PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.
AMPARO EN REVISIÓN 1242/2015. 11 DE MAYO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTARON CONTRA CONSIDERACIONES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: EDUARDO ROMERO TAGLE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo, y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos primero, segundo, fracción III, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se promueve contra la sentencia dictada por una Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en el que se realizó una interpretación directa del artículo 6o. constitucional, en lo relativo al derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación en el contexto de la banda ancha de Internet, así como sobre la actuación de un concesionario en materia de telefonía fija, en relación con las obligaciones de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de dicho título de concesión; así, se trata de un asunto en materia administrativa, la cual resulta competencia de esta Segunda Sala, aunado a que no resulta necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. Estos aspectos no serán materia de análisis por esta Segunda Sala, pues el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto, determinó en su resolución de dos de julio de dos mil quince, que tanto el recurso de revisión, así como el recurso de revisión adhesiva, fueron interpuestos dentro del plazo legal correspondiente y por partes legitimadas para ello.
TERCERO.-Aspectos a resolver por esta Segunda Sala. Previo al estudio de fondo, es necesario precisar que en la sentencia de amparo, la Juez de Distrito fijó los actos reclamados de la siguiente manera:
(I) La suspensión o interrupción del servicio de telefonía fija que se había prestado de forma regular hasta abril de dos mil trece, imputable a **********, y la omisión de garantizar que el servicio se prestara de manera continua y permanente.
(II) La abstención de supervisar que el servicio se hubiera prestado de forma continua y permanente.
(III) La omisión de garantizar o facilitar el acceso de los quejosos al servicio de Internet de banda ancha, acorde al artículo 6o. constitucional.
(IV) Los efectos y consecuencias de tales actos.
Así, el presente asunto, a partir de lo planteado en la demanda de amparo, lo resuelto por la Juez de Distrito, y los agravios hechos valer en el recurso de revisión, involucra dos aspectos fundamentales, reclamados tanto a **********, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se pueden agrupar de la siguiente manera:
- La interrupción y falta de supervisión en la prestación del servicio de telefonía fija, con motivo de los hechos que narraron los quejosos sobre el presunto robo de los cables de líneas telefónicas.
- La omisión de garantizar el derecho fundamental de acceso al Internet, con motivo de que en la comunidad de San Ildefonso, Municipio de Tepeji del Río, Estado de Hidalgo, no se cuenta con dicho servicio.
Ahora bien, a partir de lo resuelto en la sentencia de amparo y los agravios hechos valer, es posible hacer las siguientes precisiones:
- Se hizo valer la omisión, por parte de la Juez de Distrito, de tomar en consideración que los quejosos eran integrantes de una comunidad indígena, a través del agravio señalado como "primero".
- El sobreseimiento decretado sobre los actos reclamados a **********, respecto de **********, ********** y **********, toda vez que éstos no exhibieron prueba alguna de la que se desprendiera que contrataron el servicio de telefonía fija, fue combatido de manera expresa a través de los agravios señalados como "segundo" y "tercero". De tal situación se encuentra sujeto el sobreseimiento decretado respecto de tales quejosos, sobre los actos reclamados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, consistentes en supervisar la prestación del servicio de telefonía fija.
- El sobreseimiento decretado sobre los actos reclamados a **********, respecto de **********, **********, ********** y **********, pues los efectos de los actos han sido destruidos de forma inmediata, total e incondicional, al haberse reinstalado el servicio de telefonía fija, fue combatido de manera expresa a través del agravio identificado como "cuarto". De tal situación se encuentra sujeto el sobreseimiento decretado respecto de tales quejosos, sobre los actos reclamados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, consistentes en supervisar la prestación del servicio de telefonía fija.
- La negativa del amparo respecto de los actos reclamados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, consistentes en garantizar el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusiones, incluyendo el de Internet, fue combatida a través del agravio señalado como "quinto".
