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Modo: Corpus Pro

ETAPA CONCILIATORIA EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. LA PROHIBICIÓN CONSISTENTE EN QUE LO EXPRESADO DENTRO DE ESA ETAPA NO PUEDE SER INVOCADO EN UNA DISTINTA FASE DEL PROCEDIMIENTO, NO VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7770/2019. · Registro digital (IUS): 31366
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-14
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo II, Pág.1095.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7770/2019. 18 DE AGOSTO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: MARÍA ELENA CORRAL GOYENECHE.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7770/2019, interpuesto por **********, por conducto de su apoderado jurídico **********, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la que negó el amparo promovido con motivo de lo resuelto en el juicio oral mercantil de origen.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que se narran a manera de antecedentes se advierten de la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el amparo directo **********, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; así como de la ejecutoria de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de reclamación **********, por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Hechos. ********** (en lo subsecuente **********) es una empresa mexicana cuyo objeto social es la compra y venta de artículos de plástico. Esta compañía tuvo una relación comercial con el señor **********, a quien le suministraba diversos insumos, que generalmente pagaba el mes posterior a la recepción de las mercancías. Estas operaciones se documentaban a través de facturas.

3. Juicio oral mercantil (**********). El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ********** demandó en la vía ordinaria mercantil de ********** el pago de $********** (********** moneda nacional) como suerte principal, en virtud de la mercancía que fue entregada y no pagada durante el periodo de noviembre de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis, el interés al tipo legal y las costas.

4. ********** presentó diversas pruebas para acreditar tanto la existencia de la relación comercial, como la entrega de las mercancías, tales como: (i) once facturas emitidas a favor del señor **********, (ii) diversos cheques librados por éste (sin fondos), (iii) la confesión del demandado, (iv) la instrumental de actuaciones; y, (v) la presuncional legal y humana.

5. Incompetencia. Inicialmente el asunto fue turnado al Juez Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, quien por acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho se declaró incompetente para conocer del mismo, en razón de la cuantía del negocio; en consecuencia, se inhibió de conocer el asunto y remitió los autos al Juzgado de lo Civil de Proceso Oral en turno.

6. Avocamiento, reencauzamiento de la vía y admisión. De la demanda conoció el Juez Décimo Primero de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, quien por auto de siete de enero de dos mil diecinueve, la registró con el número de expediente **********; y, previo cumplimiento de la prevención, por acuerdo de diecisiete de enero siguiente, admitió a trámite la demanda en la vía oral mercantil y ordenó el emplazamiento a juicio del demandado.

7. Contestación. Mediante escrito presentado el primero de abril de dos mil diecinueve, el señor ********** contestó la demanda, en la cual opuso las excepciones y defensas que consideró pertinentes y, sustancialmente, adujo que durante el periodo referido por ********** no había solicitado ninguna mercancía, razón por la cual no adeudaba cantidad alguna; asimismo, objetó tanto las facturas como los cheques ofrecidos por la sociedad actora.

8. Audiencia preliminar. El trece de mayo de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia preliminar a la que se refieren los artículos 1390 Bis 33 y 1390 Bis 34 del Código de Comercio,(1) a la que sólo asistió el señor ********** sin la comparecencia de **********.

9. En la etapa de conciliación y/o mediación de las partes, a que se refiere la fracción II del artículo 1,390 Bis 32 del ordenamiento citado,(2) el señor ********** realizó una oferta de pago a ********** por la cantidad de $********** (********** moneda nacional), divididos en veinte mensualidades, con el propósito de lograr una conciliación. Sin embargo, la conciliación no fue posible por la inasistencia de la actora, razón por la cual tampoco hubo acuerdos sobre hechos controvertidos, ni acuerdos probatorios. Por lo tanto, el Juez del conocimiento se concretó a calificar las pruebas que consideró admisibles.

10. Audiencia de juicio y sentencia. El veintisiete de junio de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia de juicio, dentro de la cual el Juez dictó sentencia definitiva, en la que se desestimó la acción promovida por ********** dado que el señor ********** acreditó sus excepciones y defensas y, por lo tanto, absolvió a este último de todas las prestaciones reclamadas. El Juez arribó a la decisión anterior, al considerar que aunque las facturas y cheques presentados por ********** cumplían con los requisitos impuestos por la ley, la objeción del demandado revirtió la carga de la prueba de su contenido, sin que la sociedad actora las perfeccionara.

