COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONÍA), CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 1/2019 (10a.), DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN].
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN, SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, FRANCISCO J. SANDOVAL LÓPEZ Y J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI (PRESIDENTE). DISIDENTE: LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ. PONENTE: CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. SECRETARIO: MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ TIRADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por un Magistrado integrante del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que dictó uno de los criterios contendientes.
TERCERO.—Posturas contendientes.
Los hechos y los criterios jurídicos que derivan de las ejecutorias de los órganos de amparo participantes, son los siguientes:
I. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ejecutoria del juicio de amparo directo 901/2019, emitida el trece de diciembre de dos mil diecinueve.
Hechos. El Tribunal Colegiado resolvió, por unanimidad de votos, la acción de amparo promovida por la parte actora en contra de una resolución que puso fin al juicio, dictada por la titular del Juzgado Décimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en la que declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de un juicio oral mercantil, incoado por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, conocida comercialmente como **********, en contra de una persona física, en el que se reclamó el pago del numerario generado por el suministro de telefonía móvil, servicios adicionales contratados y costo del equipo telefónico, derivados del contrato de adhesión que celebró en su carácter de prestadora del servicio público de telefonía, así como otras prestaciones.
El Tribunal Colegiado concedió la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dictara otra, en la que se abstuviera de inhibirse del conocimiento de la demanda promovida por la parte quejosa, con base en el criterio contenido en la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2019 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", porque no debió aplicar de manera analógica la tesis en cuestión, que establece un caso de excepción a la aplicabilidad de una regla general.
Criterio del Tribunal Colegiado. Las consideraciones medulares que emitió el órgano jurisdiccional para sustentar su decisión son:
• Resultó fundado el concepto de violación en torno a que la Juez responsable comparó a la quejosa con una institución bancaria e indebidamente aplicó la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", dirigida a ese tipo de instituciones, quienes cuentan con sucursales formales, todos los servicios y personal debidamente instalados en los diversos Estados de la República Mexicana, lo que les permitía contar con la debida defensa legal; en tanto que la peticionaria del amparo no contaba con dichas características.
• En términos de lo dispuesto por los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, y hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y, para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa.
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 192/2018, estableció un caso de excepción a la operatividad de la sumisión expresa prevista en los citados preceptos legales, esto es, un supuesto en el cual a pesar de que las partes contratantes renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia señalen como tribunal competente a alguno de los permitidos por el citado artículo 1093, dicha renuncia y sometimiento se tornan inoperantes, a saber, cuando la sumisión expresa haya sido resultado de la celebración de un contrato de adhesión con una institución bancaria. En esa hipótesis, el Alto Tribunal sostuvo que la regla de sumisión expresa prevista en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio no cobra aplicación.
• Dicha excepción a la regla de la sumisión expresa derivó básicamente de dos premisas: 1) De la calidad de "no negociable" de la cláusula en cuestión, al derivar de un contrato de adhesión; y que ello tuviera como resultado someter al usuario del servicio financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual; y 2) Del hecho notorio de que las instituciones bancarias ofrecen sus servicios a lo largo de todo el territorio nacional.
• Así se advertía de la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), que emanó de la contradicción de tesis mencionada, de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."
• La aplicación de la referida excepción a la regla de la sumisión expresa es estricta, y se encuentra restringida a los casos que de manera explícita excluye de la regla general, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 del Código Civil Federal, que establece que las leyes (debe leerse: normas, como en el caso lo es la jurisprudencia en cuestión), que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a ningún caso que no esté expresamente especificado en las mismas leyes (normas).
• Si se consideraba que en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación configuró una excepción a la operatividad de la cláusula de sumisión expresa, ésta no podía aplicarse a casos que no estuvieran expresamente especificados en la propia jurisprudencia, lo que a su vez implicaba que, contrariamente a lo que hizo la Juez responsable, no podía ser aplicada de manera analógica a otros casos no regulados, en concreto, a cláusulas de sumisión expresa que no deriven de un contrato de adhesión, o que éste no sea celebrado por una institución bancaria con un usuario financiero, por ser esos dos elementos los que expresamente están especificados como fundamento de la inaplicabilidad (excepción a la regla) de la cláusula en cuestión, prevista en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio.
