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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 1/2019 (10a.), DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO PUEDE APLICARSE EN PERJUICIO DEL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS SI ÉSTE PRESENTA SU DEMANDA ANTE UN JUEZ DE UNA JURISDICCIÓN DISTINTA A LA DE SU DOMICILIO PARTICULAR CON BASE EN LO PACTADO EN EL CONTRATO DE ADHESIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 667/2022. · Registro digital (IUS): 31653
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-08-11
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.4073.

AMPARO DIRECTO 667/2022. 7 DE OCTUBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER. SECRETARIA: MARÍA DE LA LUZ RANGEL G.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Son fundados los motivos de inconformidad que expresa el quejoso en una parte de los conceptos de violación primero, segundo y tercero, consistentes en que:

- Es cierto que existe la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", pero la autoridad responsable dejó de tomar en cuenta que, en la especie, quien promueve la demanda es el actor en su carácter de cuentahabiente y no la institución bancaria demandada; por lo que es el actor y hoy quejoso como usuario del servicio financiero, quien ha manifestado su voluntad expresa de presentar su demanda en la Ciudad de México.

- La citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 192/2018, cuyo objeto de estudio se centró en determinar cuál es la autoridad competente para conocer de juicios orales mercantiles, en caso de que los suscriptores de los contratos de servicios bancarios fundatorios de la acción estipulen la renuncia al fuero que la ley concede con base en la sumisión expresa a que alude el artículo 1093 del Código de Comercio.

- Al respecto, dicha Sala estimó que si bien es cierto que el consumidor es libre para otorgar su consentimiento en los contratos de adhesión, también lo es que en dichas relaciones éste necesariamente se ubica en una posición de vulnerabilidad frente al proveedor, por lo que había de atenderse a la naturaleza del contrato de adhesión frente al derecho de acceso a la justicia; de tal suerte que las cláusulas de los contratos de adhesión deben interpretarse a la luz de los derechos del usuario, buscando equilibrar la situación de desventaja en que se encuentra frente al proveedor del servicio financiero; de ahí que el pacto de sumisión expresa contenido en un contrato bancario de adhesión debe ser interpretado y aplicado de la manera en que más favorezca el derecho de acceso a la justicia del usuario, quien se encuentra frente a la institución bancaria en una posición de vulnerabilidad; y partiendo de esa base, la cláusula de sumisión expresa no resultará aplicable a las estipuladas en los contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración al derecho de acceso a la impartición de justicia del cuentahabiente o usuario del servicio financiero.

- En la especie, fue el propio quejoso en su carácter de cuentahabiente quien se sometió a la jurisdicción del Juez Federal, el que estimó carecer de competencia en razón de territorio, en virtud de que la parte actora tiene su domicilio en el Estado de **********; situación que de acuerdo con dicho Juez dificultaría su comparecencia al juzgado de origen a deducir sus derechos.

- Sin embargo, no debe pasarse por alto la circunstancia de que fue el propio usuario del servicio financiero quien al amparo de la cláusula de sumisión expresa se sometió de forma voluntaria a la jurisdicción de la autoridad responsable, lo que pone de manifiesto que la tramitación del juicio natural ante el Juez Federal con residencia en la Ciudad de México, no coloca al impetrante en una situación de vulnerabilidad que diere lugar a inaplicar la cláusula de sumisión expresa.

- El supuesto previsto en la jurisprudencia invocada por el Juez responsable como sustento principal del acto reclamado, parte de que la inaplicación de la cláusula de sumisión expresa atiende a que se advierta que se ha colocado al usuario del servicio en una situación de vulnerabilidad al obligarlo a litigar un asunto en una entidad en la que no tiene su domicilio; pero en el caso que se analiza es el propio quejoso, en su carácter de particular, quien de manera voluntaria se sometió a la jurisdicción del Juez Federal con residencia en la Ciudad de México, al haber sido quien promoviera la demanda del juicio de origen y, por tanto, en la especie no se actualiza el supuesto previsto en la mencionada jurisprudencia para considerar que no es aplicable la multicitada cláusula contenida en el contrato bancario de adhesión.

- En el supuesto de que sea el usuario financiero quien presente la demanda ante el juzgado competente en la entidad federativa de su elección, debe respetarse su voluntad, siempre y cuando se satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 1120 del Código de Comercio; por lo que cumplido esto, no puede aplicarse en su propio perjuicio el contenido de la jurisprudencia de mérito.

