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Modo: Corpus Pro

SUMISIÓN EXPRESA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA CON BASE EN UN TÍTULO DE CRÉDITO QUE CONTENGA ESA CLÁUSULA, LA COMPETENCIA DEBE FIJARSE EN FUNCIÓN DE ÉSTE Y NO DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 220/2024. · Registro digital (IUS): 32948
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-01-24
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.324.

AMPARO DIRECTO 220/2024. 18 DE ABRIL DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ. SECRETARIO: JOSÉ LUIS CRUZ MARTÍNEZ.

Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.

[1] V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo directo D.C. 220/2024, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (por cuestiones de brevedad en adelante sólo **********), por conducto de su endosataria en procuración **********, contra la resolución que puso fin al juicio de siete de febrero de dos mil veinticuatro, dictada por el Juez Trigésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 67/2024, seguido por la quejosa en contra de **********; fallo que estima violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales; y,

R E S U L T A N D O:

[2] PRIMERO. Juicio ejecutivo mercantil.

[3] Demanda. El diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, la actora promovió demanda en contra del demandado, respecto de las siguientes prestaciones:

"1. El pago de la cantidad de $216,704.70 (doscientos dieciséis mil setecientos cuatro pesos 70/100 M.N.) como suerte principal, que es el saldo insoluto por capital del pagaré que como base de la acción se exhibe en original como anexo dos (2).

2. El pago de los intereses ordinarios, a razón del catorce punto noventa y nueve por ciento (14.99%) anual, sobre el saldo insoluto, mismo que se calculará en ejecución de sentencia y hasta el pago total del adeudo.

3. El pago de los intereses moratorios que se han venido causando, a razón de una tasa anual del veintinueve punto noventa y ocho por ciento (29.98%), los cuales se calcularán en ejecución de sentencia.

4. El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine."

[4] Hechos. La demanda se fundó en los hechos que se sintetizan como sigue:

- El diez de septiembre de dos mil veinte, ********** suscribió un pagaré (en una foja últil) a la orden de **********, por la cantidad de $246,319.70 (doscientos cuarenta y seis mil trescientos diecinueve pesos 70/100 M.N.).

- Cantidad la cual sería pagadera mediante sesenta amortizaciones mensuales, el día uno de cada mes, iniciando en el mes de octubre de dos mil veinte.

- En el pagaré base de la pretensión, el demandado se obligó a pagar:

• Intereses ordinarios, a razón de una tasa de interés anual del 14.99%

• Intereses moratorios, a razón de una tasa de interés anual de 29.98%

• Los gastos y costas generados por la ejecución del documento basal.

- En virtud del incumplimiento y mora en que incurrió el demandado al no haber realizado los pagos correspondientes a las fechas del primero de mazo de dos mil veintiuno, la actora reclama el pago de la suerte principal.

- El pagaré base de la acción fue endosado en procuración a favor de la actora.

- En virtud de que el demandado se ha abstenido de cumplir con su obligación de pago, no obstante las múltiples y diversas gestiones extrajudiciales, la actora acude a la presente vía en demanda de las prestaciones reclamadas.

[5] Radicación y desechamiento. La demanda se radicó ante el Juez Trigésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, en la vía ejecutiva mercantil, quien la registró con el número de expediente 67/2024.

[6] Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, el juez de Distrito DESECHÓ la demanda al considerar que carecía de competencia legal para conocer del asunto, en razón de territorio, por lo que ordenó la devolución de los anexos.

[7] SEGUNDO. Recurso de revocación. En contra de dicho auto, el treinta de enero de dos mil veinticuatro, la actora interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto por el juez de origen mediante resolución de siete de febrero de dos mil veinticuatro, en los siguientes términos:

"Primero. Ha sido improcedente el recurso de revocación planteado por **********, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, en contra del auto de veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, por tanto, deberá cumplirse en sus términos.

Segundo. Notifíquese."

[8] TERCERO. Juicio de amparo directo. En contra de la anterior resolución, la quejosa presentó su demanda, dentro del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se muestra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

[9] Admisión. El cinco de abril de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente admitió a trámite la demanda y se dio la intervención correspondiente al agente del ministerio público de la federación adscrito, quien no formuló pedimento.