• Resultó incorrecto que la Juez responsable, a efecto de inhibirse del conocimiento de la demanda planteada por la quejosa, se apoyara en la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2019 (10a.), pues con ello pasó por alto que la citada accionante no tenía el carácter de institución bancaria y, por ende, que respecto de ella no operaba la excepción a la aplicabilidad de la cláusula de sumisión expresa contenida en el contrato base de la acción, al no estar expresamente regulado en dicho criterio jurisprudencial el caso en que el contrato de adhesión se celebrara con un ente diverso a una institución bancaria, como la sociedad anónima actora.
II. Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Ejecutoria del juicio de amparo directo 213/2021, pronunciada el doce de mayo de dos mil veintiuno.
Hechos. El Tribunal Colegiado resolvió, por mayoría de votos, el juicio de amparo que promovió la parte actora en contra de una resolución que puso fin al juicio, dictada por el titular del Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en la que declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de un juicio oral mercantil, instaurado por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de una persona física, en el que se reclamó el pago del numerario generado por el suministro de telefonía móvil, derivado de un contrato de adhesión de prestación de servicios de telefonía, registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor bajo el nombre comercial de **********, así como otras prestaciones.
El Tribunal Colegiado negó la protección constitucional solicitada, porque resultaba aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), citada por el Juez responsable, de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", aun cuando la quejosa no era una institución bancaria, sino una empresa telefónica.
Criterio del Tribunal Colegiado. Las consideraciones que sustentaron esa decisión, relacionadas con el problema jurídico materia de esta contradicción, son:
• El contrato base de la acción no se exhibió, no obstante, tal situación no impedía la resolución del asunto, porque la quejosa reconoció que en la cláusula vigésima segunda del contrato de adhesión, las partes acordaron someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, aun cuando el demandado tiene su domicilio en el Estado de México; que la quejosa es una sociedad anónima que presta servicios de telefonía a través de contratos de adhesión registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y que tiene su domicilio en la Ciudad de México, según se advertía de los hechos narrados en la demanda y del hecho notorio que podía corroborarse en la página de Internet de esa empresa telefónica, lo anterior con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
• En la resolución reclamada, el Juez responsable estimó carecer de competencia para conocer del asunto, por razón de territorio, bajo el argumento principal de que en el caso no es aplicable la cláusula de sumisión expresa establecida en el contrato base de la acción, en observancia al precedente contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", ya que la demandada tiene su domicilio en el Estado de México, además de que la actora sí tiene una sucursal en dicha entidad federativa.
• Resultaba aplicable la jurisprudencia citada por el Juez responsable, pues aun cuando la quejosa no era una institución bancaria, los supuestos determinantes que fueron tomados en cuenta para delimitar la "ratio decidendi" en el precedente mencionado, son análogos a los que subyacían en el litigio natural.
• Tanto en el precedente jurisprudencial como en el asunto que se analizó, existía un pacto de sumisión expresa regido por el artículo 1093 del Código de Comercio, en virtud de que la prestación de servicios de telefonía móvil es un acto mercantil.
• De igual forma, se estaba en presencia de un contrato de adhesión, incluso registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde la quejosa es la parte proveedora del servicio y la parte demandada es la beneficiaria de ese servicio.
• Otro aspecto análogo entre el precedente jurisprudencial y el mencionado caso, radicaba en que la competencia territorial se pactó en una jurisdicción diversa al Estado en donde tiene su domicilio el demandado, no obstante que el proveedor de servicios sí cuenta con sucursales para la atención de clientes en el Estado de México, que es en donde se ubica el domicilio del demandado.
• A través de sus sucursales, la proveedora de servicios tenía representación en el domicilio del demandado, tan es así que en ellas se brindaba la atención para aclaración de facturas (adeudos) y realización de pagos, reemplazo de "sim", informes sobre los servicios que proporciona, servicio técnico y contratación de servicios de telefonía móvil y seguros.