Lo fundado de los argumentos de mérito es así, por lo que enseguida se indica:

De la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio oral mercantil propuesto por el actor, ahora quejoso, bajo el argumento de que su domicilio particular se ubica fuera de su jurisdicción.

Al efecto, dicha autoridad expuso las siguientes consideraciones:

- Lo relativo a la competencia está regulado en los artículos 1102, 1114 y 1115 del Código de Comercio, y de la interpretación sistemática de éstos se concluye que la declaración de falta de competencia está regida por una regla general y una excepción a ésta. La primera consiste en que las contiendas sobre competencia para conocer o dejar de conocer de un juicio, sólo pueden entablarse a instancia de parte, ya sea por declinatoria o inhibitoria.

- La excepción a esa regla es que la carencia de competencia se puede declarar de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del asunto, pero sin que proceda declinarla a favor de otro, ya que ante la negativa de un Juez de Distrito para conocer de un asunto, al estimar que carece de competencia legal para ello, debe poner a disposición del actor la demanda y sus anexos; determinación que sólo procederá cuando concurran las siguientes circunstancias:

1. La pronuncie el juzgador ante quien se presentó la demanda.

2. Se refiera a los criterios de competencia sobre territorio o materia, si se trata de la demanda; y,

3. Se realice en el primer proveído que se dicte, en relación con la demanda principal o con la reconvención.

- Conforme al artículo 104, fracción II, de la Constitución General, las controversias del orden mercantil suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, en las que sólo se afecten intereses particulares, la jurisdicción es concurrente y, por tanto, pueden conocer del juicio tanto los tribunales federales como los locales del orden común, a elección del actor.

- De conformidad con los artículos 1092, 1093 y 1104 del Código de Comercio, la competencia por cuestión de territorio es prorrogable, por lo que el Juez competente para conocer de un juicio de carácter mercantil, será aquel ante quien las partes se hayan sometido expresa o tácitamente, en el entendido de que hay sumisión tácita del actor, cuando éste acude ante un Juez a presentar su demanda, en tanto que existe sumisión expresa cuando así lo convienen las partes y señalan como tribunal competente al del domicilio de cualquiera de ellas, al del lugar donde deba cumplirse la obligación, o bien, al del lugar donde se ubique la cosa motivo del acuerdo de voluntades.

- Si bien se señaló como domicilio procesal el que se desprende del escrito inicial, dicha cuestión no guarda relación con el pronunciamiento que se emitía en cuanto a la competencia del órgano jurisdiccional para conocer de la demanda, toda vez que del desahogo de la prevención se advierte que el promovente cuenta con domicilio en el Estado de **********, en específico, en **********, lo que deja en evidencia que se está sometiendo a la competencia de un tribunal que se encuentra lejos de su domicilio, lo que puede hacer más dificultosa su comparecencia a fin de hacer valer sus derechos; lo cual no es procedente, ya que la institución financiera demandada cuenta con sucursales en cualquier lugar de la República.

- Por tanto, la parte actora no tiene por qué sufrir un detrimento al trasladarse a otro lugar distinto al de su residencia habitual e incurrir en gastos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia.

- Bajo esa tesitura, al encontrarse el domicilio de la parte actora en el Estado de **********, es un juzgado que ejerza jurisdicción sobre dicho territorio quien debe conocer del trámite del asunto, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, es un hecho notorio que la persona moral demandada ofrece sus servicios en aquel Estado, es decir, que cuenta con la infraestructura y representación necesarias.

- Servía de apoyo a lo anterior, por identidad de razón y en la parte conducente, atendiendo además, al objetivo pretendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los gobernados tengan acceso a la justicia de manera pronta y expedita, sin gastos más onerosos que los indispensables, el contenido de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."

- Se precisaba que de conformidad con los artículos 1114, fracción V y 1115 del Código de Comercio, los tribunales pueden inhibirse de conocer una demanda, pero no declinarla a favor del Juez que la autoridad considere competente para conocer de ésta, ya que dicha elección sólo corresponde a las partes, quienes la pueden hacer valer o no.

- Orientaba lo anterior, la tesis aislada 1a. XXII/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. PRIMER PROVEÍDO EN EL QUE PUEDE SER DECLINADA DE OFICIO POR EL JUZGADOR, ES AQUEL EN EL QUE SE DEFINE EL DESTINO DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN."