[10] Turno. El ocho de abril siguiente, se turnó el expediente al Magistrado Francisco Javier Sandoval López, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

[11] PRIMERO. Competencia. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente asunto, conforme a los artículos 3º, 170, 171, 181 y 183 de la Ley de Amparo; y, el contenido del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial y por materia; por reclamarse una resolución que puso fin a un juicio ejecutivo mercantil, misma que fue dictada por una autoridad jurisdiccional residente en este Circuito.

[12] SEGUNDO. Fijación y existencia del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la resolución que puso fin al juicio de siete de febrero de dos mil veinticuatro, emitida por el Juez Trigésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dentro del expediente 67/2024.

[13] La existencia de la resolución reclamada se encuentra acreditada con el informe rendido por la autoridad responsable y con los autos que acompañó para respaldarlo.

[14] TERCERO. El juicio de amparo fue promovido por la parte legitimada, ya que es presentado por la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil de origen, quien promovió el juicio constitucional a través de su endosataria en procuración, personería que tiene debidamente reconocida en el juicio natural.

[15] CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no las hicieron valer y este tribunal no advierte, de oficio, que se actualice alguna.

[16] QUINTO. Procedencia. El presente juicio resulta procedente en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado lo constituye una resolución que puso fin al juicio y respecto de la cual la ley no concede recurso ordinario alguno.

[17] SEXTO. Conceptos de violación. Se estima innecesaria su transcripción, dado que en esta ejecutoria se precisarán los puntos sujetos a debate derivados de la demanda de amparo, a los cuales se les dará respuesta completa en el apartado respectivo.

[18] Sin embargo, a efecto de poder analizar con suficiente información el sentido del proyecto de resolución, el magistrado relator entrega a los integrantes de este tribunal, adjunto al proyecto respectivo, copia de la demanda de amparo, así como de la resolución reclamada; agregándose copia certificada de esta última a los autos del expediente en que se actúa.

[19] En consecuencia, al haberse superado las etapas previas, corresponde avocarse al examen de fondo del amparo.

[20] SÉPTIMO. Estudio. En la demanda de amparo, la peticionaria plantea que de forma ilegal se está aplicando en su perjuicio la jurisprudencia 1/2019 de la Primera Sala.

[21] Refiere que intentó la demanda en una vía distinta a la prevista en la jurisprudencia, violando diversas disposiciones del Código de Comercio.

[22] Manifiesta que la jurisprudencia 1/2019 es inaplicable en el presente juicio, pues no se trata de los mismos juicios y supuestos.

[23] En lo sustancial, la causa de pedir relacionada con la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1/2019 de la Primera Sala, es fundada y, por ende, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.

[24] Para demostrarlo, es necesario precisar que en el juicio de origen la quejosa ejerció la acción cambiaria directa derivada de un título de crédito [pagaré], en el que las partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, entre otros.

[25] Al radicar la demanda, el juzgador primigenio consideró que el pacto de sumisión expresa era inaplicable porque el pagaré había sido suscrito con motivo de un contrato de crédito y, para fundar su determinación, se fundó en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, de abril de 2019, tomo I, página 689, décima época, con registro digital 2019661, cuyo contenido es el siguiente:

[26] "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia."

[27] Sin embargo, este tribunal considera que dicho criterio no resulta aplicable en la presente controversia, dado que la sumisión expresa que aquí se revisa fue pactada en un título de crédito, que se rige por principios especiales que deben observarse atento a su naturaleza cambiaria.

[28] De esa forma, cuando se ejerce la acción cambiaria directa en un juicio ejecutivo mercantil con base en un pagaré que se suscribió con motivo de un contrato de crédito, tal circunstancia no trae como consecuencia que el documento base de la acción pierda su naturaleza de título ejecutivo, el que se caracteriza por los principios de incorporación, legitimación, literalidad, autonomía y abstracción.

[29] Así, aunque el título de crédito esté vinculado con un contrato de crédito, de ninguna forma le resta autonomía y literalidad, por tratarse de una prueba preconstituida de la acción, en términos de lo previsto en los artículos 1, 5, 170 y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

[30] Ello, porque esa circunstancia únicamente tiene como consecuencia que si el título no ha circulado, se atenúe la abstracción del documento ejecutivo, dado el vínculo existente entre el título mismo y el negocio fundamental que le ha dado origen, y ello únicamente da lugar a que la persona moral acreedora esté sujeta a las excepciones personales correspondientes, traduciéndose éstas en las que el deudor tenga contra su acreedor y, que éstas se demuestren.