En consecuencia, se estima que deben quedar firmes, al no haber sido combatidas en el recurso de revisión, las siguientes determinaciones:
- El sobreseimiento de los actos reclamados a **********, respecto de **********, pues, si bien demostró que tenía contratado el servicio de telefonía fija, lo cierto es que no acreditó que a la fecha de la presentación de la demanda hubiese existido una interrupción o suspensión del servicio que se le prestaba, pues la responsable exhibió pruebas de que dicha quejosa sí contó con el servicio en cuestión.
- El sobreseimiento del acto reclamado a **********, consistente en la prestación del servicio de Internet de banda ancha, pues no se demostró que tuviera obligación de prestar el mismo.
- El sobreseimiento respecto del quejoso **********, pues éste no firmó la demanda de amparo.
En suma, esta Segunda Sala solamente se pronunciará sobre los siguientes aspectos:
- La omisión de la Juez de Distrito, de tomar en consideración que los quejosos eran integrantes de una comunidad indígena (agravio "primero").
- El sobreseimiento decretado sobre ciertos quejosos, bajo la consideración de que no acreditaron haber contratado los servicios de telefonía fija con ********** (agravios "segundo" y "tercero").
- El sobreseimiento decretado sobre ciertos quejosos, por el hecho de que, si bien tenían contratados los servicios de telefonía fija, lo cierto es que los actos reclamados cesaron en sus efectos (agravio "cuarto").
- La omisión de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusiones, incluyendo el de Internet, respecto de todos los quejosos (con excepción de **********, pues no firmó la demanda de amparo), únicamente en torno a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Cabe precisar, que el estudio de esta Segunda Sala se realizará atendiendo a la suplencia de la queja en favor de los quejosos, toda vez que éstos manifestaron pertenecer a la comunidad indígena Hñähñu, ello, de conformidad con el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo.(27)
CUARTO.-Sobreseimiento de actos reclamados a **********. En primer término, se procederá al análisis del segundo agravio hecho valer por los recurrentes, en el que argumentaron que en la demanda se reclamó una omisión, consistente en no brindar de manera continua el servicio de telefonía fija, por lo que era la autoridad quien debía demostrar lo contrario.
Añadieron que, si bien en la demanda inicial no se presentaron los recibos telefónicos de ciertos quejosos, lo cierto es que la suspensión injustificada del servicio de telefonía fija, afectó a toda la comunidad. Por tanto, demostrar que se afectó a ciertas personas, bastaría para suponer y tener por probado que dicha afectación se extendió a otras personas que también forman parte de la comunidad. En suma, tratándose de afectaciones a una comunidad claramente identificada, basta con tener por probado un acto respecto de algunas de las personas, para tener por probada la misma afectación respecto de otras personas que la conforman.
Adicionalmente, es necesario indicar que el presente agravio se refiere al sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados a **********, únicamente respecto de los quejosos **********, ********** y **********, pues sobre éstos fue que la Juez de Distrito determinó que no habían demostrado haber contratado el servicio de telefonía fija.
A consideración de esta Segunda Sala, es infundado el agravio en cuestión.
Ello se debe a que la parte recurrente parte de la base de que alegaron en la demanda de amparo una omisión y, por tanto, la autoridad responsable estaba obligada a demostrar lo contrario.
Al respecto, la Juez de Distrito no indicó que los quejosos se encontraban obligados a demostrar el acto reclamado, consistente en la interrupción en la prestación del servicio de telefonía fija, sino que debían demostrar que habían contratado el mismo, como requisito previo para establecer si la concesionaria estaba obligada a la prestación de éste.
En otras palabras, la Juez de Distrito no se pronunció sobre la carga de la prueba en relación con el acto reclamado, relativo como tal a la prestación del servicio de telefonía fija y a la omisión de prestar éste de manera continua e ininterrumpida, sino que consideró que, previo al análisis del mismo, debía estudiarse, si efectivamente, la concesionaria tenía la obligación de prestar el servicio respecto de todos los quejosos, y es, precisamente, dicha obligación, respecto de la cual, consideró la Juez de Distrito, los quejosos debían exhibir elementos probatorios.
