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Modo: Corpus Pro

RETENCIÓN DE BIENES EN MATERIA MERCANTIL. PARA OTORGARLA COMO MEDIDA CAUTELAR NO LE APLICAN LAS CONDICIONES DE LA "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO" Y EL "PELIGRO EN LA DEMORA", LAS CUALES CORRESPONDEN A LA SUSPENSIÓN EN MATERIA DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 136/2023. · Registro digital (IUS): 32709
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.1011.

AMPARO EN REVISIÓN 136/2023. 14 DE JUNIO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y SHELIN JOSUÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. En un juicio oral mercantil, la parte actora demandó la nulidad del contrato de compraventa de acciones de una empresa, y la devolución del monto pagado por la operación, en virtud de que el contrato celebrado se encontraba viciado por el dolo, error y mala fe de parte de las vendedoras demandadas. Asimismo, solicitó el otorgamiento de diversas medidas cautelares consistentes en la retención de las cuentas bancarias de las codemandadas y la inmovilización de sus recursos, acciones y derechos económicos.

El juez del conocimiento negó las medidas cautelares solicitadas, en virtud de que la parte actora no demostró la existencia de un "crédito líquido y exigible" a su favor, por lo que incumplió con los requisitos que establece el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio.

Inconforme, el actor promovió demanda de amparo en la que impugnó ese precepto y fracción, así como el auto que negó las medidas cautelares de retención de bienes —como primer acto de aplicación—. Sin embargo, el Juez de Distrito emitió sentencia en la que sobreseyó en el amparo, por considerar que el acto reclamado no vulnera materialmente derechos sustantivos.

Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado emitió sentencia en la que: i) levantó el sobreseimiento; ii) desestimó las causales de improcedencia que las partes hicieron valer y el Juez de Distrito no estudió; y, iii) por último, reservó jurisdicción para que esta Suprema Corte asumiera su competencia originaria y resolviera sobre la cuestión de constitucionalidad del artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio.

El proyecto propone, en la materia de la revisión, negar el amparo contra el precepto impugnado y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento para el examen de los conceptos de violación de legalidad restantes.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día catorce de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 136/2023, interpuesto por Empresa "A" en su calidad de quejosa y recurrente, por conducto de su apoderada Nombre de la persona apoderada, en contra de la sentencia emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo indirecto Primer Número de Expediente.

El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio,(1) al establecer que el juez sólo decretará la retención de bienes cuando el solicitante pruebe la existencia de un crédito "líquido" y "exigible" a su favor, viola o no los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva e igualdad.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Contrato de compraventa de acciones.(2) El veinticuatro de enero de dos mil veinte Empresa "A" (en adelante "Empresa A", "la quejosa" o "la actora"), como compradora, celebró un contrato de compraventa de acciones con Empresa "B", Empresa "C", Empresa "D", Empresa "E", Empresa "F", Empresa "G" y Empresa "H",(3) en su carácter de vendedores. En ese contrato también intervino Grupo Empresarial para dar su "reconocimiento y acuerdo". El contrato tuvo como objeto de interés que la compradora adquiriera los activos necesarios para asumir el control y administración de Grupo Empresarial.

2. Estado financiero. En la cláusula 5.2, inciso k), del contrato fundatorio, Grupo Empresarial declaró sus "pasivos significativos y pasivos no divulgados" y, para ello, hizo remisión a tres documentos con los que pretendió revelar su situación económica.(4)

3. Obligación de indemnizar. Por su parte, en la cláusula 9, inciso a), del contrato fundatorio, se estableció como causa de indemnización a favor del comprador y, en su caso, del adquirente de los activos inmobiliarios, la falta de veracidad en las declaraciones de los vendedores y de Grupo Empresarial en el contrato.(5)

4. Convenios modificatorios. Ese contrato fue modificado por cuatro convenios en las siguientes fechas: veintisiete de enero, treinta de septiembre y dieciocho de diciembre, todos de dos mil veinte, así como veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Estos convenios tuvieron como propósito reiterar el objeto del contrato respecto a la compraventa de las acciones de Grupo Empresarial, la adquisición de sus activos inmobiliarios y fijar el precio de compra de las acciones representativas del capital social de dicha compañía en $UN MONTO DE DINERO EN NÚMEROS (un monto de dinero en letras en pesos).