[31] Por otra parte, ante la naturaleza de la acción ejecutiva, el documento necesario para su ejercicio es el original del título de crédito y no se funda en el contrato o acto jurídico que motivó su suscripción; pero si el título no ha circulado, el deudor puede oponer como excepción personal el cumplimiento de la obligación causal.

[32] Entonces, la competencia debe resolverse conforme al documento base de la acción, que es el título de crédito y no debe determinarse en función a un documento distinto.

[33] De manera que el contrato de crédito origen del pagaré no resulta apto para decidir respecto de la competencia por razón de territorio, pues tratándose del pagaré será procedente el juicio ejecutivo mercantil y la competencia de los tribunales será fijada por el contenido del título de crédito y no así del negocio jurídico que le dio origen; pues en caso de que lo que se pretenda sea la nulidad de una de las cláusulas del contrato mercantil será procedente la vía ordinaria mercantil y no así la vía ejecutiva.

[34] En efecto, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercer el derecho literal que en ellos se consigna.

[35] Generalmente todo título de crédito es creado o emitido por una causa, que no es otra cosa que la relación fundamental originaria subyacente, que determina a las partes a que la concreticen en el documento, derivando su libramiento o su circulación y, por ende, la causa toma la forma de contrato de compraventa, de depósito, de apertura de crédito, etcétera, de manera que ordinariamente los títulos de crédito siempre tienen como origen una relación distinta a la cambiaria.

[36] Al respecto, la doctrina afirma que no hay obligaciones cambiarias que tengan como origen una relación meramente cambiaria.

[37] En algunos títulos la causa o relación subyacente se desvincula de ellos, en otros, la causa sigue vinculada al título, los primeros se llaman títulos abstractos y los segundos causales, tal distinción depende de la vinculación existente entre el título mismo y el negocio fundamental que le ha dado origen.

[38] En los títulos causales, la causa es oponible a todos los portadores dado que subsiste vinculada al documento durante toda la vida del título, el cual se encuentra subordinado a la causa que le dio origen, como lo son por ejemplo: los certificados de depósito o los bonos de prenda, sin embargo, la circunstancia de que un título sea causal, no le quita su naturaleza ejecutiva.

[39] A diferencia de ello, en los títulos abstractos como la letra de cambio, el cheque y el pagaré, están desvinculados de la relación causal que le dio origen y por la cual se negoció, de modo que el ejercicio del derecho incorporado al título no está sujeto a las excepciones que podrían derivarse de dicha causa, como lo sería la excepción de incompetencia al no permitirse el sometimiento expreso a la jurisdicción de un tribunal determinado tratándose de contratos de adhesión.

[40] La autonomía y la abstracción son dos características que inmunizan al título de crédito, de la causa que les dio origen, y que operan de forma diferente y en momentos distintos.

[41] La autonomía es un atributo inherente al título de crédito, que únicamente funciona cuando el título entra en circulación, lo que en el caso es irrelevante porque el pagaré exhibido entre los documentos base de la acción no entró en circulación, ya que la institución fiduciaria es la primera tenedora.

[42] La abstracción desligará al instrumento ejecutivo del negocio causal, aunque se trate del primer tenedor, a menos que su emisión trascienda a su eficacia, ya sea porque se mencione en el propio texto del título o porque su cumplimiento se subordine a la causa, lo cual sólo dará lugar a que el tenedor quede sujeto a las excepciones personales correspondientes y que obviamente se las demuestren.

[43] Así, la abstracción debe entenderse como la desvinculación del documento respecto de la relación causal, y como una característica esencial de los títulos de crédito, que determina la clase de excepciones que el deudor puede oponer, pero no impide la procedencia de la vía ejecutiva, ya que en virtud de la abstracción, el pagaré se abstrae de la causa que le dio origen, y ello sólo implica que la parte demandada, en su caso, está en condiciones de oponer excepciones personales en contra de la titular.

[44] Por tanto, la vinculación existente entre el título de crédito con el negocio jurídico que le dio origen (por ejemplo, si el título valor fue dado en garantía), generará como consecuencia que el deudor pueda oponer, en su caso, al tenedor del documento, excepciones personales sustentadas en lo determinado en ese negocio subyacente; pero ello sólo implica, el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 8o., fracción XI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tales como el cumplimiento o la resolución de la obligación que se garantiza con el título de crédito, que atiende a una cuestión que incide en lo sustantivo.