Así, los recurrentes alegan que las autoridades responsables estaban obligadas a demostrar que el servicio se prestó de manera continua e ininterrumpida. Sin embargo, como requisito necesario para que se estudiara si existió el incumplimiento en la prestación del servicio de telefonía fija, tenía que demostrarse que el concesionario efectivamente se encontraba obligado a la prestación del mismo, para lo cual, era necesario que los quejosos demostraran que habían celebrado un contrato para tal efecto.
Si bien algunos quejosos exhibieron recibos telefónicos para demostrar que habían contratado el servicio de telefonía fija de **********, ello no implicaba en automático que el servicio hubiese sido contratado por todos los integrantes de la comunidad.
Así, la protección consistente en que el servicio de telefonía fija se preste de manera continua e ininterrumpida, no es aplicable a todas las personas, sino que, por lógica, solamente se encuentra dirigida a aquellas que han contratado el servicio, ya que éste no podría interrumpirse respecto de aquellos quejosos que ni siquiera cuentan con el mismo.
Aunado a ello, del hecho base, consistente en que algunos miembros de la comunidad habían contratado el servicio de telefonía fija, no se desprende una inferencia lógica consistente en que forzosamente todos los demás integrantes de dicha comunidad hubiesen contratado el mismo, esto es, no se puede arribar a través de una presunción, a la conclusión propuesta por los recurrentes en su agravio.
Adicionalmente, esta Segunda Sala considera que la exigencia de la Juez de Distrito, consistente en que los quejosos debían demostrar que habían contratado el servicio de telefonía fija, no implica una carga probatoria excesiva o desproporcionada, que se tradujera en un obstáculo procesal insuperable, toda vez que, por lógica, quien ha contratado tal servicio tiene recibos telefónicos del mismo.
En suma, el hecho de que ciertos integrantes de la comunidad contaran con el servicio de telefonía fija, no se traduce en que todos los demás también contaran con el mismo, pues el requisito para que la concesionaria prestara el servicio, consistía en que se hubiese celebrado el contrato correspondiente.
Finalmente, los recurrentes alegan que existe una contradicción en la sentencia de amparo, toda vez que sobre unos quejosos, la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento por inexistencia de los actos; mientras que por otros quejosos, tuvo por existentes los actos, consistentes en la interrupción del servicio de telefonía fija.
Al respecto, se considera que no existe la contradicción aludida por los recurrentes, pues la Juez de Distrito tuvo por inexistentes los actos atribuidos a **********, solamente respecto de ciertos quejosos, pues éstos no acreditaron haber contratado el servicio de telefonía fija, sin que ello implique que la Juez haya desconocido que existió una interrupción en la prestación del citado servicio, sino que ésta solamente podía analizarse respecto de los quejosos que sí hubiesen exhibido los recibos telefónicos correspondientes.
En suma, el hecho de que se haya demostrado que ciertas personas que habían celebrado contratos con **********, sufrieron una afectación en la prestación continua del servicio de telefonía fija, no se traduce en que toda la comunidad en la que se encontraban dichas personas hubiese sufrido la misma afectación, pues ello implicaría presuponer que todos los integrantes de ésta habían celebrado los contratos respectivos para la prestación del servicio.
De ahí que el agravio en estudio resulte infundado, al ser correcto el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito.
Por otra parte, en el tercer agravio hecho valer por los quejosos, argumentaron que la Juez de Distrito consideró que el asunto debía ser analizado desde el punto de vista de relaciones privadas derivadas de un contrato, pasando por alto que se demostró que el servicio había sido interrumpido sin que existiera incumplimiento contractual de su parte.
