COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SUS FUNCIONES NO COMPRENDÍAN LA REGULACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN EN SU CARÁCTER DE CONSUMIDORES. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA LEY FEDERAL RELATIVA ES UN ORDENAMIENTO DE CARÁCTER TRANSVERSAL, POR LO QUE ABARCA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, EN LA MEDIDA EN QUE INCIDAN EN LAS RELACIONES ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES. TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 5.2.15.3 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-184-SCFI-2012, PRÁCTICAS COMERCIALES-ELEMENTOS NORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS CUANDO UTILICEN UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES, NO CAUSA INSEGURIDAD JURÍDICA A LOS PROVEEDORES DE DICHOS SERVICIOS, POR EL HECHO DE QUE NO HAGA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD A QUE SE REFIERE NI REMITA ESPECÍFICAMENTE A LAS NORMAS QUE LOS CONTIENEN. TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 5.2.15.3 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-184-SCFI-2012, PRÁCTICAS COMERCIALES-ELEMENTOS NORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS CUANDO UTILICEN UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES, NO TIENE COMO OBJETO LA REGULACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE DICHOS SERVICIOS, SINO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO CON QUE CUENTAN LOS CONSUMIDORES DE DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN CONTRACTUAL ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR. TELECOMUNICACIONES. LA FACULTAD PARA EMITIR NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE ESTE TIPO DE SERVICIOS, RECAE EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y NO EN LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. TELECOMUNICACIONES. LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-184-SCFI-2012, PRÁCTICAS COMERCIALES-ELEMENTOS NORMATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS CUANDO UTILICEN UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES, SE LIMITA A IMPONER OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SÓLO TOCAN ASPECTOS DE LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES. TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO SE RIGEN TANTO POR LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE Y PERTINENTE A LA MATERIA, COMO POR LA QUE TUTELA Y GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.
AMPARO DIRECTO 2/2013. AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON. SECRETARIA: MARÍA LUISA CERVANTES AYALA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO. El juicio de origen proviene de la impugnación realizada por la aquí quejosa respecto de la "Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2012, Prácticas comerciales-Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones", la cual se demandó en el juicio contencioso administrativo federal con carácter autoaplicativo.
En la sentencia reclamada, la Sala responsable reconoció la validez de dicha norma, desestimando los conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora, esencialmente con base en las siguientes consideraciones:
Declaró infundados los conceptos de impugnación primero a tercero, analizándolos de manera conjunta, en los cuales adujo la demandante que la norma impugnada se había dictado en contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales, 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que:
- El Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Federal, por lo que el presidente de la República no puede, en uso de la facultad prevista en el diverso 89, fracción I, constitucional, regular los temas relativos a las telecomunicaciones.
- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, pretende regular la prestación de los servicios que proveen los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a los consumidores, lo cual es incorrecto, puesto que dichas redes forman parte de las vías generales de comunicación, siendo que es al Congreso de la Unión al que le corresponde regular los aspectos que con ellas se relacionen.
- En términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el órgano al que el legislador le encomendó la regulación de la materia, vía cláusula de habilitación, es a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, misma que cuenta con la facultad para emitir las normas oficiales mexicanas correspondientes, según lo previene el artículo 9-A, fracción I, de dicho ordenamiento.
- El director general de Normas de la Secretaría de Economía, es autoridad incompetente para emitir normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones, por lo que, con la norma impugnada se violan los principios de reserva de ley, legalidad y subordinación jerárquica.
- La norma impugnada es violatoria del artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que éste le confiere a la Secretaría de Economía la facultad de dictar normas oficiales mexicanas, siempre y cuando el legislador no haya establecido una competencia específica a otra dependencia, lo que ocurre en el caso, puesto que el órgano habilitado para emitir normas en materia de telecomunicaciones es la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
- La resolución carece de la motivación que permita conocer las razones de la autoridad demandada para regular la materia de telecomunicaciones, y tampoco cuenta con fundamentación para ello, puesto que no existe precepto legal alguno que soporte la emisión de la norma impugnada.
En relación con estos argumentos, la responsable estableció que del análisis practicado a los preceptos legales en que se sustentó la emisión de la norma impugnada, la Secretaría de Economía cuenta con facultades expresas para regular la comercialización de servicios y expedir normas oficiales mexicanas en dicha materia y que, además, lo expuesto en la parte considerativa por la autoridad demandada, era suficiente para justificar la emisión de la norma.