• Lo que se advertía del hecho notorio que constituye la información contenida en la página de Internet de la empresa quejosa, en la que manifiesta tener sucursales en el Estado de México, en los Municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Tecámac, Toluca, Cuautitlán Izcalli, Atlacomulco, Villa Nicolás Romero, Texcoco, Coacalco, Ecatepec de Morelos, Atizapán de Zaragoza, Zumpango de Ocampo, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad, etcétera.
• Lo anterior implicaba que la quejosa sí contaba con personal profesional para atender jurídicamente cualquier aspecto relacionado a los servicios que prestaba en la localidad en donde vivía la demandada, ya que según lo advertido del hecho notorio que constituía el contenido de su página de Internet, tenía por lo menos treinta y siete sucursales en dieciocho Municipios del Estado de México, por lo cual no se podía considerar acertada su aseveración de que únicamente contaba con simples "stands" o puntos de venta.
• Por esos motivos, debía llegarse a la conclusión jurídica que se sostuvo en la jurisprudencia aplicada en el preindicado caso, ya que el pacto de sumisión expresa en el que las partes prorrogaron jurisdicción, por razón de territorio, no era válido, porque implicaba impedimento o denegación de acceso a la justicia a la parte demandada, dado que las características destacadas revelaban que el lugar en que se pretendía plantear el litigio no era el domicilio del demandado, ni en el que se pactó el cumplimiento de las obligaciones. Y en cuanto al domicilio de las partes, la demandada vivía en el Estado de México, por lo que, de llevarse a cabo el juicio en la Ciudad de México, podía significar a la postre un obstáculo o denegación para el disfrute de su derecho de acceso a la jurisdicción, al tener que trasladarse a otra entidad para su defensa.
• En cambio, la quejosa sí tenía representación en la entidad donde vivía la demandada, ya que contaba con sucursales radicadas ahí.
• Para la quejosa, como demandante en el litigio, no conllevaba un obstáculo o denegación de acceso a la jurisdicción la circunstancia de que el juicio se tramitara en el Estado de México, aunado a que el hecho de que conociera de la controversia planteada un Juez distinto al de la Ciudad de México, en modo alguno implicaba denegación de acceso a la justicia en perjuicio de la quejosa, pues en el Estado de México existían tribunales expeditos para resolver la controversia que planteó.
• Resultaba infundado lo alegado por la quejosa, en el sentido de que, ante el pacto de prórroga territorial, debió admitirse la demanda y esperar a que el demandado, en su caso, opusiera la excepción respectiva, porque lo que se estaba salvaguardando era que el demandado no sólo contara con la oportunidad necesaria de enterarse de la demanda instaurada en su contra, sino que tuviera la real posibilidad de poder trasladarse al órgano jurisdiccional que conociera de ese asunto, y que ello se lograba, precisamente, cuando el juzgado respectivo se ubica en la localidad donde reside el consumidor demandado.
• La demandada no estaba en igualdad de condiciones que la actora, pues al ser la parte débil, por ser la consumidora, estaba sujeta a protección respecto de la parte fuerte, en el caso, una empresa telefónica de índole por lo menos nacional, de conformidad a lo que al respecto establecen los artículos 1 y 2 de Ley Federal de Protección al Consumidor. No sería dable considerar que la quejosa erogara mayores gastos al trasladarse a litigar a la referida ciudad, porque presumiblemente cuenta con los recursos para ello.
Este criterio fue aprobado por la mayoría de las Magistradas integrantes del tribunal, en contra del voto particular del Magistrado J. Jesús Pérez Grimaldi.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para determinar si el presente asunto cumple con los presupuestos de existencia de la contradicción de tesis, deben observarse los siguientes requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:(1)
a) Que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos que son de su legal competencia, adopten criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, con independencia de que no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
b) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
c) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
d) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
En el caso, se cumple el primer requisito para la existencia de la contradicción de tesis, porque los órganos colegiados contendientes adoptaron posturas contrarias en sendos juicios de amparo directo, promovidos por una sociedad mercantil que presta el servicio de telefonía, mediante contratos de adhesión, en contra de resoluciones que pusieron fin a los juicios orales mercantiles que instauró contra distintas personas físicas y ante diversos órganos jurisdiccionales, que coincidieron en declarar que carecían de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de los respectivos asuntos.