5. Demanda oral mercantil. En escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, Empresa "A" demandó en la vía oral mercantil a los vendedores y a Empresa Inversora, por la nulidad relativa del contrato de compraventa de las acciones —modificado por cuatro convenios—, por la devolución del monto de la compraventa a manera de suerte principal y por el pago de las prestaciones accesorias.

6. En esa demanda, la actora realizó diversas manifestaciones que, por la etapa procesal inicial en la que se formularon —de conformación de la litis—, su exactitud aún no está probada plenamente en la contienda natural, no son cosa juzgada —está sub iudice— y, desde luego, juzgar su veracidad no forma parte de la litis de la presente revisión.

7. Sin embargo, es necesario traerlas a cuenta en esta relación de hechos porque el juzgador responsable, al emitir el acuerdo reclamado en el que negó las medidas cautelares que la actora solicitó, tuvo que formar su criterio a partir de las manifestaciones de la demanda y de la información que deriva de sus anexos. De este modo, conocerlas permite identificar el contexto en el que surgió el acto reclamado que, eventualmente, generó la presente revisión. En ese entendido, las manifestaciones de la actora, materia de interés, fueron las siguientes:

• Modelo de negocio. La accionante aseveró que dentro del objeto social y comercial de Grupo Empresarial y sus subsidiarias está ser propietarios de cementerios, funerarias y crematorios en México para prestar servicios funerarios al momento que un cliente lo solicite, o bien, en un futuro, mediante la celebración de los denominados "contratos de prestación de servicios a futuro". A través de estos, el cliente paga cierto precio y Grupo Empresarial se obliga a entregar un producto, construir la infraestructura y prestar el servicio funerario cuando llegue el momento.

• Interés de compra. Según la actora, precisamente ese modelo de negocio "y la pretendida situación económica y financiera de Grupo Empresarial" reportada por la parte vendedora al momento de celebrar los actos jurídicos mencionados previamente, atrajo su interés para adquirir las acciones representativas de la compañía, y asumir su control y administración.

• Pasivos no reportados. La accionante aseveró que, al margen de lo establecido en el contrato y sus convenios, ya con el control y administración de Grupo Empresarial, descubrió pasivos no reportados por las vendedoras al momento de la celebración de dichos actos jurídicos, por un monto equivalente a $UN MONTO DE DINERO DE PASIVOS EN NÚMEROS (un monto de dinero de pasivos en letras en pesos con algunos centavos en moneda nacional).(6)

• Causa de la nulidad. De esta manera, la actora consideró que las declaraciones de las vendedoras sobre la situación financiera de Grupo Empresarial contravinieron las buenas costumbres y la buena fe. Además, indicó que, por esa razón, su consentimiento en la celebración del contrato y sus convenios estuvo "viciado por error", inducido intencionalmente derivado del "dolo" de las vendedoras, ya que, de haber conocido la verdadera situación contable y financiera de la empresa, no hubiera otorgado su consentimiento para celebrar esos actos jurídicos.

8. Solicitud de medidas cautelares. En esa demanda inicial, la actora solicitó el otorgamiento de las medidas cautelares que identificó como "secuestro" o "retención" de las acciones, derechos económicos y cuentas bancarias de las codemandadas, por una cantidad no menor a la suerte principal, a fin de asegurar la ejecución de una futura sentencia favorable.

9. Juicio oral mercantil Segundo Número de Expediente. En auto de ocho de abril de dos mil veintidós, la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializada en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, admitió la demanda en la vía oral mercantil, ordenó el emplazamiento de las demandadas y negó el otorgamiento de las medidas cautelares, conforme a las consideraciones centrales siguientes:

• En el caso, la actora no cumple con el requisito establecido en el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio, que obliga a probar la existencia de un crédito "líquido" y "exigible".

• Esto, porque la actora funda su petición primordialmente en las documentales consistentes en "estados financieros", que reflejan la situación financiera de la compañía funeraria de manera "incompleta", al existir "pasivos no reportados".