Concluyó que no se actualizaba la invasión de competencias denunciada, ya que la norma emitida por la Secretaría de Economía no regula cuestiones relativas al desarrollo ni a la cobertura de las telecomunicaciones, sino que se pronuncia sobre la prestación de dicho servicio a los consumidores y, sobre esta última materia, tiene plenas facultades para su emisión.
Por otra parte, la responsable declaró infundados los conceptos de impugnación cuarto y quinto, los que de igual forma analizó en conjunto, y a través de los cuales la actora pretendía demostrar que el artículo 5.2.15.3 de la norma oficial mexicana impugnada, viola los artículos 14 y 16 constitucionales, 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que:
- Con dicha porción normativa se provoca un estado de indefensión, al ser vaga y ambigua, pues pretende constreñirla a que, en los contratos que celebre con los usuarios de su servicio, otorgue el derecho de terminar anticipadamente la relación contractual sin responsabilidad alguna, cuando el servicio no sea ofrecido conforme a los "estándares de calidad contratados" o "establecidos conforme a las disposiciones vigentes", sin que el texto de la norma establezca cuáles son dichos estándares de calidad, ni realice un reenvío normativo que defina tal concepto.
- La porción normativa limita sus derechos de defensa y acceso a la justicia, lo que la hace contraria a los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues impide demandar al consumidor responsabilidad alguna por la rescisión del contrato, ya que le permite al usuario hacerlo libremente en caso de que el servicio no se ajuste a los señalados "estándares de calidad".
- El precepto no respeta el principio de subordinación, ya que de conformidad con el artículo 94 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los servicios deben prestarse conforme a las normas oficiales mexicanas y, a falta de éstas, se debe acudir a otras normas mexicanas, métodos o procedimientos aplicables al caso concreto, otorgando previa audiencia a los interesados, sin que en la norma impugnada se especifique cuáles son o en qué consisten los "estándares de calidad".
La responsable consideró que la actora no demostró la ilegalidad del artículo 5.2.15.3 de la norma oficial mexicana controvertida, al no resultar la redacción de dicho precepto ambigua ni imprecisa, ya que en éste se utilizó la expresión "estándares de calidad contratados", lo que remite necesariamente al contrato específico celebrado por las partes, en cuyo clausulado puede delimitarse tal concepto y, con base en él, de manera eventual, determinar la existencia del incumplimiento por parte del proveedor.
Señaló, además, que si bien la norma hacía referencia a los "estándares de calidad establecidos en las disposiciones legales vigentes", sin especificar ordenamiento alguno, ello no generaba imprecisión en la norma, pues tal expresión se encuentra limitada en su aspecto material y temporal, pues comprende las normas que hayan sido creadas por una instancia de orden jurídico y publicadas en los medios de difusión oficiales, lo que las dota de obligatoriedad en su respectivo ámbito temporal de validez.
A mayor abundamiento, indicó que las disposiciones vigentes a que se refiere el artículo 5.2.15.3 de la norma impugnada, constituyen hechos notorios para el grupo específico de proveedores del servicio que presta la actora, por lo que tales "estándares de calidad" son un concepto determinable.
También se pronunció en el sentido de que tal concepto no requiere de mayor definición, en tanto que el interés del usuario queda satisfecho, siempre y cuando el servicio contratado le sea suministrado en condiciones de regularidad, sin interrupciones o suspensión de forma injustificada.
En cuanto a la limitación de los derechos de defensa y acceso a la justicia denunciados, la Sala refirió que no se daba esta restricción, ya que el artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 5.2.22 de la norma oficial mexicana impugnada, establecen que la Procuraduría Federal del Consumidor será competente, en la vía administrativa, para dirimir las controversias suscitadas sobre el cumplimiento del contrato, aunado a que la responsabilidad del consumidor puede ser reclamada ante las autoridades competentes para la resolución de controversias derivadas de contratos entre particulares.
Asimismo, estableció la responsable que no se actualizaba violación al principio de subordinación, ya que el artículo 94 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que, lo que debe preverse en normas oficiales mexicanas, y a falta de éstas, en normas mexicanas, métodos o procedimientos que determine la secretaría o dependencia correspondiente, son los mecanismos para la verificación de calidad, y no el detalle de las condiciones técnicas y operativas que conforman los estándares de calidad de un servicio determinado, por lo que es correcto el reenvío que la norma hace a ordenamientos de carácter superior.
