones emitidas en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno salvo que se actualicen dos requisitos.
21. El primero se refiere a la existencia de un problema de constitucionalidad que se presenta cuando en la sentencia recurrida se:
a. Decida sobre la constitucionalidad de normas generales;
b. Establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; o,
c. Se omita dicho estudio cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.
22. De la lectura a los incisos anteriores se advierte que las hipótesis de procedencia son alternativas, es decir, basta que se dé una u otra para que, en principio, proceda el recurso de revisión en amparo directo.
23. En relación con este primer requisito, de acuerdo con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(14) se entiende que existe una cuestión propiamente constitucional cuando se pretende la tutela del principio de supremacía constitucional para la solución de un caso concreto, lo que implica desentrañar el significado de alguna norma fundamental o de un derecho humano reconocido en un tratado internacional ratificado por México, empleando algún método interpretativo.
24. Así, se entiende que existe o subsiste una cuestión de constitucionalidad, en términos positivos, a partir del ejercicio interpretativo de un elemento o norma constitucional para la resolución del caso; en sentido negativo, no existirá una cuestión propiamente constitucional cuando se pretenda el examen de cuestiones jurídicas atinentes exclusivamente a determinar la debida aplicación de una ley, la interpretación del sentido de una norma secundaria, o, en su caso, la determinación de la regla de derecho que en el caso particular debe aplicarse, pues tales aspectos constituyen cuestiones de legalidad.
25. Además, de la existencia de una cuestión constitucional, el recurso de revisión debe satisfacer un segundo requisito, a saber: que el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
26. En relación con el requisito de interés excepcional para efectos de la procedencia del recurso señalado se tiene que considerar que antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno debía analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañaban la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 9/2015 emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando:
I) Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,
II) Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación referentes a cuestiones propiamente constitucionales.
27. Por lo tanto, como se indicó, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX,(15) constitucional y en ese precepto se estableció que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando a juicio de este Alto Tribunal el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
28. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano constitucional permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
29. Es decir, se modificó el artículo 107, fracción IX, constitucional a efecto de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente, cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
30. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo, es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir a las sentencias dictadas por un tribunal colegiado de circuito sólo en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.
31. Con base en esos parámetros, esta Primera Sala considera que el presente recurso de revisión es procedente, ya que en la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad del artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio por disponer la reconvención es incompatible con el juicio ejecutivo mercantil oral, limitante que a decir del quejoso transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aspecto que fue analizado por el Tribunal Colegiado quien resolvió que dicho precepto no es contrario al parámetro de regularidad constitucional.
32. Además, la parte quejosa -ahora recurrente- cuestiona las consideraciones del tribunal colegiado dirigidas a reconocer la constitucionalidad de la norma, alegando que la medida legislativa es excesiva y arbitraria, además aduce que sus planteamientos no se abordaron adecuadamente por el Tribunal Colegiado; de ahí que se concluya que en el caso subsiste una cuestión de constitucionalidad.
33. Por otro lado, también se satisface el requisito de interés excepcional, pues la cuestión de constitucionalidad sí daría lugar a un pronunciamiento novedoso y relevante para el orden jurídico nacional, toda vez que no existe algún criterio que aborde específicamente la constitucionalidad del artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio en los concerniente a la limitación para plantear reconvención en los juicios ejecutivos mercantiles orales y si bien este Alto Tribunal se ha pronunciado respecto a las razones por las que en determinados procedimientos judiciales no se regula la reconvención, lo cierto es que no se ha analizado si la exclusión expresa transgrede el derecho de acceso a la justicia.
V. ESTUDIO DE FONDO
34. Para dar respuesta a los planteamientos sobre los que se edifica el recurso de revisión y resolver si el artículo 1390 Ter 3 del Código de Comercio es violatorio del derecho humano de acceso a la justicia, al no admitir la reconvención en los juicios ejecutivos mercantiles orales, es necesario tener presente el precepto jurídico impugnado, que establece lo siguiente:
Artículo 1390 Ter 3. En el juicio ejecutivo mercantil oral se observarán los principios que contempla el artículo 1390 Bis 2 y se tramitará conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 Bis 3; 1390 Bis 4; 1390 Bis 5; 1390 Bis 6; 1390 Bis 7; 1390 Bis 8; 1390 Bis 9; 1390 Bis 10; 1390 Bis 12 y 1390 Bis 13, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible con este juicio.
35. Del precepto jurídico transcrito se desprende que los juicios ejecutivos mercantiles orales se rigen, en lo conducente, por los principios y reglas procesales que se establecen para los juicios orales mercantiles con excepción de la reconvención, de la cual expresamente se establece que es incompatible con el procedimiento de que se trata.
36. En otras palabras, el artículo impugnado limita la posibilidad de oponer reconvención en los juicios ejecutivos mercantiles orales, pues expresamente se considera que no es compatible con esa vía.
37. Para analizar la racionalidad de la norma, esta Primera Sala ha establecido una metodología para observar si una norma conlleva una racionalidad legislativa. Esta metodología se traduce en tres elementos:(16)
a. Principio o Derecho Fundamental. El legislador cuando regula conductas debe propugnar que el antecedente y consecuente no solo se ciñan a la observancia de un derecho fundamental, sino que, dado el caso, potencialicen su ejerci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32955-adabb1f2/reconvencion-en-el-juicio-ejecutivo-mercantil-oral-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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