Asimismo, se satisface el segundo requisito, porque ambos órganos colegiados ejercieron su arbitrio judicial para definir si en aplicación analógica de la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", que derivó de la contradicción de tesis 192/2018, las autoridades judiciales pueden inhibirse del conocimiento de un juicio oral mercantil, porque estimen carecer de competencia legal, por razón de territorio, tratándose de controversias que deriven de contratos de adhesión de servicios de telefonía.
También se cumple el tercer requisito apuntado, porque los órganos colegiados arribaron a conclusiones opuestas respecto de la aplicación del preindicado criterio jurisprudencial, a cláusulas estipuladas en contratos de adhesión de prestación de servicios de telefonía, cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia, lo que no fue abordado por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que se configuró una excepción a la operatividad de la cláusula de sumisión expresa, que no podía aplicarse de manera analógica a otros casos no regulados, en concreto, a cláusulas de sumisión expresa que no deriven de un contrato de adhesión, o que éste no sea celebrado por una institución bancaria con un usuario financiero, por ser esos dos elementos los que expresamente están especificados como fundamento de la inaplicabilidad (excepción a la regla) de la cláusula en cuestión, prevista en los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio.
En tanto que el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito postula el criterio opuesto, en el sentido de que sí resultaba aplicable dicha jurisprudencia, porque aun cuando la quejosa no era una institución bancaria, los supuestos determinantes que fueron tomados en cuenta para delimitar la "ratio decidendi" en el precedente mencionado, son análogos a los que subyacían del litigio natural.
Lo que permite establecer que sí existe la contradicción de criterios entre los órganos colegiados contendientes y a la fecha subsiste la incertidumbre jurídica denunciada en este caso.
Por último, se actualiza el cuarto requisito para la existencia de la contradicción de tesis, porque de la confrontación de tales criterios surge la formulación de la siguiente pregunta: ¿La jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", es aplicable analógicamente cuando la cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, se pacta en contratos de adhesión celebrados con empresas que prestan el servicio de telefonía?
QUINTO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, por las razones que enseguida se exponen:
Pacto de sumisión expresa.
En materia contractual cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, principio que recogen los artículos 1832 del Código Civil Federal y 78 del Código de Comercio.
El ejercicio del poder o facultad de disposición de un derecho puede ser modificado, disminuido o extinguirse libre y voluntariamente, lo que ocurre cuando los contratantes formulan un pacto de sumisión expresa, por virtud del cual renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia designan con precisión el Juez a quien se someten, en términos del artículo 1093 del Código de Comercio; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió jurisprudencialmente que esa estipulación no resulta aplicable en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia, por lo que para dar respuesta a la interrogante señalada en el considerando anterior, se estima necesario transcribir las consideraciones que desarrolló en la contradicción de tesis 192/2018, resuelta en sesión de catorce de noviembre de dos mil dieciocho que, en lo relevante, son:
"TERCERO.—Criterios de los tribunales contendientes. ...
"I. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, quien conoció del expediente auxiliar 334/2018 (originalmente se radicó bajo el juicio de amparo 105/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito), del cual se advierten los antecedentes siguientes:
"Juicio oral mercantil. ********** demandó de **********, las prestaciones siguientes: a) se declare que la institución bancaria incurrió en la indebida autorización de sustracción de recursos económicos, b) la restitución por parte de la institución bancaria al actor del importe que asciende a la cantidad de $********** (**********), c) restituir las utilidades civiles que se deriven de la cantidad reclamada, d) una indemnización por daños y perjuicios; y, e) el pago de los gastos y costas que se originen por el juicio.
"Del asunto conoció la Juez Sexto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes, la cual, previo requerimiento, registró la demanda bajo el número de expediente **********, misma que admitió a trámite ordenando correr traslado y emplazamiento a la parte demandada.