• Sin embargo, se considera que con los documentos que acompaña a su escrito inicial y, en particular, al que dio origen a la solicitud de esta medida, la actora no demuestra aunque sea de manera presuntiva la existencia de un crédito líquido y exigible en su favor, porque los estados financieros resultan insuficientes para justificar el adeudo que refiere en su demanda, en atención a que su alcance únicamente es demostrativo de la situación financiera de la persona moral demandada y, en todo caso, de la existencia de una relación contractual entre las partes.

• Lo anterior es así, porque la pretensión principal de la actora en el juicio es la declaración judicial de nulidad y/o ineficacia del contrato de compraventa de acciones celebrado con las demandadas el veinticuatro de enero de dos mil veinte y, en consecuencia de ello, la devolución de la suerte principal equivalente al precio pagado por la compra de las acciones.

• Atendiendo a lo anterior, dichos documentos no se encuentran dentro de aquellos que hacen patente la existencia de un crédito "cierto, líquido y exigible", como en su caso pudieran ser "la sentencia ejecutoriada, los documentos públicos que hagan prueba plena, los documentos privados reconocidos ante notario o autoridad judicial, la confesión judicial del deudor, los títulos de crédito, la decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor, así como el estado de cuenta certificado por contador facultado por institución de crédito".

• Además, de los documentos exhibidos no se desprende la existencia de un crédito exigible que las demandadas tuvieran pendiente de liquidar a la actora; por tanto, resultan insuficientes para tener por acreditado el requisito de exigibilidad respecto del monto ahí especificado.

• Por lo tanto, no existe certeza del adeudo que debe ser cubierto y para los efectos de la medida cautelar no puede considerarse "exigible". Esto, ya que los "estados financieros" sólo demuestran la situación económica ahí descrita, pero no la exigibilidad "del crédito".

• Así, al no demostrarse la existencia de un "crédito líquido y exigible" por el monto de la suerte principal, se incumple el requisito establecido en el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio, y no procede el otorgamiento de la medida cautelar.

10. Juicio de amparo indirecto. El tres de mayo de dos mil veintidós, Empresa "A" por conducto de su apoderada Nombre de la apoderada, presentó demanda de amparo indirecto en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

Ver autoridades responsables y actos reclamados

11. En la demanda de amparo indirecto, la quejosa hizo valer tres conceptos de violación en los que formuló argumentos de diversa índole, intercalados entre sí, pero que se resumen esencialmente en lo siguiente —sólo el tercer punto envuelve un tema de estricta constitucionalidad—:

• Primero. El artículo 1175 del Código de Comercio es inaplicable, porque las medidas cautelares que la actora solicitó son "sui géneris". Es decir, no se trata de la típica retención de bienes, por lo que el artículo aplicable era el 1168 del mismo ordenamiento que no establece como requisito para decretar la medida cautelar, el demostrar que existe una deuda "líquida y exigible".

• Segundo. La jueza mercantil debió valorar las pruebas que ofreció junto con su demanda natural de manera "flexible", mediante la aplicación del principio pro persona y la interpretación conforme. De haberlo hecho, hubiera tenido por cumplidos los requisitos de "liquidez y exigibilidad". Por lo tanto, hizo una interpretación y aplicación restrictiva del artículo 1175 del Código de Comercio.

• Tercero. El artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio es inconstitucional, por transgredir los derechos de acceso a la justicia e igualdad previstos en los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(7) 1 y 17 de la Constitución Política del país:

a) En relación con los derechos fundamentales al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de tutela cautelar, porque:

• Exige al solicitante demostrar la existencia de un crédito "líquido" y "exigible" a su favor como presupuesto de otorgamiento de la retención de bienes.

• No supera un test de proporcionalidad, pues a pesar de que persigue una finalidad constitucionalmente válida al establecer un estándar probatorio que salvaguarde la seguridad jurídica del destinatario de la medida cautelar, no supera las gradas de idoneidad y necesidad.

• Lo anterior, porque exigirle a la solicitante demostrar la existencia de un crédito "líquido" y "exigible" es "irracional y desproporcional", ya que el legislador debió optar por demostrar "la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora", que son estándares flexibles, pero que dotan de parámetros de legalidad, fundamentación y motivación a los juzgadores para dotar de eficacia al derecho a la tutela cautelar efectiva.

b) En relación con el derecho de igualdad procesal:

• La norma impugnada es inconstitucional porque crea un "tratamiento jurídico distinto entre los peticionarios de medidas cautelares que implica una discriminación que acrece de razonabilidad alguna y no satisface siquiera un escrutinio ordinario".