11. Juicio de amparo directo.(3) El cinco de agosto de dos mil diecinueve, **********, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo directo, en el cual alegó sustancialmente lo siguiente:

a) Aconteció una violación procesal que trascendió al resultado del fallo, toda vez que el Juez no le permitió sustituir al perito en materia contable en el acuerdo de admisión de pruebas de la audiencia preliminar.

b) El arreglo ofrecido por el señor ********** en la audiencia preliminar demostraba la relación comercial que sostuvo con **********, por constituir un reconocimiento tácito del adeudo.

c) El hecho de que el señor ********** no hubiera solicitado la devolución o la cancelación de las facturas hace prueba de la existencia de la relación comercial, porque junto con los cheques librados en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, constituyen el elemento medular de la acción.

d) El Juez no adminiculó las facturas y los cheques exhibidos, lo que incidió en que no tuviera por acreditada la relación comercial.

e) El demandado señor ********** no desconoció ni solicitó la cancelación de las facturas emitidas por la actora a su favor, por lo que, a pesar de no pagar las facturas, se benefició fiscalmente de ellas.

12. Sentencia de juicio de amparo directo (expediente **********). El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito negó el amparo a **********. Entre las consideraciones que sustentan esta decisión, interesan las que declaran infundado el argumento atinente a que la relación comercial quedó acreditada con el acuerdo de conciliación que propuso el señor **********, dentro de la audiencia preliminar y, en esencia, consistieron en que el segundo párrafo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio,(4) dispone textualmente que el Juez procurará la conciliación entre ellas y que las partes no podrán invocar antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación y rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación; de manera que los acuerdos previos que no prosperen y todas las manifestaciones de las partes en la etapa de conciliación de la audiencia preliminar, no podrán considerarse como una confesión expresa o espontánea y, por tanto, la oferta externada por el ********** no hace prueba de la existencia de la relación comercial ni del adeudo, máxime que en el caso no trascendieron formalmente, al no haber llegado las partes a ninguna conciliación.

13. De manera general, las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida son las siguientes:

a) Es inoperante la violación procesal que se hace consistir en que en la audiencia preliminar, dentro de la etapa de admisión de pruebas, se le negó la sustitución del perito en materia de contabilidad. La inoperancia deriva de que el reclamo de ********** parte de una premisa falsa, puesto que al no haber comparecido a tal audiencia y, en consecuencia, no haber aclarado quién fungiría como experto en el desahogo de ese medio de convicción, el Juez nombró en rebeldía, al primero de los peritos designados por él.

b) Es infundada la violación formal, porque contrariamente a lo alegado en los conceptos de violación, la autoridad judicial sí valoró los cheques y las facturas con el demás caudal probatorio pero concluyó que estos elementos eran insuficientes para demostrar la relación contractual, así como la entrega de las mercancías.

c) Es infundada la violación de fondo, porque no es posible presumir la existencia de la relación comercial a partir de las manifestaciones expresadas en la etapa de conciliación, ya que en términos del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio, las partes no pueden invocar en ninguna etapa procesal las manifestaciones que éstas hayan formulado en la etapa de conciliación, pues existe prohibición expresa del legislador en tal sentido, ya que la finalidad de la audiencia preliminar no es la de sustituir las cargas de las partes, sino la de evitar en lo posible el juicio.

d) Son inoperantes, por novedosos al no haberlos hecho valer ante el Juez responsable, los argumentos en los que ********** expuso que el señor ********** no manifestó en su contestación de demanda que hubiera desconocido ante el Servicio de Administración Tributaria las facturas base de la acción, porque aun en el supuesto de que no hubiera recibido las mercancías amparadas en la factura, se benefició fiscalmente de éstas, al haber deducido impuestos.

14. Recurso de revisión (expediente 7770/2019). Inconforme con esta determinación, ********** interpuso recurso de revisión en el que, en lo medular, alega que el párrafo segundo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio que establece que las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación; es contrario a los derechos fundamentales de acceso a la justicia, en cuanto a los principios de justicia completa e imparcial, así como al derecho fundamental de debido proceso. Al efecto argumenta:

a) El Tribunal Colegiado actuó ilegalmente al limitarse a reiterar las consideraciones expuestas por el Juez de primera instancia, sin hacer un análisis de la constitucionalidad del artículo 1,390 bis 35 del Código de Comercio a la luz del precepto 17 de la Constitución Federal, pues el Órgano Colegiado se limitó a reiterar la sentencia de primera instancia, sin considerar la prueba presuncional legal y humana.(5)

b) El párrafo segundo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio es inconstitucional, porque vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido en el numeral 17, primero y segundo párrafos, de la Constitución Federal,(6) porque excluye la posibilidad de que las manifestaciones expuestas en la etapa de conciliación, que tiene lugar dentro de la audiencia preliminar, puedan ser tomadas en cuenta por el juzgador, particularmente en el dictado de la sentencia.