"Excepción de incompetencia por territorio. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, la Juez del conocimiento tuvo a la parte demandada dando contestación a la demanda en la que opuso la excepción de incompetencia por territorio, por lo que remitió los autos a la superioridad para resolver la incompetencia planteada.
"Así, el doce de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, en el expediente oral mercantil **********, declaró fundada la incompetencia opuesta, puesto que la Juez Sexto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes carecía de competencia para conocer del asunto, de conformidad a la cláusula sexagésima quinta del contrato de prestación de servicios en línea celebrado entre las partes.
"...
"II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien conoció del amparo directo 460/2017, del que se desprenden los antecedentes siguientes:
"Juicio oral mercantil. **********demandó de **********, entre otras prestaciones, la cancelación de un contrato de crédito y la devolución de la cantidad de $********** (**********).
"Incompetencia. La demanda fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, misma que quedó registrada bajo el número **********; sin embargo, mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez del conocimiento se declaró incompetente para conocer del asunto por razón de territorio, puesto que en la cláusula cuadragésima primera del contrato de tarjeta de crédito, celebrado entre las partes, se estipuló que, en caso de controversia, las partes se someterían a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México. ...
"...
"QUINTO.—
"...
"A fin de poder resolver la materia de análisis de la contradicción de criterios que ahora nos ocupa, en primer lugar resulta conveniente explicar, en lo que interesa, el presupuesto procesal de la competencia en materia mercantil y su prórroga por razón de territorio, la naturaleza de los contratos de adhesión, que es donde se emitieron las cláusulas de sumisión expresa, lo cual es necesario para entender el alcance del artículo 1093 de la legislación mercantil apuntada y la interpretación del derecho de acceso a la jurisdicción que al respecto ha efectuado este Alto Tribunal.
"I) La competencia en materia mercantil.
"Dentro del proceso destacan conceptos esenciales como son las nociones de jurisdicción y competencia, la primera se vincula con la soberanía del Estado, la cual le ha sido delegada por el pueblo y que tiene como una de sus formas de manifestación la facultad de dictar el derecho dentro de su territorio. La competencia en cambio es el límite fijado a la jurisdicción por razones de materia, cuantía, grado o territorio. Las reglas de la competencia determinan la forma en que han de ejercer la jurisdicción los órganos del Estado especializados en administrar justicia.
"Tradicionalmente la doctrina ha dado al término de competencia, diversas acepciones. Al respecto, Rocco(2) sostiene que la competencia es aquella parte de la función jurisdiccional que corresponde en concreto a cada Juez. Por su parte, Alcalá Zamora(3) afirma que la competencia es la capacidad procesal objetiva del juzgador, y explica que deriva del verbo latino ‘competere’ que significa lo que nos pertenece, concede o corresponde.
"Ahora, la competencia tiene dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es aquella que se atribuye al órgano del Estado que desempeña la función jurisdiccional, en tanto que en la llamada competencia subjetiva se analiza si el titular del órgano del Estado está legitimado para actuar y también se examina si tal titular no tiene algún impedimento para intervenir respecto de cierto caso concreto.
"Es decir, la competencia objetiva radica en la esfera de atribuciones que la ley delimita a cada autoridad, pues el acto de autoridad debe ser producto de las atribuciones que la ley le confiere y que dicho acto se adecue precisamente al supuesto legal por el cual se le confieren facultades a la autoridad emisora; mientras que la subjetiva consiste en los atributos personales de la autoridad y la capacidad de la persona que desempeña el cargo público, se relaciona con los requisitos legales para ocuparlo, y con el procedimiento legal que se siguió para efectuar su designación o elección.
"A su vez, la competencia objetiva tiene cuatro criterios de definición que son: materia, grado, territorio y cuantía. En la competencia por territorio –que es la que nos interesa para la resolución del presente asunto– la aptitud jurídica de conocimiento de controversias se distribuye entre los diversos juzgadores mediante el señalamiento de una
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30382-046ba68f/competencia-por-sumision-expresa-la-regla-establecida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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