• Lo anterior, porque en caso de que el gobernado solicite una medida cautelar "distinta a la retención de bienes o personas", únicamente necesitaría acreditar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que son los requisitos que jurisprudencial y doctrinariamente se han considerado como inherentes al examen de procedencia de las medidas cautelares y, en caso de retención de bienes o personas, deberá acreditar forzosamente todos los requisitos previstos en el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio.

• Así, existe un tratamiento normativo diferenciado entre los requisitos que deben acreditar los solicitantes de las medidas cautelares en los juicios, que conlleva una discriminación contraria al parámetro de regularidad constitucional, a pesar de ser una misma categoría de sujetos que se ubican en posiciones análogas. Ello, porque tratándose de la retención de bienes o personas, deberá atenderse a los requisitos mencionados en el Código de Comercio, mientras que aquellas medidas cautelares distintas a la retención de bienes o personas deberán cumplir con los requisitos de "apariencia del buen derecho y peligro en la demora".

12. Trámite del amparo Tercer Número de Expediente. El Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México conoció de la demanda de amparo, la admitió a trámite y tuvo como tercera interesada a Empresa Inversora.

13. Sentencia impugnada. El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en la que el Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio, al aplicar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII(8) en relación con el artículo 107, fracción V,(9) interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Al respecto, consideró que el acto de aplicación que negó las medidas cautelares solicitadas no vulnera materialmente los derechos sustantivos de la quejosa.

14. Recurso de revisión. Inconforme con la determinación del citado Juzgado de Distrito, mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós la quejosa interpuso el recurso de revisión. Por su parte, la tercera interesada Empresa Inversora, interpuso el recurso de revisión adhesiva.

15. En el escrito de revisión principal, la quejosa argumentó esencialmente que la causal de improcedencia que el Juez de Distrito aplicó es inconducente. Esto, porque el auto que negó las medidas cautelares sí vulnera sus derechos sustantivos, ya que puede propiciar que, de serle favorable la eventual sentencia, no pueda ejecutarla, lo que causaría un perjuicio a su patrimonio.

16. Por su parte, Empresa Inversora, en su calidad de recurrente adhesiva, planteó esencialmente que el artículo 1175 del Código de Comercio persigue una finalidad constitucionalmente válida, en virtud de que no limita los derechos, sino que genera certeza en el juzgador para imponer una medida que constituye un acto de molestia, por lo que se debe analizar que ésta tenga una razón de ser y que su concesión sea realmente necesaria y en estricto apego a las formalidades esenciales del procedimiento.

17. Trámite inicial de la revisión. El conocimiento del asunto correspondió al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente lo registró con el número de expediente Cuarto Número de Expediente y lo admitió a trámite.

18. Resolución del Tribunal. El primero de febrero de dos mil veintitrés, el órgano colegiado emitió sentencia en la que declaró fundados los agravios que la peticionaria planteó, por lo que: i) levantó el sobreseimiento; ii) desestimó las causales de improcedencia que las partes hicieron valer y el Juez de Distrito no estudió; y, iii) por último, reservó jurisdicción para que esta Suprema Corte asumiera su competencia originaria y resolviera sobre la cuestión de constitucionalidad del artículo 1175 del Código de Comercio.

19. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández emitió un auto en el que este alto tribunal asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto, admitió a trámite tanto la revisión principal como la adhesiva, y turnó los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, con la finalidad de que elaborara el proyecto de resolución del asunto.

20. Avocamiento. El veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, emitió auto de avocamiento al conocimiento del caso y envió el expediente a la Ministra ponente Ana Margarita Ríos Farjat.

II. COMPETENCIA

21. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo, así como el 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22. Ello, porque el recurso de revisión se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en materia mercantil, sobre la cual, esta Primera Sala ejerce competencia.

III. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

23. Legitimación. El recurso de revisión principal se interpuso por parte legitimada, pues Nombre de la apoderada lo presentó como apoderada legal de Empresa "A", quien es parte quejosa y recurrente en el presente asunto.(10)

24. Por otro lado, el recurso de revisión adhesivo también se interpuso por parte legitimada, ya que Nombre del otro apoderado lo presentó como representante de Empresa Inversora, quien es tercera interesada en el juicio de amparo del que deriva este asunto.(11)

25. Oportunidad. Es innecesario analizar la oportunidad con la que la recurrente principal y la adhesiva interpusieron los recursos de revisión, ya que, en su sentencia, el Tribunal Colegiado que inicialmente conoció del asunto determinó que se presentaron oportunamente.(12)

IV. PROCEDENCIA

26. Esta Primera Sala considera que el recurso de revisión es procedente, ya que el órgano colegiado reservó jurisdicción para que este alto tribunal resolviera de primera mano la litis constitucional en torno a si el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio,(13) al establecer que el juez mercantil sólo decretará la retención de bienes cuando el solicitante pruebe la existencia de un crédito "líquido" y "exigible", viola o no los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva e igualdad procesal.

27. Por lo tanto, se cumplen los requisitos de procedencia previstos en los puntos Segundo, Tercero y Sexto del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

28. Ello, porque en la sentencia de amparo la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio (ley federal), al cuestionar la circunstancia de que, conforme a tal precepto, el juez mercantil sólo pueda decretar la retención de bienes cuando el solicitante pruebe la existencia de un crédito "líquido" y "exigible".

29. Además, la cuestión constitucional subsiste porque el Tribunal Colegiado, en su sentencia, levantó el sobreseimiento y desestimó las causales de improcedencia que las partes hicieron valer y el Juez de Distrito no estudió en la resolución impugnada.

30. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 93, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo,(14) debido a que el Juez de Distrito sobreseyó en su sentencia y el Tribunal Colegiado levantó ese sobreseimiento con reserva de jurisdicción a esta Suprema Corte para resolver una parte de la litis del asunto, ante la falta de reenvío en materia de amparo indirecto y con plenitud de jurisdicción, este alto tribunal procede a analizar de primera mano los conceptos de violación estrictamente vinculados con la inconstitucionalidad del artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio.

31. Cabe precisar que la quejosa, en su demanda de amparo, reclama en términos genéricos la inconstitucionalidad del artículo 1175 del Código de Comercio; sin embargo, de la lectura íntegra de ese escrito se obtiene que sólo cuestiona el requisito de demostrar la existencia de un crédito "líquido" y "exigible" para obtener la retención de bienes, lo cual está previsto exclusivamente en la fracción I. Así, la litis de esta revisión se centra estrictamente en esa fracción y requisito.

32. Por otra parte, si bien, en una parte de sus conceptos de violación, la parte quejosa pareciera impugnar también el artículo 1168 del Código de Comercio al mencionar que "es inconstitucional", lo cierto es que se trata de un error mecanográfico. Esto, pues de la lectura exhaustiva de la demanda de amparo se advierte que la peticionaria citó ese precepto con la finalidad de evidenciar que, a diferencia de la "retención de bienes", existen otras medidas cautelares cuyo otorgamiento no amerita demostrar la existencia de un crédito "líquido" y "exigible". De ahí que esa circunstancia no afecte la materia de análisis de fondo en la presente revisión.

V. ESTUDIO DE FONDO

33. En la materia de la revisión competencia de esta Suprema Corte, los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra, por lo que debe negarse la protección constitucional respecto del acto reclamado consistente en el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio, y debe devolverse los autos al Tribunal Colegiado del conocimiento, con reserva de jurisdicción, para que resuelva la litis de legalidad restante.