Por otro lado, señaló la Sala que no hubo violación de la garantía de audiencia a la demandante, ya que ésta estuvo en posibilidad de formular comentarios relativos a los estándares de calidad, en el plazo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Finalmente, la responsable declaró infundado el sexto concepto de impugnación, mediante el cual la actora planteó la ilegalidad del artículo 5.2.14 de la norma oficial mexicana impugnada, por ser violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que:
- La porción normativa no obedece el principio de subordinación jerárquica, al exceder lo dispuesto en el artículo 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que éste dispone que al actualizarse un incumplimiento por parte del proveedor, debe bonificarse al consumidor por lo menos el 20% del precio pagado, en tanto que en la norma impugnada se señala, además de esta obligación, que el proveedor debe compensar al consumidor la parte proporcional del servicio no prestado, lo que se traduce en una doble sanción.
Este argumento fue desestimado por la responsable al considerar que, de conformidad con los artículos 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece una sanción a los proveedores y un derecho a los consumidores, consistente en la bonificación de por lo menos el 20% del precio pagado, cuando se deje de prestar el servicio o se preste de manera deficiente, por causas imputables al proveedor, lo cual es independiente del derecho del consumidor a exigir una indemnización por daños y perjuicios, que equivale a la compensación de que habla la norma impugnada, y que deriva de los derechos y obligaciones correlativos que surgen ante la celebración de cualquier relación contractual.
En este juicio de amparo, la quejosa hace valer tres conceptos de violación.
En el primero sostiene, esencialmente, lo siguiente:
1. Contrario a lo establecido por la responsable, la autoridad demandada, al emitir la norma impugnada en el juicio contencioso, invadió facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, conferidas de manera expresa en el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
2. Se viola el artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que éste prevé la facultad para que la Secretaría de Economía dicte normas oficiales mexicanas, sólo a falta de competencia específica a favor de alguna otra dependencia de la administración pública federal.
3. En el acto reclamado se afirma erróneamente que la competencia de la autoridad emisora de la norma está debidamente fundada y motivada, y que la responsable indebidamente suple la motivación deficiente de la misma.
4. Es incorrecto lo sostenido por la responsable en el fallo, en el sentido de que la norma impugnada sólo regula a los consumidores.
Respecto del punto 1, la quejosa aduce que la materia de telecomunicaciones sólo puede ser regulada por los órganos creados por el legislador para intervenir en ella, lo cual se desprende del proceso legislativo que dio origen a la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en cuya exposición de motivos y dictámenes correspondientes se observa que el legislador buscó, fundamentalmente, la protección de la sociedad, en especial, de los consumidores o usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como fomentar una sana competencia y beneficiar de este modo, tanto a los concesionarios como al usuario final y, en aras de cumplir con tales objetivos, concedió facultades específicas al órgano especializado en materia de telecomunicaciones.
Refiere que dicho órgano especializado es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, creada mediante decreto del Ejecutivo Federal de ocho de agosto de mil novecientos noventa y seis, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual fue dotada, mediante diverso decreto de once de abril de dos mil seis, de autonomía técnica operativa, de gasto y de gestión, encaminada a la regulación, promoción y supervisión del desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía plena para el dictado de sus resoluciones, en términos del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En este sentido, indica que conforme a los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) la Comisión Federal de Telecomunicaciones cuenta con todas las facultades que antes correspondían a la secretaría de la que es desconcentrada, y que de conformidad con lo previsto en el artículo 8o. de su reglamento interno, establece que el Pleno de la comisión es la autoridad suprema de decisión, por lo que no está sujeta a jerarquía alguna, además de que si bien en el artículo 9-A se prevén actos de colaboración con otras autoridades, éstos deben ser previstos por el legislador, por lo que si no están establecidos de manera expresa, debe entenderse que es una facultad exclusiva de la comisión.
Por ello, considera que el único órgano facultado para emitir normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sin importar que éstas tengan como objetivo a los consumidores, puesto que entre sus facultades se encuentra la de salvaguardar a la sociedad y a los usuarios de este tipo de servicios.