[45] Lo anterior no significa que la vinculación existente entre el negocio subyacente con el título valor requisitado legalmente, prive a éste de la calidad de documento cambiario o bien que requisite la presentación del contrato que dio origen al pagaré.

[46] Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXX/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, de febrero de 2011, página 630, con registro digital: 162682, de rubro y texto siguientes:

[47] "TÍTULOS DE CRÉDITO. LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA INCORPORADA EN ELLOS ES DISTINTA DE LA OBLIGACIÓN CAUSAL DERIVADA DEL NEGOCIO SUBYACENTE. Debido a las características de incorporación, abstracción y literalidad del título de crédito, la existencia y validez del negocio que le dio causa, son intrascendentes para la existencia y validez del título mismo, por lo que la suscripción del título da origen a la obligación cambiaria que es distinta de la obligación causal derivada del negocio subyacente, y puede hacerse valer mediante el ejercicio de la acción cambiaria, independientemente de las acciones derivadas de dicho negocio. Lo anterior, sin perjuicio de que en ocasiones las excepciones derivadas de uno o de ambos negocios pueda hacerse valer en el juicio instaurado mediante la acción derivada del otro negocio, lo cual debe determinarse en cada caso."

[48] Así, la competencia será determinada por el contenido del pagaré base de la acción, en atención a los principios de literalidad, abstracción y autonomía de los títulos de crédito.

[49] En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis I.15o.C.47 C, emitida por este órgano jurisdiccional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, de octubre de 2019, Tomo IV, página 3632, Décima Época, con registro digital: 2020870, cuyo contenido es el siguiente:

[50] "SUMISIÓN EXPRESA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE FIJARSE EN FUNCIÓN AL CONTENIDO DEL TÍTULO DE CRÉDITO Y NO AL CONTRATO RELATIVO QUE LE DIO ORIGEN. Cuando se ejerce la acción cambiaria directa en un juicio ejecutivo mercantil con base en un pagaré que se suscribió con motivo de un contrato de crédito, tal circunstancia no trae como consecuencia que el documento base de la acción pierda su naturaleza de título ejecutivo, el que se caracteriza por los principios de incorporación, legitimación, literalidad, autonomía y abstracción. Es así, pues aunque el título de crédito esté vinculado con un contrato de crédito, de ninguna forma le resta autonomía y literalidad, por tratarse de una prueba preconstituida de la acción, en términos de lo previsto en los artículos 1o., 5o., 170 y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esa circunstancia únicamente tiene como consecuencia que si el título no ha circulado, se atenúe la abstracción del documento ejecutivo, dado el vínculo existente entre el título mismo y el negocio fundamental que le ha dado origen, y ello únicamente da lugar a que la acreedora esté sujeta a las excepciones personales correspondientes, traduciéndose éstas en las que el deudor tenga contra su acreedor y, que éstas se demuestren. Luego, si el actor ejerció la acción cambiaria directa con base en un título de crédito de los denominados pagarés, que se tramita en la vía ejecutiva mercantil, la cual en términos del artículo 1391 del Código de Comercio, tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que tiene como único fin la ejecución del título de crédito mediante un procedimiento breve, en la medida en que éste constituye una prueba preconstituida del adeudo; será precisamente este documento el que conforme a su contenido fijará la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito que se incorporó en él y no en función a un documento distinto, como lo es el contrato de crédito que le dio origen."(1)

[51] En el caso que se estudia, en cuanto a la competencia, el pagaré base de la acción establece lo siguiente:

"Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de este PAGARÉ y para el requerimiento judicial del pago de su importe, el Suscriptor, el(los) Aval(istas) y el Acreedor se somete(n) expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad en que se suscribe este PAGARÉ y/o el domicilio del Suscriptor y/o los de la Ciudad de México, quedando el tenedor de este documento facultado para exigirlo en cualquiera de los lugares señalados en el PAGARÉ, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en el futuro, en virtud, de sus domicilios o de cualquier otra razón."

[52] Como se ve, en el documento base de la acción las partes se sometieron, expresamente, a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México y a los de Tijuana, Baja California [lugar en el que el demandado tiene su domicilio y donde se suscribió el título de crédito], por lo que renunciaron en forma expresa a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderles.

[53] Luego, de conformidad con los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio,(2) las partes tienen la prerrogativa para someterse en forma expresa a la jurisdicción territorial de un determinado juez y, por ende, será competente el juez a quien las partes se hubieren sometido expresa o tácitamente.