Añadieron que la afectación no deriva de un incumplimiento contractual, sino de obligaciones de interés público y general, al tener sustento en un título de concesión, toda vez que las telecomunicaciones constituyen servicios públicos, por lo que la litis del presente caso debería consistir en determinar la existencia de violaciones a derechos humanos derivadas de la interrupción unilateral del servicio de telefonía fija.
Así las cosas, a consideración de esta Segunda Sala, el agravio en cuestión resulta infundado.
En primer término, es necesario precisar que los párrafos de la sentencia de amparo a los que refieren los recurrentes, en los que, a su consideración, se llevó a cabo un análisis desde el punto de vista contractual, son los siguientes:
"Al respecto, debe puntualizarse que a través de la red pública telefónica que se concesionó a la persona moral en cita, ésta debe prestar al público en general, entre otros, el servicio de telefonía básica en su modalidad domiciliaria, como medio para la realización de un fin que es el interés general, empero, esta obligación nace cuando los usuarios, atendiendo al principio de libertad contractual, solicitan que les sea proporcionado dicho servicio y a continuación, suscriben un contrato de adhesión en el que, entre otras cuestiones, se establecen las condiciones generales en las que se otorgará el servicio de mérito, así como la cantidad que por concepto de contraprestación deberá pagar el contribuyente.
"Como se observa, es a través de la celebración de un contrato de servicios, que el concesionario y el beneficiario, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, bajo condiciones que si bien es cierto son fijadas por el proveedor, no menos cierto es que deben ser acordes con lo dispuesto tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de un servicio público de interés general, como en el título de concesión y en las leyes aplicables, además de que dicho pacto de voluntades es previamente autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad con lo ordenado en el artículo 52 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y una vez formalizado, el órgano regulador actualmente denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones (en sustitución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones) y la Procuraduría Federal del Consumidor supervisarán su debido cumplimiento."
Como se advierte, la Juez de Distrito no desconoció la naturaleza de la concesión de **********, para la prestación del servicio de telefonía fija, sino que simplemente estableció que la obligación de prestar el mismo, surge cuando se celebra un contrato de adhesión.
Esto es, el servicio de telefonía fija tiene que ser prestado por la persona moral antes mencionada, acorde a los parámetros y exigencias contenidas en su título de concesión, pero tal obligación solamente se actualiza respecto de personas físicas o morales en particular, cuando éstas han celebrado el respectivo contrato de telefonía fija.
En efecto, la referencia hecha por la Juez de Distrito en torno a la suscripción de un contrato de adhesión, no atiende a la interpretación como tal del servicio de telefonía fija, o a las condiciones en que éste debe prestarse, sino que se refiere al paso previo que debe verificarse, para así proceder al análisis de la interrupción del servicio.
Es decir, la obligación a cargo del concesionario, únicamente surgirá cuando éste haya celebrado algún contrato con otra persona física o moral, lo cual implica la realización de un acto en el que interviene la voluntad de los contratantes, sin que ello se traduzca en que la prestación del servicio de telefonía fija sea de índole privada, sino que éste surge a partir de un acto de contratación, como acertadamente lo estableció la Juez de Distrito.
Esto es, el análisis sobre la deficiente prestación del servicio de telefonía fija, sí debe realizarse a partir del contenido del título de concesión respectivo, es decir, el análisis de fondo sobre el modo en que se debió prestar el mismo sí tendría que responder al clausulado contenido en el título de concesión, pero solamente respecto de los quejosos que hubiesen acreditado que tenían derecho a que se les prestara el servicio de telefonía fija, con motivo de la celebración de un contrato.
En otras palabras, no se llevó a cabo un análisis sobre la interrupción del servicio a partir de un enfoque meramente contractual, pues, como ya se indicó, sobre los quejosos **********, ********** y **********, no se demostró que hubiesen contado con el servicio de telefonía fija, razón por la que no fue necesario que la Juez emprendiera un análisis en torno a la interrupción del mismo. Es decir, sobre tales quejosos, no se pudo llevar a cabo un estudio del cumplimiento del título de concesión respectivo, al existir un impedimento técnico para abordar el mismo.