Asimismo, señala que en la fracción I del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones se establece la facultad expresa para que la comisión emita las normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones, siendo erróneo lo que se establece en el acto reclamado, puesto que esta porción normativa no sólo se refiere al desarrollo y cobertura de las telecomunicaciones, si se toma en cuenta que el artículo 7 de dicha ley, establece como uno de los objetivos de la misma, que los prestadores de servicios los provean con mejores precios y calidad en beneficio de los usuarios, además de que la facultad de que se habla no fue limitada por el legislador, y donde éste no hizo distinción no puede hacerlo la juzgadora e, incluso, debe considerarse que la comisión es el órgano en que recae la representación del Estado para la regulación y control de esta materia, y cuenta con el conocimiento necesario para conocer el impacto que una norma puede generar en el mercado de las telecomunicaciones y sus usuarios.
Respecto del punto 2, la quejosa señala que el artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga a la Secretaría de Economía la facultad para dictar normas oficiales mexicanas, sólo cuando esta facultad no sea específica de una determinada dependencia de la administración pública federal y, en el caso, el artículo 9-A, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece como facultad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la expedición de normas oficiales mexicanas en materia de telecomunicaciones.
Refiere que es erróneo lo considerado por la responsable, en el sentido de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones sólo puede emitir normas oficiales mexicanas para el desarrollo y cobertura de las telecomunicaciones, puesto que uno de los objetivos de la comisión es asegurar la protección de la sociedad y de los usuarios, además de que la juzgadora pretende hacer una distinción donde el legislador no la hizo, puesto que éste no especificó en qué casos o bajo qué circunstancias no podría emitir normas, o cuáles normas escaparían a sus facultades.
Además, indica que no es verdad que la norma se refiera únicamente a los consumidores, pues establece obligaciones a los proveedores, lo cual afecta directamente a las telecomunicaciones, ya que se refiere a un servicio concesionado, en relación con el cual el único órgano especializado es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, aunado a que la norma oficial impugnada, en sus artículos 2.11, 2.12, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.5 y 5, regula cuestiones contempladas en los artículos 3, 7, 9-A, 24, 25, 26, 27, 28, 43 y 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
En este sentido, afirma que la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha emitido diversas normas oficiales mexicanas que imponen derechos y obligaciones a los consumidores, y no sólo en cuestiones de carácter técnico.
Respecto del punto 3, aduce que no es verdad que la autoridad demandada haya fundado y motivado debidamente su competencia, puesto que de los artículos citados en el acto impugnado se desprende su facultad para emitir normas oficiales mexicanas, pero no justifica la emisión de una norma en materia de telecomunicaciones, ni da argumentos de inaplicabilidad del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ni del 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Que la responsable suple la deficiente fundamentación y motivación de la demandada, ya que, sin que en la norma impugnada se diga algo al respecto, sostiene que no es óbice el contenido del artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al no ser necesario atenderlo porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones sólo puede emitir normas oficiales mexicanas para el desarrollo de la cobertura de telecomunicaciones, lo cual es erróneo.
Respecto del punto 4, insiste en el sentido de que la norma impugnada no se refiere sólo a los consumidores, puesto que tiene como sujetos activos a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones; como objeto, a la red de telecomunicaciones concesionada, y como fin el imponer obligaciones a los concesionarios, por lo que es indudable que se refiere a la materia de telecomunicaciones, siendo por ello, competencia exclusiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Señala también que es incongruente la decisión de la responsable, puesto que manifiesta que en la norma impugnada se consagran derechos de los consumidores, cuando éstos ya se encuentran protegidos en un marco jurídico específico que es la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Lo aducido en este concepto de violación resulta infundado, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación:
Importa dejar establecido, en principio, que la norma oficial mexicana impugnada en el juicio contencioso, regula derechos de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, pues sus disposiciones en conjunto pretenden establecer obligaciones a los proveedores de estos servicios, que se relacionan con:
I. La información que deben brindar a los usuarios, previa a la contratación;
II. Los elementos y formalidades que deben respetar los contratos de adhesión para la protección del consumidor; y
III. Los requisitos que deben cumplir las garantías ofrecidas sobre los equipos terminales de telecomunicaciones.
En efecto, la norma oficial impugnada es del siguiente contenido:
"3. Disposiciones generales
"3.1 El proveedor debe prestar los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con los términos y condiciones conforme a los cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor, o que se hayan ofrecido o que se encuentren implícitos en la publicidad o información empleada y/o publicada por éste, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.