c) En la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 192/2007,(7) la Segunda Sala de esta Suprema Corte reconoció que el derecho de acceso a la justicia establece diversos principios que lo integran y garantizan frente a actos materialmente jurisdiccionales, entre los cuales destacan la completitud de la justicia, consistente en que la autoridad que conozca del asunto resuelva respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. Así como el diverso principio de justicia imparcial, consistente en que el juzgador debe emitir una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

d) La doctrina define al proceso como un conjunto de actos;(8) por lo tanto, dado que el segundo párrafo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio señala que lo actuado dentro de la audiencia de conciliación debe ser tomado como un procedimiento autónomo, dicho precepto corrompe la naturaleza del proceso. Esta situación transgrede el derecho fundamental de debido proceso, así como los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que México es Parte.

e) El derecho de acceso a la justicia garantiza a los gobernados la obtención de una sentencia imparcial. En el caso, se absolvió al señor ********** pese a que dentro del juicio se exhibieron cheques sin fondos firmados por él, así como diversas facturas expedidas a su nombre, además de que dentro de la audiencia preliminar se ofreció a pagar la mitad del adeudo reclamado. Agrega que ese proceder encuentra explicación en la omisión de las autoridades judiciales de estudiar la prueba presuncional legal y humana.

f) El artículo 1,306 del Código de Comercio,(9) dispone que las autoridades judiciales que resuelvan asuntos en materia mercantil deben observar la conjetura de los hechos probados y de los que han tenido conocimiento durante el proceso. Con respecto a las presunciones legales, los artículos 1,283 a 1,286 del Código de Comercio,(10) establecen que la presunción debe ser digna de ser aceptada por personas de buen criterio; que el hecho probado sea antecedente o consecuencia del que se quiere probar; cuando existan varias presunciones, no deben modificarse ni destruirse, deben tener un enlace entre sí para el efecto de que no dejen de considerarse como antecedentes o consecuencias; las presunciones deben ser enlazadas, pues aunque produzcan indicios diferentes, todos deben probar el hecho de que se trate, que por lo mismo no pueden aislarse como causa o efecto de ellos.

g) Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio, no justifica que los juzgadores resuelvan apartándose de la lógica o máximas de la experiencia. Por tanto, los hechos que acontecen en la audiencia preliminar, en los que las partes aceptan sus obligaciones, no pueden soslayarse al momento de resolver, como aconteció en el caso, que el Juez sostuvo en la sentencia que no obraba en el juicio ninguna prueba para acreditar la relación comercial.

h) El segundo párrafo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio es inconstitucional, por restringir la libre apreciación de las autoridades judiciales para resolver de conformidad con las presunciones a las que se arribe durante el procedimiento, pues le impide tomar en cuenta las manifestaciones vertidas en la audiencia preliminar, en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia completa.

15. Desechamiento. El veintiocho de octubre de mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte registró el recurso con el número de expediente 7770/2019 y lo desechó al considerar que no existía una cuestión constitucional, porque que de las constancias no advertía que **********, en su demanda de amparo, hubiese planteado concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma de carácter general o uno relacionado con la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional, ni el Tribunal Colegiado realizó, por iniciativa propia, en la sentencia de amparo, la interpretación directa de los antes referidos. Asimismo, precisó que no era obstáculo a lo anterior el hecho de que la recurrente en su escrito de agravios planteara la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio, pues para actualizar la procedencia de este medio de impugnación, esto debió exponerlo desde su demanda de amparo.

16. Recurso de reclamación (expediente 3045/2019). En desacuerdo con esta determinación, ********** interpuso recurso de reclamación el cual se resolvió por esta Primera Sala en sesión virtual de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en el sentido de declarar fundado el recurso de reclamación y, en consecuencia, se revocó el acuerdo de desechamiento para que se admitiera a trámite el recurso de revisión.(11)

17. Se sostuvo lo anterior en virtud de que, contrariamente a lo considerado en el acuerdo de desechamiento, ********** no estuvo en aptitud de impugnar la constitucionalidad de la norma impugnada desde la demanda de amparo, pues hasta antes del dictado de la sentencia constitucional no le había sido aplicada en detrimento. Razón por la cual se consideró que el presente asunto está en el caso de excepción, en el que una cuestión propiamente constitucional puede ser introducida en los agravios del amparo directo en revisión, pues el artículo reclamado fue aplicado en perjuicio a la persona moral hasta la sentencia de amparo.