- Asimismo, era aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/2014 (10a.), también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL."

- Por tanto, conforme a los criterios invocados, si la facultad de los tribunales de inhibirse del conocimiento de un asunto en el primer proveído, entendido como aquel en el que se define el destino que habrá de seguir la demanda, significa su desechamiento, como en el caso acontecía, procedía desechar la demanda, por lo que, una vez que quedara firme la resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, debía devolverse a la parte actora la copia de traslado y los documentos exhibidos con la demanda, dejando en autos constancia de su recepción.

De dichas consideraciones se advierte que los argumentos torales en los que se basó el Juez responsable para declararse legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, consisten en que el promovente cuenta con domicilio en el Estado de **********, en específico, en **********, por lo que al someterse a la competencia de un tribunal que se encuentra lejos de ese domicilio, ello puede hacer más dificultosa su comparecencia a fin de hacer valer sus derechos, lo cual no es procedente, ya que la institución financiera demandada cuenta con sucursales en cualquier lugar de la República; de ahí que no tiene por qué sufrir un detrimento al trasladarse a otro lugar distinto al de su residencia habitual e incurrir en gastos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, siendo, por ende, un juzgado que ejerza jurisdicción sobre dicho territorio el que debe conocer del asunto, de conformidad con el objetivo pretendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que los gobernados tengan acceso a la justicia de manera pronta y expedita, sin gastos más onerosos que los indispensables; en términos de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal del país, aplicada por identidad de razón y en la parte conducente, título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."

Ahora bien, como así lo hace valer el quejoso, se estima incorrecto que el juzgador responsable en la resolución reclamada, se declarara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

Para ello, se debe atender a la mencionada tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", en la que se apoyó el citado juzgador responsable para sustentar su decisión.

Esta jurisprudencia surgió de la contradicción de tesis 192/2018, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó dos criterios encontrados sobre cuál es la autoridad competente para conocer de juicios orales mercantiles, en los casos en que los suscriptores de contratos de servicios bancarios estipulen la renuncia al fuero que la ley concede con base en la sumisión expresa a que alude el artículo 1093 del Código de Comercio.

En ese precedente, la mencionada Primera Sala concluyó que el pacto de sumisión expresa para prorrogar la jurisdicción por razón de territorio tratándose de contratos de servicios bancarios celebrados entre instituciones financieras en términos de lo dispuesto por el artículo 1093 del Código de Comercio, sólo puede limitarse cuando implica el impedimento o denegación de acceso a la justicia para este último.

Para llegar a esta conclusión, en primer lugar se analizó la competencia por territorio en materia mercantil, la cual es prorrogable, en términos de los artículos 1120 y 1121 del Código de Comercio,(4) lo que quiere decir que se otorga competencia para conocer de un negocio a un órgano que originalmente carecía de ella; es decir, se traslada el conocimiento de un juicio mercantil a un Juez que, originalmente y de acuerdo con la ley carece de atribuciones, derivado del acuerdo entre las partes para su desplazamiento.

De los artículos 1090, 1092, 1093, 1094 y 1104 del referido Código de Comercio(5) se desprende que las partes de un acto jurídico pueden decidir quién será competente para conocer de sus pretensiones, lo cual pueden hacer de manera expresa o tácita. En ese sentido, los contratantes pueden someterse a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, donde manifiestan expresamente la voluntad para que los tribunales de un lugar sean competentes para conocer de un litigio.

Para que se configure esa sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de dichas partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa.

Asimismo, se señaló que la intención del legislador al diseñar la prórroga de jurisdicción fue que ésta no sería válida si implicaba impedimento o denegación de acceso a la justicia.

Como segunda premisa de análisis se estudió la naturaleza de los contratos de adhesión y se concluyó que si bien reducen de manera significativa los costos de transacción, no puede ignorarse que la masificación de las relaciones jurídicas mediante este tipo de contratos implica la sumisión contractual de los consumidores frente a los términos unilaterales de la empresa.

En ese sentido, en los contratos de adhesión el proveedor tiene la posibilidad de incluir cláusulas desfavorables para el consumidor; el consumidor no incide en su elaboración; y se presenta una doble asimetría en la información entre el banco y los consumidores, la primera respecto del servicio y la segunda en cuanto a las implicaciones del contrato que firma. Por ello, en las relaciones regidas por contratos de adhesión, el consumidor se ubica en una posición de vulnerabilidad frente al proveedor.