34. Para justificar esta calificativa, el estudio de fondo se realiza a partir de las dos temáticas planteadas en los conceptos de violación: i) Tutela judicial y retención de bienes como medida cautelar; y, ii) Derecho a la igualdad procesal y retención de bienes.

i) Tutela judicial y retención de bienes como medida cautelar

35. La palabra "tutela", proviene del latín "tutela ‘defensa’, ‘amparo’ y, entre otras cosas, quiere decir: "dirección, amparo o defensa de una persona respecto de otra".(15)

36. Por ende, conforme a esta raíz lingüística, el derecho a la "tutela judicial o jurisdiccional efectiva" se vincula con la prerrogativa de los habitantes a ser defendidos o amparados en justicia y con eficacia por los tribunales.(16)

37. En sentido amplio, la "tutela judicial o jurisdiccional efectiva" puede entenderse como el derecho de las personas a formular pretensiones, y a defenderse de ellas, ante un órgano jurisdiccional, a través de un juicio en el cual se respeten las garantías del debido proceso, se emita una sentencia y, en su caso, se logre su plena y efectiva ejecución.

38. Ahora, el derecho a la tutela jurisdiccional está previsto en el orden constitucional y convencional, dentro de los artículos 17 de la Constitución Política del país, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

39. Por lo tanto, el derecho a la tutela jurisdiccional ha sido desarrollado por la jurisprudencia nacional e internacional, especialmente la emanada de esta Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(17)

40. En términos generales, el derecho a la tutela jurisdiccional puede derivar en varios elementos o ámbitos integrados por derechos específicos: el de acceso a la justicia, el de debido proceso, el de obtener una sentencia jurisdiccional fundada en derecho y el de plena eficacia o ejecución de la sentencia.(18)

41. Cada uno de esos elementos despliega sus efectos tutelares en momentos distintos: el de acceso a la justicia, en el momento de plantear una pretensión, o defenderse de ella, ante tribunales que deben contar con determinadas características; el debido proceso, durante el desarrollo del procedimiento (a través del emplazamiento, la dilación probatoria y la etapa de alegatos); el de obtener una sentencia fundada y motivada, en el momento conclusivo del juicio; y, de eficacia y ejecución de la sentencia, después de concluido.

42. Hay también una exigencia transversal a estos elementos que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional, consistente en la remoción de todos los obstáculos injustificados para acceder a la justicia, al debido proceso, a una sentencia fundada en derecho y a su plena ejecución.

43. Así, los Estados tienen el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva mediante distintos instrumentos o mecanismos legales.

44. Para que los instrumentos o mecanismos legales sean verdaderamente efectivos, las autoridades judiciales deben procurar que, durante su substanciación, se garanticen ciertas condiciones mínimas necesarias para estar las personas en posibilidad real de proteger, asegurar y hacer valer los derechos implicados.

45. De este modo, la tutela jurisdiccional efectiva se ha dividido en tutela cautelar y tutela definitiva.

46. La tutela definitiva se relaciona con la defensa de los derechos sustantivos de los justiciables principalmente a través de un juicio que concluye con una institución procesal conocida como sentencia en la cual se dirimen las cuestiones debatidas en la contienda jurisdiccional.

47. En cambio, la tutela cautelar, se vincula primordialmente con la defensa del derecho de los justiciables a ejecutar esa sentencia, la que se materializa a través de instrumentos o mecanismos legales previos a la emisión de dicha resolución, con la finalidad de asegurar su utilidad y eficacia práctica.

48. Los instrumentos procesales o mecanismos legales propios de la tutela cautelar son las "medidas cautelares", las cuales, sirven para remover obstáculos que pudieran impedir a los justiciables gozar de sus derechos, por la realización de actos ocurridos antes del dictado de la sentencia, que pudieran impedir, limitar o dificultar su ejecución.

49. En el orden jurídico mexicano, por deficiencias de técnica legislativa, a las "medidas cautelares" se les ha referido en las leyes —de manera indistinta y fragmentada— como "medidas cautelares", "medidas precautorias", "providencias cautelares", y "providencias precautorias", entre otras denominaciones.

50. Sin embargo, más allá de la denominación formal o doctrinal que pudiera darse a esas medidas o providencias, lo relevante es que todas ellas constituyen instrumentos o mecanismos procesales para hacer efectiva la tutela cautelar y, en consecuencia, la tutela jurisdiccional.

51. En relación con la tutela cautelar, en los precedentes de esta Suprema Corte, destacan las consideraciones emitidas por esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 415/2012.(19)

52. En dicho precedente, este alto tribunal reconoció el término de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32709-58c9c48b/retencion-de-bienes-en-materia-mercantil-para-otorgarla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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