La anterior determinación, no implica desconocer la naturaleza pública o el interés general que conlleva la prestación del servicio de las telecomunicaciones, pues, se reitera, el requisito necesario para analizar si existió una violación por parte de la citada persona moral, respecto de los quejosos **********, ********** y **********, consistía en que se acreditara la celebración de un contrato para la prestación del servicio de telefonía fija.
Finalmente, respecto de los recibos telefónicos que alegan fueron presentados mostrando un adeudo, se reitera que solamente se acreditó que ciertos quejosos habían contratado el servicio de telefonía fija, sobre los cuales, se analizó el tema concerniente a la interrupción del servicio; mientras que sobre el resto de quejosos, no fue necesario llegar a dicho análisis, ante la falta de vínculo entre éstos y la persona moral en cuestión.
Por las anteriores razones, se reitera que el agravio en estudio es infundado.
Ahora bien, por lo que respecta al cuarto agravio, los recurrentes alegan que la interrupción injustificada del servicio de telefonía fija trajo como consecuencia la afectación a otros derechos, como el de no ser víctima de discriminación, o el derecho al trabajo, por lo que la Juez debió pronunciarse sobre el alcance de las reparaciones correspondientes ante violaciones a derechos humanos.
Adicionalmente, argumentaron que la Juez de Distrito pasó por alto que toda violación a derechos humanos trae aparejado el deber de reparar la misma, la cual debe ser integral para resarcir las afectaciones generadas en sus esferas jurídicas. Por tanto, el hecho de que el acto haya dejado de existir no implica que con él hayan desaparecido los efectos perjudiciales generados, pues los mismos trascienden a la reinstalación del servicio de telefonía fija, ya que la situación no se agota en una indemnización, sino en el establecimiento de medidas y directrices que aseguren que los actos no se vuelvan a cometer.
A consideración de esta Segunda Sala, el agravio en estudio es infundado, atendiendo a las siguientes razones:
El tercer párrafo del artículo 1o. constitucional, efectivamente, es claro, en el sentido de que las autoridades del Estado deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Tal párrafo establece a la letra lo siguiente:
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."(28)
Sobre el derecho a la reparación integral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que dicho concepto (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, y una indemnización como compensación por los daños causados.(29)
Así, como puede advertirse, el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de reparar de manera integral las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, tal circunstancia se encuentra supedita, precisamente, a que se haya constatado la existencia de una violación a tales derechos.
Esto es, solamente ante la existencia de una violación a derechos humanos surgirá la obligación de rango constitucional a cargo del Estado, de reparar de manera integral los mismos, pues, de lo contrario, esto es, ante la ausencia de dicha violación, resulta evidente que no resultará factible proceder a dicha reparación, al no existir una violación por reparar.
En el presente caso, los quejosos alegaron que sufrieron una afectación en sus derechos de libertad de expresión y acceso a la información en condiciones de igualdad, así como a su derecho al trabajo, pues en abril de dos mil trece existió una interrupción en la prestación del servicio de telefonía fija, por parte de **********.
Sin embargo, cabe reiterar que, mediante escrito de veintiuno de agosto de dos mil catorce, dicha persona moral informó que los quejosos que tenían contratado el servicio de telefonía fija, en tal fecha ya contaban de nueva cuenta con el servicio en cuestión.(30)
Respecto de lo anterior, la Juez de Distrito consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que los efectos del acto reclamado se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo.
La Juez sostuvo que han cesado los actos y sus efectos cuando la responsable deroga o revoca el acto que el quejoso considera le causa un perjuicio, o cuando constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo, reponiendo a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado.