De ahí que la Primera Sala del Alto Tribunal estimó que las cláusulas de este tipo de contratos debían interpretarse a la luz de los derechos del usuario, buscando equilibrar la situación de desventaja en que se encuentra frente al proveedor del servicio financiero.

Por último, la referida Primera Sala analizó el contenido del derecho de acceso a la justicia, en el sentido de que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, así como la necesidad de que exista un recurso sencillo y efectivo contra actos que lesionen derechos fundamentales.

Con todos estos elementos se concluyó que si bien la jurisdicción por razón de territorio es prorrogable mediante pacto de sumisión expresa, éste encuentra limitación cuando el acuerdo implique impedimento o denegación de acceso a la justicia, lo que puede suceder si las partes se someten a la jurisdicción de un lugar en el que ninguna de ellas tenga su domicilio, ni en él se haya pactado el cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, ni sea el de la ubicación de la cosa, puesto que la necesidad de trasladarse a litigar a un lugar distinto a alguno de los precisados con antelación, resultará más oneroso y sí puede constituir impedimento o denegación de acceso a la justicia para alguna de las partes.

Así, esta limitación se actualiza cuando el usuario del servicio financiero, por las cláusulas estipuladas en el contrato de adhesión se someta a una jurisdicción diferente a la de su residencia habitual, lo que conllevará que aquél –el usuario– se traslade a un lugar distinto para efectuar la defensa de sus pretensiones. Sobre todo si se toma en consideración que las instituciones bancarias ofrecen sus servicios a lo largo del territorio nacional.

En estas condiciones, la conclusión final consistió en que, independientemente de que los contratantes hubieran estipulado una cláusula de sumisión expresa en un contrato de adhesión con una institución bancaria, esta regla debería interpretarse de la forma que más favoreciera al derecho de acceso a la justicia, consistente en que los particulares –usuarios de servicios financieros– contaran con libertad para fijar la competencia donde se tramitaría el juicio, tomando como parámetro su domicilio, siempre y cuando también se respetara el interés de la institución bancaria.

De esta contradicción de tesis surgió la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2019 (10a.), de título, subtítulo y texto:

"COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia."

De lo resuelto en la referida contradicción de tesis 192/2018, se desprenden dos premisas básicas de estudio y una conclusión.

Inicialmente, se tiene que la prórroga de jurisdicción por razón de territorio y la limitación de su aplicación partió de la idea fundamental de que existía un contrato de adhesión en el que se había estipulado la sumisión expresa a una jurisdicción determinada. En segundo lugar, que la prórroga de jurisdicción en razón de territorio debía estudiarse a la luz del derecho de acceso a la justicia y en beneficio del usuario de servicios financieros.

Como conclusión se advierte que este criterio buscó, ante todo, lograr un beneficio procesal hacia los usuarios de servicios financieros, en el que pudiera inaplicarse el pacto inserto en un contrato de adhesión, y que éste se pudiera interpretar de forma más favorable hacia los particulares.

De lo que se observa que este criterio constituye, después de todo, una herramienta interpretativa con la que se puedan resolver los conflictos entre cláusulas de sumisión expresa y los domicilios del particular –quien normalmente se encuentra en una situación de desventaja frente al banco–.

Así, el criterio consiste en otorgar un beneficio al particular, de forma que se prefiera su decisión sobre dónde tramitar el asunto, independientemente de la estipulación realizada en un contrato de adhesión.

La finalidad de este criterio es equilibrar la situación asimétrica entre ambas partes –pues normalmente el particular reside en un solo sitio y las instituciones bancarias cuentan con una infraestructura de servicio y defensa más robusta y amplia–; por lo que, conforme con este criterio, debe prevalecer la decisión del particular.

De esta forma, tomando en cuenta el criterio en estudio, es claro que el operador jurídico debe realizar un análisis pormenorizado de las condiciones procesales objetivas del asunto y, hecho lo anterior, determinar cuál sería la mejor solución procesal para el mismo, pero siempre tomando en consideración que es un beneficio del particular decidir en qué jurisdicción el asunto habrá de ser tramitado.