"3.2 El consumidor o proveedor tiene el derecho de cancelar o desistirse de la operación de comercialización y/o prestación de servicio de telecomunicaciones, de acuerdo a lo pactado en el contrato de adhesión, sin mayores requisitos que los establecidos en dicho contrato, lo cual podrá realizarse por el mismo medio en el que comercializaron y/o contrataron el servicio de telecomunicaciones, sujetándose a las penas convencionales establecidas en el mismo, las cuales deben ser recíprocas y equitativas para las partes y no podrán ser superiores al monto insoluto de la obligación principal.
"3.3 El proveedor debe contar con mecanismos de atención al consumidor tales como: número telefónico y/o correo electrónico, asimismo podrá contar con algún otro medio accesible para recibir y atender dudas, aclaraciones y reclamaciones. Estos servicios deben proporcionarse de manera gratuita y estar disponibles las 24 horas del día, todos los días del año.
"3.4 El proveedor debe tener disponible en su portal de Internet, el horario de atención, los precios, el hipervínculo correspondiente para consultar las tarifas registradas ante la autoridad competente, las formas de pago, descripción, características y/o contenidos de los planes o paquetes de los servicios de telecomunicaciones y el modelo de contrato de adhesión registrado ante PROFECO.
"3.5 El proveedor debe asegurar que se proporcione al consumidor la infraestructura, capacidad técnica, mano de obra, así como refacciones y accesorios necesarios para proporcionar los servicios establecidos en la garantía del equipo terminal de telecomunicaciones, cuando ésta se ofrezca.
"3.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación fiscal, el proveedor tiene obligación de entregar al consumidor en forma gratuita en su domicilio, en el establecimiento o bien por medios electrónicos factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la comercialización y que acredite, de ser el caso, la propiedad de los equipos terminales de telecomunicaciones, que en su caso haya proveído al consumidor para la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
"3.7 El proveedor debe tener en sus establecimientos a la vista del consumidor, el horario de atención, los precios y tarifas registradas ante la autoridad competente de los principales servicios de telecomunicaciones ofrecidos. Las tarifas de los demás servicios deberán estar disponibles al público, así como las formas de pago, descripción, características y/o contenidos de los planes o paquetes de los servicios de telecomunicaciones.
"3.8 En caso de que el equipo terminal de telecomunicaciones sólo pueda ser proporcionado de forma exclusiva por el proveedor y sea indispensable para que se pueda llevar a cabo la prestación del servicio de telecomunicaciones, el proveedor debe asegurar durante el plazo forzoso la existencia de refacciones o equipos terminales de telecomunicaciones que le permitan seguir prestando el servicio.
"4. Elementos informativos
"4.1 El proveedor debe informar y explicar el contenido y alcance del contrato de adhesión al consumidor, previo a la contratación de los servicios de telecomunicaciones.
"4.2 El proveedor debe informar si para la prestación de servicio de telecomunicaciones se requiere un equipo terminal de telecomunicaciones en particular. En caso de que éste sea proporcionado por el proveedor, debe señalar la modalidad bajo la cual el consumidor recibe dicho equipo, las características técnicas y de operación, especificaciones, precio, marca y modelo del mismo.
"4.2.1 El equipo terminal de telecomunicaciones que proporcione el proveedor deberá estar homologado conforme a lo estipulado en la ley de la materia.
"4.2.2 El proveedor debe informar por escrito si el equipo terminal de telecomunicaciones que le proporcione al consumidor se encuentra bloqueado para que sólo pueda ser utilizado en su red y cómo puede ser desbloqueado, sin costo adicional al consumidor, para utilizarse en otras redes una vez que adquiera la propiedad del equipo terminal de telecomunicaciones en cualquier modalidad, como sería por haber concluido el plazo forzoso o por cubrir el costo del equipo terminal de telecomunicaciones.
"4.2.3 En caso de que el proveedor entregue un equipo terminal de telecomunicaciones para la prestación del servicio de telecomunicaciones, el proveedor debe informar por escrito al consumidor, antes de formalizar la prestación del servicio, si el equipo se ofrece con garantía, así como sus términos y condiciones, en cuyo caso ésta debe atender a lo dispuesto en la ley y en el numeral 6 de esta norma.
"4.2.3.1 Si la contratación de la prestación de servicio de telecomunicaciones se realiza por un plazo forzoso, el proveedor debe informar al consumidor, si el plazo de la garantía es inferior a dicho plazo forzoso. En este supuesto, debe señalar claramente las consecuencias en la prestación del servicio de telecomunicaciones, en caso de que el equipo terminal de telecomunicaciones falle fuera del plazo de garantía.