Así, consideró que la causa de improcedencia se actualizaba, toda vez que la persona moral reinstaló el servicio público de telefonía fija, por lo que se subsanaron las violaciones en que había incurrido, al advertirse un flujo de tránsito de llamadas salientes a números locales, celulares y de larga distancia.(31)
Al respecto, los recurrentes señalaron en el recurso de revisión, que el hecho de que el acto haya dejado de existir no implica que hayan desaparecido los efectos perjudiciales que generaron, máxime cuando trascienden de la mera reinstalación del servicio de telefonía fija.
Así, a consideración de esta Segunda Sala, fue correcta la determinación de la Juez de Distrito, consistente en decretar el sobreseimiento por la cesación de efectos del acto reclamado.
En efecto, esta Segunda Sala ha sostenido que para que se surta la causa de improcedencia, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto, sino que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí ninguna huella.
Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de esta Segunda Sala, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."(32)
Así las cosas, a consideración de este órgano jurisdiccional, han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la interrupción del servicio de telefonía fija prestado por **********, toda vez que desde el mes de agosto de dos mil trece fue reinstalado el servicio de telefonía fija.
Así, debe reiterarse que los quejosos argumentaron en su demanda de amparo, que la interrupción en el servicio de telefonía fija implicó una transgresión a sus derechos de libertad de expresión y acceso a la información en condiciones de igualdad, así como a su derecho al trabajo.
En consecuencia, el restablecimiento del servicio de telefonía fija implica, precisamente, que han cesado las violaciones a sus derechos de libertad de expresión y acceso a la información, pues, al contar con dicho servicio, no se advierte una limitante al ejercicio de tales derechos, aunado a que han desaparecido las afectaciones laborales que alegaron, al contar de nueva cuenta con el servicio de telefonía fija como instrumento de trabajo.
Esto es, no solamente el acto reclamado se ha derogado por la persona moral señalada como responsable, al haber restablecido la prestación del servicio de telefonía fija, sino que, adicionalmente, se destruyeron todos los efectos del mismo en forma total e incondicional, pues, como ya quedó indicado, los derechos fundamentales cuya violación alegaron los recurrentes, han regresado al estado en que se encontraban antes de la interrupción del servicio de mérito, esto es, como si dicha interrupción no hubiese invadido su esfera jurídica, al contar a cabalidad con el servicio de telefonía fija como medio para la protección de sus derechos de libertad de expresión, acceso a la información y trabajo.
Es por ello que, se reitera que, fue correcta la determinación de la Juez de Distrito, al haberse actualizado, respecto del acto consistente en la interrupción en la prestación del servicio de telefonía fija, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.
Lo anterior no es obstáculo para que los recurrentes que sí demostraron haber celebrado el contrato de adhesión respectivo con **********, de estimarlo pertinente, promuevan las instancias y procedimientos necesarios para recuperar los daños económicos que pudieron haber sufrido por la interrupción del servicio de telefonía fija, en específico, las afectaciones en sus respectivos trabajos.
A manera de ejemplo, los artículos 82, 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor(33) establecen la posibilidad de que los consumidores sean bonificados o compensados ante la prestación defectuosa de un servicio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso proceda.
En el mismo sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012, "Prácticas comerciales-elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil doce, establece en sus numerales 3.1. y 5.2.14.,(34) que los proveedores deben prestar los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con los términos y condiciones conforme a los cuales se hubiese ofrecido, obligado o convenido con el consumidor, por lo que en caso de que el servicio no se preste en la forma y términos convenidos, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor, éste deberá compensar al consumidor y bonificarle.
Ahora bien, los recurrentes argumentan que no fue adecuada la determinación de la Juez de Distrito, pues aun teniendo por demostrado el acto reclamado a las autoridades responsables respecto de ciertos quejosos, consistente en la interrupción en la prestación del servicio de telefonía fija, determinó que se actualizaba la causal de improcedencia de cesación de efectos.
Al respecto, el hecho de que la Juez de Distrito haya tenido por acreditada la interrupción de dicho servicio respecto de algunos de los quejosos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26362-213ba31c/principio-general-de-igualdad-su-contenido-y-alcance · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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