En el entendido de que este criterio no debe aplicarse en forma de una regla general estricta. Esto es, no necesariamente aplica en todos los casos en que una persona física tenga su domicilio particular en otra entidad, ya que como se dijo, tal criterio funciona como un beneficio a favor del usuario de servicios financieros, donde prevalece su deseo de tramitar el asunto en una jurisdicción u otra, al margen de lo que se haya estipulado en el contrato de adhesión.

En el escrito inicial de demanda, el actor demandó de **********, la nulidad absoluta de diversos cargos bancarios aplicados sin su consentimiento y, en ese escrito, señaló un domicilio procesal en la Ciudad de México, ubicado en **********, ********** piso, (oficina **********), oficina **********, colonia **********, Alcaldía **********, código postal **********, Ciudad de México; asimismo, autorizó a diversas personas y solicitó el acceso al portal de servicios en línea. Textualmente expresó lo siguiente:

"********** promoviendo por propio derecho, manifiesto a su señoría lo siguiente:

"a) Con fundamento en el artículo 1390 Bis 11, fracción II, del Código de Comercio, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, el ubicado en **********, ********** piso (oficina **********, responsable **********), oficina **********, colonia **********, código postal **********, Alcaldía **********, Ciudad de México.

"b) Con fundamento en el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, autorizo a los licenciados en derecho **********, **********, **********, ********** y **********. Profesionistas que se encuentran autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante las cédulas profesionales.

"c) Con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo 13/2020 y 29 del Acuerdo 21/2020, emitidos ambos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicito se permita al actor la actuación desde el Portal de Servicios en Línea y se me autorice la práctica de todo tipo de notificaciones, aun las de carácter personal, por medios electrónicos. Proporcionando para ello de conformidad a los acuerdos citados con antelación, el nombre de usuario con el que se tiene registro para acceder a dicho portal: ..."

Con dicho escrito de demanda el ahora quejoso exhibió, entre otros documentos, copia de su credencial para votar con fotografía en la que consta el domicilio de: "C. **********, col. **********, **********, **********."

En auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México –a quien tocó conocer del asunto– previno al quejoso para que, entre otras cuestiones, aclarara su demanda respecto de lo siguiente:

"En tercer lugar, del análisis de la demanda se advierte que ‘la’ promovente en el capítulo relativo a los hechos, en particular el marcado con el número 1, señala que tiene celebrado un contrato único de captación, crédito y banca electrónica para personas físicas con la institución financiera demandada, mediante el cual se le asignaron las cuentas de cheques ********** y **********.

"Asimismo, al ofrecer como prueba la copia de su credencial para votar, se advierte lo siguiente:

"(se reproduce imagen)

"De la imagen anterior se aprecia que la parte promovente tiene su domicilio en **********. Al respecto, este Juzgado de Distrito estima indispensable que la parte actora aclare, si ése es su domicilio particular y dónde realizó la apertura del contrato materia de la litis, ya que del estado de cuenta también se advierte lo siguiente:

"(se reproduce imagen)

"Lo anterior, toda vez que el domicilio que indica en su escrito inicial difiere del que se advierte de los documentos base de la acción, lo cual deberá hacer de manera congruente con los documentos que acompaña como anexos al ocurso de cuenta."

El enjuiciante, en el desahogo de esa prevención señaló:

"3. El actor precisa y confirma a su señoría que el domicilio que aparece en mi credencial para votar y en el estado de cuenta allegados a juicio sí corresponden a mi domicilio particular. ..."

En atención a este desahogo, la autoridad responsable se inhibió respecto del conocimiento del asunto por razón del territorio y desechó la demanda.

En el caso, con base en el marco de estudio ya expuesto, se advierte que la citada autoridad no analizó las condiciones procesales objetivas del asunto, sino que aplicó de forma tajante el criterio jurisprudencial mencionado previamente en esta resolución.

Ello es así, porque en el particular, el Juez responsable debió tomar en cuenta que el quejoso señaló un domicilio procesal dentro del territorio donde el juzgado del que es titular ejerce jurisdicción y autorizó a diversas personas para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, se puede desprender que fue deseo de dicho quejoso tramitar la demanda en la jurisdicción donde tenía su domicilio procesal y no en el de su domicilio particular.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31653-f140e63d/competencia-por-sumision-expresa-la-tesis-de-jurisprudencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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