"4.2.3.2 En caso de no otorgar garantía, debe de informarlo por escrito al consumidor, así como las consecuencias e implicaciones por no otorgarla.
"4.2.4 Si el consumidor cuenta con un equipo terminal de telecomunicaciones de su propiedad y desea utilizarlo para recibir los servicios de telecomunicaciones, el proveedor con el que está contratando debe informarle si éste cuenta con las características mínimas necesarias para recibir la prestación del servicio, así como las posibles consecuencias que se puedan presentar al utilizar el equipo. En caso de que no cuente con dichas características debe informar por escrito tal situación.
"4.3 La información y publicidad relativa a la comercialización y/o prestación del servicio de telecomunicaciones que difunda el proveedor, por cualquier medio o forma, debe ser veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.
"4.3.1 La información comercial que proporcione el proveedor debe estar en idioma español, sus caracteres deben ser indelebles, legibles a simple vista, sin menoscabo de que además pueda presentarse en otro idioma. En caso de controversia prevalecerá la versión en idioma español.
"4.4 El proveedor, en caso de que comercialice la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante planes o paquetes de servicio, debe informar al consumidor al menos lo siguiente:
"4.4.1 Monto total, precio y tarifa de los planes o paquetes de servicio.
"Dicho monto total, el precio y tarifas deben expresarse en moneda nacional, independientemente de que también pueda indicarlo en su equivalente en moneda extranjera conforme a la legislación aplicable.
"4.4.2 Descripción, características, contenidos y demás información que se incluya en los planes o paquetes de servicios.
"4.4.3 En caso de que los planes o paquetes de servicio sufrieran modificación alguna, respecto a las características y/o contenidos de los mismos, éstas deben ser notificadas al consumidor al menos con 15 días naturales de anticipación a que se lleve a cabo dicha modificación. En caso de que la modificación implique un aumento en el precio de la prestación de servicio y/o una disminución en el número de servicios originalmente contratados, el consumidor podrá solicitar la cancelación sin penalidad alguna, dentro de los 15 días siguientes a que entren en vigor las modificaciones.
"4.5 El proveedor debe exhibir en su portal de Internet, así como en el establecimiento cuando menos, la siguiente información:
"4.5.1 A la vista los principales planes o paquetes de servicio disponibles para el consumidor, señalando las características mínimas de los mismos.
"4.5.2 A la vista, las tarifas y precios de los servicios originalmente contratados y de los principales servicios adicionales relativos a la prestación de los servicios, así como las características, especificaciones y alcances de éstos.
"Dichas tarifas y precios deben expresarse en moneda nacional, independientemente de que también pueda indicarlo en su equivalente en moneda extranjera conforme a la legislación aplicable.
"4.5.3 Poner a disposición el modelo de contrato de adhesión registrado ante PROFECO en un tamaño y letra uniforme de al menos 9 puntos.
"4.5.4 A la vista, los días y horas de atención al público en general en los establecimientos.
"4.5.5 Número o números telefónicos de atención a clientes, y en su caso, dirección electrónica para este fin.
"4.5.6 Conforme a la ley de la materia, poner a disposición los documentos en donde se establezcan los términos y condiciones para la prestación del servicio de telecomunicaciones, aprobados por las autoridades competentes.
"4.5.7 Poner a disposición los procedimientos para la atención de dudas, aclaraciones, quejas y reclamaciones.
"4.5.8 El número de registro de las tarifas ante la autoridad competente, así como el lugar donde se puede consultar.
"4.6 El proveedor debe informar al consumidor las características, especificaciones, alcance y cobertura y, en su caso, velocidades de acceso y salida del servicio de telecomunicaciones que ofrece.
"4.7 El proveedor debe informar los servicios adicionales que están disponibles al consumidor.
"4.8 El proveedor, en caso de que ofrezca la prestación del servicio de telecomunicaciones con alguna promoción, oferta o descuento debe informar al consumidor los requisitos, condiciones y vigencia de los mismos, así como la forma en que pueda hacer uso de ellos.
"4.9 El proveedor no podrá realizar cargo alguno respecto de los servicios de telecomunicación que el consumidor no haya aceptado de manera expre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24906-87301442/comision-federal-de-telecomunicaciones-de-conformidad-con-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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