[54] En ese tenor, como ya se vio, ante la naturaleza de la acción ejecutiva, el documento necesario para su ejercicio es el original del título de crédito, ya que el derecho cambiario no se funda en el contrato o acto jurídico que motivó su suscripción.

[55] Entonces, dado que la quejosa ejerció la acción cambiaria directa con base en un título de crédito que se tramita en la vía ejecutiva mercantil, la cual en términos del artículo 1391 del Código de Comercio, tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que tiene como único fin la ejecución del título de crédito mediante un procedimiento breve, en la medida de que éste constituye una prueba preconstituida del adeudo; será precisamente este documento el que conforme a su contenido fijará la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito que se incorporó en él.

[56] Por consiguiente, la competencia debe resolverse conforme al documento base de la acción, que es el título de crédito y no debe determinarse en función de un documento distinto, pues el crédito de origen no resulta apto para decidir respecto de la competencia por razón de territorio, en virtud de que se está ejerciendo la acción cambiaria con base en el título de crédito y no se hace valer un juicio de cognición con base en la relación subyacente de la que emanó el pagaré base de la acción.

[57] Por tanto, el juez responsable sí es legalmente competente por razón de territorio para conocer del juicio ejecutivo mercantil de origen, ya que pertenece a la jurisdicción de la Ciudad de México, plaza a la que las partes se sometieron expresamente en el pagaré base de la acción.

[58] Máxime que la cláusula de sumisión expresa fue pactada en el pagaré y no en el contrato de crédito que representa la relación subyacente, por lo que no se justifica desatender a dicho pacto, pues el mismo se encuentra plasmado en el título de crédito, y atendiendo al principio de literalidad, debe observarse lo establecido expresamente en el pagaré, no así a la naturaleza jurídica de la relación subyacente.

[59] En consecuencia, en el presente asunto no resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el ejercicio de la acción ejecutiva se sustenta en el pagaré y no se funda en el contrato que motivó la suscripción del citado título de crédito base; de ahí que no pueda aplicarse el criterio de referencia.

[60] Similares consideraciones fueron esbozadas por este tribunal al resolver los amparos directos D.C. 147/2020 y D.C. 192/2022.

[61] Luego, al ser fundada la causa de pedir expresada por la peticionaria, resulta innecesario analizar los demás conceptos de violación, debido a que ninguno de éstos le permitiría obtener un mayor beneficio al ya alcanzado en esta ejecutoria.

[62] Apoya lo anterior la tesis publicada en la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, cuarta parte, página 72, emitida por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

[63] "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

[64] OCTAVO. Decisión. Ante lo esencialmente fundado de los argumentos sintetizados en el considerando que antecede, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, debiendo de concederse para los efectos precisados en el siguiente considerando.

[65] NOVENO. Efectos de la concesión. Por lo tanto, se ordena a la autoridad responsable que, para restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación:

[66] a) Deje insubsistente el acto reclamado dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta sentencia.

[67] b) Luego, en el mismo plazo, dicte otra resolución en la que, a la luz de lo aquí expuesto, considere que el pacto de sumisión expresa convenido en el pagaré base de la acción es válido y aplicable.

[68] c) A partir de lo anterior, debe considerar que el recurso de revocación es fundado y que sí cuenta con competencia en razón de territorio para conocer de la demanda.

[69] Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74 a 76, 170, 171, 183 y 185 de la Ley de Amparo, se

R E S U E L V E:

[70] PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, por conducto de su endosataria en procuración **********, contra el acto y autoridad descritos en los vistos de esta sentencia. El amparo se concede para los efectos precisados en el considerando noveno de la presente ejecutoria.

[71] SEGUNDO. Se requiere a la autoridad responsable para que, dentro del plazo concedido en esta sentencia, informe sobre su cumplimiento en los términos descritos en el presente fallo.

[72] Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado del que provienen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

[73] Así lo resolvió el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión virtual remota, por unanimidad de tres votos de los Magistrados J. Refugio Ortega Marín, Francisco Javier Sandoval López y Luis Almazán Barrera, quienes firman electrónicamente la sentencia, siendo presidente el primero de los mencionados y ponente el segundo, con intervención del secretario de tribunal José Luis Cruz Martínez, quien autoriza y da fe, firmando también electrónicamente.

En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

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1. La tesis se sustenta en dos precedentes, uno

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32948-744c1254/sumision-expresa-en-el-juicio-ejecutivo-mercantil-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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