18. Admisión y turno. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el recurso de revisión y se turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

19. Avocamiento. El diez de junio de dos mil veintiuno, la presidenta de la Primera Sala tuvo por recibido el expediente, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

20. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.(12)

III. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

21. Conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo el recurso de revisión se hizo valer por parte legitimada, pues en el juicio de amparo directo se le reconoció a la ahora recurrente la calidad de quejosa.(13)

22. Por otro lado, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión transcurrió del lunes siete al viernes dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.(14) Por tanto, si el recurso se presentó el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, el medio de impugnación se interpuso de forma oportuna.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

23. De inicio, debe recordarse que el juicio de amparo directo comprende una sola instancia, pues la resolución que ahí se dicte, por regla general, es definitiva y no admite recurso alguno; sin embargo, excepcionalmente, en su contra podrá interponerse el recurso de revisión.

24. Dicho medio de impugnación justifica su procedencia si se actualizan dos requisitos fundamentales, previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) y 81, fracción II, de la Ley de Amparo.(16)

25. El primero, consiste en que la sentencia de amparo combatida resuelva sobre la constitucionalidad o convencionalidad de normas generales, o bien, establezca la interpretación directa de algún precepto constitucional o de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte u omita un pronunciamiento sobre tales cuestiones cuando se hubieran planteado en la demanda.

26. El segundo, corresponde a un requisito subsidiario, en tanto se analiza después de que se surtió el anterior, el cual consiste en que el asunto fije un criterio de importancia y trascendencia, conforme a los lineamientos sentados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Acuerdo General Número 9/2015.(17) 27. De modo que la procedencia del recurso de revisión en amparo directo está determinada por la concurrencia de dos condiciones necesarias y conjuntamente suficientes, a saber:

a) La existencia de un problema de constitucionalidad, entendido como un planteamiento sobre la constitucionalidad de una norma general, o bien, sobre la interpretación directa de una norma de la Constitución o de un derecho humano previsto en un tratado internacional;

b) La potencialidad de fijar un criterio de importancia y trascendencia.

28. En el caso, el recurso de revisión es procedente, pues se satisfacen los dos requisitos de procedencia descritos. El primero, porque la recurrente ********** cuestiona la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio, el cual fue aplicado por vez primera en su perjuicio por el Tribunal Colegiado, lo que por excepción actualiza una cuestión de constitucionalidad, tal como se determinó por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de reclamación 3045/2019.

29. Asimismo, el asunto también cumple con la exigencia de importancia y trascendencia requerida para la procedencia del recurso, en la medida que no existe jurisprudencia o precedente en el que se aborde la constitucionalidad del enunciado normativo impugnado, lo que permitirá a esta Primera Sala fijar un criterio de relevancia para el orden jurídico nacional en cuanto a la constitucionalidad de una norma que impide a las partes invocar antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación y rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación, en cualquier etapa posterior a la de conciliación propiamente, que en el caso de los juicios orales mercantiles tiene lugar dentro de la audiencia preliminar.

V. ESTUDIO

30. Según quedó puntualizado en el apartado anterior, la materia de estudio en el presente asunto, conforme a los agravios esgrimidos por la recurrente, consiste en determinar si el párrafo segundo del artículo 1,390 Bis 35 del Código de Comercio,(18) que establece que las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación, es contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia, en cuanto a los principios de justicia completa e imparcial, así como al derecho fundamental de debido proceso.

31. Para estar en aptitud de dar respuesta a este planteamiento, en principio, se hará una breve exposición sobre los conceptos jurídicos del derecho de acceso a la justicia, del derecho al debido proceso, se analizará el contenido del artículo 1,390 Bis 35, párrafo segundo, del Código de Comercio y, posteriormente, se realizará la subsunción de estos temas al caso concreto, para dar respuesta al problema jurídico planteado.

I. Derecho de acceso a la justicia

32. El artículo 17 constitucional establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.(19)

33. Esta Suprema Corte ha reconocido como principios que integran esa prerrogativa de acceso a la justicia, los de justicia completa e imparcial. Un primer significado que puede asignarse a la justicia completa consistiría en el derecho a obtener una respuesta o resolución sobre todas las cuestiones que el justiciable haya sometido a la potestad de los tribunales, siempre y cuando ese planteamiento se realice según los términos y condiciones fijados en las leyes. Mientras que el derecho de justicia imparcial implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.(20)

II. Derecho al debido proceso

34. El artículo 14 constitucional contiene el derecho fundamental al debido proceso,(21) integrado por un núcleo duro de formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva y son las siguientes: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, (v) un recurso para impugnar esta última.(22)

35. En ese sentido, la satisfacción de la formalidad atinente a la resolución del conflicto requiere que la sentencia que al efecto se emita sea congruente en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo que resuelve propiamente y lo manifestado tanto en la demanda como en la contestación, así como de todas las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes.(23)

III. Artículo 1,390 Bis 35, párrafo segundo, del Código de Comercio

36. El contenido del enunciado normativo controvertido por **********, es el siguiente:

"Artículo 1,390 Bis 35. En caso de que resulten improcedentes las excepciones procesales, o si no se opone alguna, el Juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a un convenio proponiéndoles soluciones. Si los interesados llegan a un convenio, el Juez lo aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. En caso de desacuerdo, el Juez proseguirá con la audiencia.

"Las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación." (Énfasis añadido)

37. En este precepto, el legislador dispuso la posibilidad de que el proceso oral mercantil termine en una etapa temprana a través de la conciliación o mediación. Para lograr tal cometido, se dota al juzgador de facultades para procurar la conciliación de las partes y, en caso de lograrlo, se debe suscribir el convenio que tendrá efectos de cosa juzgada.

38. Asimismo, dispone que en el caso de que no se arribe a un acuerdo conciliatorio se deberá seguir el curso normal del proceso, con la prohibición de invocar o allegar, en cualquier otra etapa del juicio, la proposición, discusión, aceptación o rechazo de las gestiones de conciliación o mediación.

39. Para poner en contexto la etapa procesal en que se ubica esta posibilidad conciliatoria, así como las particularidades del juicio oral mercantil, a continuación se retoman algunas consideraciones emitidas por esta Primera Sala, en las que se ha determinado que se trata de un procedimiento de configuración mixta, que inicialmente se desarrolla en forma escrita y, posteriormente, a través de audiencias donde prevalece la oralidad.(24)

40. Etapa escrita. Esencialmente se encuentra destinada a la fijación de la litis o materia del juicio y se compone de los siguientes actos procesales: demanda, contestación, reconvención y su contestación, desahogo de vistas con las excepciones opuestas, en cuyos escritos, además, deben ofrecerse o anunciarse las pruebas.

41. Etapa oral (audiencias). En las audiencias preliminar y de juicio deben comparecer las partes por sí o por conducto de sus representantes legales con facultades para conciliar; se desarrollan oralmente; el Juez debe presidirlas con las atribuciones legales de director del proceso; y deben quedar registradas en medios electrónicos o alguno otro idóneo.

42. Audiencia preliminar. Esta etapa oral adquiere relevancia en el presente asunto, según su regulación se permite la celebración de la audiencia preliminar con o sin asistencia de las partes y, una vez examinadas y desestimadas las excepciones procesales, el Código dispone que el juzgador debe procurar la conciliación de las partes y, en caso de lograrlo, se suscribirá el convenio que, aprobado que sea, tendrá efectos de cosa juzgada. En caso contrario, el procedimiento continuará su curso normal.

43. Etapa de conciliación. La conciliación representa una ventaja de este procedimiento que permite alcanzar la solución del litigio por las mutuas concesiones que se hacen las partes, en lugar de llevar adelante un proceso que eventualmente pudiera resultar más costoso.(25)

44. En ese sentido, esta Primera Sala ha reconocido que, en el marco de este procedimiento, la conciliación es un derecho potestativo de las partes para llegar a un arreglo que solucione la controversia, a efecto de lograr finalizar o concluir el juicio en la etapa inicial del proceso. Así entonces, como derecho o atribución potestativa, las partes pueden decidir libremente si llegan o no a un arreglo o conciliación.

45. Del análisis de los procesos legislativos del decreto de reforma al Código de Comercio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil once, por medio del cual se adicionó el capítulo referente a los juicios orales mercantiles, también abordado por este Tribunal Constitucional en anteriores precedentes, se advierte lo siguiente:

• En la exposición de motivos correspondiente se retoma la aspiración del Constituyente de 1917 para "contar con un sistema de impartición de justicia cuya prontitud, eficacia y eficiencia fueran suficientes para atender la demanda social por instrumentos estatales que, además de solucionar los conflictos y ordenar la restitución de los bienes y derechos perdidos, contasen con prontitud y celeridad necesarios para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones que pusieran fin a las controversias"; en esa línea, se propuso implementar un sistema de justicia cuya base se asentara de manera preeminente en la oralización.(26)

• Fue interés del legislador establecer las condiciones propicias para la conciliación,(27) al señalar como obligación de las partes su asistencia a las audiencias, con la particularidad de que los asistentes deben t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31366-649fe9e3/etapa-conciliatoria-en-el-juicio-oral-mercantil-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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